Sofia Medina Cacho
Expediente 861/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sofia Medina Cacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Autoridad informa trámites. Visto el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia cotejada de la relación de guías impresas de veintiocho de agosto del año en curso, de donde se advierte que fue enviado el exhorto a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, a efecto de que realice el emplazamiento a la parte demandada; asimismo, exhibe copia cotejada de la impresión del correo electrónico enviado al Presidente de la citada Junta, con él se acredita la solicitud vía correo electrónico institucional del emplazamiento del juicio laboral número 29/2023. De lo anterior toma nota este órgano jurisdiccional y se tiene a la autoridad responsable informando los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VIII-861/2023, promovido por Sofía Medina Cacho, por conducto de su apoderado Juan Carlos Alcántar García contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de julio del año en curso, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y turnado el cinco de ese mes y año por razón de turno a este Juzgado Federal, Sofía Medina Cacho, por conducto de su apoderado Juan Carlos Alcántar García, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que señaló en su escrito de demanda. Actos que la parte quejosa consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO. En proveído de seis de julio de dos mil veintitrés, se registró la demanda como el expediente VIII-861/2023; y, se previno a la parte quejosa. Posteriormente, previo cumplimiento de prevención se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; y, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación; y, presidida por Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", para fungir como encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de llevar a cabo el emplazamiento de los demandados dentro de los plazos y términos que señala el artículo 873 de la ley Federal del Trabajo dentro del juicio laboral 29/2023, según se mandató en el exhorto que se ordenó girar en audiencia de treinta de junio de dos mil veintitrés. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La actuaria de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto que la parte quejosa le atribuyó, bajo el argumento de que no le fueron turnados los autos del juicio laboral 29/2023, para llevar a cabo el emplazamiento de los demandados (1) OPUS FARMS S.P.R. DE R.L. DE C.V.; y (2) Quien resulte responsable de la relación laboral y/o fuente de trabajo con domicilio para ser emplazados en el ubicado en Carretera Jacona, Kilometro 4, precisamente en el predio conocido como Chirimoyo, s/n de Jacona, Michoacán, toda vez que se giró exhorto a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán. Con esas bases, toda vez que se dio vista a la peticionaria del amparo con el sentido de dicho informe y ésta a su vez fue omisa en alegar al respecto o bien ofrecer medio de prueba para desvirtuar tal negativa, lo conducente es tener como inexistente el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ello, pues en su caso, la quejosa debió de demostrar que, contra la negativa de la responsable, si se encontraba vigente alguna afectación a los derechos fundamentales que alude violentados en su perjuicio. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia con registro digital 227634, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó a la autoridad responsable actuaria de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". QUINTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias del juicio laboral 29/2023 de su índice, en las que se observa que el treinta de junio de dos mil veintitrés, ordenó girar exhorto a la Junta Local Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, para emplazar a los demandados. Sin que obste que esta última autoridad no haya sido señalada como responsable, toda vez que la parte quejosa únicamente atribuye una violación a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, al no haber dado cumplimiento a la encomienda plasmada en el citado exhorto. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. En esencia, la quejosa manifestó que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad vulneró en su perjuicio el derecho fundamental de seguridad jurídica, en específico, de administración de justicia pronta, que regula el artículo 17, párrafo segundo, Constitucional, al incumplir con los términos legales que establece la Ley Federal del Trabajo, al omitir emplazar a los demandados en el juicio natural. En tal circunstancia, resulta menester señalar que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "ARTÍCULO 17.- [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]". Precepto legal del que se desprende, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, además de manera pronta, completa e imparcial; lo que se establece como un derecho público subjetivo a favor de cualquier persona. El respeto al derecho fundamental antes mencionado, no sólo es una cuestión de mero trámite, sino que implica una obligación para cuyo cumplimiento las autoridades se ven dotadas de distintos medios coercitivos. Por tanto, los plazos para impartir justicia deben ser respetados, ya que de lo contrario no sólo se trasgrede un derecho fundamental de los ciudadanos, sino que se atenta contra uno de los pilares de la democracia, ya que pretende que los conflictos que se suscitan en la sociedad sean resueltos a través de un procedimiento que garantice justicia, orden, seguridad y paz social. En consecuencia, todas las autoridades jurisdiccionales en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de su observancia. Apoya a lo anterior, la tesis 2a. L/2002 , de rubro y texto siguientes: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". Precisado lo anterior, el artículo 883, de la Ley Federal del Trabajo, establece: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido." El precepto transcrito dispone que, entre otras cosas, la junta deberá recabar los informes solicitados a través de los oficios y exhortos necesarios, dictando las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia de desahogo de pruebas, se puedan desahogar la totalidad de las probanzas admitidas. Ahora, de las constancias que remitió la responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a las que se les concedió pleno valor probatorio, se advierte que: Mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, aceptó la competencia que se le declinó y se avocó al conocimiento del expediente laboral JVI-129-2023B del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, -quien se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda laboral promovida por la aquí quejosa contra (1) OPUS FARMS S.P.R. DE R.L. DE C.V.; y (2) Quien resulte responsable de la relación laboral y/o fuente de trabajo con domicilio para ser emplazados en el ubicado en Carretera Jacona, Kilometro 4, precisamente en el predio conocido como Chirimoyo, s/n de Jacona, Michoacán-. En el aludido acuerdo, la junta responsable admitió a trámite la demanda laboral; ordenó emplazar a los demandados; y, señaló las diez horas del treinta de junio de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Posteriormente, llegada la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se asentó que no fue posible llevarla a cabo, ante la falta de las constancias de emplazamiento de los demandados. Consecuentemente, difirió la audiencia de nueva cuenta para las diez horas con treinta minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés; y, ordenó girar exhorto a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, a efecto de que con su auxilio emplazara a los demandados (1) OPUS FARMS S.P.R. DE R.L. DE C.V.; y (2) Quien resulte responsable de la relación laboral y/o fuente de trabajo con domicilio para ser emplazados en el ubicado en Carretera Jacona, Kilometro 4, precisamente en el predio conocido como Chirimoyo, s/n de Jacona, Michoacán; sin que a la fecha obre constancia de su diligenciación. No obstante, conviene precisar el contenido de los artículos 685, 753, 757, 758 y 759 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.) Artículo 753. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia de la Junta que conozca del juicio, deberán encomendarse por medio de exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje o al de las Especiales, o a la autoridad más próxima al lugar en que deban practicarse dentro de la República Mexicana. (.) Artículo 757. La junta deberá expedir los exhortos y despachos, al día siguiente de aquél en que surta sus efectos la resolución que los ordene. (.) Artículo 758. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a que se refiere el artículo 753, se proveerán dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, salvo en los casos en que por la naturaleza de lo que haya de practicarse, exija necesariamente mayor tiempo; en este caso, la autoridad requerida fijará el que crea conveniente sin que el término fijado pueda exceder de quince días." (.) Artículo 759. Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, se recordará de oficio o a instancia de parte, a la autoridad exhortada; si a pesar del recordatorio continúa la demora, la autoridad exhortante lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del exhortado." Dispositivos que establecen las reglas para llevar a cabo la diligencia de los exhortos y las comunicaciones oficiales entre las Juntas con residencia dentro del territorio mexicano, de las que destaca lo siguiente. Al momento de que se reciba un exhorto, dentro de las setenta y dos horas siguientes se deberá de acordar lo conducente y en un plazo no mayor a cinco días se debe de llevar a cabo su diligenciación, salvo que, por la naturaleza de lo que deba practicarse, exija más tiempo; en ese caso, el término máximo es de quince días. De igual forma, que cuando exista demora en el cumplimiento de un exhorto, la Junta exhortante, de oficio o a instancia de parte, debe enviarle recordatorio a la autoridad exhortada; y, si a pesar de ello, continúa la demora, lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del exhortado. De ello se colige, que en el caso que nos ocupa, no existe duda de que la junta responsable ha incumplido con la obligación que le impone los dispositivos transcritos. Se afirma lo anterior, pues la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en realizar las acciones necesarias a efecto de diligenciar, dentro del plazo que tiene para ello y en sus términos, el exhorto girado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, a fin de que lleve a cabo el citado emplazamiento de los demandados, toda vez que en el caso se advierte que ordenó girar el exhorto pero no obra alguna otra actuación que hubiere realizado para gestionar el fin de la encomienda. De lo que se advierte que la Junta responsable ha sido omisa en cumplir, ineludiblemente con lo que establece el artículo 685 de la legislación laboral, que le impone la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Así como, lo que establece el diverso artículo 759 de la misma ley, toda vez que, no se advierte actuación alguna de que haya enviado exhorto y menos aún el oficio recordatorio a la autoridad exhortada en relación al exhorto que le giró. Contrario a ello, se limitó a ordenar girar el exhorto, cuando lo correcto hubiese sido que le diera el seguimiento adecuado a la encomienda, esto es, su envío y verificar su entrega, así como el tratamiento dado por la autoridad auxiliar. En consecuencia, la Junta responsable le debe dar el debido seguimiento al exhorto que ordenó girar, en el supuesto de que se tenga la certeza de que la Junta exhortada, lo haya recibido. En esa tesitura, es clara la abierta dilación en el juicio laboral 29/2023, vulnerando en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental que establece el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la falta de emplazamiento conlleva a que el proceso no pase a la siguiente etapa dentro del término legal. En las relatadas consideraciones, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Sofía Medina Cacho, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad: ? De seguimiento inmediato, en términos del artículo 759 de la Ley Federal del Trabajo, al exhorto girado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, para emplazar a los demandados (1) OPUS FARMS S.P.R. DE R.L. DE C.V.; y (2) Quien resulte responsable de la relación laboral y/o fuente de trabajo. Esto es, para el caso de no haberse enviado, se envíe; requiera a la autoridad exhortada para que informe el tratamiento dado a la encomienda; y, se allegue de las constancias relativas al resultado de la diligencia o la imposibilidad que se haya presentado para realizarla. Lo anterior, a fin de restituir a la impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la ley de la materia. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Finalmente, con relación al pedimento formulado por el Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PUBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se R ES U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Sofía Medina Cacho, contra el acto reclamado a la actuaria de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Sofía Medina Cacho, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad en los términos y efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la Actuaria de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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