Sofia García Calderón

Expediente 122/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
122/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
14/03/2018

Partes del expediente

  • Sofia García Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil dieciocho. VISTO ESTADO DE AUTOS; CAUSA ESTADO. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por Sofía García Calderón, por su propio derecho; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 1/2009 En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Ireriarantxa

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de marzo de dos mil dieciocho. Como lo solicita en el escrito de cuenta la parte quejosa, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, devuélvasele el documento a que alude, previa firma de recibido y copia certificada que se deje en autos, asimismo se tiene por autorizado para tal efecto a la persona que señala. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio SECJ/STB/211/2018, signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. SE CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que suscribe la quejosa Sofía García Calderón, a través del cual cumple con la prevención que se le hizo mediante acuerdo de quince de febrero actual. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA De la demanda de amparo y escrito aclaratorio de ésta, se advierte que resulta notoriamente improcedente en virtud de haberse señalado como autoridad responsable a la persona moral Financiera Independencia, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Ahora, en su escrito de demanda la quejosa reclamó de dicha persona moral, lo siguiente: ".el realizar actos de molestia en mi familia, en mi posesión y en mis derechos, pues esa citada autoridad se presenta en mi domicilio particular y realiza los actos de molestia en mis posesiones cuando se presentan en mi domicilio particular individuos que dicen se trabajadores y representantes legales de la Financiera Independencia, amenazando a mi familiar con detenernos e indicando que van a llevar embargados los bienes muebles de ese domicilio particular."; Posteriormente, en cumplimiento a la prevención que se le hizo mediante acuerdo de quince de febrero actual, aclaró como acto reclamado lo siguiente: que personas que dicen ser representantes legales de la Financiera Independencia, se constituyen en su domicilio particular y le afirman que se van a introducir y llevarse bienes muebles, detenerla e incluso llevarla a la cárcel. La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo VI, Materia Común, Novena época, del Apéndice del 2000, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la jurisprudencia, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora, del análisis del texto del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo vigente, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establecen en la tesis jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. De lo anterior se puede concluir lo siguiente: a) Que no todos los hechos que el particular estime contrarios a sus intereses son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y, b) Que no todos aquellos actos que el órgano del Estado realice, tendrán la naturaleza de un acto de autoridad, sino sólo aquellos que involucran actuación o abstención frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación. En ese contexto, debe decirse que, en la especie, el acto que la quejosa pretende reclamar a la persona moral Financiera Independencia, no tiene la naturaleza de un acto de autoridad que haga procedente el juicio de amparo, en virtud de que, no obstante que la parte quejosa lo considere contrario a su interés, no puede considerarse como tal, en razón a que el hecho que los representantes legales de la persona moral se constituyan en su domicilio y le manifiesten que se van introducir, llevarse bienes y la detendrán para llevarla a la cárcel, no implica que exista una relación jurídica que corresponda a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), toda vez que, en tal hipótesis, la persona moral Financiera Independencia, no actúa como autoridad dotada de imperio propio, sino como ente de derecho privado, es decir, como particular que actúa por efecto de las obligaciones contraídas en el mismo nivel que la aquí parte quejosa, lo cual conduce a concluir que ese acto, por cuanto no involucra la actuación o abstención de un órgano del Estado, frente a un gobernado en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son además de la unilateralidad, también la imperatividad y coercibilidad, no constituye un acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada número XV.5º. 3 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en la página número 1500, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo.". Es decir, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha sido delimitado, precisamente, en razón de la naturaleza de la relación entre gobernante y gobernado, en el que se manifiestan los derechos públicos que la Constitución Federal establece como limitantes a la actuación legal del Estado en el ejercicio de su poder público, coincidiendo, por tanto, el concepto de autoridad referido con el de los sujetos pasivos de la relación jurídica que los derechos fundamentales implican, pues es la autoridad en los términos que han quedado definidos, la obligada en una relación de supra a subordinación a respetar tales derechos. En ese tenor, no obstante que la quejosa alegue en el presente asunto actos de molestia atribuidos a la persona moral Financiera Independencia, no es autoridad responsable para los efectos de este juicio de amparo, debido a que los actos no son de supra a subordinación. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. SE ORDENA AGREGAR EN AUTOS DOCUMENTAL. Por otra parte, agréguese a los autos la credencial para votar que exhibe la quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En atención a la razón de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, levantada por la actuaria de la adscripción, así como a lo ordenado en auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, notifico a la parte promovente el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veinte de febrero de dos mil dieciocho. SE INTENTA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN FORMULADA Visto el escrito de cuenta que suscribe la quejosa SOFÍA GARCÍA CALDERÓN, mediante el cual, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en autos y al efecto, se limita a mencionar que el acto que reclama de la autoridad responsable, consiste en que personas que dicen ser representantes legales de la Financiera Independencia, se constituyen en su domicilio particular y le afirman que se van a introducir y llevarse bienes muebles, detenerla e incluso llevarla a la cárcel y exhibe las copias del escrito aclaratorio que le fueron requeridas. NO SE CUMPLE CABALMENTE CON LA PREVENCIÓN No obstante lo anterior, no ha lugar a tener cabalmente cumplida la prevención formulada en autos, pues en lo que atañe al propio punto uno, es omisa en señalar si insiste en señalar como responsable a la persona moral Financiera Independencia, aún y cuando se trata de un particular que realiza un cobro extrajudicial; y en ese supuesto, el acto de autoridad que concretamente le atribuye, considerando para ello, los elementos jurídicos que contempla la Ley de Amparo para que los actos de particulares puedan ser reclamados en esta instancia. O en caso de que no insistiera en señalar como responsable al particular que indica (Financiera Independencia), debería indicar la autoridad judicial o administrativa competente que haya ordenado los actos de molestia en sus posesiones y persona de que se duele. Tampoco precisó vía antecedentes del acto, si tiene algún parentesco con la persona María Elena García Calderón, a quien se le están dirigiendo los requerimientos de pago extrajudicial que acompaña a su demanda. Y menos aún exhibió las copias del escrito aclaratorio para correr traslado a la totalidad de las partes. DEBERÁ ESTARSE A LO ACORDADO LA PARTE QUEJOSA Lo anterior, conduce a estimar que no se cumple cabalmente con las prevenciones formuladas y por ello deberá estarse a lo acordado y apercibido en el proveído de quince de febrero de este año. En ese contexto, a efecto de que la parte quejosa tenga oportunidad de subsanar las deficiencias u omisiones apuntadas y dado que el escrito aclaratorio fue presentado cuando aún no lo empezaba a correr el término que le fue concedido, previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se estima necesario notificarle personalmente el contenido del presente proveído, en el concepto de que dicho término se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio y se reanudará al día siguiente al surta efectos la notificación de este auto, por lo cual, dispone de los mismos cinco días para aclarar su demanda de amparo inicial Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número 39/2012, de la Décima Época, que dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Los criterios jurisprudenciales que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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