Sigifredo Soberanes Gamez
Expediente 236/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Sigifredo Soberanes Gamez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, con residencia en Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número 252/2018, por medio del cual se ordenó notificar al quejoso Sigifredo Soberanes Gámez, el proveído de dos de mayo de do mil dieciocho.
- Principal
Visto el escrito firmado por Sigifredo Soberanes Gámez, mediante el cual, refiere dar cumplimiento a la prevención que se le hizo, mediante proveído de dos de mayo de dos mil dieciocho; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales correspondientes, téngase por cumplida la prevención de mérito y, provéase lo conducente. Analizado el escrito de prevención, así como la demanda presentados y suscritos por Sigifredo Soberanes Gámez, contra actos de Comisión Federal de Electricidad, Zona Noroeste, con residencia en Guasave, Sinaloa y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 236/2018-6. Ahora bien, de acuerdo a los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. La tesis jurisprudencial V.2°J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de mil novecientos noventa y tres, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de amparo debe tener los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la guisa anterior, se obtiene que a efecto de desechar de plano una demanda de amparo, debe apreciarse un motivo de improcedencia y, que ese motivo sea manifiesto e indudable, entendiéndose por esto de forma respectiva, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda, así como de los documentos que se acompañen a ésta; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, y del escrito aclaratorio, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De la interpretación de dichos preceptos, se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente; b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, c) El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien de la lectura de la demanda de amparo, se advierte esencialmente que los actos que reclaman consisten en: "IV. ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: Vengo reclamando la suspensión del servicio de energía prestado en mi domicilio particular ubicado Praderas del Real #305 del fracc. Praderas, Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, con número de servicio 545030100715, número de medidor 3D90X5". De los hechos se advierte que la autoridad responsable, para el treinta de abril del año en curso, aproximadamente a las diez horas con treinta minutos, suspendió el servicio de energía eléctrica, en el domicilio del impetrante; asimismo que, del contrato de prestación de servicios para el suministro de energía eléctrica, en el periodo reclamado se le calculó el pago de $233.00; por tanto, el reclamo versa sobre la suspensión del servicio de energía eléctrica con número de servicio 545030100715, con número de medidor 3D90X5, que haciende a la cantidad referida. De igual manera, analizado que el origen de dicho acto deriva de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio, que en el caso es la Comisión Federal de Electricidad, y el usuario, que es el impetrante del amparo, adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular. Asimismo, debido a que la relación que existe entre la Comisión Federal de Electricidad y el quejoso, no corresponde a la de autoridad y gobernado, sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio. Lo anterior no genera que la relación de coordinación se transforme de supra a subordinación, dado que en caso de incumplimiento, solo implica la posibilidad de que la parte afectada (Comisión Federal de Electricidad), deje de otorgar el servicio de suministro de energía eléctrica al domicilio del promovente del amparo, en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación de voluntades ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener lo solicitado mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En este sentido, no todo acto emitido por un Órgano de la Administración Pública ni la aplicación de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, lo que en el caso a estudio no acontece. Asimismo, es menester decir que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte, en el caso en concreto la Comisión Federal de Electricidad, verifique el correcto actuar de los contratantes, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con su obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades; esto es, la factura o recibo de adeudo. En efecto, de lo anterior, se concluye que en el caso que nos ocupa la autoridad que señala como responsable Comisión Federal de Electricidad, no puede considerarse autoridad, dado que los actos reclamados por el promovente del amparo, en el escrito inicial de demanda, no pueden considerarse actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, toda vez que se trata de actos entre particulares, entre los que existe un acuerdo de voluntades. Sirve de apoyo, como un criterio orientador, la tesis de jurisprudencia PC.XVI. J/1 A (10a.), registrada con el número 2005314, visible en la página dos mil ciento veinticinco, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro dos, Enero de dos mil catorce, Tomo III, Materia Común, Plenos de Circuito, Décima Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O LA SUSPENSIÓN Y LOS AVISOS RECIBO QUE EXPIDE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por éste aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 364 y 365, respectivamente, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubros: 'COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.' y 'COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.', en las que se define que el cobro, aviso, corte de energía e incluso clausura del medidor, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de esos criterios jurisprudenciales es obligatoria en términos de los artículos 215, 216, 217 y Sexto transitorio de la ley de la materia, en tanto que no se oponen a las disposiciones insertas en la Ley de Amparo vigente; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen la tesis jurisprudenciales de trato.". Ello es así, ya que no obstante que en la actualidad incluso el juicio de amparo proceda contra actos de particulares que revistan las condiciones a que se refiere la fracción II, último párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo en vigor, en la especie se estima que no se surten esas condiciones pues para ello es necesario que el particular reúna los siguientes requisitos: Realice actos equivalentes a los de autoridad. Que se afecten derechos mediante el uso de funciones determinadas por una norma general. En cuanto al primero de los requisitos citados ya quedó expuesto con antelación. La segunda exigencia relativa a que se afecten derechos, esa afectación debe ser vista en el contexto de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la tramitación del juicio de amparo, de ahí que se estime que el acto u omisión desplegado por los particulares debe traducirse en la afectación de algún interés legítimo o jurídico, según sea el caso, pero en todo caso debe afectar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el elemento consistente en que la afectación de derechos se dé mediante el uso de funciones determinadas por una norma general, se traduce en que el actuar u omisión desplegada por el particular señalado como responsable, debe responder a un ámbito específico de atribuciones reconocidas en una disposición normativa. Ahora bien, en el caso, en el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable no se advierte el elemento acotado en el inciso a), dado que dicho acto queda comprendido en una relación de voluntades de suministrar energía eléctrica entre el ahora quejoso con la Comisión Federal de Electricidad, relación regulada por el derecho privado, en la cual el ente público actúa como particular, es decir, en un plano de igualdad y no como autoridad. Respecto al tema en controversia existen diversos criterios aislados y de jurisprudencia, sin embargo, el doce de enero de dos mil dieciocho, se publicó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual al resolver la contradicción de tesis 250/2017, sostenida entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, determinó que contra los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público relativa es procedente la vía ordinaria mercantil, por ser actos derivados de una cuestión contractual. En apoyo a lo expuesto se trae a colación la parte de la ejecutoria de la cual se generó la jurisprudencia en comento, que en lo que interesa, dice: "QUINTO.- Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.(7) Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014.(8). La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 75. La ley reputa actos de comercio:. V. Las empresas de abastecimientos y suministros;. XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual.(9) Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio.". De acuerdo con el contenido de la ejecutoria en análisis, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Es de esa manera, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de servicios. De lo expuesto derivó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) que a continuación se transcribe: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.". Por lo tanto, el acto reclamado en esta instancia constitucional consistente en el recibo de luz del periodo facturado del doce de enero al catorce de marzo de dos mil dieciocho (foja 12), deriva de un acuerdo de voluntades entre el quejoso y Comisión Federal de Electricidad, de ahí que, es inconcuso que tales actos derivan directamente de la relación contractual existente entre el usuario y la institución federal. Cabe mencionar que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. De esta manera, la relación que prevalece entre ambas partes es de coordinación, ya que los derechos y obligaciones contraídas de forma recíproca, tienen como origen el contrato suscrito para la obtención del suministro de energía eléctrica. Por tal motivo, no se encuentran satisfechos los requisitos necesarios para determinar que el reclamo constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues la relación que guardan las partes (usuario y el organismo) es de coordinación y no de supra a subordinación, dado que se ubican en un mismo plano como partes contratantes con la finalidad, por un lado, de prestar el servicio y por otro, de obtener el suministro de energía eléctrica. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página ochocientos noventa, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora bien, cabe destacar que no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos.". Sin embargo, es oportuno señalar que el acto reclamado origen de dicha contradicción de tesis es diverso al acto aquí analizado. Bajo el presente esquema del pensamiento, cabe precisar que, en la especie, de lo manifestado por el propio quejoso en su demandada se deriva la relación entre ella con autoridad responsable que estima responsables sin que sea necesario la relación contractual entre ambas, máxime que existe jurisprudencia con relación a la naturaleza de Comisión Federal de Electricidad. En este contexto es notorio e indudable que la relación jurídica entre la amparista y la autoridad responsable. Apoya lo anterior la tesis PC.III.L. J/5 emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito visible en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento.". En efecto, por regla general no es dable desechar la demanda de amparo al considerar la naturaleza de la autoridad responsable; sin embargo, en la especie existe jurisprudencia aplicable al caso concreto, en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la naturaleza de Comisión Federal de Electricidad tratándose de actos que derivan de la relación contractual, para lo cual, concluyó que debe ventilarse en la vía ordinaria mercantil, de ahí, que el presente juicio de amparo sea notoriamente improcedente. De lo expuesto derivó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) que a continuación se transcribe: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.". Con apoyo en los artículos 27, fracción I, y 108 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos por parte de la parte quejosa, los estrados de éste Tribunal. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, la suscrita habilita días y horas inhábiles para notificar las providencias respectivas dictadas en el presente juicio para el adecuado despacho del asunto. Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en la Circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que señala que el Pleno citado determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes, así como a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos; se le autoriza para efectuar reproducciones fotográficas u electrónicas de las actuaciones que obran en el presente asunto; previa toma de razón que de su recibo obre en autos para constancia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada número I.3º. C. 725C visible en la página 2847, Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Marzo 2009 cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como 6°, segundo párrafo y 8°, ambos del Reglamento para la aplicación de la mencionada Ley, la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública, por lo tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales.
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