Sonia Mejía Estrada

Expediente 1374/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1374/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Sonia Mejía Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda de amparo, lo cual deberá realizarse dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe./*arga*/*

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA notifico a la parte promovente lo siguiente; Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo de garantías promovida por Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, quien se ostenta representante de SONIA MEJÍA ESTRADA. SE RECONOCE CARÁCTER. Con apoyo en el artículo 10 de la Ley de Amparo y en términos de la copia cotejada del poder general para pleitos y cobranzas que se anexa a la demanda de amparo, se reconoce al ocursante el carácter de apoderado de la quejosa de referencia, con el que comparece a gestionar a esta instancia constitucional. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Establecido lo anterior, el suscrito procede a realizar el análisis de la demanda de amparo generadora del expediente en que se actúa. Los artículos 62 y 113, de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen lo siguiente: Artículo 62. "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Luego, del análisis integral de la demanda, y en observancia a lo dispuesto por los artículos transcritos, se desprende que, en la especie, el acto reclamado consiste en la resolución de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de reclamación RER-0001/2019-V, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, con residencia en esta ciudad, declaró improcedente el recurso de reclamación; en ese contexto, este órgano de control constitucional considera que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción III, interpretado a contrario sensu, 171 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Los numerales referidos supralíneas, en la parte que interesa, respectivamente, son del tenor siguiente: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. "El amparo indirecto procede: (.) .III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Artículo 17. "Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo..". Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". De la interpretación sistemática de las porciones normativas transcritas, se obtiene que, el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales, cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden de ideas debe entenderse que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, en la resolución de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de reclamación RER-0001/2019-V, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, con residencia en esta ciudad, declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto contra la suspensión y diferimiento de la audiencia inicial, dado que no es un acto de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos tutelados por la constitución federal, o los tratados internacionales, sino que únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable en el juicio administrativo, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar, o en caso contrario, al promoverse el juicio de garantías y ahí se podrán alegar las violaciones cometidas en la misma resolución, o durante el procedimiento, inclusive la resolución dictada en el recurso de reclamación. Resulta aplicable al respecto, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia por contradicción número P./J. 24/92, visible a fojas 11, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." SE DESECHA DEMANDA Por lo anteriormente considerado, fundado y con apoyo además en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, quien se ostenta representante de SONIA MEJÍA ESTRADA, contra actos de la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, con residencia en esta ciudad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, Jair Olaf Osorio Celayos y Carlos Gustavo Cortés Guerra, con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este juzgado, se constató que existe registro de la cédula profesional que acredita se encuentran facultados para ejercer la profesión de licenciados en Derecho. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Como lo solicitó la parte quejosa, con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se le autoriza la consulta del expediente en que se actúa, vía electrónica, y al efecto proporciona como nombre de usuario gabrielenriquemontiel. En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la habilitación correspondiente una vez que verifique que los datos proporcionados son correctos. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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