Uziel Barrera Salinas

Expediente 84/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
84/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/02/2021

Partes del expediente

  • Cecytem Colegio de Estudios Cientificos Y Tecnologicos del Estado de Michoacan, Ciudad
  • Uziel Barrera Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a diez de febrero de dos mil veintiuno. Vista la razón levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, en la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a a la parte quejosa -, el auto dictado el cuatro de febrero del año en curso, por las razones que indica; consecuentemente, hágase dicha notificación, así como las subsecuentes donde sea ordenada notificación personal, hasta en tanto se señale nuevo domicilio, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno...Vista la demanda de amparo promovida por la parte quejosa en cita, contra actos del "CECYTEM" Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, por Conducto de su Órgano Rector la Junta Directiva, en Términos de los Artículos 5, 6, 7 y 9 del Decreto que crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número V-84/2021-2. Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa precisa como acto reclamado: "1) EL "CECYTEM" COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, POR CONDUCTO DE SU ÓRGANO RECTOR LA JUNTA DIRECTIVA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULO9S 5, 6, 7 Y 9 DEL DECRETO QUE CREA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN El oficio, acuerdo o circular que dictó de manera verbal o escrita, mediante el cual de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada fuera de todo juicio procedimiento administrativo, decreta la suspensión de mi salario y de la plaza que ostento con clave ... que hasta hoy día vengo ejerciendo como responsable del Centro en el ... El haber ordenado a sus subordinados de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada fuera de todo juicio o procedimiento administrativo la ejecución de la suspensión de mis salarios devengados a partir de la primera quincena del mes de diciembre del año 2020 que seme pago de forma incompleta, prima vacacional, así corno la segunda parte de aguinaldo, como los salarios devengados hasta hoy en día. El haber ordenado de manera verbal o por escrito a sus subordinados la suspensión de mi salario y de la plaza que ostento con clave ... que hasta hoy día vengo ejerciendo como responsable del Centro en el ... 2) EL DIRECTOR GENERAL DEL "CECYTEM" COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EL ... ... El oficio, acuerdo o circular que dictó de manera verbal o escrita, mediante el cual de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada fuera de todo juicio procedimiento administrativo, decreta la suspensión de mi salario y de la plaza que ostento con clave ... que hasta hoy día vengo ejerciendo como responsable del Centro en el .... El haber ordenado a sus subordinados de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada fuera de todo juicio o procedimiento administrativo la ejecución de la suspensión de mis salarios devengados a partir de la primera quincena del mes de diciembre del año 2020 que seme pago de forma incompleta, prima vacacional, así como la segunda parte de aguinaldo, como los salarios devengados hasta hoy en día. El haber ordenado de manera verbal o por escrito a sus subordinados la suspensión de mi salario y de la plaza que ostento con clave... que hasta hoy día vengo ejerciendo como responsable del Centro en el ...". En torno a los actos precisados, este tribunal de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5 fracción II, de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII, de la citada Ley, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" Por su parte, los artículos 1, fracción I, 5, fracción II de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTICULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la anterior transcripción, se advierte que las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, no son limitativas, si no enunciativas, puesto que no se limitan a las veintidós hipótesis referidas en el precepto 61 de la Ley en comento, dado que la fracción vigésima tercera de ese numeral no solo dimanan de la Ley, sino que también surgen a la vez de la Constitución Federal y de la Jurisprudencia. Ahora, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXIV, Septiembre 2011, Pagina 1089, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Además de lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Volumen 3, Segunda Parte, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". En el caso, y por las razones que se expondrán a continuación, las autoridades señaladas en la demanda, no se encuentran en un plano de supra subordinación respecto de la quejosa, de donde se colige que no tienen el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo. Se dice lo anterior, porque la parte quejosa impugna en esta vía constitucional, la suspensión del salario y de la plaza que ostenta con clave 16EMS0041Z ejerciendo como responsable dentro del Centro en el CEMSAD 41 Santa Cruz de Morelos, así como haber ordenado a sus subordinados de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada fuera de todo juicio o procedimiento administrativo la ejecución de la suspensión sus salarios devengados a partir de la primera quincena del mes de diciembre del año de dos mil veinte, que se le pago de forma incompleta, prima vacacional, así corno la segunda parte de aguinaldo, como los salarios devengados hasta hoy en día; circunstancia que no es considerada una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la conforman la tesis VI.1º.A.J/20 (10a), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Pagina 2086, Materia Común, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." Ello es así, pues se reitera, que las señaladas responsables, no resultan ser autoridad para efectos del juicio de garantías. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, con apoyo en el 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. Máxime que la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacer valer su inconformidad en los términos de la Ley que rige el procedimiento en materia laboral. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y con ese carácter al primero de los profesionistas que señala en el proemio de su demanda, así como en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado********************virtud a que el mismo se encuentra dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva ante los Juzgados Federales; asimismo, se le tiene señalando como medio de contacto el correo electrónico ... Notifíquese personalmente... por así ordenarlo en auto de diez del mes y año en curso, y de conformidad con el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por la parte quejosa en cita, contra actos del "CECYTEM" Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, por Conducto de su Órgano Rector la Junta Directiva, en Términos de los Artículos 5, 6, 7 y 9 del Decreto que crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número V-84/2021-2. Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa precisa como acto reclamado: "1) EL "CECYTEM" COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, POR CONDUCTO DE SU ÓRGANO RECTOR LA JUNTA DIRECTIVA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULO9S 5, 6, 7 Y 9 DEL DECRETO QUE CREA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN El oficio, acuerdo o circular que dictó de manera verbal o escrita, mediante el cual de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada fuera de todo juicio procedimiento administrativo, decreta la suspensión de mi salario y de la plaza que ostento con clave ... que hasta hoy día vengo ejerciendo como responsable del Centro en el ... El haber ordenado a sus subordinados de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada fuera de todo juicio o procedimiento administrativo la ejecución de la suspensión de mis salarios devengados a partir de la primera quincena del mes de diciembre del año 2020 que seme pago de forma incompleta, prima vacacional, así corno la segunda parte de aguinaldo, como los salarios devengados hasta hoy en día. El haber ordenado de manera verbal o por escrito a sus subordinados la suspensión de mi salario y de la plaza que ostento con clave ... que hasta hoy día vengo ejerciendo como responsable del Centro en el ... 2) EL DIRECTOR GENERAL DEL "CECYTEM" COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EL ... ... El oficio, acuerdo o circular que dictó de manera verbal o escrita, mediante el cual de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada fuera de todo juicio procedimiento administrativo, decreta la suspensión de mi salario y de la plaza que ostento con clave ... que hasta hoy día vengo ejerciendo como responsable del Centro en el .... El haber ordenado a sus subordinados de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada fuera de todo juicio o procedimiento administrativo la ejecución de la suspensión de mis salarios devengados a partir de la primera quincena del mes de diciembre del año 2020 que seme pago de forma incompleta, prima vacacional, así como la segunda parte de aguinaldo, como los salarios devengados hasta hoy en día. El haber ordenado de manera verbal o por escrito a sus subordinados la suspensión de mi salario y de la plaza que ostento con clave... que hasta hoy día vengo ejerciendo como responsable del Centro en el ...". En torno a los actos precisados, este tribunal de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5 fracción II, de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII, de la citada Ley, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" Por su parte, los artículos 1, fracción I, 5, fracción II de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTICULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la anterior transcripción, se advierte que las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, no son limitativas, si no enunciativas, puesto que no se limitan a las veintidós hipótesis referidas en el precepto 61 de la Ley en comento, dado que la fracción vigésima tercera de ese numeral no solo dimanan de la Ley, sino que también surgen a la vez de la Constitución Federal y de la Jurisprudencia. Ahora, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXIV, Septiembre 2011, Pagina 1089, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Además de lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Volumen 3, Segunda Parte, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". En el caso, y por las razones que se expondrán a continuación, las autoridades señaladas en la demanda, no se encuentran en un plano de supra subordinación respecto de la quejosa, de donde se colige que no tienen el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo. Se dice lo anterior, porque la parte quejosa impugna en esta vía constitucional, la suspensión del salario y de la plaza que ostenta con clave 16EMS0041Z ejerciendo como responsable dentro del Centro en el CEMSAD 41 Santa Cruz de Morelos, así como haber ordenado a sus subordinados de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada fuera de todo juicio o procedimiento administrativo la ejecución de la suspensión sus salarios devengados a partir de la primera quincena del mes de diciembre del año de dos mil veinte, que se le pago de forma incompleta, prima vacacional, así corno la segunda parte de aguinaldo, como los salarios devengados hasta hoy en día; circunstancia que no es considerada una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la conforman la tesis VI.1º.A.J/20 (10a), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Pagina 2086, Materia Común, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." Ello es así, pues se reitera, que las señaladas responsables, no resultan ser autoridad para efectos del juicio de garantías. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, con apoyo en el 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. Máxime que la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacer valer su inconformidad en los términos de la Ley que rige el procedimiento en materia laboral. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y con ese carácter al primero de los profesionistas que señala en el proemio de su demanda, así como en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado********************virtud a que el mismo se encuentra dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva ante los Juzgados Federales; asimismo, se le tiene señalando como medio de contacto el correo electrónico ... Notifíquese personalmente.

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