Silverio Diaz Ramon
Expediente 91/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Silverio Diaz Ramon
- SILVERIO DIAZ RAMON y Otros.
- RICARDO VAZQUEZ IBARRA y Otros.
- Ricardo Vazquez Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo de los oficios suscritos por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida por este Juzgado Federal; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la resolución dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el sentido se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a los quejosos, misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, dentro del amparo en revisión 591/2022, el cual en proveído veintisiete de septiembre del presente año, se requirió por el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad: Deje sin efecto la sentencia dictada en el juicio ordinario mercantil número 330/2018, promovido por Rumelia Zazueta Zazueta, Armida Gil Rocha y María Dolores Carvajal Vázquez contra Reyna Dolores Sánchez Pedroza y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, así como todos los actos posteriores a su emisión; y Hecho lo anterior, les conceda la garantía de audiencia a los quejosos para que comparezcan a juicio hacer valer sus derechos dejando a consideración de la autoridad responsable otorgarles a los quejosos el procedimiento adecuado conforme a la legislación procesal para garantizarles el ejercicio de tales derechos y, en su oportunidad, con Iibertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. Norma el criterio la tesis 2a.CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio agregado en proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, suscritos por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento de ejecutoria, y comunica que en fecha tres de octubre del presente año, se dejó sin efecto la sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, y ordenó reponer el procedimiento para que los quejosos sean escuchados en el juicio, por tanto, ordenó llamar a juicio de los aquí quejosos ********************, dentro del expediente 330/2018. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ". Deje sin efecto la sentencia dictada en el juicio ordinario mercantil número 330/2018, promovido por Rumelia Zazueta Zazueta, Armida Gil Rocha y María Dolores Carvajal Vázquez contra Reyna Dolores Sánchez Pedroza y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, así como todos los actos posteriores a su emisión; y Hecho lo anterior, les conceda la garantía de audiencia a los quejosos para que comparezcan a juicio hacer valer sus derechos dejando a consideración de la autoridad responsable otorgarles a los quejosos el procedimiento adecuado conforme a la legislación procesal para garantizarles el ejercicio de tales derechos y, en su oportunidad, con Iibertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda.". Por tanto, de lo anteriormente expuesto, se advierte, que la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en su oficio agregado el cinco de octubre del presente año, informó que en fecha de tres de octubre del presente año, se dejó sin efecto la sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, y ordenó reponer el procedimiento para que los quejosos sean escuchados en el juicio, por tanto, ordenó llamar a juicio de los aquí quejosos ********************, dentro del expediente ******************** Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LAS PARTES QUEJOSAS EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo de los oficios suscritos por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida por este Juzgado Federal; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la resolución dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el sentido se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a los quejosos, misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, dentro del amparo en revisión 591/2022, el cual en proveído veintisiete de septiembre del presente año, se requirió por el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad: Deje sin efecto la sentencia dictada en el juicio ordinario mercantil número 330/2018, promovido por Rumelia Zazueta Zazueta, Armida Gil Rocha y María Dolores Carvajal Vázquez contra Reyna Dolores Sánchez Pedroza y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, así como todos los actos posteriores a su emisión; y Hecho lo anterior, les conceda la garantía de audiencia a los quejosos para que comparezcan a juicio hacer valer sus derechos dejando a consideración de la autoridad responsable otorgarles a los quejosos el procedimiento adecuado conforme a la legislación procesal para garantizarles el ejercicio de tales derechos y, en su oportunidad, con Iibertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. Norma el criterio la tesis 2a.CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio agregado en proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, suscritos por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento de ejecutoria, y comunica que en fecha tres de octubre del presente año, se dejó sin efecto la sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, y ordenó reponer el procedimiento para que los quejosos sean escuchados en el juicio, por tanto, ordenó llamar a juicio de los aquí quejosos ********************, dentro del expediente 330/2018. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ". Deje sin efecto la sentencia dictada en el juicio ordinario mercantil número 330/2018, promovido por Rumelia Zazueta Zazueta, Armida Gil Rocha y María Dolores Carvajal Vázquez contra Reyna Dolores Sánchez Pedroza y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, así como todos los actos posteriores a su emisión; y Hecho lo anterior, les conceda la garantía de audiencia a los quejosos para que comparezcan a juicio hacer valer sus derechos dejando a consideración de la autoridad responsable otorgarles a los quejosos el procedimiento adecuado conforme a la legislación procesal para garantizarles el ejercicio de tales derechos y, en su oportunidad, con Iibertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda.". Por tanto, de lo anteriormente expuesto, se advierte, que la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en su oficio agregado el cinco de octubre del presente año, informó que en fecha de tres de octubre del presente año, se dejó sin efecto la sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, y ordenó reponer el procedimiento para que los quejosos sean escuchados en el juicio, por tanto, ordenó llamar a juicio de los aquí quejosos ********************, dentro del expediente ******************** Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por el licenciado *******, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución del billete número N 929450, en el cual garantizó la suspensión definitiva de los actos reclamados que le fue concedida; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, como lo solicita la parte quejosa, y toda vez que resulta jurídicamente innecesario seguir conservando en la caja de valores de este juzgado el billete de depósito número N 929450, expedido por Banco del Bienestar S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), devuélvase dicho numerario al quejoso y representante común Silverio Díaz Ramón, previo endoso y razón de recibo que se deje en autos, misma que deberá comparecer ante este Juzgado debidamente identificadas con credencial oficial vigente, los días miércoles de cada semana, en un horario de nueve a doce horas.
- Principal
CONFIRMA COLEGIADO, REQUERIR CUMPLIMIENTO
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