Silvestre Guadalupe Valdez Armenta
Expediente 326/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Silvestre Guadalupe Valdez Armenta
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Guadalupe Valdez Armenta; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Silvestre Guadalupe Valdez Armenta, por propio derecho, contra actos del CONCENCIONARIO DE LA PENSION LOPEZ, el C. J. GUADALUPE LOPEZ HERRERA, quien tiene su domicilio para oír y recibir notificaciones y citaciones en el ubicado Boulevard Dren Juárez y carretera Internacional México 15, kilómetro 01, tramo Los Mochis-San Migue, Zapotitlán, colonia Miguel Hidalgo, en esta ciudad Lo Mochis, Ahome, Sinaloa, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese con el número 326/2021-1B, en el libro de gobierno de este juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: CONCENCIONARIO DE LA PENSION LOPEZ, en función de autoridad el C. J. GUADALUPE LOPEZ HERRERA, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS Lo es la nulidad de la ilegalidad, determinación e infundado crédito fiscal que de manera verbal decreto y notifico esta autoridad demandada, por la cantidad de $25,312.00 al día 26 del mes de abril del año dos mil veintiuno, en el transcurso de la tarde, condicionándome de no pagar el citado numerario no me haría la entrega de un bien mueble, de mi propiedad, a pesar de que cuento con la orden de liberación girada mediante oficio 603/2018, girado por el LICENCIADO ARNOLDO MEZA VALENZUELA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA REGION NORTE, oficio en el cual se ordena que se me entregara física y material la unidad motriz MARCA PONTIAC, LINEA VIVE, MODELO 2004, COLOR BLANCO, SERIE 5Y25L62894Z418984, SIN PLACAS DE CIRCULACION, de mi propiedad. Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, manifestó: I.- Que el día 26 del mes abril del año dos mil veinte y uno, acudí personalmente ante la responsable el CONCENSIONARIO DE LA PENSIÓN LÓPEZ, de esta ciudad, en función de autoridad, el C. J. GUADALUPE LÓPEZ HERRERA, a entregar la orden de liberación ordenada mediante oficio 603/2018 girado por el LICENCIADO ARNOLDO MEZA VALENZUELA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA REGION NORTE, oficio en el cual se ordena que se entregara física y material la unidad de mi propiedad, oficio el cual lleve a dicha pensión de vehículos con una persona que dijo ser la encargada de dicho establecimiento, el cual me manifestó que por instrucciones del señor GUADALUPE LÓPEZ HERRERA tendría que pagar cierta cantidad de dinero por concepto de pensión a lo que le manifesté que me recibiera dicho oficio en el cual se liberaba mi vehículo manifestándome que me lo recibiría pero si no pagaba lo de la pensión y de igual forma tampoco me entregaría mi vehículo aunque fueran órdenes del ministerio público. 2.- Que no obstante que se negó de parte del C. J. GUADALUPE LÓPEZ HERRERA, a entregar la orden de liberación ordenada mediante oficio 603/2018 girado por el LICENCIADO ARNOLDO MEZA VALENZUELA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA REGION NORTE oficio en el cual se ordena que se entregara física y material a la SUSCRITA SILVESTRE GUADALUPE VALDEZ ARMENTA, la unidad motriz, MARCA PONTIAC, LINEA VIVE, MODELO 2004, COLOR BLANCO,SERIE 5Y25L62894Z418984, CON PLACAS DE CIRCULACION VTA-4486. Mismo que mediante el oficio número 603/2018 derivado en la carpeta investigación AHOME/UEDP/1476/2018, ordenó la libertad y entrega material de la unidad motriz, misma que anexo a la presente demanda, para que surta todos los efectos a que haya lugar. 3.- Que el día 26 de abril del año dos mil veinte y uno, estando el suscrito, acompañado de los C.C. ALBERTO MORALES ROMERO en las instalaciones de la demandada CONCENCIONARIO DE LA PENSIÓN LÓPEZ, de esta ciudad, en función de autoridad, la persona que me atendió, me comunica de manera verbal, que no se me entregaría el vehículo de mi propiedad, que estaban la pensión, la cual está ubicada en Boulevard Dren Juárez y Carretera Internacional México 15, En Los Mochis, Ahome, Sinaloa. A pesar que le exhibí para tal efecto el oficio de liberación oficio número 603/2018, debidamente sellado, en el cual el C. LICENCIADO ARNOLDO MEZA VALENZUELA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA REGION NORTE ordenaba la orden de devolución misma que fue ordenada al CONCENSIONARIO DE LA PENSIÓN LÓPEZ, de esta ciudad, en función de autoridad, el C. J. GUADALUPE LÓPEZ HERRERA, siendo el caso, que la persona antes mencionada que nos atendió, quien en todo momento se ostentó como el concesionario de la pensión autorizado por el Municipio de Ahome, Sinaloa, determino de manera verbal un crédito por la cantidad de $ 25,312.00, por concepto de estancia y/o pensión del bien a entregar, estaría condicionada a que la suscrita tendría que pagar la cantidad antes mencionada, situación con la que de ninguna manera estoy de acuerdo es el motivo por el cual recurro ante su Señoría, demandando el amparo y protección de la justicia federal, ante la nulidad de la citada LIQUIDACION y determinación, toda vez que el financiamiento de crédito fiscal no fue otorgado por escrito, así como el particular que ejerce funciones propias de autoridad municipal, como lo es el servicio de pensión municipal de vehículo, no fundó ni motivo la determinación del crédito que verbalmente me puso del conocimiento. 4.- Considero que el acto de molestia que llevaron a cabo la responsable, el CONCESIONARIO DE LA PENSION LOPEZ, de esta ciudad, en función de autoridad, el C.J. GUADALUPE LOPEZ HERRERA, omite plasmar en el acto impugnado requisitos tanto de formalidad como de legalidad jurídica, principio estos que debe de observar cualquier autoridad al emitir cualquier acto de molestia en los términos de los artículos 1, 14 y 16 CONSTITUCIONAL, no obstante de existir Ia orden de liberación ordenada mediante oficio 603/2018, girado por la C. LICENCIADO ARNOLDO MEZA VALENZUELA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA REGION NORTE, oficio en el cual se ordena que se entregara física y material a la SUSCRITA SILVESTRE GUADALUPE VALDEZ ARMENTA, la unidad motriz, MARCA PONTIAC, LINEA VIVE, MODELO 2004, COLOR BLANCO,SERIE 5Y25L62894Z418984, CON PLACAS DE CIRCULACION VTA-4486, de mi propiedad, para lo cual me remito a todos y cada uno de los conceptos de nulidad que enseguida señalare Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos ordinales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la legislación de la materia, toda vez que no puede considerarse como autoridad responsable a la persona moral denominada CONCESIONARIO DE LA PENSION LOPEZ, el C.J. GUADALUPE LOPEZ HERRERA, de esta ciudad, "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se advierte que, por una parte, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De igual modo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la segunda fracción del mencionado precepto 5° de la ley reglamentaria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Entonces, el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio constitucional, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia de esa acción contra leyes o actos de autoridad. Sobre el tema de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, sostuvo que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que, con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; de modo que debe analizarse en cada caso si la autoridad designada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del gobernado. El criterio a que se ha hecho referencia está contenido en la tesis P. XXVII/97, que reza: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Por su parte, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, estableció que las notas distintivas de las autoridades responsables son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d) Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora bien, a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, la Suprema Corte del país ha sostenido que, en relación con los actos de particulares, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En ese contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual, dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material. Dicho en otras palabras, las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad, son las siguientes: i) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. ii) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. iii) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Con base en lo anterior, se concluye que el CONCESIONARIO DE LA PENSION LOPEZ, C.J. GUADALUPE LOPEZ HERRERA no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, en virtud que, al resguardar y retener en depósito el vehículo propiedad de la quejosa, actuó como auxiliar de una autoridad ministerial, como lo manifestó la amparista bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda, en el sentido de que el oficio 603/2018 girado por el LICENCIADO ARNOLDO MEZA VALENZUELA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA REGION NORTE, derivado de la carpeta investigación AHOME/UEDP/1476/2018, donde se ordenó la entrega material de la unidad motriz, MARCA PONTIAC, LINEA VIVE, MODELO 2004, COLOR BLANCO, SERIE 5Y25L62894Z418984, CON PLACAS DE CIRCULACION VTA-4486; esto es, se giró el citado oficio para que el encargado del encierro hiciera devolución de ese bien mueble a la quejosa. De lo antes resumido, se aprecia que el envío de la citada unidad motriz a la CONCESIONARIA DE LA PENSION LOPEZ, fue derivada de la carpeta de investigación número AHOME/UEDP/1476/2018, por autoridad ministerial, pues la actividad de depósito vehicular no corresponde a un acto que efectúe de manera unilateral y obligatoria la empresa citada, sino que lo debió realizar en cumplimiento a una orden del agente investigador; es decir, la lleva a cabo como auxiliar del Ministerio Público, por lo que es evidente que dicha persona moral no actuó de manera unilateral y obligatoria por mandato de una norma general que le confiera las atribuciones como autoridad del Estado, ya que no ejerció facultades decisorias que, en su caso, estén atribuidas en la ley y que por ende constituyan una potestad administrativa, cuyo ejercicio sea irrenunciable, lo que implicaría que su actuación se considere como un verdadero actos de autoridad; particularidad que caracteriza a las relaciones de supra a subordinación y que no existe en este caso concreto. Por el contrario, la retención del vehículo tipo MARCA PONTIAC, LINEA VIVE, MODELO 2004, COLOR BLANCO,SERIE 5Y25L62894Z418984, CON PLACAS DE CIRCULACION VTA-4486, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque dicha concesionaria no actuó por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la agraviada, ya que no puede sostenerse que su actuar se originó con motivo de una norma general, porque no dictó, ordenó, ni ejecutó un acto que creó, modificó o extinguió situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino únicamente la empresa señalada como autoridad responsable llevó a cabo una actividad relacionada con los servicios prestados por el depósito de un vehículo en sus instalaciones, como cualquier prestador de un servicio particular que busca un beneficio económico, aun cuando hubiere auxiliado al agente investigador en la realización de tal actividad. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Ignacio Zaragoza número 933 Sur, interior 2, Colonia Bienestar, en esta ciudad, y como sus autorizados para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a José Joel Peña Torres, Juan Gabriel Pacheco Beltrán y Jesús Manuel Castro López.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Silvestre Guadalupe Valdez Armenta, por propio derecho, contra actos del CONCENCIONARIO DE LA PENSION LOPEZ, el C. J. GUADALUPE LOPEZ HERRERA, quien tiene su domicilio para oír y recibir notificaciones y citaciones en el ubicado Boulevard Dren Juárez y carretera Internacional México 15, kilómetro 01, tramo Los Mochis-San Migue, Zapotitlán, colonia Miguel Hidalgo, en esta ciudad Lo Mochis, Ahome, Sinaloa, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese con el número 326/2021-1B, en el libro de gobierno de este juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: CONCENCIONARIO DE LA PENSION LOPEZ, en función de autoridad el C. J. GUADALUPE LOPEZ HERRERA, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS Lo es la nulidad de la ilegalidad, determinación e infundado crédito fiscal que de manera verbal decreto y notifico esta autoridad demandada, por la cantidad de $25,312.00 al día 26 del mes de abril del año dos mil veintiuno, en el transcurso de la tarde, condicionándome de no pagar el citado numerario no me haría la entrega de un bien mueble, de mi propiedad, a pesar de que cuento con la orden de liberación girada mediante oficio 603/2018, girado por el LICENCIADO ARNOLDO MEZA VALENZUELA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA REGION NORTE, oficio en el cual se ordena que se me entregara física y material la unidad motriz MARCA PONTIAC, LINEA VIVE, MODELO 2004, COLOR BLANCO, SERIE 5Y25L62894Z418984, SIN PLACAS DE CIRCULACION, de mi propiedad. Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, manifestó: I.- Que el día 26 del mes abril del año dos mil veinte y uno, acudí personalmente ante la responsable el CONCENSIONARIO DE LA PENSIÓN LÓPEZ, de esta ciudad, en función de autoridad, el C. J. GUADALUPE LÓPEZ HERRERA, a entregar la orden de liberación ordenada mediante oficio 603/2018 girado por el LICENCIADO ARNOLDO MEZA VALENZUELA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA REGION NORTE, oficio en el cual se ordena que se entregara física y material la unidad de mi propiedad, oficio el cual lleve a dicha pensión de vehículos con una persona que dijo ser la encargada de dicho establecimiento, el cual me manifestó que por instrucciones del señor GUADALUPE LÓPEZ HERRERA tendría que pagar cierta cantidad de dinero por concepto de pensión a lo que le manifesté que me recibiera dicho oficio en el cual se liberaba mi vehículo manifestándome que me lo recibiría pero si no pagaba lo de la pensión y de igual forma tampoco me entregaría mi vehículo aunque fueran órdenes del ministerio público. 2.- Que no obstante que se negó de parte del C. J. GUADALUPE LÓPEZ HERRERA, a entregar la orden de liberación ordenada mediante oficio 603/2018 girado por el LICENCIADO ARNOLDO MEZA VALENZUELA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA REGION NORTE oficio en el cual se ordena que se entregara física y material a la SUSCRITA SILVESTRE GUADALUPE VALDEZ ARMENTA, la unidad motriz, MARCA PONTIAC, LINEA VIVE, MODELO 2004, COLOR BLANCO,SERIE 5Y25L62894Z418984, CON PLACAS DE CIRCULACION VTA-4486. Mismo que mediante el oficio número 603/2018 derivado en la carpeta investigación AHOME/UEDP/1476/2018, ordenó la libertad y entrega material de la unidad motriz, misma que anexo a la presente demanda, para que surta todos los efectos a que haya lugar. 3.- Que el día 26 de abril del año dos mil veinte y uno, estando el suscrito, acompañado de los C.C. ALBERTO MORALES ROMERO en las instalaciones de la demandada CONCENCIONARIO DE LA PENSIÓN LÓPEZ, de esta ciudad, en función de autoridad, la persona que me atendió, me comunica de manera verbal, que no se me entregaría el vehículo de mi propiedad, que estaban la pensión, la cual está ubicada en Boulevard Dren Juárez y Carretera Internacional México 15, En Los Mochis, Ahome, Sinaloa. A pesar que le exhibí para tal efecto el oficio de liberación oficio número 603/2018, debidamente sellado, en el cual el C. LICENCIADO ARNOLDO MEZA VALENZUELA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA REGION NORTE ordenaba la orden de devolución misma que fue ordenada al CONCENSIONARIO DE LA PENSIÓN LÓPEZ, de esta ciudad, en función de autoridad, el C. J. GUADALUPE LÓPEZ HERRERA, siendo el caso, que la persona antes mencionada que nos atendió, quien en todo momento se ostentó como el concesionario de la pensión autorizado por el Municipio de Ahome, Sinaloa, determino de manera verbal un crédito por la cantidad de $ 25,312.00, por concepto de estancia y/o pensión del bien a entregar, estaría condicionada a que la suscrita tendría que pagar la cantidad antes mencionada, situación con la que de ninguna manera estoy de acuerdo es el motivo por el cual recurro ante su Señoría, demandando el amparo y protección de la justicia federal, ante la nulidad de la citada LIQUIDACION y determinación, toda vez que el financiamiento de crédito fiscal no fue otorgado por escrito, así como el particular que ejerce funciones propias de autoridad municipal, como lo es el servicio de pensión municipal de vehículo, no fundó ni motivo la determinación del crédito que verbalmente me puso del conocimiento. 4.- Considero que el acto de molestia que llevaron a cabo la responsable, el CONCESIONARIO DE LA PENSION LOPEZ, de esta ciudad, en función de autoridad, el C.J. GUADALUPE LOPEZ HERRERA, omite plasmar en el acto impugnado requisitos tanto de formalidad como de legalidad jurídica, principio estos que debe de observar cualquier autoridad al emitir cualquier acto de molestia en los términos de los artículos 1, 14 y 16 CONSTITUCIONAL, no obstante de existir Ia orden de liberación ordenada mediante oficio 603/2018, girado por la C. LICENCIADO ARNOLDO MEZA VALENZUELA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA REGION NORTE, oficio en el cual se ordena que se entregara física y material a la SUSCRITA SILVESTRE GUADALUPE VALDEZ ARMENTA, la unidad motriz, MARCA PONTIAC, LINEA VIVE, MODELO 2004, COLOR BLANCO,SERIE 5Y25L62894Z418984, CON PLACAS DE CIRCULACION VTA-4486, de mi propiedad, para lo cual me remito a todos y cada uno de los conceptos de nulidad que enseguida señalare Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos ordinales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la legislación de la materia, toda vez que no puede considerarse como autoridad responsable a la persona moral denominada CONCESIONARIO DE LA PENSION LOPEZ, el C.J. GUADALUPE LOPEZ HERRERA, de esta ciudad, "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se advierte que, por una parte, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De igual modo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la segunda fracción del mencionado precepto 5° de la ley reglamentaria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Entonces, el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio constitucional, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia de esa acción contra leyes o actos de autoridad. Sobre el tema de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, sostuvo que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que, con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; de modo que debe analizarse en cada caso si la autoridad designada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del gobernado. El criterio a que se ha hecho referencia está contenido en la tesis P. XXVII/97, que reza: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Por su parte, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, estableció que las notas distintivas de las autoridades responsables son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d) Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora bien, a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, la Suprema Corte del país ha sostenido que, en relación con los actos de particulares, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En ese contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual, dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material. Dicho en otras palabras, las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad, son las siguientes: i) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. ii) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. iii) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Con base en lo anterior, se concluye que el CONCESIONARIO DE LA PENSION LOPEZ, C.J. GUADALUPE LOPEZ HERRERA no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, en virtud que, al resguardar y retener en depósito el vehículo propiedad de la quejosa, actuó como auxiliar de una autoridad ministerial, como lo manifestó la amparista bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda, en el sentido de que el oficio 603/2018 girado por el LICENCIADO ARNOLDO MEZA VALENZUELA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA REGION NORTE, derivado de la carpeta investigación AHOME/UEDP/1476/2018, donde se ordenó la entrega material de la unidad motriz, MARCA PONTIAC, LINEA VIVE, MODELO 2004, COLOR BLANCO, SERIE 5Y25L62894Z418984, CON PLACAS DE CIRCULACION VTA-4486; esto es, se giró el citado oficio para que el encargado del encierro hiciera devolución de ese bien mueble a la quejosa. De lo antes resumido, se aprecia que el envío de la citada unidad motriz a la CONCESIONARIA DE LA PENSION LOPEZ, fue derivada de la carpeta de investigación número AHOME/UEDP/1476/2018, por autoridad ministerial, pues la actividad de depósito vehicular no corresponde a un acto que efectúe de manera unilateral y obligatoria la empresa citada, sino que lo debió realizar en cumplimiento a una orden del agente investigador; es decir, la lleva a cabo como auxiliar del Ministerio Público, por lo que es evidente que dicha persona moral no actuó de manera unilateral y obligatoria por mandato de una norma general que le confiera las atribuciones como autoridad del Estado, ya que no ejerció facultades decisorias que, en su caso, estén atribuidas en la ley y que por ende constituyan una potestad administrativa, cuyo ejercicio sea irrenunciable, lo que implicaría que su actuación se considere como un verdadero actos de autoridad; particularidad que caracteriza a las relaciones de supra a subordinación y que no existe en este caso concreto. Por el contrario, la retención del vehículo tipo MARCA PONTIAC, LINEA VIVE, MODELO 2004, COLOR BLANCO,SERIE 5Y25L62894Z418984, CON PLACAS DE CIRCULACION VTA-4486, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque dicha concesionaria no actuó por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la agraviada, ya que no puede sostenerse que su actuar se originó con motivo de una norma general, porque no dictó, ordenó, ni ejecutó un acto que creó, modificó o extinguió situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino únicamente la empresa señalada como autoridad responsable llevó a cabo una actividad relacionada con los servicios prestados por el depósito de un vehículo en sus instalaciones, como cualquier prestador de un servicio particular que busca un beneficio económico, aun cuando hubiere auxiliado al agente investigador en la realización de tal actividad. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Ignacio Zaragoza número 933 Sur, interior 2, Colonia Bienestar, en esta ciudad, y como sus autorizados para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a José Joel Peña Torres, Juan Gabriel Pacheco Beltrán y Jesús Manuel Castro López.
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