Sergio Fernando Chablé Herrera
Expediente 1973/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1973/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Sergio Fernando Chablé Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: ".A. La Junta responsable dicte las medidas necesarias para el efecto de acreditar que el Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, recibió el oficio 2202/2023 de veinticinco de septiembre de año en curso. B. El Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, emita una contestación al referido oficio en la que se pronuncie respecto la solicitud de perito médico que le fue hecha, y lo haga del conocimiento de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad." En tal virtud, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a las responsables, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se les conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 1973/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ******************** apoderado de ********************, contra los acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, y; (...) SEXTO. Estudio de constitucionalidad de los actos reclamados En el estudio del presente asunto, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Además, en el particular, el accionante del amparo es la parte trabajadora en el juicio laboral de origen, por lo que el estudio de los motivos de disenso podrán ser suplidos en su deficiencia, acorde a lo que establece la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. La parte quejosa de amparo arguye que la Junta responsable vulnera el derecho de pronta impartición de justicia, ya que ha paralizado el procedimiento natural, debido a que desde el quince de noviembre de dos mil veintidós se acordó la solicitud de designación del perito médico para el desahogo de la prueba pericial médica ofrecida en el juicio laboral, sin que hasta la fecha se haya hecho el nombramiento correspondiente. Es fundado el concepto de violación. En efecto, el derecho humano de acceso a la jurisdicción se encuentra reconocido en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes para ello, quienes además deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones bajo los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora, en el asunto que nos ocupa, de los citados principios de acceso a la justicia, sirve invocar el de justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, así como la conclusión de la conflicto, incluida la etapa de ejecución de las sentencias. Ilustra lo antes dicho, en lo conducente, del criterio 1a./J. 103/2017 (10a.) que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN." Ahora, en materia laboral, en el artículos 884 de la Ley Federal del Trabajo (en su texto posterior la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce), se establece que la audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo siguiendo una serie de normas. Respecto las pruebas admitidas que no estuvieren debidamente preparadas, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio correspondientes. Por su parte, el diverso artículo 771 de la citada ley dispone que los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En el caso que se analiza, de las constancias que adjuntó la Presidenta de la Junta responsable a su informe justificado, se advierte han omitido dar continuidad a la solicitud de designación del perito médico para la parte actora, pues después del acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós en el que se proveyó dicha solicitud, no había realizado requerimiento alguno, hasta el veinticinco de septiembre del año en curso (fecha en la que giró oficio a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitrajes, con residencia en la Ciudad de México. En ese contexto, la actuación de la Junta responsable resulta ilegal, ya que sin causa justificada, dejó de impartir justicia dentro de los plazos y términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, pues desde que se emitió el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, hasta la presente fecha, han transcurrido más de once meses sin que se logre la designación del perito correspondiente, lo que resulta violatorio del derecho humano de justicia pronta, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ahora, si bien al rendir su correspondiente informe de ley, el Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, señaló que en sus registros no se desprende que exista alguna solicitud de perito médico derivado del juicio laboral del origen ******************** del índice de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lo cierto es que se ha acreditado que es la autoridad a la que le corresponde la designación del perito médico para el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte actora en dicho asunto, y por tanto le recae el carácter de autoridad ejecutora en el presente juicio de amparo. En esa tesitura, ante la violación al derecho humano de pronta impartición de justicia, es que debe concederse el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto siguiente: A. La Junta responsable dicte las medidas necesarias para el efecto de acreditar que el Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, recibió el oficio 2202/2023 de veinticinco de septiembre de año en curso. B. El Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, emita una contestación al referido oficio en la que se pronuncie respecto la solicitud de perito médico que le fue hecha, y lo haga del conocimiento de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. La presente resolución se emite a pesar de que no haya transcurrido el plazo de ocho días que otorga el artículo 117 de la Ley Amparo a las partes, para imponerse del contenido de los informes con justificación rendidos por las responsables, pues al haberse acreditado la vulneración al ordinal constitucional en mención al existir la omisión reclamada. Por ende, a ningún fin práctico conllevaría esperar que transcurra el plazo de ocho días correspondientes a la vista a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo con dichos informes si, al final, el resultado sería el mismo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74 y 77 y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra las omisiones de las responsables Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado y Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo, para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, junto con el anexo que acompaña; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicha documentación y hágase relación de la misma al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el alegato ministerial del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Y como lo solicita el Fiscal Federal, entréguesele copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio cuando las labores de este juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE.
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