SERGIO ORDUÑO MARQUEZ y Otros.

Expediente 340/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
340/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • SERGIO ORDUÑO MARQUEZ y Otros.
  • Gobernador del Estado de Baja California. Mexicali, Baja California
  • Sergio Orduño Marquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo; por lo que se establece como fecha probable para tal evento a partir del veinticinco de abril dos mil veinticinco. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que, toda vez que, por resoluciones de veintiuno de octubre, ocho y veinticinco de noviembre, todas de dos mil veintiuno, dictadas en el incidente de suspensión relativa al presente asunto, se negó la suspensión definitiva; en ese sentido el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo vigésimo del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Adriana Valentina Monjarás Ruiz (autorizada de la parte quejosa), mediante el cual manifiesta que ha sobrevenido una causal de sobreseimiento en el presente juicio; en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Visto el estado de autos, se advierte que la demanda de amparo fue recibida en este órgano jurisdiccional el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Ahora bien, del contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la legislación reglamentaria. Lo anterior, es así tomando en consideración que la demanda de amparo que promovió Filemón Lomelí Salmerón, quien se ostenta como Secretario General del Sindicato de Empleados de Cantinas, Hoteles y Restaurantes Froc Croc, en representación de Sergio Orduño Márquez, José Guadalupe Mejía Soto, Jorge Herrera Mosqueda, Vicente Miranda Hernández, Verónica Serna Cárdenas, Ricardo Pereira Labrador, Enrique García Sánchez, Francisco Javier González González, José Castillo Ramos, Leticia Vázquez Soto, Rogelio Hernández Montes De Oca, Andrés López Jiménez, Isaac Arcos Lagunas, Daniel Cisneros Sandoval, Eduardo Negrete Rodríguez, Javier Lobatón Solís, Eduardo Terrazas Iturbide, José Francisco Bernal Castillo, Carlos Ismael Llamas Vargas, Margarita Cruz Madera, Fernando Jair Valenzuela Ochoa, Raquel Bayardo Muñoz, Pedro Xavier Beltrán Delgado, Marcos Antonio Tapia Contreras, Juan Carlos Arturo Arenas García, Óscar Alberto Díaz De La Torre, Raymundo Carrasco Soria, Yudith Gabriela Castillo Martínez, Juan Carlos Morales Camargo, Manuel Vicente Aquilino, Julio César Marrujo Zavala, Julián Guadalupe Saucedo Flores, Gloria Gallegos Montalvan, Ismael Valtierra Mariscal, Héctor Armando Alarcón Ávila, Luis Eduardo Cabrera Antúnez, Luis Enrique García Hernández, Luis Enrique Ramírez García, Juan Antonio Peña Flores, Brian Dayr Verduzco Caro, Rodolfo Cabalceta Fonseca, Adnerí Macedonio Martínez, Gabriel Santiago Julián, Bairon Díaz Emigdio, Erick Martín Martínez Rodríguez, Edwin Antonio Martínez Rodríguez, Silvano López Estrada, Agustín Paredes Gutiérrez, Alexis Omar Salas Yañez, Juan Antonio Contreras Ramos, Ricardo Solís Ambriz, Lidia Carrasco Salinas, Cristopher Iván Guzmán Verduzco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Gobernador del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y otras autoridades, que hizo consistir en: "Del Gobernador del Estado de Baja California se reclama: La expedición, promulgación y orden de publicación de los artículos 4 fracción VI, 9 fracción V, 12, 15, 17, 24 fracción I y 24 bis fracción V de la Ley de Expropiación para el Estado de Baja California, publicados en el Periódico Oficial del Estado No. 28, Tomo CX, de fecha 13 de junio de 2003, de los cuales se reclama su constitucionalidad como un sistema: en virtud de que a) No establecen la forma, mecanismos y procedimientos que indiquen quién indemnizará a los trabajadores por causas de expropiación; b) Porque no establece si la liquidación constitucional que les corresponde a los trabajadores por cesar sus actividades derivado de la expropiación, quedan incluidas en la indemnización de la tierra por expropiación o fuera de ésta; c) Porque no prevé cuándo se pagará la indemnización constitucional a los trabajadores; si a la ejecución; toma de posesión del predio o hasta que se realice el pago de la indemnización del valor comercial o fiscal del inmueble; d) Porque no contempla en ninguna fase del proceso expropiatorio; desde la emisión de la declaratoria de utilidad, audiencia y ejecución de la expropiación; como se llevará a cabo la protección de los derechos de los trabajadores; sus prestaciones; la seguridad social; sus fondos de ahorro y demás prestaciones sociales que le correspondan, impidiéndoles intervenir en el procedimiento para proteger sus intereses [.]. De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California, se reclama: El refrendo y ejecución de los artículos 4 fracción VI, 9 fracción V, 12, 15, 17, 24 fracción I, y 24 bis fracción V de la Ley de Expropiación para el Estado de Baja California, publicados en el Periódico Oficial del Estado No. 28, Tomo CX, de fecha 13 de junio de 2003, de los cuales se reclama su constitucionalidad como un sistema; en virtud de que a) No establecen la forma, mecanismos y procedimientos que indiquen quién indemnizará a los trabajadores por causas de expropiación; b) Porque no establece si la liquidación constitucional que les corresponde a los trabajadores por cesar sus actividades derivado de la expropiación, quedan incluidas en la indemnización de la tierra por expropiación o fuera de ésta; c) Porque no prevé cuándo se pagará la indemnización constitucional a los trabajadores; si a la ejecución; toma de posesión del predio o hasta que se realice el pago de la indemnización del valor comercial o fiscal del inmueble; d) Porque no contempla en ninguna fase del proceso expropiatorio; desde la emisión de la declaratoria de utilidad, audiencia y ejecución de la expropiación; como se llevará a cabo la protección de los derechos de los trabajadores; sus prestaciones; la seguridad social; sus fondos de ahorro y demás prestaciones sociales que le correspondan, impidiéndoles intervenir en el procedimiento para proteger sus intereses [.]. De la XXIII Legislatura constitucional del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se reclama: La discusión, aprobación y expedición de los artículos 4 fracción VI, 9 fracción V, 12, 15, 17, 24 fracción I, y 24 bis fracción V de la Ley de Expropiación para el Estado de Baja California, publicados en el Periódico Oficial del Estado No. 28, Tomo CX, de fecha 13 de junio de 2003, de los cuales se reclama su constitucionalidad como un sistema; en virtud de que a) No establecen la forma, mecanismos y procedimientos que indiquen quién indemnizará a los trabajadores por causas de expropiación; b) Porque no establece si la liquidación constitucional que les corresponde a los trabajadores por cesar sus actividades derivado de la expropiación, quedan incluidas en la indemnización de la tierra por expropiación o fuera de ésta; c) Porque no prevé cuándo se pagará la indemnización constitucional a los trabajadores; si a la ejecución; toma de posesión del predio o hasta que se realice el pago de la indemnización del valor comercial o fiscal del inmueble; d) Porque no contempla en ninguna fase del proceso expropiatorio; desde la emisión de la declaratoria de utilidad, audiencia y ejecución de la expropiación; como se llevará a cabo la protección de los derechos de los trabajadores; sus prestaciones; la seguridad social; sus fondos de ahorro y demás prestaciones sociales que le correspondan, impidiéndoles intervenir en el procedimiento para proteger sus intereses [.]". No obstante, se tiene como hecho notorio que en veinticinco de marzo del año en curso, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, tomo CXXIX, número veintidós el "ACUERDO EJECUTIVO por el que se nulifica la Declaratoria de Utilidad Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha trece de abril de dos mil veintiuno, respecto del lote de terreno localizado en Boulevard Agua Caliente número 11311, fraccionamiento Agua Caliente en la ciudad de Tijuana, Baja California, identificado con la clave catastral AC-017-000, y en consecuencia, se deja sin efectos el procedimiento de expropiación iniciado con la emisión de la referida declaratoria que se nulifica". Por lo que, la afectación reclamada con motivo del acto reclamado en el presente amparo, al emitirse el acuerdo ejecutivo por el que se decretó la Declaratoria de Utilidad Pública, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el trece de abril de dos mil veintiuno, respecto del lote de terreno localizado en Boulevard Agua Caliente número 11311, fraccionamiento Agua Caliente en la ciudad de Tijuana, Baja California, identificado con la clave catastral AC-017-000, ha cesado en sus efectos, y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado. Por lo que al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, máxime que así lo solicita la parte quejosa, se actualiza de esta manera la hipótesis de las siguientes jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Y por ende, en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que da lugar decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de las autoridades responsables mencionadas, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia. En ese sentido, es procedente dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para las trece horas con veinte minutos del siete de abril de dos mil veintidós. Háganse del conocimiento de las autoridades responsables, y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido de José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a quince de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por la delegada de la autoridad responsable Gobernadora del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, los cuales de ser procedente serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que, en proveído de tres de febrero último, se señalaron las doce horas con treinta minutos del quince de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; no obstante, de la consulta de la agenda del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que, en relación al presente juicio de amparo, se encuentran señaladas las doce horas con treinta minutos del quince de marzo de dos mil veintidós. En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto al artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 147 de esta última, se deja sin efectos el día y hora programados en auto de tres de febrero del año en curso; por tanto, se fijan las trece horas con veinte minutos del siete de abril de dos mil veintidós, para su celebración (hora y fecha señalados en la agenda del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los escritos presentados por Adriana Valentina Monjarás Ruiz (autorizada de la parte quejosa); mediante los cuales realiza diversas manifestaciones en relación a los informes justificados rendidos respectivamente por las autoridades responsables Secretario General de Gobierno y Congreso del Estado de Baja California, ambas con sede en Mexicali; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, los cuales de ser procedente serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

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