Servicios de Salud de Sonora
Expediente 251/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Servicios de Salud de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 251/2023-F, promovido por Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Sonora, contra actos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en diez de marzo de dos mil veintitrés, en este órgano jurisdiccional, el Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Sonora por conducto de su Director General Mauricio Montaño Medina, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: Autoridad responsable Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Actos reclamados "IV. ACTO RECLAMADO.- SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DICTADA POR LA RESPONSABLE EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022, DENTRO DEL INCIDENTE DE INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 3122/21-01-02-7/1355/22-S1-05-06 PROMOVIDO POR LA AHORA QUEJOSA; Deriva del juicio contencioso administrativo número 3122/21-01-02-7 promovido por el ahora tercero interesado, que se ventila ante la Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California." Segundo. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional, en el proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo, determinación que fue recurrida por la parte quejosa; posteriormente, en el auto de trece de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en el recurso de queja 92/2023 de su índice, que declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, quien lo rindió oportunamente; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, en el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se precisa que el acto reclamado es: La resolución interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en autos del incidente de incompetencia en razón de territorio identificado con el número de expediente 3122/21-01-02-7/1355/22-S1-05-06, promovido por la parte quejosa dentro del juicio contencioso administrativo 3122/21-01-02, promovido por Central Express de Control de Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las documentales que en copia certificada adjuntó a su informe justificado la autoridad de referencia, relativas a diversas actuaciones del juicio de origen; documentales a las que se otorga plena validez probatoria en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Causas de improcedencia. Una vez acreditada la existencia del acto reclamado, previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el de las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la autoridad responsable sostiene que se actualiza la causa de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Es infundada la causal antes citada, toda vez que la parte quejosa es parte en el juicio de origen del que deriva el incidente cuya resolución se reclama; es decir, en el juicio contencioso administrativo 3122/21-01-02 promovido por Central Express de Control de Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable, la parte quejosa tiene el carácter de demandado, por lo que contrario a lo que alega la tercero interesada, el acto reclamado sí afecta su interés jurídico. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2019456, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Es fundado el único concepto de violación expuesto por la parte quejosa y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. El quejoso aduce esencialmente que la autoridad responsable transgredió los principios de fundamentación y motivación, así como el de exacta aplicación de la ley y los de congruencia y exhaustividad que debe contener toda sentencia, ya que la responsable fue omisa en resolver las consideraciones expuestas en el mismo, consistentes en que el fuero común, específicamente el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, conociera del asunto, no así el fuero federal, ya que nunca se intentó poner a su consideración la incompetencia territorial entre Salas Regionales, como erróneamente lo planteó la autoridad, pasando por alto la voluntad de las partes, así como las disposiciones contenidas en la ley aplicable a los asuntos del fuero común. Para avalar la postura que antecede, primeramente conviene destacar los antecedentes que dieron origen al presente juicio: - Mediante escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Jorge Esteban Serafín Sodi Majul, en representación legal de la moral Central Express De Control De Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó en la vía contenciosa administrativa la nulidad de la resolución de negativa ficta, recaída a la solicitud de pago efectuada a Servicios de Salud de Sonora, y el cumplimiento del contrato número SSS-LPS-024-17-284. - La demanda en cuestión, fue radicada y admitida con el número de expediente 3122/21-01-02-7, del índice de la Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California. - Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite dicha demanda, así como las pruebas ofrecidas, y se ordenó emplazar a la demandada para que diera contestación a la misma en el plazo de ley. - Posteriormente, el ocho de abril de dos mil veintidós se tuvo a la apoderada legal de Servicios de Salud de Sonora, interponiendo incidente de incompetencia por materia y por razón de territorio. Al respecto, substancialmente expuso: "... Con fundamento a lo previsto por los artículos 20 fracción I y 29 fracción 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se interpone incidente de incompetencia de esta Honorable Sala con base a las siguientes consideraciones: POR MATERIA: la cual se basa en que a efectos de que esta H Sala pueda resolver conforme a derecho una disputa, conforme a lo establecido por el artículo 2 de Ley comento, debemos estar frente a una resolución definitiva establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo que en el caso que nos ocupa la parte actora viene demandando la negativa ficta sobre una supuesta omisión por parte de mi representada a un requerimiento de pago presentado en sus oficinas por parte de la hoy actora en fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, pago que hace referencia el demandante deriva de un contrato del cual no corresponde a esta autoridad administrativa conocer por lo que se solicita se abstenga de hacerlo y remita a las partes a resolver la presente contienda ante la autoridad competente a la ciudad de Hermosillo, Sonora. En base a las siguientes consideraciones de hecho y derecho. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta H. Sala solo cuenta con competencia respecto de los supuestos que dicho numeral indica, sin que el requerimiento de pago de pesos tenga o encuadre alguna de las atribuciones establecidas en dicho numeral, el cual se transcribe para los efectos legales correspondientes. [.] No pasan inadvertidas las manifestaciones señaladas por la parte actora en su escrito inicial de demanda, sin embargo si el procedimiento administrativo sigue las reglas del derecho punitivo, estas no resultan aplicables a la disputa que nos ocupa, ya que las mismas refieren a la materia o calidad administrativa de un acto omitido por una autoridad y en base a la narrativa realizada por el demandante solo se pudieran tratar de actos de compraventa mercantil de los cuales, sin reconocerlos de ninguna manera, los conflictos que de ella deriven solo pueden ser resueltos por una autoridad competente en dicha materia y esta autoridad administrativa carece de tal competencia. En virtud de lo antes expuesto, atenta y respetuosamente se solicita a esta H. Sala se abstenga de conocer el presente juicio ya que el Tribunal que resulta competente son los autorizados para conocer de la materia mercantil con residencia en la Ciudad de Hermosillo Sonora, precisamente donde tiene el domicilio mi representada, jurisdicción a la cual se sometieron las partes en el multicitado contrato de licitación pública. A mayor abundamiento tenemos que la parte actora CENTRAL EXPRESS DE CONTROL DE PLAGA, S.A. DE C. V. su actividad preponderante es la compraventa de productos y artículos en general para fumigación y control de plagas urbano, agrícola entre otras, tal y como se acredita del acta constitutiva de la moral antes señalada y la cual exhibe como documental a su escrito de demanda, por lo cual es un ente de comercio y la misma realizo un acto comercial con mi representada Servicios de Salud de Sonora, en la venta de todos y cada uno de los productos que manifiesta la demandante en su escrito inicial de demanda lo anterior se corrobora en lo estipulado en los artículos 1, 2, 3, 75 fracción I, IV, V y demás relativas y aplicables del Código de Comercio en vigor, es decir que la operación mercantil que ahora nos ocupa tiene un propósito totalmente de especulación comercial por la actora. De lo antes expuesto es de llamar la atención de esta autoridad administrativa, en el sentido de que si bien de conformidad con lo previsto en el numeral 2 de la Ley en comento, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocerá de las resoluciones definitivas establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también lo es que en los términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la citada ley el Tribunal de Justicia Administrativa, tiene competencia material para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación, entre los que se encuentran, la fracción VIII. Las que originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como las que estén bajo la responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del Tribunal, sin embargo en el asunto que nos ocupa se aprecia que la atenta lectura a los documentos mediante :los cuales la demandante pretende sustentar la procedencia de la acción intentada siendo estos el contrato número SSS-LPS-024-17-284, de fecha 30 de octubre de 2017, derivado de la licitación pública LPA-926005961-024-2017, remitiendo a los mismos en obvio de repeticiones innecesarias, si bien en el apartado de declaraciones de la "LA ENTIDAD", que en la especie resulta ser el Organismo Público Descentralizado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, y específicamente en la declaración 1.6 en relación al contrato de licitación antes mencionado expresamente se estableció que las erogaciones que se deriven de los contratos estarán sujetos a la suficiencia presupuestal correspondiente, con cargo a las partidas específicas 25101 "productos químicos básicos", 25401 "materiales, accesorios y suministros médicos" y 25501 "materiales, accesorios y suministros de laboratorio" de acuerdo al manual de programación y presupuestación 2017, es decir serán cubiertos con recursos aprobados por la Entidad de carácter estatal e ingresos propios para ejercerse en el año en que se firmó el contrato, esto es a dicho procedimiento de contratación y al contrato derivado del mismo destacando lo establecido en la cláusula vigésima quinta denominada JURISDICCIÓN, de dicho acuerdo de voluntades en el cual expresamente se estableció que para el caso de controversia en la interpretación y cumplimiento de dicho contrato, las partes acuerdan someterse a la competencia de los tribunales competentes, con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por lo que el proveedor renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente y futuro pudiera corresponderle, por lo que tales condiciones esta Autoridad Administrativa no estaría facultada legalmente para conocer del presente juicio. En ese sentido, es de destacarse que en todo caso y si bien la competencia de esa H. Sala, está determinada en función de lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público, también lo es en el presente caso la demandante convalidó contractualmente las disposiciones jurídicas que rigieron tanto el procedimiento licitatorio como el contrato derivado del mismo, pues en ese sentido, tuvo la vía expedita para impugnar dicho procedimiento ante las instancias competentes para hacer valer la nulidad del mismo, en virtud de haberse ajustado a la normatividad local y no a la legislación federal, o incluso demandar la nulidad del contrato por dicha situación pero se insiste, no lo hizo así, con lo cual queda de manifiesto la aceptación expresa por parte de la demandante a las reglas y dispositivos normativos aplicados de carácter local y no federal. En consecuencia, en las relatadas condiciones es incuestionable que-la competencia para conocer, en su caso, de, cualquier controversia derivada del cumplimiento de dicho contrato, sin que implique su reconocimiento de ninguna manera, se configura de manera clara y expresa en favor de los tribunales locales con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y no ante esta H. Sala. POR TERRITORIO.- La cual se hace consistir en lo siguiente. Sin reconocerle valides alguna, pero para el supuesto no concedido de que esta H. Sala, considere como valido el contrato de fecha 30 de octubre de 2017, en la cláusula vigésima quinta, denominada jurisdicción, se desprende un sometimiento expreso de las partes a los tribunales competentes en la ciudad de Hermosillo, Sonora, motivo por el cual esta autoridad administrativa carece de competencia para conocer la presente controversia. En virtud de lo anterior, la interposición del incidente de incompetencia en término de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, resulta oportuna de conformidad con la jurisprudencia que es del rubro INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE TERRITORIO. OPORTUNIDAD EN SU INTERPOSICIÓN. Por último, cabe destacar que son totalmente improcedentes e incorrectas todas y cada una de las manifestaciones realizadas por la parte demandante en el capítulo denominado "COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL" (foja 1 a 8 del escrito inicial de demanda), en virtud de las manifestaciones lógicas y jurídicas hechas con antelación." - Con base en el incidente interpuesto, cuyos argumentos fueron transcritos en la parte medular, la Sala Regional del juicio de origen, suspendió el procedimiento del juicio, hasta en tanto se dictara la resolución correspondiente y ordenó enviar los autos al presidente del Tribunal, con el fin de que se sometiera al conocimiento del Pleno de ese Tribunal Federal de Justicia Administrativa y determinara cuál Sala seguiría conociendo del asunto. - Fue de esa forma, que a la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Ciudad de México, le correspondió conocer y resolver sobre la incidencia presentada por la parte demandada del juicio de origen, recayendo la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós que constituye el acto reclamado. En las consideraciones de esa resolución la autoridad responsable substancialmente expuso lo siguiente: - En el considerando primero se refirió a su competencia para resolver sobre el asunto puesto ante su potestad, y sustentó tal aspecto en lo establecido en el artículo 18, fracción IV. - En el segundo considerando trató lo relativo a la procedencia del incidente de incompetencia por razón de territorio, determinando su procedencia, con base en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en vigor. - Enseguida, en el considerando tercero, procedió al análisis y resolución respecto del incidente de incompetencia por razón de territorio. Ahora, el artículo 17 constitucional prevé el principio de congruencia que debe contener toda resolución, pues al efecto prevé: "Artículo. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". En el caso concreto, de la resolución reclamada se advierte que el quejoso interpuso incidente de incompetencia por materia y por razón de territorio, exponiendo las consideraciones en las que sustentaba dichas incidencias, a lo que la responsable sólo se pronunció respecto del segundo de ellos -por razón de territorio-, siendo omisa a las consideraciones relativas al incidente de incompetencia por materia. Por lo que dicha omisión torno incongruente la resolución reclamada, violentando en perjuicio del quejoso el artículo 17 Constitucional. No pasa desapercibido por quien resuelve, que la responsable en su informe justificado hizo manifestaciones respecto a las consideraciones expuestas por la parte quejosa relativas al incidente por materia en las que expuso que esa juzgadora está facultada únicamente para resolver conflictos de competencia por materia suscitados entre las Salas que integran ese Tribunal; y no así entre ese Tribunal y uno diverso como lo sería el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; pues, estas manifestaciones no pueden complementar dicho informe como lo prevé el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, dado que su actuar no resulta materialmente administrativo, sino jurisdiccional, por lo que tendría que ser en el propio acto en donde se precisara tal circunstancia. En mérito de lo expuesto, y acorde a los razonamientos citados, resulta procedente conceder a la parte quejosa, el amparo y la protección de la Justicia Federal. Sexto. Efectos de la concesión de amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión constitucional, son para que el Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del incidente de incompetencia con el número de expediente 3122/21-01-02-7/1355/22-S1-05-06, de su índice. 2. Con libertad de jurisdicción, emita otra en la que reitere los argumentos que sustentó respecto a la incompetencia por territorio y se pronuncie además respecto a los argumentos formulados en cuanto a la incompetencia por materia que expuso la parte quejosa. Séptimo. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Sonora, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el sexto considerativo de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en su último considerando. Notifíquese personalmente. Lo que notifico a la parte moral tercero interesada Central Express de Control de Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos del expediente principal del Juicio de Amparo 251/2023, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, a través de la presente lista que se fija en los estrados de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a las nueve horas del día veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado Víctor Manuel Campos Campos, quien se ostenta como apoderado legal de la moral tercero interesada Central Express de Control de Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Personería. Ahora bien, debe analizarse la personalidad de quien promueve; por ende, con base en el instrumento número noventa y dos mil setecientos doce, volumen dos mil cincuenta, de nueve de marzo de dos mil veintitrés, pasada ante la fe del Notario Público número Once en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, documental de la cual se aprecia que al promovente se le designó como apoderado legal de la moral en referencia, misma que se le otorga pleno valor demostrativo en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Víctor Manuel Campos Campos, dicho carácter. En consecuencia, atento al contenido del escrito de cuenta, se tiene a la moral tercero interesada Central Express de Control de Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable, apersonándose al presente juicio de amparo; asimismo, se autorizan en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las profesionistas Annakaren Campos Martínez, Claudia Campos Martínez y Luis Abraham Campos Bejarano, toda vez que si cuentan con cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona restante, por así haberlo solicitado. Asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Acceso vía electrónica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso a la parte quejosa al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico; por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "Annakarencampos", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que sí se encuentra dado de alta en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En otro orden, en relación a la solicitud de adherirse al amparo indirecto, no ha lugar a proveer respecto la misma, ello, atendiendo a la naturaleza del juicio en que se actúa. Sustenta lo anterior, a contrario sensu la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO ADHESIVO. AL CORRERSE SU TRASLADO DEBE CONCEDERSE A LA PARTE CONTRARIA DEL QUEJOSO ADHERENTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 181 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA FORMULAR ALEGATOS, EL CUAL DEBE TRANSCURRIR EN SU TOTALIDAD. Hechos: En la tramitación de un amparo directo, el tercero interesado promovió amparo adhesivo, que se admitió y se corrió traslado con la demanda correspondiente a la quejosa principal; el tercero interesado amplió la demanda de amparo adhesivo y también se admitió, con la que igualmente se corrió traslado a la quejosa principal; el asunto se turnó a ponencia. En diverso amparo directo relacionado con el anterior, aunque no se promovió el amparo adhesivo, se turnó a ponencia en la misma fecha que el antes mencionado. El quejoso en el primer amparo citado y tercero interesado en el segundo promovió recursos de reclamación contra los autos que turnaron a ponencia sendos asuntos, argumentando, respectivamente, que el primer amparo no podía turnarse porque no había transcurrido en su totalidad el término para alegar en relación con el amparo adhesivo; mientras que en el segundo recurso, sostuvo que no podía turnarse porque estaba transcurriendo el término para formular alegatos respecto del amparo adhesivo en el amparo relacionado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al correrse traslado con la demanda de amparo adhesivo debe concederse a la parte contraria del quejoso adherente el plazo de quince días previsto en el artículo 181 de la Ley de Amparo, para formular alegatos, el cual debe transcurrir en su totalidad. Justificación: Lo anterior, porque el cuarto párrafo del artículo 182 de la Ley de Amparo establece que se debe correr traslado con la demanda de amparo adhesivo a la parte contraria del quejoso adherente y, aunque en este precepto no se establece el término para ello, dado que al amparo adhesivo deben aplicarse las reglas del principal, por así disponerlo el último párrafo del artículo invocado, aunado al respeto del principio de equidad procesal, el término que debe concederse para el ejercicio del derecho de alegar en relación con la demanda de amparo adhesivo no puede ser otro que el de quince días que también se otorga al tercero interesado con la demanda de amparo directo principal en el diverso 181, el cual debe transcurrir en su totalidad; de manera que el auto de turno a ponencia debe ordenarse dentro de los tres días posteriores a que fenezca dicho plazo, como lo prevé el artículo 183 de la Ley de Amparo." Por otra parte, téngase por formulados en vía de alegatos las manifestaciones realizadas, los cuales se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Por último, hágase la devolución del documento que indica, previa copia certificada que se deje en autos, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, recabándose la razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se ordena notificar por lista a la parte moral tercero interesada Central Express de Control de Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable, el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictado en los autos del expediente principal del Juicio de Amparo 251/2023, que a la letra dice: Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista el estado que guardan los autos se advierte que la moral tercero interesada Central Express de Control de Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable, fue emplazada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, sin que a la fecha hubiere señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en catorce de agosto de dos mil veintitrés, y con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a la moral tercero interesada de referencia, el presente proveído y las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Gerardo Castillo Riedel, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. Lo que notifico a la parte moral tercero interesada Central Express de Control de Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos del expediente principal del Juicio de Amparo 251/2023, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, a través de la presente lista que se fija en los estrados de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a las nueve horas del día veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Doy fe.
- Incidental
Se ordena notificar por lista a la parte moral tercero interesada Central Express de Control de Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable, el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictado en los autos del Incidente de Suspensión relativo al Juicio de Amparo 251/2023, que a la letra dice: Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que la moral tercero interesada ********************, fue emplazada el dieciocho de agosto del año en curso; asimismo, en esta fecha se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de catorce de agosto del año en curso y se ordenó su notificación por medio de lista, en virtud de no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a la moral tercero interesado de referencia, el presente proveído, la suspensión definitiva de treinta de junio de dos mil veintitrés y las subsecuentes actuaciones dictadas en el presente cuaderno incidental, aun las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Gerardo Castillo Riedel, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. ASIMISMO, LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: En Tijuana, Baja California, a las nueve horas con quince minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, Daniela Cecilia Félix Chávez, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental que refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 251/2023-F, promovido por Servicios de Salud de Sonora, Organismo Público Descentralizado, por conducto de su representante Mauricio Montaño Medina, contra actos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Ciudad de México, ante la presencia de Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida de Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, sin la comparecencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas, declara abierta la audiencia. Enseguida la Secretaria procede a hacer relación de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se encuentran: a) escrito inicial de demanda; b) proveído de trece de junio dos mil veintitrés, en el que se concedió la suspensión provisional; c) informe previo rendido por la autoridad responsable. A lo que la Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias, y resuélvase lo conducente al momento de dictarse la interlocutoria correspondiente. Abierto el periodo de pruebas la secretaria hace constar que tanto la parte quejosa como la autoridad responsable ofrecieron como pruebas de su parte las documentales que adjuntaron al escrito de demanda y al informe previo correspondiente. La juez acuerda: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las pruebas documentales de que se trata, las que serán tomadas en consideración en su momento procesal oportuno, por lo que se cierra este periodo. Abierta la etapa de alegatos la Secretaria hace constar que la parte quejosa formuló los alegatos de su intención mediante escrito registrado con folio 7870. A lo que la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de la materia, se tienen por formulados los alegatos de referencia, los cuales de ser procedente, serán tomados en consideración al momento de dictar resolución en el presente asunto, por lo que se cierra el presente periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 251/2023-F, promovido por Servicios de Salud de Sonora, Organismo Público Descentralizado, por conducto de su representante Mauricio Montaño Medina, contra actos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Ciudad de México; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el nueve de marzo de dos mil veintitrés, en este juzgado Servicios de Salud de Sonora, Organismo Público Descentralizado, por conducto de su representante Mauricio Montaño Medina, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos y autoridad que, previa aclaración de su denominación, son los siguientes: Autoridades responsables Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Ciudad de México. Acto reclamado: SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DICTADA POR LA RESPONSABLE EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DENTRO DEL INCIDENTE DE INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 3122/21- 01-02-7/1355/22-S1-05-06 PROMOVIDO POR LA AHORA QUEJOSA; Deriva del juicio contencioso administrativo número 3122/21-01-02-7 promovido por el ahora tercero interesado, que se ventila ante la Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California. Segundo. Trámite. En proveído de trece de junio de dos mil veintitrés, se ordenó abrir en original del presente cuaderno incidental, se solicitó el informe previo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que previo trámite correspondiente se desarrolló al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que deriva del juicio de amparo indirecto 251/2023-F, del cual conoce este órgano de control constitucional, ya que conserva jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas a las incidencias que deriven de tal procedimiento, atento al principio de unidad que rige al juicio de amparo, asimismo de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se señala que el acto reclamado a las autoridades responsables, consiste en lo siguiente: La resolución interlocutoria dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la autoridad responsable, en la que se declaró procedente pero infundado el incidente de incompetencia por razón de territorio planteado por la parte quejosa, declarando competente para seguir conociendo del juicio contencioso administrativo federal 3122/21-01-02-7 a la Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, Baja California. Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Ciudad de México; toda vez que así lo manifestó al rendir su informe previo. Cuarto. En ese contexto, en relación con la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que guardan y toda vez que, como se anticipó el acto reclamado lo hace consistir la parte quejosa, en la resolución interlocutoria dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la autoridad responsable, en la que se declaró procedente pero infundado el incidente de incompetencia por razón de territorio planteado por la parte quejosa, declarando competente para seguir conocimiento del juicio contencioso administrativo federal 3122/21-01-02-7 a la Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, Baja California. Luego, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Igualmente, el artículo 138 de la ley en cita, establece que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. En ese contexto, en el caso se reúnen los requisitos previstos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, ya que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa, con fundamento en los artículo 150 de la Ley de Amparo, y no se sigue perjuicio al orden público ni al interés social, por tanto, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el único efecto de que sin suspender el procedimiento contencioso administrativo federal 3122/21-01-02-7 del índice de la Segunda Sala Regional del Noroeste I, con residencia en Tijuana, Baja California, por ser de orden público, en el caso de no haber acontecido, no se dicte sentencia definitiva; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en el juicio principal del cual deriva el incidente de suspensión en que se actúa. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, página 1189, con registro digital 2002075, de texto y rubro siguiente: SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. La suspensión del acto reclamado es la facultad que tienen los jueces para conservar la materia del juicio, atendiendo a las exigencias del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal. En dicha fracción se ha incorporado el deber de los jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social. De este modo, los juzgadores pueden ordenar la interrupción de alguna etapa del procedimiento para evitar que se pierda la materia litigiosa. Lo anterior no supone en modo alguno que deba necesariamente paralizarse el procedimiento, puesto que ello llevaría a la contravención de disposiciones de orden público; por ello, se considera suficiente evitar el dictado de la sentencia definitiva hasta entonces no se resuelva el juicio de amparo, pues esta última resolución puede determinar la continuidad lógica y jurídica del juicio. La continuidad lógica se refiere a que antes del dictado de la sentencia del juicio natural, siempre conviene tener completamente despejados y resueltos los problemas de previo y especial pronunciamiento, ya que se trata de cuestiones naturalmente anteriores a las del fondo del asunto. La continuidad jurídica, por su parte, tiene que ver con la necesidad de evitar resoluciones contradictorias como la que surgiría entre una sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal por alguna violación al procedimiento en el juicio natural, y la resolución de fondo del mismo juicio, que pudo ser dictada antes de que el amparo se concediera. Así, si en un juicio de amparo se reclama la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria que resolvió la excepción de incompetencia, debe considerarse que procede otorgar la suspensión del acto reclamado, salvando las exigencias del artículo 124 de la Ley de Amparo -es decir, sin que el procedimiento se paralice- para el efecto de que no se dicte la sentencia en el juicio natural hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo. Con esta medida se busca evitar el dictado de sentencias por jueces cuya competencia posteriormente pudiera quedar desconocida por el amparo, o bien que el amparo tuviera que ser sobreseído por haberse quedado sin materia. Sin necesidad de fijar garantía, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128, 141 y 144 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Servicios de Salud de Sonora, Organismo Público Descentralizado, por conducto de su representante Mauricio Montaño Medina, contra los actos reclamados a la autoridad responsable indicada en el considerando tercero, por los fundamentos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. Lo que notifico a la parte moral tercero interesada Central Express de Control de Plagas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos del expediente principal del Juicio de Amparo 251/2023, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, a través de la presente lista que se fija en los estrados de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a las nueve horas del día veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Doy fe.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- Sergio Mercado Montiel857/2021
- Sergio Mercado Montiel113/2021
- SERGIO ORDUÑO MARQUEZ y Otros.340/2021
- Sergio Peralta Ibarra95/2020
- Sergio Yescas Valle847/2022
- Servando Gabriel Vázquez Carrillo224/2022
- Sevinch Lutfilllorvna Radjabova761/2023
- SHADIEV ULUGBEK AMRIDDINOVICH y Otros.604/2023
- Sharon Guadalupe Lemus López392/2022
- Sheila Guadalupe Alcantar Arellano529/2021
- Sheila Guadalupe Alcantar Arellano464/2021
- Sheila Guadalupe Alcantar Arellano542/2021