Sofía Piñón García
Expediente 113/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sofía Piñón García
- Eric Ivan Galicia Araiza
- Arianne Aguinaga Suárez y Otros.
- Daira Lucero Baltazar Mendoza
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, once de marzo de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, mediante el cual SE TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Adriana Velázquez Pérez y otros, sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. SE ORDENA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, visto el escrito de cuenta signado por el apoderado de la parte quejosa, atento a su contenido, como lo solicita con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°, hágasele la devolución de las constancias que refiere, sin que sea necesario dejar constancias de las mismas, toda vez que el expediente se encuentra totalmente concluido. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista con informes justificados. Con vista a las partes, agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, con los que las autoridades que los suscriben rinden el informe justificado que les fue requerido, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. SE RECIBE ESCRITO ACLARATORIO Visto el escrito de cuenta que suscribe Roberto Lozano Vega, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de ocho de febrero del año en curso, y al efecto manifiesta lo siguiente: a).- Respecto al punto marcado con el número uno de prevención, aclara que el nombre correcto de una de los menores lo es Danna Paola Téllez Vázquez; asimismo, precisa que Gael Reyes López, también comparece como menor quejoso, del cual se anexó el acta de nacimiento al escrito de demanda; y, por lo que se refiere a Sandra Janeth López Tovar, precisa que por error aparece en el apartado de los quejosos, pero que es la madre de este último; y, b).- En lo que atañe al punto número dos, indica los actos que les reclama a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional; Ahora, no obstante que aclara el segundo de los puntos de prevención, no ha lugar a tener cabalmente cumplida la prevención formulada en autos, en virtud de que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales deban manifestarse antecedentes bajo protesta de decir verdad, puesto que al ser el quejoso (o en su defecto su representante o apoderado) el titular de la acción, es el único legitimado para desahogar la aclaración en relación a los antecedentes que habrán de realizarse previa protesta de decir verdad. Lo anterior es así, pues el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad se exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Aunado a que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados. De ahí que como se señaló, el autorizado en términos del artículo 12 de la ley en consulta, no está facultado para desahogar las prevenciones relativas de cualquier índole o, lo requerido por este órgano jurisdiccional, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien lo promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en el que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación, además de que no se debe perder de vista que los derechos y las obligaciones que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Así se sostuvo por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, que dio origen a la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2007285 Primera Sala Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I Página 210 Jurisprudencia (Común) AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Aunado a lo anterior, el promovente no cumplió con el punto número tres de la prevención que se le realizó, esto es, no exhibió las copias del escrito aclaratorio para cada una de las partes. En ese orden de ideas, se requiere a la parte quejosa para que de su nuevo escrito aclaratorio, acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que deberán ser siete para las autoridades señaladas como responsables, una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y dos más para los cuadernos incidentales. Lo anterior conduce a estimar que no se cumple cabalmente con las prevenciones formuladas y por ello la parte quejosa deberá estarse a lo acordado y apercibida en el proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós. En ese contexto, a efecto de que la parte quejosa tenga oportunidad de subsanar las deficiencias u omisiones apuntadas y dado que el escrito aclaratorio fue presentado en el cuarto día del término con que cuenta, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se estima necesario notificarle personalmente el contenido del presente proveído. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número 39/2012, de la Décima Época, que dice: "Tesis: 1a./J. 39/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época Número de identificación 2000702 Primera Sala Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1 Página 400 Jurisprudencia (Común) ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Los criterios jurisprudenciales que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintidós. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo de cuenta, con apoyo en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que se les notifique el presente acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad; aclare su demanda sobre los siguientes puntos: Toda vez que en el cuerpo de la demanda se advierte que los quejosos son menores de edad, quienes vienen representados por sus padres, acreditando dicha personalidad con las actas de nacimiento respectivas, sin embargo de una revisión de los anexos se advierten ciertas incongruencias por lo que deberán precisar los siguientes puntos: Deberán aclarar el nombre correcto de la menor Anna Paola Téllez Vázquez, toda vez que no se anexa su acta de nacimiento; sin embargo si se anexó una acta de nacimiento a nombre de Danna Paola Téllez Vázquez. Por otro lado, también se anexó el acta de nacimiento del menor Gael Reyes García, sin embargo, no está dentro de los nombres que figuran como quejosos, por lo que deberán precisar si también es un menor quejoso, o se anexó de manera errónea su acta de nacimiento. Finalmente, entre los nombres de los quejosos menores, se encuentra Sandra Janeth López Tovar, sin que de las constancias que se anexan, se encuentre su acta de nacimiento, por lo que deberá anexar la misma en su escrito aclaratorio. 2.- Para que bajo protesta de decir verdad, precise qué acto en concreto le reclaman a cada una de las autoridades que señalan como responsables, toda vez que de una lectura integra de su libelo constitucional, no se advierte dicha circunstancia. Hágase saber al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda y aclaratorio afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, como los datos que se le solicitan con antelación, esa conducta se encuentra tipificada como delito por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual refiere lo siguiente: "Capítulo III Delitos Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la visa, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y; [.]".. 3.- Para que en caso de cumplir con la prevención de manera física, exhiba copia del escrito aclaratorio para cada una de las partes, en el entendido que deberán ser siete para las autoridades señaladas como responsables, una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y dos más para los cuadernos incidentales. Se apercibe a la parte promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo anteriormente requerido, dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. En atención al usuario "rlozanovega" que señala a fin de que se le autorice la consulta del expediente vía electrónica, en términos de lo previsto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de ocho de julio de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, se autoriza al promovente la consulta electrónica del expediente, así como las notificaciones en el señalado sistema electrónico a través del usuario que precisa. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Lozano Vega y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que señala virtud a que no se encuentran registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que, de conformidad con el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberán notificar las determinaciones de carácter personal en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Además, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. SE ATIENDE MANIFESTACIÓN SOBRE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Finalmente, no se ignora que los amparistas solicitan la suspensión de plano, respecto de los actos; por lo que el suscrito debe atender dicha manifestación, ya que de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, establece la procedencia de la suspensión de oficio, lo cual obliga al suscrito a pronunciarse en torno a esa petición. Al respecto cabe decir que, conforme al artículo 126 de la Ley de la Materia, la suspensión de oficio, procede cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, precepto que establece a su vez, que están prohibidas las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie o cuando se trate de actos relativos a la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o bien, cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. En la especie, este juzgado estima que las anteriores hipótesis no se actualizan. De igual manera, resulta improcedente decretar la suspensión en términos de artículo 127, de la Ley de Amparo, pues no se está en ninguno de los supuestos que establece ese artículo, ya que no se reclama algún acto de extradición, previsto en la fracción I del artículo y por otro lado, porque conforme a lo dispuesto por la fracción II, de ese numeral, la suspensión de oficio, procede cuando se trate de algún acto que, de llegarse a consumar, haga físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, que en la especie no prevalece. Además de que la no aplicación inmediata de la vacuna anti Covid-19, no se advierte ponga en riesgo inminente la vida de los ahora quejosos. Por tanto, al no encuadrar los actos reclamados en alguno de los supuestos antes mencionados, no es factible que este tribunal proceda en los términos de los citados artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, esto es, a decretar la suspensión de oficio. Se invoca sobre el particular la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1698, del Tomo XLIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: Época: Quinta Época Registro: 334093 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLIX Materia(s): Común, Administrativa Tesis: Página: 1698 SUSPENSION DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE. La fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo, toma como base para conceder la suspensión de plano y de oficio, que se trate de un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; caso en el cual no se encuentra la orden de una autoridad del orden administrativo, para que se desaloje a los quejosos de los terrenos que dicen estar poseyendo; pues es indudable que si el acto llegara a ejecutarse, no sería imposible restituirlos de nuevo en el goce de la posesión; de manera que la suspensión debe resolverse en los términos del artículo 124 de la citada ley, o sea, concederse la suspensión provisional y no de plano y de oficio. Amparo administrativo. Máxime si se tiene en consideración que respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, se proveerá dentro de los cuadernos incidentales que para tal efecto se formen. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
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