Uriel Lara Cazarez
Expediente 109/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Uriel Lara Cazarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que en auto de siete de noviembre del presente año, el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México, le informó que se radicó el procedimiento de ejecución de la pena de prisión impuesta al quejoso -, bajo el número de expediente SIPE 501/2019, el que se ordena glosar a los autos para que obre como corresponda.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a sus interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Mediante resolución emitida el diecisiete de mayo del presente año, este juzgado negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso -; contra dicho fallo, el peticionario interpuso recurso de revisión el tres de junio de la propia anualidad, habiéndose remitido a la superioridad el día once siguiente. Asimismo, el doce de septiembre último, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, modificó la sentencia emitida por este juzgado, conforme a los siguientes puntos resolutivos: .PRIMERO. Se modifica la sentencia de diecisiete de mayo pronunciada por el juez Segundo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, dentro del amparo indirecto I-109/2019. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a - en contra del acto de autoridad reclamado del juez Noveno de Distrito en el Estado, consistente en el auto de treinta de enero del año en curso, dictado dentro del proceso penal 16/2015-II. Por auto de veinticinco de septiembre pasado se tuvo por recibida la ejecutoria en mención, requiriéndose en esa misma fecha al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la misma; luego, a través del oficio 2456, de veintisiete de septiembre último, la Secretaria del Juzgado responsable informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector, y mediante diverso oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el dos de octubre del presente año, del que se desprende que en auto de la propia fecha, el juez responsable determinó lo siguiente: . con fundamento en el dispositivo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y en acatamiento a la ejecutoria en cuestión: Se deja insubsistente el proveído del treinta de enero de dos mil diecinueve, que declaró ejecutoriada la sentencia pronunciada el veintiuno de enero del año en curso, así como las diversas diligencias inherentes a la ejecución de la sentencia de condena, entre las que destaca haber requerido a - en su carácter de fiador carcelario del quejoso -, para que dentro del término de cinco días lo recluyera en el Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez" en Charo, Michoacán, a efecto de compurgar la pena privativa de libertad, apercibiéndolo que de no hacerlo, se ordenaría su reaprehensión. En mérito a lo anterior, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria que nos ocupa, se procede a emitir otro acuerdo en sustitución de aquél (treinta de enero de dos mil diecinueve), en los siguientes términos: .de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 100, 101 y 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en turno en la Ciudad de México, resulta ocmpetente para conocer del procedimiento de ejecución de la pena de prisión impuesta al sentenciado - quien actualmente se encuentra en libertad provisional y le fueron negados lo beneficios previsto en los artículos 70 y 90 del Código Sustantivo Federal, en virtud de que la pena de prisión impuesta (cuatro años diez meses), excede de los parámetros fijados en los invocados preceptos legales. Por tanto, en término que señala el primer párrafo, del dispositivo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, remítase al Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en turno en la Ciudad de México, así como a la autoridad penitenciaria, el expediente que se forme con las constancias a que se refiere el artículo 10 del Acuerdo General 22/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y póngase al enjuiciado - a disposición de la citada autoridad judicial, a fin de que emita la declaratoria de inicio del procedimiento de ejecución de la pena respectivo, así como para que proceda como lo establece el invocado numeral 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Todo lo anterior, pone de manifiesto que la autoridad responsable Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida por este Juzgado, en virtud de que en la nueva resolución dejó sin efectos el proveído impugnado, reiteró que causó ejecutoria la sentencia respectiva y las consecuencias inherentes, se abstuvo de requerir y apercibir al quejoso respecto de aquellos aspectos relativos a la ejecución de la sentencia de condena y en términos de lo establecido por el numeral 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenó la remisión de las constancias conducentes al Juez de Ejecución y a la autoridad penitenciaria; por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a sus interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Mediante resolución emitida el diecisiete de mayo del presente año, este juzgado negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso -; contra dicho fallo, el peticionario interpuso recurso de revisión el tres de junio de la propia anualidad, habiéndose remitido a la superioridad el día once siguiente. Asimismo, el doce de septiembre último, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, modificó la sentencia emitida por este juzgado, conforme a los siguientes puntos resolutivos: .PRIMERO. Se modifica la sentencia de diecisiete de mayo pronunciada por el juez Segundo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, dentro del amparo indirecto I-109/2019. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a - en contra del acto de autoridad reclamado del juez Noveno de Distrito en el Estado, consistente en el auto de treinta de enero del año en curso, dictado dentro del proceso penal 16/2015-II. Por auto de veinticinco de septiembre pasado se tuvo por recibida la ejecutoria en mención, requiriéndose en esa misma fecha al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la misma; luego, a través del oficio 2456, de veintisiete de septiembre último, la Secretaria del Juzgado responsable informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector, y mediante diverso oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el dos de octubre del presente año, del que se desprende que en auto de la propia fecha, el juez responsable determinó lo siguiente: . con fundamento en el dispositivo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y en acatamiento a la ejecutoria en cuestión: Se deja insubsistente el proveído del treinta de enero de dos mil diecinueve, que declaró ejecutoriada la sentencia pronunciada el veintiuno de enero del año en curso, así como las diversas diligencias inherentes a la ejecución de la sentencia de condena, entre las que destaca haber requerido a - en su carácter de fiador carcelario del quejoso -, para que dentro del término de cinco días lo recluyera en el Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez" en Charo, Michoacán, a efecto de compurgar la pena privativa de libertad, apercibiéndolo que de no hacerlo, se ordenaría su reaprehensión. En mérito a lo anterior, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria que nos ocupa, se procede a emitir otro acuerdo en sustitución de aquél (treinta de enero de dos mil diecinueve), en los siguientes términos: .de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 100, 101 y 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en turno en la Ciudad de México, resulta ocmpetente para conocer del procedimiento de ejecución de la pena de prisión impuesta al sentenciado - quien actualmente se encuentra en libertad provisional y le fueron negados lo beneficios previsto en los artículos 70 y 90 del Código Sustantivo Federal, en virtud de que la pena de prisión impuesta (cuatro años diez meses), excede de los parámetros fijados en los invocados preceptos legales. Por tanto, en término que señala el primer párrafo, del dispositivo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, remítase al Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en turno en la Ciudad de México, así como a la autoridad penitenciaria, el expediente que se forme con las constancias a que se refiere el artículo 10 del Acuerdo General 22/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y póngase al enjuiciado - a disposición de la citada autoridad judicial, a fin de que emita la declaratoria de inicio del procedimiento de ejecución de la pena respectivo, así como para que proceda como lo establece el invocado numeral 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Todo lo anterior, pone de manifiesto que la autoridad responsable Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida por este Juzgado, en virtud de que en la nueva resolución dejó sin efectos el proveído impugnado, reiteró que causó ejecutoria la sentencia respectiva y las consecuencias inherentes, se abstuvo de requerir y apercibir al quejoso respecto de aquellos aspectos relativos a la ejecución de la sentencia de condena y en términos de lo establecido por el numeral 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenó la remisión de las constancias conducentes al Juez de Ejecución y a la autoridad penitenciaria; por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE DOS DE OCTUBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que en proveído de dos de los actuales, se pronunció en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector.";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
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