Sergio Vera Dominguez
Expediente 1536/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1536/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Sergio Vera Dominguez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME POR NO PRESENTADA. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de diez de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada ley, se declara que el expresado acuerdo en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se tuvo por no presentada la demanda de amparo; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción II. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible el presente expediente, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE ORIGINAL. Es destruible conforme el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como las constancias que obran en el presente expediente se advierte lo siguiente: ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO 813/2023 DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. La demanda de amparo fue promovida el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés inicialmente por ********************, a favor del directo quejoso Ermilo Javier********************, con motivo de los actos reclamados a los Jueces de Control adscritos al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, y otras autoridades, consistentes en la incomunicación, privación de la libertad fuera de procedimiento, retención, orden de aprehensión, detención, cateo, comparecencia, así como tortura y tratos inhumanos contra el citado******************** y su ejecución. Al estimarse que la demanda de amparo se encontraba en los supuestos de urgencia que establece el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, se radicó y se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados consistentes en incomunicación y malos tratos, reservando el trámite respecto de los diversos actos reclamados (orden de retención, orden de aprehensión, detención, cateo, comparecencia, dictadas en su contra) hasta en tanto el directo quejoso ratificara la demanda. Previa diligencia de ratificación, en acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés se levantó la reserva citada en el punto que antecede, y se admitió a trámite la demanda por todos los actos señalados en el escrito inicial. Ahora bien, de los informes rendidos por las autoridades responsables, específicamente la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, se aprecia que admitió la existencia de una orden de reaprehensión girada el siete de febrero del año en curso en los autos de la causa penal ******************** (antes ******************** del extinto Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado), así como la existencia de la diversa orden de cateo. Lo anterior, derivado del incumplimiento por parte del directo quejoso de exhibir la garantía económica que le fue fijada por la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Asimismo, se advierte que la ejecución de las citadas órdenes de reaprehensión y de cateo, implicó que el quejoso sea privado de su libertad. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que de las constancias que integran el legajo IX (fojas 3705 a 3711) relativas a la causa penal ******************** del índice del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Poder Judicial del Estado), así como de las constancias que integran el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 1541/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad (las cuales se tienen a la vista con motivo del acceso otorgado por el homólogo federal), que dicho asunto fue promovido por el aquí quejoso contra actos de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en el que reclamó, la parte conducente de la resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno dictada en seis de agosto de dos mil veintiuno en el toca ******************** del índice de la autoridad responsable en la que se fijó una garantía económica para que continuara surtiendo efectos la medida cautelar que le fue otorgada. Asimismo, se aprecia la existencia del diverso juicio de amparo ******************** también radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, promovido por el aquí quejoso contra la resolución de segunda instancia de doce de julio de dos mil veintiuno; modificó resolución de referencia de primera instancia (catorce de junio de dos mil diecinueve) en autos de la causa penal ******************** (antes ******************** del extinto Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado), determinando una nueva cantidad para que sea exhibida como garantía por parte del citado********************. Ahora bien, resulta pertinente establecer los antecedentes del acto reclamado en este juicio de amparo, los cuales se relacionan a continuación: El catorce de junio de dos mil diecinueve el entonces Titular del Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, resolvió el incidente de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva promovido por el aquí quejoso Ermilo Javier********************, en los autos de la entonces causa penal ******************** (ahora causa penal ******************** del índice del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado), como probable responsable del delito de fraude, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 324, fracción IV del Código Penal del Estado, querellado por ********************, en la que entre otras cosas, determinó modificar la medida cautelar e impuso la exhibición de garantía económica, la duraría todo el tiempo que dure el proceso. El seis de agosto de dos mil veintiuno la entonces Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a la ejecutoria federal dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán en los autos del juicio de amparo ******************** de su índice, promovido por el aquí quejoso, contra la resolución de segunda instancia de doce de julio; modificó resolución de referencia de primera instancia (catorce de junio de dos mil diecinueve), determinando una nueva cantidad para que sea exhibida como garantía por parte del citado********************. Inconforme con la referida sentencia de seis de agosto de dos mil veintiuno, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el defensor particular del aquí quejoso promovió juicio de amparo, el cual fue radicado con el número ******************** ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno el homólogo federal en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ******************** negó la suspensión definitiva en contra del acto reclamado (resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno). En contra de la citada resolución interlocutoria el quejoso******************** interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, correspondiéndole el número de toca ********************. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia en los autos del juicio de amparo ********************, en la cual el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán negó el amparo en contra de la resolución de segunda instancia de seis de agosto de dos mil veintiuno. Inconforme con dicho fallo, el aquí quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue registrado con el número de toca ******************** del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós el aludido Tribunal de Alzada resolvió el incidente en revisión ******************** a que se hizo referencia en el punto cinco, en la que se determinó confirmar la interlocutoria sujeta a revisión y negar la suspensión definitiva solicitada por Ermilo Javier********************. Con motivo de lo anterior, el siete de febrero de dos mil veintitrés la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, giró orden de reaprehensión en contra del aludido********************, al haber transcurrido ocho meses desde la resolución emitida en el incidente en revisión ******************** a la citada fecha, al no haber exhibido la garantía económica que le fue impuesta como medida cautelar. Siendo esta última resolución la que en esencia se reclama en este juicio de amparo, pues es en ella en la que se giró orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso. De lo anterior, resulta evidente que el acto aquí reclamado consistente en la privación de la libertad del quejoso Ermilo Javier********************, llevado a cabo con motivo de la orden de reaprehensión girada en los autos de la causa penal ******************** (antes ******************** del extinto Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado), al no haber exhibido la garantía económica que le fue impuesta como medida cautelar. Garantía económica que ya fue analizada y estudiada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán en los juicios de amparo ******************** y ******************** de su índice, tal y como se precisó en párrafos anteriores. En ese sentido, se estima que a quien le corresponde conocer del presente asunto, por razón de turno, es al indicado Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Lo anterior, en virtud de que el presente asunto se ubica en el supuesto previsto por los artículos 45, fracción II, 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el Sistema de Recepción, Registro y Turno de Asuntos; y las Consultas de Turno, que disponen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: (.) II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Tratándose de concentraciones de procedimientos, exclusiones de turno, turnos a órganos jurisdiccionales de guardia, y todos aquellos que no tengan relación con las fracciones I y II del presente artículo, el turno se realizará de manera automática, a través del sistema, a los órganos jurisdiccionales que corresponda, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables o la determinación del órgano competente." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos." De la interpretación literal de los citados numerales, en lo que aquí interesa, se advierte que en los juicio de amparo en los que los actos reclamados se encuentren relacionados con motivo de que derivan del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, SE TURNARÁN AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE TENGA EL ÚLTIMO JUICIO DE AMPARO REGISTRADO EN EL SISTEMA EN RELACIÓN CON ESOS ASUNTOS. Sin que para ello sea relevante el sentido de la sentencia que ahí se dictó, ya que la fracción II, del artículo 46 antes indicado, no lo refiere como requisito para ello, pues únicamente indica que el criterio de relación se basa en que un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos. Por ende, el registro a que hace referencia esa porción normativa, se refiere tanto a la hipótesis de que el órgano haya realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el juicio o procedimiento de origen, con el fin de utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias, o bien, cuando se trata de aprovechar el conocimiento previo acerca de los antecedentes del expediente respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.2 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, visible a página 3342, con número de registro digital 2016445, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL TURNO DE LOS ASUNTOS. El acuerdo general mencionado, fue modificado, entre otros, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, el cual retomó el contenido del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, modificado por el diverso Acuerdo General 48/2008, en el que se instauró el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las oficinas de correspondencia común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 46 del acuerdo citado en primer término, entre ellos, el que refiere su fracción III, respecto de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo al que tenga el antecedente del que deriva, conocido por cualquier vía, con la única excepción de que se trate de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Por otra parte, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un asunto relacionado a un diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio, relativo a utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de sentencias contradictorias, sino que implica, además, aprovechar ese conocimiento previo, por haber conocido de otro acto relacionado o vinculado, de manera general o específica, que constituye el antecedente o hecho común que dio origen al acto impugnado correspondiente, que implica un conocimiento previo. En ese sentido, en términos del artículo 46, fracción III, indicado, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin excepción o límite a su aplicación, salvo la prevista en la parte final de la fracción III referida, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos. Lo anterior toda vez que, se itera, la finalidad del returno se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional, ya sea por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; o bien, cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo.". Bajo ese contexto, es evidente que quien tiene el último antecedente del asunto, es el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, de manera que, por la relación que guarda, el conocimiento por razón de turno le corresponde precisamente al Juzgado Federal indicado y no a este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se actualiza la regla prevista por la fracción II, del artículo 46, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, a quien le corresponde, por razón de turno, conocer del presente asunto, es al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. En ese sentido, remítanse los autos de este expediente, el legajo así como los nueve legajos formados con motivo de la tramitación de este juicio, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, para que a su vez lo remita a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, en caso de que decida si se avoca o no al conocimiento del presente asunto, solicitando se sirva informar la determinación que adopte. En mérito de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para el día de hoy veintiséis de junio de dos mil veintitrés a las diez horas con cincuenta minutos. Finalmente, agréguese a los presentes autos el oficio 5972/2023 remitido por la Actuaria y el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informan que fue admitido el recurso de queja interpuesto por la parte tercero interesada por conducto de su autorizado en términos amplios, contra el auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, formándose el toca ********************. En consecuencia, mediante atento oficio que para tal efecto se gire, infórmese la presente determinación al citado Tribunal de Alzada, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
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