Sergio Andres Cupul Sabido
Expediente 1125/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Sergio Andres Cupul Sabido
- Juzgado Tercero Mixto de lo Civil Y Familiar del Primer Departamento Judicial En Motul
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Finalmente, toda vez que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado el legajo que remitió la autoridad responsable consistente en las copias certificada del juicio ejecutivo mercantil 469/2019 correspondiente al Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, en apoyo a su informe de ley; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dichas constancias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario hace constar que se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones y CERTIFICA: que no se encuentra promoción pendiente de acordar; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo y su ampliación, el auto de admisión de ambos, el informe con justificación rendido por las responsables; además, se emplazó a ******, a quien se le reconoció el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con la documental que anexó el quejoso a la demanda, consistente en la impresión del historial registral del folio electrónico del predio *****; la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones. Igualmente, el Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, remitió fotocopia certificada del juicio ejecutivo mercantil ****, con la cual se formó el LEGAJO I. Además, al comparecer a juicio, el tercero interesado ******** ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto y copia simpe de las constancias de notificación de dieciocho de junio de dos mil veintiuno y veintisiete de abril de dos mil veintidós. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que el tercero interesado los formuló, y el Agente del Ministerio Público de la Federación presentó pedimento. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al Ministerio Público formulando pedimento, pero las manifestaciones que realizó no serán analizadas toda vez que constituyen una opinión la materia del amparo, las cuales no forman parte de la Litis constitucional que se integra con los conceptos de violación y el acto reclamado; aunado a que no se invocó alguna causa de improcedencia. Por otra parte, se tiene al tercero interesado formulando alegatos, cuyo contenido será tomando en consideración al dictar sentencia. Finalmente, no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1125/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por Sergio Andrés Cupul Sabido, contra actos de la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El trece de abril de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por *****, contra los actos reclamados al Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y otras autoridades, consistentes en el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, y sus consecuencias, consistentes en el embargo de un bien inmueble SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se formó expediente 1125/2023, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien presentó alegato ministerial, y a ***** tercero interesado. Además, la parte quejosa amplió la demanda respecto de los actos reclamados al Actuario; se recibieron los informes con justificación. Finalmente con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Así, este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Actuario adscrito Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Motul, Yucatán El emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ******, promovido por ******, por conducto de su endosatario en procuración; todo lo actuado en él, incluido el embargo del predio localizado en la calle ********, municipio de Motul, Yucatán, con número de folio electrónico *****. Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Mérida La ejecución del orden de embargo. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado En su informe con justificación, el Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, realiza manifestaciones que evidencian su existencia, dado que reconoce que conoce del juicio ejecutivo mercantil promovido en contra del quejoso, en donde incluso se ha dictado sentencia; de ahí que deban tenerse por ciertos los actos reclamados. Por su parte, el Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, manifestó que no era cierto el acto reclamado, sin embargo, de las constancias que remitió el Juez responsable, se advierte que en el juicio natural se realizó la diligencia de emplazamiento cuestionada. La certeza de los actos se corrobora con la fotocopia certificada del juicio natural, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. Igualmente, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán al rendir su informe justificado, manifestó que era cierto el acto reclamado, toda vez que, existe una inscripción de embargo derivada del juicio ejecutivo mercantil ****, en el inmueble con número de folio electrónico ***. CUARTO. Hipótesis de procedencia del juicio de amparo La procedencia del presente asunto tiene su fundamento en el supuesto previsto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio de origen. El juicio de amparo indirecto procede en contra de cualquier acto de autoridad, que se ubique en alguno de las hipótesis previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo, cuyo contenido reglamenta las fracción III, inciso b) y c), y VII de la Constitución Federal. Entre los supuestos de procedencia, se encuentra el amparo contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Respecto al supuesto de procedencia citado, el Pleno del Máximo Tribunal en la jurisprudencia consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, tesis P./J. 7/98, página 56, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE" definió el concepto de persona extraña, la cual en principio, es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas [persona extraña natural), quedando incluida en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente (persona extraña por equiparación). En el presente asunto, la quejosa reclama que el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil fue ilegal, ya que no cumplió con los requisitos que establece la legislación mercantil; es decir, se ostenta como tercera extraña por equiparación; consecuentemente, la hipótesis de procedencia del juicio constitucional es la descrita en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado A fin de contextualizar el origen del acto reclamado, enseguida se destacan las atracones relevantes del juicio de origen: Demanda. El Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, recibió la demanda promovida por el ****, por conducto de su endosatario en procuración ******, de quienes demandó en la vía ejecutiva mercantil el pago de una suma de dinero derivada de la suscripción de un título de crédito (pagaré). Admisión. En auto de quince de julio de dos mil diecinueve, el Juez responsable la registró con el número de expediente ***, y la admitió a trámite Emplazamiento. Mediante diligencias de veintinueve y treinta de septiembre de dos mil veinte, se desahogó el auto de exequendo, en el que se emplazó a juicio a *****. El llamamiento a juicio se entendió con *******, quien dijo ser hija del demandado. Sentencia. En la secuela procesal, la parte actora se desistió de la acción ejercida en contra de ****, continuándose el juicio únicamente respecto de ********, el cual fue declarado en rebeldía. El doce de febrero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia condenatoria. Ejecución de sentencia. En auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, el Juez Mercantil ordenó la notificación personal de la parte demandada, pues se dejó de actuar por más de seis meses. En diligencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el Actuario notificó personalmente a ******* la determinación antes referida, diligencia que se entendió directamente con el demandado, quien se identificó con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SEXTO. Causas de improcedencia Una vez determinado el supuesto de procedencia del artículo 107 de la Ley de Amparo, la autoridad estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En el caso que se analiza, la acción de amparo se ejerció fuera del plazo de quince días, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Es decir, el juicio de amparo será improcedente cuando se presente la demanda en forma extemporánea, esto es, fuera de los plazos que alude la ley de la materia. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para promover el juicio de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; (3) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Los supuestos descritos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición del quejoso respecto del acto que reclama, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Una vez expuesta la configuración de la causa de improcedencia, a continuación, se demostrará su constatación en el juicio que se resuelve. En primer término, se destaca que lo que aquí se reclama, es el emplazamiento a juicio, y todo lo actuado en él, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora, para el cómputo del aludido plazo debe considerarse la segunda hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. Al respecto, es importante destacar que el vocablo conocimiento utilizado por el legislador se refiere al momento en que la persona perjudicada por un acto de autoridad, tiene noticia de los actos dirigidos en su contra; sin dejar de olvidar que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de amparo, será aquel que conste probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Razón por la que el conocimiento del acto deberá ser de manera directa, exacta y completa, es decir, deberá otorgar a la persona perjudicada la posibilidad de que pueda impugnar el acto de autoridad en la vía amparo, para lo cual es indispensable contar con los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios de que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de información para poder hacerlo. lustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese panorama, en el juicio que se resuelve, el suscrito considera la parte quejosa estuvo en aptitud de ejercer la acción constitucional desde el veintisiete de abril de dos mil veintidós, ya que a partir esa fecha existe registro fehaciente de que conoció plenamente la existencia del juicio ejecutivo mercantil seguido en su contra. Así se considera, pues en esa fecha el actuario adscrito al Juzgado natural notificó personalmente al quejoso el auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, a través del cual se informó de la reanudando del procedimiento, ya que se había dejado de actuar por más de seis meses. Además, se advierte que en esa diligencia el notificador entregó el instructivo en el que consta el número de expediente, tipo de juicio, el nombre de la persona que lo promueve, la parte demandada y el auto que se notificó. Dicha actuación, que no fue contradicha ni desvirtuada por la quejosa, es suficiente para vincularla al conocimiento del juicio del cual deriva el emplazamiento reclamado, pues es una actuación en la que se asentó haberse entendido directamente con el impetrante, que contiene información suficiente para conocer de la existencia del juicio al cual afirma no haber sido llamado. Diligencia que al no haber sido impugnada en cuanto a su legalidad, hace prueba plena por tratarse de un documento emitido por una autoridad dotada de fe pública, en el ejercicio de sus funciones. Bajo esta perspectiva, es inconcuso que el impetrante tuvo pleno conocimiento del juicio de donde emana el acto reclamado desde el veintisiete de abril de dos mil veintidós, porque el notificador entendió directamente con el demandado (quejoso) la diligencia ordenada en el sumario, por lo que si ejercicio la acción constitucional hasta el trece de abril de dos mil veintitrés, es notorio que lo hizo fuera del plazo legal. Sirve de apoyo a lo expuesto, mediante la aplicación extensiva de las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 55/98, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada". En tal virtud, si existe una constancia que hace prueba contra la quejosa, para establecer que tuvo pleno conocimiento del juicio de donde emanan los actos reclamados, al menos desde el veintisiete de abril de dos mil veintidós, es concluyente que, a partir de esa fecha, la impetrante contaba con el término genérico de quince días para promover el juicio de amparo, lo cual no hizo, ya que presentó la demanda hasta el trece de abril de dos mil veintitrés. Máxime que la impetrante no impugnó la notificación de veintisiete de abril de dos mil veintidós, a pesar de que se le dio vista a las partes con el informe rendido por el juez responsable, y se hizo constar en el auto la formación del anexo. Lo anterior, porque si bien la quejosa fue notificada como parte formal dentro del controvertido de origen (demandada), y con motivo de ello tuvo conocimiento de la existencia del mismo, ésta no pierde su calidad de tercera extraña a juicio por equiparación por ese motivo, toda vez que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, es decir, la aquí quejosa ya no estaría en condiciones de comparecer al mismo para impugnar el ilegal emplazamiento a juicio -acto reclamado-, de ahí que, tal como se precisó en el párrafo inmediato anterior, se actualiza para el efecto de computar el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo el segundo supuesto previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. El sobreseimiento se hace extensivo respecto de las consecuencias del emplazamiento, y los actos de reclamados a las autoridades responsables ejecutoras, toda vez que no se atribuyen vicios propios, sino que son reclamados como resultado del emplazamiento al juicio natural, y la participación de las ejecutoras se hace depender de los actos atribuidos a la ordenadora. Sustenta lo anterior la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******, contra los actos reclamados al Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y otras autoridades, consistentes en el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, y sus consecuencias, consistentes en el embargo de un bien inmueble, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, en relación con la vista dada en proveído de veintiocho de agosto del año en curso, con informe justificado relativo a la ampliación de la demanda, rendido por el Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado.****************************************En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.****************************************Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito presentado por la parte quejosa ********************, por medio del cual realiza diversas manifestaciones y ofrece pruebas.********************En atención al contenido del mismo, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la prueba documental adjunta a su escrito de cuenta, y por hechas las manifestaciones en vía de alegatos, para que sean relacionados al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa, los cuales se tomarán en consideración al momento de emitir la sentencia correspondiente.****************************************Sin que sea necesario requerir a la autoridad responsable las constancias a que hace referencia en su escrito, toda vez que de una revisión de autos se advierte que las mismas obran en el expediente en que se actúa. ****************************************NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos del "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad; toda vez que ya obra en autos la pieza postal requerida. CÚMPLASE.
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