Uniendo Caminos Mexico

Expediente 262/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
262/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Uniendo Caminos Mexico

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Como según la certificación secretarial de cuenta, ha fenecido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de siete de marzo último, que desechó su demanda de garantías, sin que lo haya interpuesto, o manifestado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; de tal forma, se declara que dicho auto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos procedentes. De igual forma, como de la constancia secretarial de cuenta, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, pues como ya se dijo, se desechó la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14, y 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Finalmente, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacan, a siete de marzo de dos mil veintitres. Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, y anexos que acompañan, y quienes además se ostentan como miembros de la organización -; de tal forma, y toda vez que no exhiben documento alguno, con el que acrediten ser integrantes de la organización ciudadana a la que hacen referencia, se les tiene promoviendo únicamente por propio derecho. Por tanto, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, con el número VII-262/2023-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La aprobación, expedición y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Actos respecto de los cuales, el Suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del anterior precepto, se advierte que las causales de improcedencia son de examen preferente y deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, J/5, Registro 222780, publicada en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga, y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda, y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa al respecto la Tesis I.4º.A.269 A, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro 196322, publicada en la página 1008, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda. En ese orden de ideas, respecto a los actos reclamados antes precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, estos dos últimos, aplicados a contrario sensu, se estima procedente desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, tal y como se expondrá enseguida: Los preceptos legales anteriormente señalados disponen: Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.] Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.] De los artículos antes transcritos, se desprende que la quejosa, para iniciar un juicio de amparo, debe tener interés jurídico o legítimo, pero el interés simple, nunca podrá invocarse como legítimo. Al respecto, el interés legítimo, se encuentra establecido por la fracción I, del artículo 107 Constitucional y se establece como un principio básico del juicio de amparo, puesto que como medio de control constitucional, aquél se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. Por ello, la ausencia del interés legítimo, puede constituir un motivo, manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 57/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2014433, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Ahora bien, para la actualización del interés legítimo, se requiere que se demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa, o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es necesario como mínimo, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En la especie, quien aquí juzga, arriba a la plena convicción de que la parte quejosa acude a este juicio con un interés simple, no con interés legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, pues al caso manifiesta, que el Decreto de que se trata, contiene disposiciones de interés general y observancia pública, que según su criterio, incide en la esfera jurídica de todos los ciudadanos del país. Por ello, se estima que se actualiza la citada causal de improcedencia, porque el interés con el que acuden al juicio constitucional, corresponde al que, en general tiene toda persona, como ellos mismos lo exponen en su escrito de demanda, pero no revela una especial situación dentro del ordenamiento jurídico, que indique la posible intención de un beneficio individualizable o bien de una afectación para la parte quejosa, por lo que, ese interés simple, no puede equipararse al interés legítimo previsto en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta del gobernado, por virtud de la especial situación que guarde en relación con el orden jurídico. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 38/2016, Tomo III, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2012364, publicada en la página 690, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho de otro modo, no se advierte que los justiciables hayan resentido afectación alguna en su esfera jurídica, con motivo de los actos que ahora reclaman, máxime que, de los antecedentes que narran bajo protesta de decir verdad, no se advierte que con dichas medidas se afecte alguno de sus derechos fundamentales. Lo anterior permite constatar, que si bien la parte quejosa únicamente acredita un interés simple, como el de cualquier otro ciudadano interesado en que no se aplique lo establecido en el Decreto en cuestión; sin embargo, el interés simple no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, ya que se requiere un interés legítimo en donde se demuestre una afectación real y directa en su esfera jurídica por su especial situación jurídica frente al acto reclamado. Esto es, los justiciables solamente acreditan su interés en que las autoridades responsables no implementen lo estipulado en el Decreto de referencia, pero no se advierte que pudieran obtener algún beneficio concreto y real con una eventual concesión del amparo; pues, se insiste, la relación jurídica con que se ostentan, es la que existe con cualquier otro ciudadano, como incluso ellos mismos lo mencionan en su libelo constitucional, sin determinar individualmente algún perjuicio o la privación de algún beneficio. No es ocioso apuntar, que a través del juicio de amparo, no se puede evaluar la constitucionalidad de cualquier acto de autoridad, aunado a que el principio de división de poderes garantiza que los jueces no se posicionen, en todo momento, como Órganos supervisores permanentes de veto de las decisiones de Órganos con legitimidad democrática, sino sólo de afectaciones jurídicamente relevantes que una persona puede resentir; lo que en el caso no acontece. Por otra parte, los actos que aquí se pretenden impugnar, constituyen acciones políticas de acuerdo a las directrices plasmadas por el Ejecutivo Federal y Congreso de la Unión, hoy en funciones, temática donde cada quien en lo individual y aquellos que se identifican con grupos, partidos o asociaciones determinadas, evidentemente pueden tener posiciones encontradas; pero no es a través de un medio de control constitucional de carácter individual, que se pueden cuestionar esas medidas, sino que existen otros instrumentos en el derecho constitucional, que sirven para confrontar esas decisiones, como las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, por enunciar ejemplos. Máxime que la pretensión se basa en la declaratoria de inconstitucionalidad del ya mencionado Decreto, lo que se estima incumbe a reglas electorales, que no están sujetas a través del juicio de amparo, ante la falta de legitimación de la quejosa para cuestionarlas en la forma que se plantea -sin afectaciones jurídicamente relevantes, actuales, reales y cualificadas-. Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resultan manifiestas e indudables, las causas de improcedencia que se mencionan, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, estos dos últimos, aplicados a contrario sensu. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere de su consentimiento; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. para efecto de que generen un nombre de usuario; hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de video conferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa, para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Igualmente, se invita a la parte quejosa, para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales, se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro, y de ser necesario, su incorporación al expediente, previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Asimismo, se tiene a la parte quejosa, proporcionando un domicilio y número de teléfono, para contacto, y como autorizados para oír y recibir notificaciones, a -, toda vez que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede. Finamente, como lo solicitan los promoventes, se ordena a la Analista Jurídico (SISE), dar de alta al usuario -, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que sean notificados por ese medio. Notifíquese vía electrónica.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano