Sergio Omar Salazar Escalante
Expediente 1205/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1205/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Sergio Omar Salazar Escalante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente expediente, con el que se formó el toca 360/2023. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que el cuatro de enero de este año, se ordenó girar el despacho 64-D-II-AMPARO/2023, número de orden 124/2023, dirigido al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tizimín, Yucatán, el cual se libró para que emplazará a juicio a la parte tercero interesada. Ahora bien, toda vez que hasta la presente fecha no obra constancia alguna agregada en autos de la que se advierta cuál fue el trámite del despacho de referencia; en tal virtud, gírese oficio al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tizimín, Yucatán, y requiérase para que dentro del término de tres días siguientes a que quede debidamente notificado del presente acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional el estado procesal del despacho 64-D-II-AMPARO/2023, número de orden 124/2023, del índice de este Juzgado, o en su caso, de encontrarse diligenciado realice la respectiva devolución, a fin de proveer lo conducente. Haciéndole saber que subsiste el apercibimiento realizado en el referido proveído de cuatro de enero pasado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el correo electrónico enviado por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, con el que informa que ha dictado la sentencia relativa a su cuaderno auxiliar ********************de su índice. Ahora bien, del expediente electrónico se advierte que se encuentra consultable la citada sentencia, gírese atento oficio a las autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, con copia de la sentencia de mérito, para los efectos legales correspondientes. De igual forma notifíquese personalmente la sentencia de mérito a las partes del presente juicio de amparo, así como el contenido del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
En Mérida, Yucatán; siendo las diez horas con veinte minutos del dos de junio de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1205/2023; Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Diego Jezreel Nieto Bianchi, declara abierta la audiencia pública sin asistencia de las partes. Enseguida, se realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo (fojas 2 a 4); el auto admisorio de tres de mayo de dos mil veintitrés (el cual obra agregado en el expediente electrónico); con los informes justificados de las autoridades responsables (promociones 6571 y 6573 que obran en el expediente electrónico); y con el resto de las actuaciones de trámite. Asimismo, el Secretario da cuenta con la promoción presentada físicamente, registrada con el número interno 7861, por medio de la cual el quejoso *******, solicita se emplace a juicio al tercero interesado **********. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Por otro lado, respecto a la solicitud de la parte quejosa, se proveerá lo conducente al momento de dictar sentencia. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el cual se da cuenta al Juez con la documental exhibida por la parte quejosa (fojas 5 y 6) y la allegada por las responsables (expediente electrónico relativo al juicio ejecutivo mercantil 271/2023). El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las que por su naturaleza se tienen por desahogadas; por tanto, se cierra esta fase procesal. Luego, se abre el periodo de alegatos, haciendo constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado no los formuló, ni las demás partes lo hubieran hecho. El Juez: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de que se trata y por precluido el derecho de las demás partes para formularlos; por lo que se cierra dicha fase. A lo anterior el Juez acuerda: se declara cerrada la audiencia constitucional, sin que exista prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordar, por lo que se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1205/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ******, contra el acto que reclama del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado y del Actuario Judicial de su adscripción. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintiocho de abril de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por *****, en la que señaló como autoridades responsables al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado y al Actuario Judicial de su adscripción. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En providencia de tres de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó sus alegatos. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclaman actos de autoridades judiciales, cuyas consecuencias generan afectaciones a una persona tercera extraña al procedimiento; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, sus anexos y el escrito de ampliación de ésta, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS a) Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado Mérida, Yucatán - El auto de exequendo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil *****, por medio de la cual se ordenó el requerimiento de pago y, en su caso embargo, de ******. b) Actuario Judicial adscrito al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado Mérida, Yucatán - La diligencia de veinticuatro de abril de la anualidad, por medio de la cual se dio cumplimiento a lo anterior, en la que -aduce- se embargó el vehículo marca **************. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado (promoción 6571 que obra en el expediente electrónico) y al Actuario Judicial de su adscripción (promoción 6573 del expediente digital), pues si bien negaron su existencia, de las constancias que allegaron a este sumario, se aprecia la emisión del auto reclamado y su diligenciación. Lo que desvirtua dichas negativas y, por ende, ocasiona que se advierta la existencia del acto tildado de inconstitucional. Certeza que se acredita con las documentales digitales allegadas por las responsables, consistentes en el expediente electrónico del juicio ejecutivo mercantil ******; a la que se le concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 197, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda En principio, debe decirse que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para promover el juicio de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. De esa forma, el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se considera que la demanda fue presentada de manera oportuna, pues la demanda fue presentada cuatro días después de que se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y, en su caso, embargo, que se reclama. QUINTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se aprecia que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 5º y al diverso 6°, todos de la Ley de Amparo; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la intelección de los numerales antes transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que el acto o la ley reclamados, causen una afectación real y actual al interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, es el menoscabo en la esfera jurídica de una persona, que no puede ser otra cosa, sino la titularidad que le corresponde en relación con los derechos o posesiones que se estiman transgredidos o, por su especial posición frente al orden jurídico. Dicho de otra forma, el perjuicio referido es la transgresión que una autoridad realiza cuando lesiona directamente la esfera de derechos de un gobernado, ya sea en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la facultad para promover la acción de amparo para protegerlos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 72, Séptima Parte, visible a página 55, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Con base en lo anterior, se desprende que el criterio general al que debe atenderse para la procedencia del juicio constitucional, es la afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso respecto de los derechos sobre los que aduce ser titular o, que por su especial posición frente al orden jurídico causen la pérdida de su disfrute; es decir, que el acto reclamado vulnere de manera directa o indirecta su esfera de derechos. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia I.1o.T. J/38K, que aparece publicada a página 31 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 52, Abril de 1992, del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas." En ese sentido, debe decirse que para intentar la vía constitucional, la parte quejosa debe acreditar la afectación a sus intereses jurídicos con motivo de los actos de autoridad, es decir que resientan un perjuicio por la trasgresión a derechos legítimamente tutelados como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis visible en la comulación de 1988, Primera Parte, página 868, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. De acuerdo con el sistema consignado en la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías, el ejercicio de la acción constitucional esta reservado únicamente a quienes resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia". Cabe acotar que el juzgador de amparo debe verificar si la parte quejosa, para efectos del juicio de garantías, demuestra que tales actos agravian su esfera de derechos, sin que pueda pensarse que las simples manifestaciones que se formulan en la demanda de amparo satisfacen dicho requisito. Sirve de sustento, por analogía, la jurisprudencia I.1o.T.J/59, de octubre de dos mil ocho, consultable a página 2180, del Semanario Judicial de la Federación, Cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA. FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO. Cuando en el laudo impugnado no existe condena alguna en contra del promovente del juicio de garantías, es claro que no se afecta su interés jurídico, por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." De esa forma, la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, conforme al cual, el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. En el caso concreto, la parte quejosa comparece al presente juicio como persona tercera extraña al procedimiento de origen y reclama el auto de exequendo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil ******, así como su diligenciación de veinticuatro de abril siguiente, en la que -aduce- se embargó el vehículo marca *****************. Sin embargo, dichos actos no le causan perjuicio alguno a sus prerrogativas constitucionales, pues, además de que el quejoso no es parte formal en el juicio de origen, lo cierto es que de las constancias que allegó el juez responsable, no se aprecia que se haya embargo del vehículo automotor que refiere de su propiedad. Por ende, si la parte quejosa no es parte formal en el juicio de origen, por regla general, sus actuaciones no le causan perjuicio alguno. Aunado a que no existe en el juicio natural actuación alguna de la que se advierta que se le pretende privar o se le privó del automotor que en esta vía defiende. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que obste a lo anterior que no se haya emplazado al presente juicio al tercero interesado **********, pues el sentido de la presente determinación no le depara agravio alguno. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 81/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 1223 y registro: 2017707, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********, contra los actos de las autoridades responsables, por el motivo expuesto en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. (....)
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