Sidronio Montoya Castro
Expediente 132/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Sidronio Montoya Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de dos de marzo de dos mil veintiuno, en que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Sidronio Montoya Castro; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de dos de marzo de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se desechó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL PARTE PROMOVENTE
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO SIDRONIO MONTOYA CASTRO, EL ACUERDO DE DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE A LA LETRA DICE:Visto el escrito firmado de manera electrónica por el quejoso Sidronio Montoya Castro, mediante el cual de cumplimiento a la prevención formulada en auto de dos de marzo del presente año; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, y en razón de que da cabal cumplimiento a dicha prevención, respecto del escrito de demanda se provee lo siguiente: Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Del contenido integral del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso reclaman de manera esencial, el auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictado en el Cuadernillo Auxiliar de Peticiones número 3/2021, del índice del juzgado señalado como autoridad responsable, donde se le niega su petición en el sentido de que se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia y se cite a la misma a los agentes del ministerio público que integran la carpeta de investigación número 2362/2019, a fin de que hagan del conocimiento de la víctima ahora quejoso el estado que guarda dicha carpeta de investigación. En la especie, este juzgador advierte que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de la Materia, dado que previo a esta instancia constitucional, el promovente debió impugnar el acto reclamado a través del recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo y fracción a que se ha hecho referencia textualmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;.". El texto del precepto transcrito consagra el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia penal, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en el propio numeral. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Ahora bien, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta.". Por ende, antes de acudir al amparo para impugnar la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada en el cuadernillo Auxiliar de Peticiones 3/2021, donde se le negó la solicitud para celebrar audiencia a efecto de que se citara a la misma a los agentes del ministerio público que integran la carpeta de investigación número 2362/2019, a fin de que hicieran del conocimiento de la víctima ahora quejoso el estado que guardaba dicha carpeta de investigación, el quejoso, por escrito debió agotar el recurso de revocación previsto en el citado numeral, ante el propio juez responsable. En efecto, si el quejoso reclama una resolución judicial respecto de las cuales la ley concede el recurso de revocación, dentro del procedimiento penal, por virtud del cual pueda ser modificada, nulificada o revocada, y el quejoso no es tercero extraño al juicio, ni el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, es evidente que se surte la causa de improcedencia invocada. Así es, la ley adjetiva aplicable al presente caso, prevé un recurso ordinario, que lo es el de revocación, mismo que procede contra resoluciones como la que constituye el acto reclamado (de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno), por tratarse de una resolución de mero trámite, emitida por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal Zona Centro-Norte del Estado, con sede en Angostura, Sinaloa, dentro de un cuadernillo Auxiliar de Peticiones. De manera que, si previéndose un recurso ordinario por el cual la determinación impugnada puede ser modificada, nulificada o revocada, éste debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo. De tal manera es claro que el quejoso debió agotar el principio de definitividad; pues opinar lo contrario daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad; pues se dejaría al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persigue el juicio de amparo y la propia Constitución Federal. Por ello en cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se concluye que si una ley procesal prevé un medio ordinario de impugnación que la ley concede, se puede modificar, revocar o nulificar la determinación a través de la cual se le negó la solicitud que planteó; sin embargo, en el caso particular el quejoso no lo hizo. De ahí que se estima actualizada la causa de improcedencia materia de estudio prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos de los preceptos 61 fracción XVIII y 113, ambos de la Ley reglamentaria del juicio de garantías, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Sidronio Montoya Castro. Norma el criterio la Tesis XXVII.2o.1 P (10a.), Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Página 2504 del Tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2019, Libro 66, Materias(s) Común, Penal, Décima Época, Registro digital 2019815, que dice: "AUDIENCIA SOLICITADA AL JUEZ DE CONTROL PARA EXPONER LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO. CONTRA LA NEGATIVA DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA QUE SE REALICE, DEBE AGOTARSE PREVIO AL AMPARO, EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El acuerdo que niega fijar fecha y hora para que se realice una audiencia de control para exponer al Juez las omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito, es de mero trámite por no trascender al resultado y no afectar derechos sustantivos, además de emitirse sin sustanciación alguna; por tanto, en su contra procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo.". Asimismo, se cita al respecto por analogía la tesis visible en la página número 307, del tomo XIII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cuatro del Semanario Judicial de la Federación que son del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo.". De igual manera la tesis visible en la página número 259, del tomo III, Segunda Parte-1, del mes de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación que refieren: "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Si el acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo pronunciado por el juez señalado como autoridad responsable, mediante el cual no admitió el recurso de apelación interpuesto, es incuestionable que el quejoso antes de promover su demanda de amparo, debió hacer valer el medio ordinario de defensa que al efecto establece la Ley Procesal de la materia, conforme lo establece el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo, pues contra aquel acuerdo que negó la admisión del recurso de apelación, procedía el de queja, previsto en el artículo 723 fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y procede desde luego, su desechamiento de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 del mismo ordenamiento legal.".
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Servando Sanchez Espinoza395/2022
- Servando Sanchez Espinoza292/2020
- Servio Tulio Ruiz Ibarra491/2017
- Severiano Almanza Tapia210/2019
- SHEILA VIANEY CORTES CASTILLO y Otros.476/2023
- Sidronio Montoya Castro599/2020
- Sigfrido David Lizardi Acosta228/2022
- Sigfrido David Lizardi Acosta8/2020
- Sigifredo Soberanes Gamez236/2018
- Silvano Uriarte Apodaca854/2023
- Silverio Diaz Ramon91/2022
- Silvestre Guadalupe Valdez Armenta438/2021