Silvestre Lopez Cruz
Expediente 736/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Silvestre Lopez Cruz
- Director General del Cefereso 8 Norponiente, Guasave, Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada por éste juzgado, por una parte se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Silvestre López Cruz y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberá conservarse el auto en el que por una parte se negó la suspensión provisional y por otra se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y la sentencia interlocutoria en la que por una parte se negó la suspensión definitiva y por otra concedió definitivamente la misma; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Norponiente", con sede en Guasave, Sinaloa, a través de los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS8/DG/05448/2018, SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS8/DG/007680/2018, y SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS8/DG/008742/2018, comunicó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, éste Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución emitida por éste juzgado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que las autoridades responsables Director General, Director Técnico y Director de Seguridad, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Norponiente", con domicilio en Guasave, Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, deban realizar las siguientes acciones: 1. Deberán elaborar por escrito el dictamen en el Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-poniente", con residencia en Guasave, Sinaloa, a que se refiere el artículo 50 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, con base en los estudios y consultas médicas que se le practiquen, especificando si el quejoso requiere o no de la atención y tratamiento especializado, en cuanto al padecimiento de lumbalgia, que refiere padecer el quejoso Silvestre López Cruz; y, 2. Provean el tratamiento médico y proporcionen los medicamentos requeridos, al impetrante con relación al padecimiento indicado." Mediante proveído de seis de abril del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y en esa misma fecha se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la misma. Ahora bien, la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, a través del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS8/DG/05448/2018, recibido en éste juzgado el veinticinco de abril del año en curso, informó que se elaboró un dictamen con base en los estudios y consultas médicas practicadas al quejoso, asimismo, del tratamiento que se estableció y se proporcionó al quejoso respecto a su padecimiento de lumbalgia, remitiendo copia certificada del dictamen médico de once de abril del presente año (folio 160); nota médica de fecha catorce de febrero de la misma anualidad (folio 161 y 162); prescripción de dieta terapéutica (folio 163) y hojas de enfermería correspondientes al tratamiento indicado (folio 164 y 165). Asimismo, por oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS8/DG/007680/2018, de cinco de junio del año en curso, la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, remitió copia certificada de las hojas de enfermería con las cuales se acredita el suministro de los medicamentos que fueron prescritos al quejoso por el especialista en ortopedia y traumatología, así como de la prescripción de dieta terapéutica hipocalórica, estando a la espera del recurso económico para la compra de la faja lumbosacra (folio 208 a 213); prescripción de dieta terapéutica (folio 214) y Nota de evolución de veintiocho de abril de dos mil dieciocho (folio 215). Por oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS8/DG/008742/2018, recibido en éste juzgado el veintinueve de junio del presente año, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-poniente", con domicilio en Guasave, Sinaloa, remitió copias certificadas de la tarjeta informativa de veintiséis de junio de dos mil dieciocho (folio 228); de las hojas de enfermería con las cuales acredita el suministro de los medicamentos que fueron prescritos por el especialista en ortopedia y traumatología en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del año en curso (folio 229 a 231); hoja de prescripción de la dieta terapéutica (folio 232); y, de la hoja de la entrega de una faja sacrolumbar al quejoso Silvestre López Cruz, en fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho (folio 233). Mientras que el Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS8/DG/105/2018, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, adhiriéndose a las documentales remitidas por el Director General de dicho centro. Mediante autos de veintisiete de abril, quince y veinticuatro de mayo, trece de junio y dos de julio año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con los oficios remitidos por las autoridades responsables en el que comunicaban el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, respecto de los cuales, el quejoso expuso diversas manifestaciones de inconformidad en fechas treinta de abril, veintidós de mayo, seis y diecinueve de junio y tres de julio de dos mil dieciocho. En consecuencia, con apoyo en el numeral 80 de la Ley de Amparo se estima que están satisfechos los extremos de la concesión del amparo, razón por la cual se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente expediente, en virtud de que las autoridades responsables Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, evidenciaron a través del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS8/DG/05448/2018, que se elaboró un dictamen con base en los estudios y consultas médicas practicadas al quejoso, asimismo, se le otorgó el tratamiento que se estableció y se le proporcionó al quejoso respecto a su padecimiento de lumbalgia, remitiendo copia certificada del dictamen médico de once de abril del presente año (folio 160); nota médica de fecha catorce de febrero de la misma anualidad (folio 161 y 162); prescripción de dieta terapéutica (folio 163) y hojas de enfermería correspondientes al tratamiento indicado (folio 164 y 165). De igual manera, la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-poniente", con domicilio en Guasave, Sinaloa, remitió copia certificada de las hojas de enfermería con las cuales se acredita el suministro de los medicamentos que fueron prescritos al quejoso por el especialista en ortopedia y traumatología, así como de la prescripción de dieta terapéutica hipocalórica, estando a la espera del recurso económico para la compra de la faja lumbosacra (folio 208 a 213); prescripción de dieta terapéutica (folio 214) y Nota de evolución de veintiocho de abril de dos mil dieciocho (folio 215). También obra en autos, que la responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-poniente", con domicilio en Guasave, Sinaloa, remitió copias certificadas de la tarjeta informativa de veintiséis de junio de dos mil dieciocho (folio 228); de las hojas de enfermería con las cuales acredita el suministro de los medicamentos que fueron prescritos por el especialista en ortopedia y traumatología en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del año en curso (folio 229 a 231); hoja de prescripción de la dieta terapéutica (folio 232); y, de la hoja de la entrega de una faja sacrolumbar al quejoso Silvestre López Cruz, en fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho (folio 233); consecuentemente, no le asiste la razón al quejoso, en cuanto aduce que las autoridades responsables no le han proporcionado atención medica profesional, medicamento y tratamiento respecto al padecimiento de lumbalgia que refiere padecer, pues conforme se ha expuesto, ha sido atendido sobre ese padecimiento en el centro de reclusión, inclusive, el pasado veintiocho de junio del año en curso, se le entregó una faja sacrolumbar. Norma el criterio la Tesis 2a. LXXXIX/2008, sustentada por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 536 del Tomo XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2008, Materia(s): Común, Novena Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. EVOLUCIÓN A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2001, DE LOS PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. De las jurisprudencias y tesis aisladas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno del Alto Tribunal se advierte, por una parte, que para entender la lógica y congruencia del procedimiento para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es necesario distinguir el cumplimiento básico, para lo que existen caminos precisos que deben seguirse, del cumplimiento defectuoso, que se produce cuando habiéndose dado el básico puede suceder que haya tenido las irregularidades de ser defectuoso o excesivo, dándose también los medios procesales específicos a los que debe acudirse, no debiendo mezclarse los correspondientes a la primera situación con los relativos a la segunda, pues además de producirse inseguridad jurídica, puede darse indefensión para alguna de las partes o contradicción en las decisiones, cuando se acude simultáneamente a dos medios de defensa, correspondientes a las dos situaciones descritas. Así, atendiendo a las anteriores precisiones, el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo que concede la protección constitucional es el siguiente: 1. Cuando la sentencia de amparo causa ejecutoria, la autoridad judicial debe vigilar su cumplimiento. 2. Una vez que cause ejecutoria el fallo constitucional, la autoridad jurisdiccional requerirá a la autoridad o autoridades responsables el cumplimiento respectivo; si no se logra éste, se requerirá al superior inmediato de la autoridad o autoridades responsables y, en su caso, al superior de éste, en términos del artículo 105, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo. 3. Si después del requerimiento a la autoridad responsable, en caso de que no tenga superior jerárquico, o después de haber requerido sucesivamente a sus dos superiores (si existieran) no se logra el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad jurisdiccional deberá, de oficio o a instancia de parte, abrir el incidente de inejecución de sentencia, en el que -en virtud de no haberse cumplido la sentencia que otorgó la protección constitucional- acordará remitir los autos, tratándose de juicios de amparo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y respecto de los juicios de amparo del conocimiento de los Juzgados de Distrito o de los Tribunales Unitarios de Circuito, al Colegiado correspondiente, en términos del punto quinto, fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2001 mencionado, para efectos de que este órgano colegiado determine si debe aplicarse el referido artículo constitucional, y de concluir en sentido afirmativo, remitirá los autos a la Suprema Corte con la resolución respectiva. 4. Si durante el trámite ante el Colegiado o ante la Corte, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 5. Si no demuestra haber cumplido, el Pleno del Máximo Tribunal emitirá resolución en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo y/o con los que siendo superiores de ellos no lograron que se diera el cumplimiento. 6. En el supuesto de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen el acatamiento de la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario o el presidente del Colegiado, según corresponda, dictará un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo que de no desahogarla dentro de determinado plazo, se resolverá si se dio o no cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con que se cuente. 7. Una vez cumplido el requerimiento o vencido el plazo otorgado, de no haberse desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario o el Colegiado, éste funcionando en pleno, dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidirá si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 8. Si se concluye que no se ha cumplido con la sentencia de amparo y se advierte que la autoridad o autoridades responsables o sus superiores no pretenden eludirlo, se seguirá el trámite previsto en los puntos 2 a 5; si se pretende eludir el cumplimiento se iniciará el trámite mencionado en los puntos 3 a 5 anteriores. 9. Por el contrario, si se determina que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenarse la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que pueda hacer valer el medio de defensa procedente. 10. Para efectos del punto 7, el juzgador de amparo se limitará, cuando el acto reclamado sea un laudo o resolución jurisdiccional (juicio de amparo directo), a determinar si se dejó sin efectos y si se emitió otro que atienda la sentencia de amparo y, cuando el acto reclamado sea uno de autoridad no jurisdiccional (juicio de amparo indirecto), analizará no solamente si la autoridad o autoridades responsables lo revocaron o no, sino también si los efectos que de él pudieron derivarse se cumplieron plenamente. 11. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario o del Colegiado correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diversos medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: 11.1 Que considere que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en forma básica, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que podrá promoverse dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que declara cumplida la ejecutoria de amparo y su materia consistirá en determinar si dicho auto fue dictado conforme al punto 10; de aquélla conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito, cuando el auto de cumplimiento haya sido dictado por un Juez de Distrito o un Tribunal Unitario de Circuito; en cambio, si fue dictado por un Colegiado, de la inconformidad conocerá la Suprema Corte. Cuando se declare fundada la inconformidad se seguirá el trámite previsto en el punto 9 precedente. 11.2 Que considere que si bien se dio cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, en cuyo caso procederá el recurso de queja contemplado en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, según sea el caso, el que podrá interponerse dentro del plazo de 1 año a partir del día siguiente al en que las partes hayan tenido conocimiento de los actos que entrañen esos vicios, y cuya materia es determinar si la responsable cumplió con exactitud lo ordenado, cuando el acto reclamado sea un laudo o resolución jurisdiccional, o si aquélla nulificó totalmente los efectos del acto reclamado en amparo indirecto. Contra lo resuelto por el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario en este medio de defensa procederá el recurso de queja de queja o re-queja, previsto en el artículo 95, fracción V, de la Ley citada, de la que conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito; en cambio, si la resolución del recurso de queja por exceso o defecto es emitida por un Colegiado, procederá la queja de queja o re-queja, siempre y cuando en el asunto del cual derive se haya determinado la inconstitucionalidad de una ley o se hubiere establecido la interpretación directa de un precepto constitucional y, además, se hagan valer argumentos relativos al exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, relacionados con la materia de constitucionalidad. 11.3 Que considere que habiéndose otorgado un amparo para efectos, en el que se dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o se dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieren lugar a la protección constitucional, de estimarse que se incurrió en una nueva violación de garantías procederá un nuevo amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada. 11.4 Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución, ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar, en cuyo caso podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado establecido en el artículo 108, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Al resolverse el incidente podrá suscitarse alguno de los siguientes supuestos: a) que el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo determine que no existe repetición del acto reclamado, en cuyo caso la parte interesada podrá promover inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación; de ésta conocerá la Suprema Corte cuando la resolución que determine que no hay repetición de acto reclamado sea dictada por un Tribunal Colegiado, y si es emitida por un Juez de Distrito o un Tribunal Unitario, de ella conocerá el Colegiado correspondiente el cual, en caso de determinar que es fundada, es decir, que existe repetición del acto reclamado, remitirá los autos a la Corte, para la aplicación del artículo 107, fracción XVI, constitucional; b) que se determine que sí existe repetición del acto reclamado, entonces, se remitirán los autos, tratándose de los asuntos del conocimiento de un Juzgado de Distrito o de un Tribunal Unitario a un Colegiado, para que determine si es el caso de aplicar el artículo constitucional antes citado (en caso de que determine que sí, remitirá los autos al Alto Tribunal para esos efectos), en cambio, si la determinación de que existe repetición del acto reclamado se dicta en los juicios de amparo del conocimiento de los Colegiados, éstos resolverán colegiadamente y su Presidente remitirá los autos a la Corte para esos mismos efectos. 12. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso considera que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado y, por lo mismo, incurrieron en la misma violación que se cometió en el acto que fue materia del anterior amparo, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente el incidente de repetición del acto reclamado, para lo cual se seguirá el trámite referido en el punto 11.4. De igual manera, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Materia Común, Novena Época, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese contexto, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, considerando que el quejoso Silvestre López Cruz, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con residencia en Guasave, Sinaloa, se encomienda notificar personalmente el presente acuerdo, a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto sus labores se lo permitan, en el entendido que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el quejoso de mérito, para que proceda a la plena identificación del mismo. Por tanto, acorde con lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal. Por último, dada la carga de trabajo que prevalece en este Órgano Jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
- Principal
Visto el telegrama de cuenta signado por el Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Norponiente", con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante el cual informa respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, en la inteligencia de que se estará a la espera de las documentales de referencia. Por otra parte, vista la constancia de notificación levantada por la actuaria de este Juzgado de Distrito, de la que se advierte que al momento de notificar el proveído de dos de julio del año en curso, al quejoso Silvestre López Cruz, realizó diversas manifestaciones; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales. Téngase por hechas las manifestaciones que realiza el quejoso de que se trata, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, esto es al momento de resolver si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo.
- Principal
Vista la constancia de notificación levantada por la actuaria de este Juzgado de Distrito, de la que se advierte que al momento de notificar al quejoso Silvestre López Cruz, el proveído de trece del presente mes y año, realizó diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales. Ahora bien, en atención a las manifestaciones realizadas por el quejoso, con copia simple del escrito de cuenta y con apoyo en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director General, Director Técnico y Director de Seguridad, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Norponiente", con residencia en Guasave, Sinaloa, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de presente proveído, acrediten fehacientemente que se le ha proporcionado al aquí quejoso el tratamiento que le fue elaborado en el dictamen de once de abril de dos mil dieciocho, asimismo informe que medicamentos son los necesarios respecto a su padecimiento de salud y el suministro de los mismos, debiendo justificar su actuación con las constancias pertinentes, esto es, con los exámenes necesarios actualizados a la fecha en que se emitió la sentencia de amparo, y los efectuados en cumplimiento a la sentencia constitucional, posteriores a ésta; asimismo, remita las valoraciones efectuadas por los médicos o bien, manifieste los actos que haya realizado para ese efecto, o en su caso indiquen el impedimento legal que tenga para ello; apercibidas que de no hacerlo en el lapso indicado, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, hágase lo anterior, del conocimiento del quejoso Silvestre López Cruz quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con domicilio en Guasave, Sinaloa, por lo que, se comisiona a la Actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito la notificación del presente proveído, en el entendido que deberá identificarlo y en caso de que carezca de la documentación idónea deberá requerir al funcionario competente del Centro Penitenciario en que se encuentra el interno de mérito, para que proceda a la plena identificación del mismo; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.
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