Sergio Manuel Romero Servín
Expediente 352/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/07/2021
Partes del expediente
- Sergio Manuel Romero Servín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Resultando Primero. Por escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Sergio Manuel Romero Servín, de propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Mesa, de esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad señalada como responsable, reclamo la infundada orden de restricción, así como cualquier acto restrictivo de mi libertad y consecuencias legales de los mismos, en contra de mi persona, actos llevados a cabo fuera de todo procedimiento legal. Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, registrándola con el número de expediente 352/2021; mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, previa prevención, se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, asimismo, se reconoció con el carácter a la tercero interesada y se ordenó su emplazamiento; y, Considerando Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados podrían tener ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que los actos reclamados destacados son la medida de protección dictada el veinticinco de febrero de dos mil veinte, en el número de caso 0204-2020-07838 emitida por la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Mesa, en esta ciudad. Tercero. Es cierto el acto reclamado, consistente en la medida de protección dictada el veinticinco de febrero de dos mil veinte, en el número de caso 0204-2020-07838 emitida por la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Mesa, en esta ciudad, consistente en la prohibición del imputado (aquí quejoso) de realizar conductas de intimidación o molestia a las víctimas (aquí tercero interesada), pues así lo refirió la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Lo que se constató con las copias certificadas que adjuntó relativas a la carpeta de investigación con número de caso 0204-2020-07838, documentos públicos que merecen pleno valor probatorio, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haberse formado por el representante social, quien revestido con fe pública las expidió en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad. Valoración robustecida en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio del asunto planteado, lo procedente es analizar las causas de improcedencia, ya que es cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, pues el examen en comento puede realizarse aún de oficio, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, como se anticipó, en el presente asunto, el quejoso reclama la en esta instancia constitucional la medida de protección a la víctima, dictada por la autoridad responsable en el número de caso 0204-2020-07838 emitida por la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Mesa, en esta ciudad, consistente en la prohibición del imputado (aquí quejoso) de realizar conductas de intimidación o molestia a las víctimas (aquí tercero interesada), con una duración de cuarenta días naturales. En efecto, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable a su informe justificado, se aprecia que dicha medida en contra del aquí quejoso, fue emitida con la finalidad de salvaguardar la integridad física, psicológica, y el sano desarrollo de la víctima Paloma García Vargas, con fundamento -entre otros- en el artículo 137, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que estimó que dentro de una carpeta de investigación que se integra por el delito de violencia familiar, el imputado (quejoso) representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendida. En ese sentido, no obstante la certeza de los actos reclamados, quien resuelve, advierte la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Tal improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que el acto de molestia consistente en la medida de protección a la víctima, dictada por la autoridad responsable en el número de caso 0204-2020-07838 emitida por la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Mesa, en esta ciudad, dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, pues con posterioridad a la presentación de su demanda de amparo, ya que ha transcurrido el término de cuarenta días naturales de vigencia que refiere la indicada medida cautelar, entonces, el acto de molestia reprochado, ha cesado en forma definitiva. Por ello, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica, se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional; de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. En tales circunstancias, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 61, fracción XXI en relación con el artículo 63, fracción V ambos de la Ley de Amparo, por lo que a dicha autoridad y actos se refiere. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". No obstante, aun cuando existieran motivos evidentes para declarar inconstitucional dicha resolución, ningún fin práctico tendría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que la determinación objeto del reclamo era vigente por cuarenta días naturales, como se observa de la medida de protección reclamada. De esta forma, si se considera que la medida de protección base del acto de reclamo en análisis se dictó en veinticinco de febrero de dos mil veinte, y le fue notificada de manera personal al quejoso el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, y considerando que cuenta con una vigencia específica de cuarenta días naturales, al momento en que se dicta el actual fallo constitucional, ya no tiene validez jurídica alguna, en tanto que, de la referida data a la diversa que se realiza esta sentencia, transcurrieron sesenta y tres días naturales, lo que supera en demasía la vigencia en comento del acto hecho valer en esta instancia por el peticionario de amparo. En ese orden, ningún fin práctico tendría conceder el amparo solicitado por el quejoso, pues el objeto del acto reclamado sería para que existiera un pronunciamiento por parte de las responsables en el sentido de restablecer el estado que guardaban antes de lo que se consideró era violatorio de los derechos fundamentales, ello en la medida de que los actos prohibitivos involucran el hacer positivo de la autoridad, lo anterior, al tenor literal del artículo 77 de la Ley de Amparo, antes transcrito. En tal contexto, es indudable que la responsable se encuentra imposibilitada material y jurídicamente para efecto de retrotraer el tiempo objeto de la vigencia del acto de reclamo, para finalmente obtener el mismo resultado, es decir, la no efectividad o ejecutoriedad de la medida de protección; pues si bien el multicitado existió, ello se concretó a un contexto cronológico atinente a su validez jurídica, por lo que si ya no tiene ese valor ejecutivo, dado que de constancias de autos del sumario constitucional no se advierte lo contrario, se corrobora la carencia de afectación en perjuicio de la esfera jurídica del peticionario de amparo a la luz de la imposibilidad fáctica de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la ley en consulta, lo procedente es sobreseer en el juicio. Trasciende en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 58, Volumen 145-150, Tercera Parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 237751, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURÍDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación." Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 352/2021, promovido por Sergio Manuel Romero Servín contra los actos que reclamó de la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Mesa, de esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria adscrita para notificar a la tercero interesada Paloma García Vargas, el auto de veintiuno de junio del año en curso, por las razones que en la misma expone. En consecuencia, y vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele a la tercero interesada, el presente proveído, el auto de veintiuno de junio del año en curso y las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. En otro orden, vista la certificación secretarial se advierte que en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en relación con las constancias remitidas por la autoridad responsable. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, y que las partes se imponga de su contenido, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional señala para el veinticuatro de junio del presente año, y se fijan para tal efecto las diez horas con treinta minutos del veinte de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercero interesada.
- Principal
a las nueve horas del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de fecha veintitres de junio de dos mil veintiuno, dictados en los autos del juicio de amparo 352/2021, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria adscrita para notificar a la tercero interesada Paloma García Vargas, el auto de veintiuno de junio del año en curso, por las razones que en la misma expone. En consecuencia, y vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele a la tercero interesada, el presente proveído, el auto de veintiuno de junio del año en curso y las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. En otro orden, vista la certificación secretarial se advierte que en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en relación con las constancias remitidas por la autoridad responsable. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, y que las partes se imponga de su contenido, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional señala para el veinticuatro de junio del presente año, y se fijan para tal efecto las diez horas con treinta minutos del veinte de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercero interesada.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Titular de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar Mesa, de esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el nueve de junio del año en curso y al efecto allega copia certificada y legible de las constancias que integran la carpeta de investigación 0204-2020-07838, con lo anterior, dese vista a las partes por el término de tres días, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese personalmente.
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