Unidad de Riego Valle de Santa Ana Maya
Expediente 1502/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1502/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Unidad de Riego Valle de Santa Ana Maya
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Según constancia secretarial de cuenta, el acuerdo de quince de noviembre del año en curso, dictado en el presente asunto no se publicó, en tal virtud se ordena publicar tal proveído en esta data. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por -, en cuanto representante legal de la-, carácter que acredita con copia cotejada de la escritura pública que adjunta, contra los actos reclamados al Subdirector de Administración del Agua, de la Dirección Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, y otra autoridad, precisados en su demanda; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número I 1502/2023-1. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la negativa por parte del Director de Administración del Agua, de la Dirección Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, de notificarle, tanto a él como representante de la quejosa como a su presidente, el último título de la concesión emitido a favor de -, así como el haberse negado a reconocerlo como representante legal de la aquí quejosa, y para acreditar tal circunstancia, exhibe copia cotejada del acta destacada de hechos de fecha trece de octubre del año en curso, levantada por el Notario Público Número - licenciado -, con sede y ejercicio en esta ciudad, de lo que textualmente se advierte lo siguiente: ".que no era posible notificarle en ese momento, y que el procedería a girar instrucción para efectos de que se les notificara en el último domicilio señalado ante tal autoridad". Acto, respecto del cual, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción III, inciso b), este a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción III, inciso b), este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley." "ARTICULO 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: [.]III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte;." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la jurisprudencia número 189, definió a los actos de imposible reparación, como aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el procedimiento, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Dicha tesis es visible en la página 154, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Tomo VI, materia común, y es de texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Luego, si como ya quedó precisado, el acto reclamado lo constituye la negativa por parte del Director de Administración del Agua, de la Dirección Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, de notificarle, tanto a él como representante de la quejosa como a su presidente, el último título de la concesión emitido a favor de la -, así como el haberse negado a reconocerlo como representante legal de la aquí quejosa, y para acreditar tal circunstancia, exhibe copia cotejada del acta destacada de hechos de fecha trece de octubre del año en curso, levantada por el Notario Público Número - licenciado -, con sede y ejercicio en esta ciudad, de lo que textualmente se advierte lo siguiente: ".que no era posible notificarle en ese momento, y que el procedería a girar instrucción para efectos de que se les notificara en el último domicilio señalado ante tal autoridad"; sin embargo, de dicha acta también se desprende que el citado Notario dio fe de que se constituyó en compañía del aquí quejoso y con diversas personas, ante la Dirección Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, en la cual fueron atendidos por el Subdirector de Administración del Agua, a quien le solicitó "le notificara los títulos de concesión números -, ya que en repetidas ocasiones ha solicitado la respectiva vinculación en el sistema denominado "Buzón del Agua""; quien le manifestó que no era posible realizar la notificación en ese momento, que él procedería a girar instrucción para que se les notificara en el último domicilio señalado ante esa autoridad. Ahora bien, cuando se reclaman en amparo indirecto actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que sean de imposible reparación, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para los gobernados, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de los agraviados, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable en ese procedimiento; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, pero si la parte quejosa obtiene resolución favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del agraviado. Por tanto, resulta evidente que la manifestación del Subdirector de Administración del Agua de la Dirección Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, en el sentido de que no se podía notificar en ese momento respecto al último título de la concesión emitido a favor de la -, ya que se le notificaría en el último domicilio señalado ante esa autoridad, ello no constituye un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, virtud a que no se le ha negado la información solicitada, sólo se le indico que le sería notificado personalmente en su domicilio, aunado al hecho de que como de la misma acta circunstanciada de hechos se advierte, le fue permitido el acceso al expediente de origen, el cual le fue prestado para su consulta y por el contrario de dicha acta no se desprende que el quejoso haya solicitado se le reconociera carácter alguno de representante legal, y menos aún que en su caso las responsables se hayan negado a ello; en consecuencia, no irroga ningún perjuicio a la parte quejosa. En ese orden de ideas, se determina que el acto aquí reclamado, no es de aquéllos que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción III, inciso b), este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, ya que de los mismos se evidencia que no son de aquellos actos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, pues sólo produce efectos formales dentro del procedimiento y tiene como consecuencia una ejecución de naturaleza adjetiva, cuyos efectos pueden destruirse al notificarle a la parte quejosa, la respuesta a su solicitud que hizo, en el domicilio que señaló para ese efecto, con lo cual las consecuencias de la posible violación, se extinguirían en la realidad sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del impetrante de garantías y sin dejar huella en su esfera jurídica. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. También se hace del conocimiento de la impetrante, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite? correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del?Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.??? En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Por otra parte, atendiendo a que el promovente solicitó la consulta del expediente electrónico y se le realicen notificaciones de carácter personal; se ordena dar de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el usuario -, y señalando como medio de contacto el diverso domicilio ubicado en esta ciudad, autorizando para ese efecto e imponerse de los autos a las personas que señala; de igual forma a -, quienes gozarán de las demás facultades que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, una vez que registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese electrónicamente. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe
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