Sergio Mercado Montiel

Expediente 857/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
857/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Sergio Mercado Montiel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    El diez de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta, que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir once de octubre de dos mil veinticinco.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado, Sergio Mercado Montiel, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: Actos reclamados ". Al C. Juez le reclamo la negativa emitida el 29 de Octubre de 2021 dentro del cuaderno de ejecución 300/2020, en el cual se niega hacerme el descuento de la prisión preventiva por no contar con dos causas penales, contraviniendo lo establecido por el artículo 26 segundo párrafo del Código Penal del Estado que establece que: "toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la prisión preventiva". De igual manera lo establece nuestra H. Carta Magna en el artículo 20 , así como también me negó aplicarme la Ley más favorable para poder obtener una preliberación más pronta, violando con ello mi derecho a la libertad personal, el cual es de un nivel axiológico alto, universalmente reconocido por la Ley. De igual manera al momento que me concedió la palabra, le hice mención para que me explicara cuál es el ordenamiento que establece que debes tener doble causa penal para poder deducir lo de la pena, sólo se limitó a decirme que Licenciado (sic) de oficio me visitaría al siguiente día para aclarar mis dudas y hasta el momento de la presente no se apersonado (sic) dejándome en estado de indefensión. También de la misma autoridad le reclamo la omisión de no poner fecha de mi petición para el descuento de la remisión parcial, la cual no establece ninguna exigencia temporal para poder solicitar la remisión parcial de la pena, ni tampoco exige precepto alguno que disponga que deben cumplirse los días de trabajo que pueden ser abonados para deducir los de la condena." Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de la autoridad responsable, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1º, 8º, 14, 16, 17, 20, 21, 107, 128 y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Admisión de demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete; y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Cuarto. Separación de autos. Por acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, se decretó de plano la separación de juicios en este expediente, para que se diera trámite como demanda nueva el juicio de ampro promovido por el quejoso, respecto del acto específico que reclamó del Juez responsable, consistente en "la omisión de no poner fecha de (su) petición para el descuento de la remisión parcial"; y, se ordenó seguir el trámite del presente asunto, únicamente por lo que hace al diverso acto reclamado a la citada autoridad, consistente en la resolución emitida el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de ejecución 300/2020, de su índice, en la que negó a hacerle el descuento de la prisión preventiva. Quinto. Audiencia constitucional. Previo diversos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. Sexto. Mediante Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; y, en su artículo 1°, se estableció como nueva fecha límite para reanudación total de las actividades jurisdiccionales el treinta de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, mediante diverso Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2021 a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Luego, en el diverso Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo que a continuación se transcribe: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 31 de octubre de 2021, a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Posteriormente, en el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de 2020 al 16 de enero de 2022, la actividad jurisdicción se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. [.]" Después, en Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 1º de mayo de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." En Acuerdo General 7/2022, del pleno del citado Consejo, se reformó el aludido artículo para quedar como sigue: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 5 de junio de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Y, por último, por Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo que enseguida se transcribe: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de 2020 al 7 de agosto de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por lo anterior, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: La resolución dictada en audiencia de cómputo de prisión preventiva, celebrada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de ejecución 300/2020, del índice del Juez responsable, en el que negó realizar el descuento de la prisión preventiva al quejoso. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, en el particular, la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad -en su denominación correcta-, refirió que no eran ciertos los actos reclamados, sin embargo, a continuación hizo manifestaciones que evidencian su certeza; motivo por el cual, se tiene por desvirtuada dicha negativa y se tienen por ciertos los actos materia de reclamo, para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, página 391, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con las documentales que allegó el Juez responsable durante la tramitación del presente juicio de amparo, consistente en copia auténtica de las constancias que integran el cuaderno de ejecución 300/2020, de su índice, así como del registro audiovisual (disco versátil digital) de la audiencia de cómputo de la prisión preventiva, celebrada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, ante esa potestad judicial. Documentales que adquieren pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad. Valoración que se robustece con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual manera, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2004362, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Décima Época, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. No obstante la certeza de los actos atribuidos a la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 62 de la Ley de Amparo, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia(s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, pues de las constancias que obran agregadas a los autos, se advierte que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea. En efecto, el artículo señalado en primer término establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". El numeral transcrito señala en lo conducente que, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva dentro de los plazos previstos. Ahora, los plazos a que se refiere el precepto citado, se encuentran contemplados en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, y para efectos del presente estudio nos ocuparemos del plazo genérico de quince días para la interposición de la demanda de derechos fundamentales, establecido en el precepto citado en primer orden, ya que en el caso no se reclaman leyes de carácter autoaplicativas, tampoco una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ni mucho menos actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Además, porque el acto impugnado no pone en peligro la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese tenor, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los numerales invocados, se desprenden tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, a saber: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. A partir del día siguiente en que el impetrante hubiere tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; y 3. A partir del día siguiente al en que el peticionario del amparo se hubiere ostentado sabedor de los referidos actos. De ahí que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. En lo conducente es aplicable al caso, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado". La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable ?distinto a la notificación?, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. Es decir, tal conocimiento debe ser de manera integral, según lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que se le lee como sigue: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". Es aplicable también el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto enuncian: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa". Por su parte, la tercera hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", lo cual implica una expresión exclusiva del impetrante, quien manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Precisados los tres momentos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia, sino que la intención del legislador fue establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verificará cualquiera de los tres supuestos. Lo expuesto, permite afirmar que aun cuando exista constancia de notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame o de su ejecución, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedor de los mismos; según lo confirma el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO." Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del transitorio sexto de la nueva Ley de Amparo, por las razones que contiene, la jurisprudencia J/32 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que argumenta lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". [Énfasis Añadido]. Caso concreto: En la especie, se está ante el primer supuesto, esto es, desde el día siguiente al en que surtió efectos, conforme a la ley del acto, la notificación realizada al quejoso de la resolución reclamada; en la inteligencia, que el quejoso fue notificado personalmente de la resolución que reclama, en audiencia de cómputo de prisión preventiva celebrada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, derivada del cuaderno de ejecución 300/2020, del índice del Juez responsable. Para sustentar lo anterior, es menester transcribir el contenido del inciso a) de la fracción I del artículo 82, así como del último párrafo del citado numeral, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; [.] Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Dispositivo legal del que se advierte, que las notificaciones realizadas personalmente a las partes en audiencia -como sucedió en el caso-, surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas. Por tanto, si en el particular se toma como referencia que el directamente agraviado fue notificado personalmente del acto materia de reclamo, en audiencia celebrada ante el Juez responsable, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, notificación que surtió efectos el tres de noviembre siguiente, entonces es indudable que el cuatro de noviembre del mismo año, es el día uno de los quince que la Ley de Amparo contempla para la interposición del juicio de garantías. De tal manera que el plazo de quince días trascurrió de la manera siguiente: cuatro (día 1), cinco (día 2), ocho (día 3), nueve (día 4), diez (día 5), once (día 6), doce (día 7), dieciséis (día 8), diecisiete (día 9), dieciocho (día 10) diecinueve (día 11), veintidós (día 12), veintitrés (día 13), veinticuatro (día 14) y veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno (día 15); sin contar los correspondientes días inhábiles. Ello, en tanto que el quejoso presentó la demanda de amparo en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hasta el tres de diciembre de dos mil veintiuno. Noviembre 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (inhábil) 2 (inhábil) 3 (surte efectos) 4 (día 1) 5 (día 2) 6 7 8 (día 3) 9 (día 4) 10 (día 5) 11 (día 6) 12 (día 7) 13 14 15 (inhábil) 16 (día 8) 17 (día 9) 18 (día 10) 19 (día 11) 20 21 22 (día 12) 23 (día 13) 24 (día 14) 25 (día 15) 26 27 28 29 30 Diciembre 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 (presentación de la demanda) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 En esas circunstancias, la resolución emitida en audiencia de cómputo de prisión preventiva celebrada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de ejecución 300/2020, en la que el quejoso refiere que el Juez responsable negó efectuar el descuento correspondiente por dicho concepto, debe considerarse como consentida tácitamente para los efectos del amparo, al no promoverse la demanda relativa dentro del plazo legal que establece la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/21 sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Por los motivos expuestos, es que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley en comento, en correlación con los numerales 17 y 18 del mismo cuerpo normativo, respecto a los actos reclamados por el quejoso, precisados con anterioridad. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto a dichos actos reclamados. Al decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, dicha circunstancia impide entrar al análisis de las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa con el fin de demostrar la violación a sus derechos fundamentales, en relación con los actos reclamados a la autoridad responsable señalada. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Materia Común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En el entendido que las tesis que se citan en la presente determinación, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también es cierto que las mismas no se oponen a los preceptos de la nueva Ley de Amparo; lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de ésta. QUINTO. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 857/2021-B, promovido por Sergio Mercado Montiel, por su propio derecho, contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero, y por las razones expuestas en esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al que transcribe el proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, del que se advierte, en lo conducente, que el titular de dicho órgano de control de la constitucionalidad, en atención a lo determinado en auto de catorce de junio pasado, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por el quejoso Sergio Mercado Montiel, respecto del acto reclamado consistente en "la omisión de no poner fecha de su petición para el descuento de la remisión parcial", el cual quedó radicado bajo el juicio de amparo 422/2022; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, téngase a dicho órgano jurisdiccional devolviendo las constancias que fueron enviadas inicialmente mediante oficio 13457/2022; por lo tanto, tomando en consideración que como se advierte de la certificación de cuenta, se trata de reproducción de actuaciones que ya obran en el presente juicio de amparo, con la finalidad de evitar duplicidad y mejorar el manejo del expediente físico; procédase a su destrucción. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por el quejoso Sergio Mercado Montiel, el cual quedó radicado bajo el juicio de amparo 422/2022; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como lo solicita el Juzgado oficiante, remítase copia certificada, en forma cronológica y legible de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio. Notifíquese

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