Servicio Dental de la Peninsula, S.C.P.

Expediente 683/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
683/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Servicio Dental de la Peninsula, S.C.P.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios signados por el Secretario de Acuerdos de Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente expediente, con el que se formó el toca 440/2023. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por ********************, Administrador Único de la persona moral quejosa ********************, contra la sentencia firmada el dieciséis de junio dos mil veintitrés por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad: 1. El expediente físico del juicio de amparo 683/2023. 2. El escrito de revisión y de expresión de agravios. 3. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Fórmese el cuaderno de antecedentes, a fin de que se siga actuando en el mismo. En otro orden, agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad mediante el cual informa que otorgó el acceso al expediente electrónico solicitado en auto de diez de julio de los presentes. En atención al contenido del oficio en comento, hágase del conocimiento al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, a fin que proceda a efectuar vinculación pertinente el expediente electrónico en comento. CÚMPLASE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito presentado físicamente por ********************, Administrador Único de la persona moral quejosa ******************** mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia firmada el dieciséis de junio del año en curso por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz; en los autos del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el referido escrito de expresión de agravios, la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, un legajo consistente en un disco en formato DVD remitido para el trámite del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar En relación a lo anterior, y vista la certificación secretarial que a antecede, de la que se advierte que el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés se tuvo por recibido el expediente de amparo 2467/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán y este Juzgado Federal se avocó a su conocimiento. Ello, en cumplimiento al punto de acuerdo 219/2022 relativo a la Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán. Ya que se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En consecuencia, mediante atento oficio que para tal efecto se gire, solicítese a la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, a efecto de que de no existir inconveniente alguno autorice el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 2467/2022, de su índice, a fin de que este Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, se encuentren en aptitud de tener la visualización de todas las actuaciones y constancias electrónicas del citado juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 127/2023 suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, con el que informa que ya obra la sentencia dictada la cual es consultable de manera electrónica con el número ******************** del índice del citado Juzgado Auxiliar. Por lo tanto, gírese atento oficio a las autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, con copia de la sentencia de mérito, para los efectos legales correspondientes. De igual forma notifíquese personalmente la sentencia de mérito a las partes del presente juicio de amparo, así como el contenido del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. XALAPA, VERACRUZ, A DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 683/2023-III, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por *****, Sociedad Civil Particular, por conducto de su apoderada *****, contra el acto del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por considerarlo violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, *******, Sociedad Civil Particular, por conducto de su apoderada ******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguientes: (.) C O N S I D E R A N D O: (.) SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, se precisa el acto reclamado. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable y de las demás constancias electrónicas que integran el juicio de amparo, se advierte que ****, Sociedad Civil Particular, por conducto de su apoderada ***, reclama: Del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida: El auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictado en los medios preparatorios a juicio oral mercantil **/2022, en el que se determinó imponer a la aquí quejosa una multa por la cantidad $5,000.00 (cinco mil pesos, 00/100, moneda nacional), por no comparecer a la diligencia de exhibición de documentos ordenado el once de agosto del mismo año. (.) QUINTO. Al no advertirse de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia o que las partes hagan valer, se procede al estudio de los conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y debido a que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción; aunado a que no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. (.) SEXTO. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación. Para un mejor análisis del presente asunto, en primer lugar, conviene citar los antecedentes del acto reclamado, derivados del expediente electrónico **/2022, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida: (.) Ahora bien, la parte quejosa, en el primer concepto de violación, asevera lo siguiente: a) Se le solicita la exhibición de diversos documentos, respecto de los cuales la autoridad responsable no tomó en consideración que la solicitante de los medios preparatorios a juicio carece de interés jurídico para realizar dichas solicitudes, dado que no se adecúa a los supuestos que establece el artículo 1151 del Código de Comercio. b) La autoridad responsable no realizó un estudio de procedencia de las solicitudes de la promovente de los medios preparatorios a juicio y la deja en estado de indefensión, realizando actos de molestia contrarios a derecho. c) No tomó en cuenta todos los elementos de procedibilidad para exigir la aportación de los documentos que le fueron solicitados, esto es, sin acreditar la calidad con la que compareció la solicitante de los medios preparatorios a juicio o el interés jurídico que lo justificara, como lo es ser socio o condueño; la responsable tampoco se ocupó de relacionar si la documentación solicitada reviste algún valor probatorio de presunciones a su favor, y de no encontrarlo ajustado a derecho prevenir, y en caso de no acreditarlo, desecharla, declarándola improcedente, aunado a que no se encuentra debidamente fundado y motivado lo relativo a los elementos de la procedibilidad de la solicitud. En el segundo concepto de violación la parte quejosa refiere que es indebida la multa impuesta, al justificarla con base en que su representada no se presentó a la diligencia por medio de quien la representara, pues dentro de sus facultades, con el poder respectivo compareció ante su representación, por medio de memorial haciendo diversas manifestaciones e informando la imposibilidad de exhibir los documentos, por lo que no debió imponerse la multa, sin haber reconocido su comparecencia. En el tercer concepto de violación, la justiciable expresa que se dejó de examinar si los documentos requeridos no fueron susceptibles de ser solicitados por la parte promovente de los medios preparatorios a juicio, ya que a ella le correspondía allegarse de los elementos de prueba que considerara para ejercitar su acción y, de manera excepcional, que no pudieran ser entregados por las instituciones respectivas, pues debió acreditar su solicitud y no directamente solicitar un requerimiento por parte de la autoridad. Al respecto, es necesario tener en cuenta el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6, el cual en lo que interesa prevé el derecho de audiencia previa (debido proceso), que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades de, previamente al dictado de un acto de privación, cumplir con una serie de formalidades esenciales del procedimiento, necesarias para oír en defensa a los afectados. Estas formalidades esenciales del procedimiento, a las que se unen, además, el diverso derecho fundamental de legalidad contenido en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, y son los que resultan necesarios para garantizar la defensa adecuada de los particulares antes del acto de privación, de tal forma que el acto de autoridad que los agravia no se dicte de un modo arbitrario ni anárquico, sino por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que lo rige. En efecto, el artículo 16 de la Carta Magna, en su primer párrafo7, establece que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado. Fundar consiste en expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y motivar es señalar, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Una vez verificado que éste fue fundado y motivado (aspecto formal de la garantía consignada en el artículo 16 constitucional) procede examinar la adecuada o debida fundamentación y motivación (aspecto material del referido derecho constitucional) de tal acto; es decir, procede determinar si existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas (si se configuran las hipótesis normativas), requisitos indispensables para que los actos de imperio cumplan con los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en el mencionado precepto constitucional. Cabe mencionar, que las resoluciones cumplen con la garantía de que se trata cuando los argumentos que las soportan son jurídicos, esto es, cuando se encuentran apegados a la ley y, por ende, resuelven con acierto el conflicto; del mismo modo, las resoluciones deben cumplir con el derecho fundamental de audiencia o debido proceso, previsto en el artículo 14 constitucional, el cual se traduce, en este caso, en que la resolución emitida por un órgano jurisdiccional debe contener el análisis congruente y exhaustivo de los puntos expuestos a su consideración. Cumpliéndose con lo expuesto en los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. (.) En relación con las medidas de apremio - definidas como el conjunto de instrumentos jurídicos que el Juez o tribunal puede emplear a fin de hacer cumplir sus resoluciones-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que para que sea legal su aplicación, la autoridad debe emitir su mandamiento conteniendo un apercibimiento, entendida esta figura jurídica como una prevención especial hacia la persona a quien va dirigido, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, concretándose en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento. Mandamiento que debe producirse en los términos y bajo las condiciones establecidas por los referidos principios de legalidad y seguridad jurídica, a fin de que el gobernado tenga la certeza de que dicho acto está conforme con las disposiciones legales aplicables y las atribuciones de la autoridad respectiva. Con base en esas consideraciones, se determinó que tal clase de mandamientos deben reunir los siguientes requisitos mínimos: a.La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio. b.La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. Lo hasta aquí expuesto se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia, con datos de identificación, rubro y texto, siguientes: "Registro digital: 1012987. Instancia: Primera Sala. Novena Época. Materias(s): Civil. Tesis: 388. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Primera Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 2 - Adjetivo, página 398. Tipo: Jurisprudencia. MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). (.) Por otra parte, los artículos 1158 y 1067 Bis, fracción II, del Código de Comercio, dicen: "Artículo 1158. El juez podrá utilizar sin limitación de ninguna especie, toda clase de apercibimientos de los que permite la ley para hacer cumplir las determinaciones que dicte en toda clase de medios preparatorios a juicio." "Artículo 1067 Bis. Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala: .II. Multa hasta de $9,088.39, monto que se actualizará en términos del artículo 1253, fracción VI.". De los numerales transcritos, se advierte que, en los medios preparatorios a juicio, los jueces, podrán utilizar sin limitación de ninguna especia, toda clase de apercibimientos, y emplear las medidas de apremio como herramientas para hacer cumplir sus determinaciones, como en la especie destaca la multa de hasta de $9,088.39 (nueve mil ochenta y ocho pesos, 39/100, moneda nacional). Lo que revela lo infundado de lo expuesto en el segundo concepto de violación en relación a que la multa fue indebidamente impuesta, pues el juez responsable en acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós requirió a la persona moral, ahora quejosa, para el efecto de que compareciera por conducto de quien legalmente la representara a las doce horas del seis de septiembre de dos mil veintidós, con el documento que así lo acreditara, identificación oficial vigente, y exhibiera los documentos solicitados por la promovente de los medios preparatorios a juicio, bajo apercibimiento que de no cumplir, se le impondría una multa de $5,000.00 (cinco mil pesos, 00/100, moneda nacional), de conformidad con el artículo 1067 bis, fracción II, del Código de Comercio. Además, la quejosa tuvo pleno conocimiento del requerimiento formulado por la autoridad responsable el once de agosto de dos mil veintidós, ya que la quejosa fue notificada personalmente en diligencia de doce de agosto siguiente, practicada por el actuario judicial del juzgado responsable, incluso *****, apoderada de la persona moral, ahora quejosa, compareció el seis de septiembre de dos mil veintidós, y se opuso al requerimiento formulado por la autoridad responsable en el mencionado acuerdo, de manera que no existe duda respecto a la contumacia de la parte quejosa, dado que si bien es cierto compareció mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común, con residencia en Mérida Yucatán, por conducto de *****, apoderada de la persona moral, y copia de su credencial de elector y poder notarial, también es verdad que no se aprecia que compareciera de manera personal a la audiencia a la que fue citado a exhibir la documentación que le fue requerida, por lo que estuvo en posibilidad de cumplir con el mandamiento del juez responsable y no lo hizo, ni justificó su actitud omisiva ante la autoridad requirente. Es por ello que, se afirma, no le asiste la razón a la parte quejosa al alegar que existe una indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, pues previo a imponer la multa, la autoridad responsable apercibió a la quejosa para que en caso de incumplimiento se le impondría multa por la cantidad antes citada, y teniendo debido conocimiento del requerimiento que se le formuló, no cumplió ni justificó su omisión, por lo que el juez responsable estuvo en lo correcto al hacer efectivo en su contra el apercibimiento previamente decretado. Aunado a ello, la responsable acertadamente señaló el artículo 1067 bis, fracción II, del Código de Comercio, para hacer cumplir sus determinaciones, dotándola de las medidas de apremio necesarias para tal efecto, esto es, basta imponerse del contenido del acto reclamado para advertir que la responsable sí fundó y motivó su proceder, es decir, expuso las razones particulares y causas especiales tomadas en consideración para resolver en la forma en que lo hizo. Lo anterior, permite concluir que, en el caso sí se cumplieron los extremos del artículo 16 constitucional, pues la determinación impugnada, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, sí se encuentra fundada y motivada debidamente y cumplió con las formalidades de ley para la correcta imposición de la medida de apremio. Ciertamente, la multa impuesta a la peticionaria del amparo, es consecuencia directa e inmediata del incumplimiento en que incurrió ante un requerimiento judicial, sin que existiera la necesidad de individualizarla ya que como el propio artículo 1067 bis fracción II, del Código de Comercio señala, el juez puede imponer multa de hasta de $9,088.39 (nueve mil ochenta y ocho pesos, 39/100, moneda nacional), y en el caso únicamente impuso como sanción la cantidad $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, moneda nacional). Lo que no resulta desproporcional, si se considera que, ante la contumacia reiterada de la justiciable, en diversos acuerdos de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y once de agosto del mismo año, se le impusieron diversas multas por las cantidades de $1,000.00 (mil pesos, 00/100, moneda nacional), $2,000.00 (dos mil pesos, 00/100, moneda nacional), y $4,000.00 (cuatro mil pesos, 00/100, moneda nacional), de manera que, la multa impuesta en el acto reclamado obedece a que con anterioridad ya se habían impuesto multas por cantidades inferiores. También es infundado lo expuesto en el segundo concepto de violación, en torno a que la autoridad responsable no tomó en consideración que sí compareció, mediante memorial con poder respectivo, y realizó diversas manifestaciones e informó el motivo de imposibilidad para exhibir los documentos requeridos. Lo anterior es así, toda vez que, en el propio acuerdo reclamado, la autoridad responsable sí tomó en consideración el escrito mediante el cual la justiciable se opuso nuevamente al requerimiento planteado en autos y, al respecto sostuvo que no era procedente dicha objeción por haber sido materia de un incidente planteado con anterioridad, el cual resultó improcedente. Consideración atinada de la autoridad responsable, si se considera que en resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se decretó improcedente el estudio de la oposición a los medios preparatorios a juicio, promovido por la ahora quejosa, de ahí que el hecho de que se opusiera nuevamente a la exhibición de los documentos solicitados el once de agosto de dos mil veintidós, no justifica su contumacia para exhibir tales documentos en razón de que dicha inconformidad ya había sido resuelta como improcedente en determinación que adquirió firmeza. Lo que revela el incumplimiento de la justiciable. Por otra parte, los argumentos expuestos bajo los conceptos de violación primero y tercero son inoperantes, en virtud de que no combaten las consideraciones del acto reclamado. En efecto, tales motivos de inconformidad no controvierten las razones por las cuales la autoridad responsable determinó imponer una multa en contra de la parte quejosa por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, 00/100, moneda nacional), esto es, no atacó las consideraciones en que se basó la autoridad responsable, como es: comparecer por conducto de quien legalmente la representara a la diligencia de exhibición de documentos, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de once de agosto de dos mil veintidós, e impuso una multa de $5,000.00 (cinco mil pesos, 00/100, moneda nacional), de conformidad con el artículo 1067 bis, fracción II del Código de Comercio. En efecto, la parte quejosa con tales conceptos de violación únicamente se limitó a exponer argumentos a fin de poner de manifiesto su oposición a la solicitud de documentos que, constituye la materia de los medios preparatorios a juicio que dieron origen al acto reclamado y, por ende, su intención era evidenciar la improcedencia de la solicitud realizada por la promovente de los medios preparatorios a juicio. Sin embargo, como ya se dijo anteriormente, dicha oposición ya había sido resuelta por la autoridad responsable en diversa resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la que se decretó improcedente el estudio de la oposición a los medios preparatorios a juicio, promovida por la ahora quejosa. De tal manera que, la justiciable con tales argumentos no controvirtió el argumento toral de la autoridad responsable, en el sentido de que no dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, pues para ello debía justificar que sí compareció a la audiencia a las doce horas del seis de septiembre de dos mil veintidós, y que exhibió los documentos solicitados por la promovente de los medios preparatorios a juicio, aunado a que, tampoco sostuvo nada respecto del apercibimiento que le fue formulado, lo que deriva en inoperancia de los citados conceptos de violación. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con datos de identificación, rubro y texto, siguientes: "Registro digital: 1003699. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Materias(s): Civil. Tesis: 1820. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 2068. Tipo: Jurisprudencia. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. (.) En tales condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se esté en uno de los supuestos de suplencia de la queja deficiente en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Finalmente, cabe precisar que los criterios citados a lo largo de esta sentencia son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. (.) or lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ****, Sociedad Civil Particular, por conducto de su apoderada ******, en el juicio de amparo 683/2023-III del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, contra el acto y la autoridad señalados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el diverso considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta resolución. TERCERO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 298/2023-I de este juzgado. CÚMPLASE.

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