Sonia Mejía Estrada

Expediente 1409/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1409/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Sonia Mejía Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECONOCE PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo y en términos de la copia cotejada del poder general para pleitos y cobranzas que otorga la quejosa Sonia Mejía Estrada, a Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, que se acompaña al escrito de demanda; en tal virtud, se reconoce al ocursante el carácter de apoderado de la quejosa, con el que comparece a gestionar en esta instancia constitucional. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE DEMANDA. Establecido lo anterior, de la literalidad del escrito inicial y aclaratorio de demanda, el suscrito procede a realizar el análisis de los mismos. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistente en el la resolución de trece de noviembre del año en curso, dictada por la Sala responsable en el recurso de reclamación RER-0005/2019-V, interpuesto en contra de auto de diferimiento de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de responsabilidad P.R.A.D.R.S.P.015/2019, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación: Los numerales referidos supralíneas, en la parte que interesa, respectivamente, son del tenor siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Del texto del precepto legal transcrito en primer término, se desprende que el juicio de amparo biinstancial es procedente únicamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento administrativo; de lo que se advierte, que en el presente caso el auto reclamado consistente en el la resolución de trece de noviembre del año en curso, dictada por la Sala responsable en el recurso de reclamación RER-0005/2019-V, interpuesto en contra de auto de diferimiento de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de responsabilidad P.R.A.D.R.S.P.015/2019, no es la última resolución dictada en el procedimiento de responsabilidad, con el cual se pondría fin al mismo; mucho menos se trata de un acto de imposible reparación. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada la demanda generadora del presente expediente, y los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado consistente en la resolución de trece de noviembre del año en curso, dictada por la Sala responsable en el recurso de reclamación RER-0005/2019-V, interpuesto en contra de auto de diferimiento de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de responsabilidad P.R.A.D.R.S.P.015/2019, dado que no es un acto de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable dentro del procedimiento de responsabilidad P.R.A.D.R.S.P.015/2019, al dictarse la sentencia correspondiente, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. De lo narrado, se advierte que el acto reclamado consistente en la resolución de trece de noviembre del año en curso, dictada por la Sala responsable en el recurso de reclamación RER-0005/2019-V, que estimó improcedente dicho recurso auto de diferimiento de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de responsabilidad P.R.A.D.R.S.P.015/2019, no constituye un acto definitivo en el que se hubiera decidido el fondo del asunto, ni constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación a efecto de que, en contra de ese fallo procede el amparo indirecto en términos del articulo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues siendo la consecuencia jurídica de ese acto, el que no se vaya a desahogar la audiencia en la fecha programada y que se haya diferido la misma, la afectación jurídica esta supeditada a que esa circunstancia repercuta en el sentido del referido fallo, lo que se traduce en una violación susceptible de ser reclamada al impugnar la sentencia que en definitiva se dicte en el controvertido de origen, en caso de que las violaciones trasciendan al resultado de la misma, afectado las defensas de la parte promovente Máxime, que el artículo 107, fracción III, de la Ley de la materia, prevé que por regla general el amparo sólo podrá promoverse contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre y cuando se trate de la última resolución, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, como ya se dijo los que afecten materialmente derechos sustantivos; lo cual, en el caso no acontece, pues se insiste que el acto que se reclama lo es la resolución de trece de noviembre del año en curso, dictada por la Sala responsable en el recurso de reclamación RER-0005/2019-V, interpuesto en contra de auto de diferimiento de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de responsabilidad P.R.A.D.R.S.P.015/2019, de manera que la violación ahora reclamada, puede verse reparada al momento de dictarse la sentencia definitiva dentro de dicho procedimiento de responsabilidad, y en caso de no ser así, alegarse como violación procesal en el amparo directo que llegare a promover contra la misma. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Se invoca en lo particular el criterio con rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Contradicción de tesis 325/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 16 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. Tesis y criterios contendientes: Tesis III.3o.T. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 8o., 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DENTRO O FUERA DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL, NO SE SURTE LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA DESECHAR AQUÉLLA.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de octubre de 2015 a las 10:10 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, página 3373, y El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 79/2015, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 41/2015, el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 79/2015, el sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 94/2015, el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 58/2015, y el diverso sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 53/2015. Tesis de jurisprudencia 48/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de abril de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 06 de mayo de 2016 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de mayo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Se invoca en lo particular el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". Los criterios invocados en este acuerdo se citas aún y cuando hubieres sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por SONIA MEJÍA ESTRADA, por conducto de su apoderado Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, contra actos de la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, Jair Olaf Osorio Celayos y Carlos Gustavo Cortés Guerra, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este Juzgado, se constató que existe registro de la cédula profesional que los acreditan como licenciados en derecho. Asimismo, en términos de lo previsto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de ocho de julio de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, se autoriza a Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, registrado con el usuario "gabrielenriquemontiel", únicamente la consulta electrónica del expediente en el señalado sistema electrónico, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la habilitación correspondiente una vez que verifique que los datos proporcionados son correctos. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA notifico a la parte promovente lo siguiente; Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECONOCE PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo y en términos de la copia cotejada del poder general para pleitos y cobranzas que otorga la quejosa Sonia Mejía Estrada, a Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, que se acompaña al escrito de demanda; en tal virtud, se reconoce al ocursante el carácter de apoderado de la quejosa, con el que comparece a gestionar en esta instancia constitucional. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE DEMANDA. Establecido lo anterior, de la literalidad del escrito inicial y aclaratorio de demanda, el suscrito procede a realizar el análisis de los mismos. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistente en el la resolución de trece de noviembre del año en curso, dictada por la Sala responsable en el recurso de reclamación RER-0005/2019-V, interpuesto en contra de auto de diferimiento de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de responsabilidad P.R.A.D.R.S.P.015/2019, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación: Los numerales referidos supralíneas, en la parte que interesa, respectivamente, son del tenor siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Del texto del precepto legal transcrito en primer término, se desprende que el juicio de amparo biinstancial es procedente únicamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento administrativo; de lo que se advierte, que en el presente caso el auto reclamado consistente en el la resolución de trece de noviembre del año en curso, dictada por la Sala responsable en el recurso de reclamación RER-0005/2019-V, interpuesto en contra de auto de diferimiento de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de responsabilidad P.R.A.D.R.S.P.015/2019, no es la última resolución dictada en el procedimiento de responsabilidad, con el cual se pondría fin al mismo; mucho menos se trata de un acto de imposible reparación. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada la demanda generadora del presente expediente, y los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado consistente en la resolución de trece de noviembre del año en curso, dictada por la Sala responsable en el recurso de reclamación RER-0005/2019-V, interpuesto en contra de auto de diferimiento de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de responsabilidad P.R.A.D.R.S.P.015/2019, dado que no es un acto de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable dentro del procedimiento de responsabilidad P.R.A.D.R.S.P.015/2019, al dictarse la sentencia correspondiente, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. De lo narrado, se advierte que el acto reclamado consistente en la resolución de trece de noviembre del año en curso, dictada por la Sala responsable en el recurso de reclamación RER-0005/2019-V, que estimó improcedente dicho recurso auto de diferimiento de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de responsabilidad P.R.A.D.R.S.P.015/2019, no constituye un acto definitivo en el que se hubiera decidido el fondo del asunto, ni constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación a efecto de que, en contra de ese fallo procede el amparo indirecto en términos del articulo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues siendo la consecuencia jurídica de ese acto, el que no se vaya a desahogar la audiencia en la fecha programada y que se haya diferido la misma, la afectación jurídica esta supeditada a que esa circunstancia repercuta en el sentido del referido fallo, lo que se traduce en una violación susceptible de ser reclamada al impugnar la sentencia que en definitiva se dicte en el controvertido de origen, en caso de que las violaciones trasciendan al resultado de la misma, afectado las defensas de la parte promovente Máxime, que el artículo 107, fracción III, de la Ley de la materia, prevé que por regla general el amparo sólo podrá promoverse contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre y cuando se trate de la última resolución, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, como ya se dijo los que afecten materialmente derechos sustantivos; lo cual, en el caso no acontece, pues se insiste que el acto que se reclama lo es la resolución de trece de noviembre del año en curso, dictada por la Sala responsable en el recurso de reclamación RER-0005/2019-V, interpuesto en contra de auto de diferimiento de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de responsabilidad P.R.A.D.R.S.P.015/2019, de manera que la violación ahora reclamada, puede verse reparada al momento de dictarse la sentencia definitiva dentro de dicho procedimiento de responsabilidad, y en caso de no ser así, alegarse como violación procesal en el amparo directo que llegare a promover contra la misma. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Se invoca en lo particular el criterio con rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Contradicción de tesis 325/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 16 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. Tesis y criterios contendientes: Tesis III.3o.T. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 8o., 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DENTRO O FUERA DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL, NO SE SURTE LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA DESECHAR AQUÉLLA.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de octubre de 2015 a las 10:10 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, página 3373, y El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 79/2015, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 41/2015, el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 79/2015, el sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 94/2015, el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 58/2015, y el diverso sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 53/2015. Tesis de jurisprudencia 48/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de abril de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 06 de mayo de 2016 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de mayo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Se invoca en lo particular el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". Los criterios invocados en este acuerdo se citas aún y cuando hubieres sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por SONIA MEJÍA ESTRADA, por conducto de su apoderado Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, contra actos de la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, Jair Olaf Osorio Celayos y Carlos Gustavo Cortés Guerra, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este Juzgado, se constató que existe registro de la cédula profesional que los acreditan como licenciados en derecho. Asimismo, en términos de lo previsto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de ocho de julio de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, se autoriza a Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, registrado con el usuario "gabrielenriquemontiel", únicamente la consulta electrónica del expediente en el señalado sistema electrónico, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la habilitación correspondiente una vez que verifique que los datos proporcionados son correctos. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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