Sergio Yescas Valle
Expediente 847/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/11/2022
Partes del expediente
- Sergio Yescas Valle
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra del proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el proveído referido ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del inciso d), del artículo 21 del mismo acuerdo. Asimismo, por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido. Finalmente, se ordena marcar en la carátula del original y duplicado de los incidente de suspensión, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria en Funciones de Jueza del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, autorizada mediante oficio CCJ/ST/5159/2022, quien actúa ante la Secretaria María Elizabeth Reyes Moreno que autoriza y da fe.
- Principal
a) Que el acto reclamado destacado en el presente asunto, se hizo consistir en: "la posible privación de la libertad arbitraria e ilegal que se pretende realizar en mi persona a fuera de procedimiento judicial." b) Que en su escrito de demanda la parte quejosa señaló como autoridades responsables a las siguientes: ( AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD FORANEA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TIJUAN, BAJA CALIFORNIA ( JEFE DE GRUPO DE LA POLICIA MINISTERIAL ADSCRITO A LA UNIDAD FORÁNEA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA ( DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA c) Que feneció el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, toda vez que fue notificada por estrados el veintiséis de octubre del año en curso transcurriendo dicho plazo del veintiocho de octubre al cuatro de noviembre de dos mil veintidós, con la exclusión de los días inhábiles correspondientes e) Que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las trece horas con diez minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior para los efectos legales correspondientes. Doy fe.El siete de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el término otorgado a la parte quejosa para que desahogara la vista concedida en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, respecto de la denominación de las autoridades que señaló como: ( AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD FORÁNEA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA ( JEFE DE GRUPO DE LA POLICIA MINISTERIAL ADSCRITO A LA UNIDAD FORÁNEA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA ( DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en dicho proveído y se tienen por inexistentes a las referidas autoridades; para los efectos legales correspondientes. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, bien, precisado lo anterior, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5º, fracción II, éstos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación sistemática de los anteriores numerales, a contrario sensu, por lo que hace al artículo 1º de la Ley de Amparo se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de autoridad. Ahora, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó como acto destacado de las autoridades responsables: AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD FORÁNEA DE INVESTIGACION DEL DELITO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, JEFE DE GRUPO DE LA POLICIA MINISTERIAL ADSCRITO A LA UNIDAD FORÁNEA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, la posible privación de la libertad fuera de procedimiento judicial. Posteriormente, con motivo de la razón actuarial suscrita por la Actuaria de la adscripción en la que asentó la imposibilidad para entregar los oficios dirigidos a las autoridades señaladas como responsables por la parte quejosa en su escrito de demanda, en proveído de veinticinco de octubre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo tres días hábiles legalmente computados manifestara lo que a su derecho conviniera, ya sea corrigiendo la denominación de dicha autoridad, o bien, acreditara su existencia; en la inteligencia de que si no lo hacía, se tendría por inexistentes las autoridades que indicó, y se suspendería toda comunicación con las mismas. Y en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación alguna dentro del plazo establecido en esta data se tienen por inexistentes a las precitadas. Por tanto, al no haber cumplido la parte quejosa con la carga procesal que le correspondió de señalar autoridades responsables -ya sea corrigiendo la denominación de éstas, o bien, acreditando su existencia-, no es posible analizar los actos que combate, pues con la declaratoria de inexistencia de las autoridades que señaló como responsables en su escrito de demanda es inconcuso que éstas "han quedado fuera del juicio", se dice lo anterior porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, cobra vigencia i) cuando se conoce a la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado, y por ende, ii) se ponga de manifiesto su existencia. No así cuando en la tramitación del juicio de amparo el Juez de Distrito tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ya no tendrá la obligación de requerirla para ningún efecto, ni para darle a conocer lo actuado durante la tramitación del juicio, esto en virtud de que al no existir como tal, simplemente no puede ser considerada como autoridad responsable y, por lo tanto, no es necesario hacer un pronunciamiento al respecto en la sentencia que se emita después de seguido el juicio, por lo que es inconcuso que si se declaró la inexistencia de las autoridades responsables que señaló la parte quejosa en su escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con en relación con los numerales 1° y 5º, fracción II, éstos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la Jurisprudencia 1a./J. 111/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 167784 de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." Así como la tesis consultable en la página 186, del Tomo XII, Septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con los numerales 1° y 5º, fracción II, éstos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional -trece horas con diez minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós-. Prevéase lo conducente en el cuaderno incidental y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en esta fecha se ordenó el sobreseimiento fuera de audiencia en los autos del expediente principal del que deriva este incidente, con motivo de la inexistencia decretada sobre la totalidad de las autoridades señaladas como responsables por la parte quejosa. Por tanto y toda vez que en el presente cuaderno incidental el quejoso tampoco hizo manifestación alguna al respecto en relación con la vista otorgada en auto de veinticinco de octubre pasado, no obstante de que fue notificado para ello; en consecuencia, se declara sin materia este incidente y se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia incidental, programada para las once horas con cinco minutos del diez de noviembre de la presente anualidad. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Tijuana, Baja California, a tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa a fin de que corrija la denominación de las autoridades responsables "Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Foránea de Investigación del Delito de Tijuana, Baja California", "Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Unidad Foránea de Investigación de Delitos de Tijuana, Baja California" y "Director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California", o bien acredite su existencia. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con cinco minutos del diez de noviembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido de María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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