Secretario de Finanzas Y Administracion
Expediente 1123/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Secretario de Finanzas Y Administracion
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se negó la Protección de la Justicia Federal el presente asunto, promovido por Carlos Maldonado Mendoza, Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, a través de la Jefa del Departamento de Juicios Fiscales de la Dirección de lo Contencioso, actuando en representación de la Directora de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de pruebas que la autoridad responsable Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con sede en esta ciudad adjuntó a su informe. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depurarse dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse estos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo X-1123/2021 promovido por ******************** en cuanto Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, a través de la Jefa de Departamento de Juicios Fiscales de la Dirección de lo Contencioso, actuando en representación de la Directora de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, contra actos de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y del Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración de esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO******************** PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA******************** Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con Residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional el día siguiente, ******************** en cuanto Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, a través de la Jefa de Departamento de Juicios Fiscales de la Dirección de lo Contencioso, actuando en representación de la Directora de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y del Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración de esta ciudad, así como de los actos que precisó en el propio ocurso, que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos******************** SEGUNDO******************** RETURNO DE DEMANDA A ESTE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO******************** Por acuerdo de dieciocho de diciembre del dos mil veinte, la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones del titular, radicó el asunto con el número de expediente **************************************** Mediante auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Juzgado de Distrito, formulando los alegatos de su parte******************** Por acuerdos de veintinueve de marzo y once de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a las autoridades responsables Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y del Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración de esta ciudad, rindiendo sus informes justificados******************** Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesado a ********************, a quien se emplazó mediante lista el treinta de abril de dos mil veintiuno, como se advierte de la constancia que obra a foja 53 del presente expediente******************** Posteriormente, en acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del 22 de abril de dos mil quince, publicado el veintiuno de mayo de dos mil diecisiete, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar que establece la disposición en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, declaró su incompetencia legal y returnó el asunto por conocimiento previo del diverso juicio de amparo ********************, a este Juzgado Tercero de Distrito******************** TERCERO******************** AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE DEMANDA******************** El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, tuvo por recibida la demanda de amparo de mérito y sus anexos******************** Por lo cual, en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado se avocó al conocimiento de la misma, registrándola con el número X-1123/2021, y la admitió a trámite******************** En el mismo proveído, se precisó que no se estimaba necesario requerir los informes justificados a las autoridades responsables en virtud de que los mismos ya obraban dentro de los autos que se recibían; se dio la intervención correspondiente al Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado******************** Por otro lado, se dijo que no obstante que el tercero interesado se encontraba emplazado, a fin de notificarle el avocamiento de este órgano jurisdiccional, se ordenó notificarle por lista la determinación referida; y se señaló fecha para la audiencia constitucional******************** A las diez horas del dieciocho de febrero de dos mil veintidós, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO******************** COMPETENCIA******************** Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito******************** Lo anterior por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal******************** SEGUNDO******************** PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO******************** En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia******************** Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P********************/J******************** 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO******************** DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD******************** Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo********************" En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: Del Magistrado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, pronunciado dentro del expediente ********************, en el que se declara incompetente para resolver el recurso de reconsideración interpuesto dentro de juicio administrativo ********************, contra el auto de uno de julio de dos mil veinte, emitido por el Pleno de dicho Tribunal Administrativo, en donde impuso al ahora quejoso una multa por **************************************** De la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración, la ejecución de la multa de mérito******************** TERCERO******************** CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO******************** Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que a cada una de ellas se les reclama******************** Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II******************** Procesal Constitucional 1******************** Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO******************** Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto********************" Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias que acompañó a su informe la Sala señalada como responsable, relativas al recurso de reconsideración número ******************** y juicio administrativo ********************, del índice de la responsable******************** Pruebas a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de actuaciones judiciales******************** Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153******************** "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO******************** Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena********************" CUARTO******************** INEXISTENCIA DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA******************** El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo********************"; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público******************** Sentado lo anterior, en la especie se advierte que no existe causal de improcedencia alguna que hagan valer las partes, ni este juzgado Federal advierta de oficio la actualización de alguna de ellas******************** Habida cuenta que el juicio de amparo es procedente para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, aun cuando éste haya sido dictado en la fase de ejecución de una sentencia, acorde a las consideraciones siguientes: El proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, por el que, el Tribunal responsable se declaró incompetente para conocer del recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución mediante la cual, entre otros, se impuso una multa en cantidad de ********************, ********************, en cuanto Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, constituye un acto que se proyecta sobre sus derechos sustantivos******************** Lo anterior porque la responsable precisó que dicha multa se imponía al servidor público mencionado y quien seguirá siendo responsable de su pago, aun y cuando llegare a separarse del cargo******************** Por tal motivo, puede considerarse como un acto de imposible reparación de conformidad con la interpretación que el Alto Tribunal de la Nación ha realizado de las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido corresponde a las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente******************** En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 202/2008-SS, sostuvo que la resolución que impone una multa en la etapa de ejecución de sentencia es impugnable en amparo indirecto de manera extraordinaria******************** Ello porque con la imposición de dicha sanción se puede generar al quejoso una afectación de manera directa e inmediata a sus derechos sustantivos, sin que con posterioridad pueda ser reparada por el órgano sancionador o en amparo, precisamente porque tal determinación no podrá ser materia de estudio al analizar lo relativo al cumplimiento de la sentencia, en la medida de que su objetivo no es sino vencer la renuencia para dar cumplimiento a la sentencia******************** Asimismo, estableció que si la multa por omisión total en el cumplimiento de la sentencia o por repetición de la resolución anulada, se dirige a la persona física que en su actuar como funcionario o autoridad resulta responsable de la omisión total o de la repetición, dicha multa es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física, afectando su esfera jurídica******************** Por lo que tal persona puede acudir tanto por derecho propio como en su carácter de funcionario o autoridad (en consecuencia también por la autoridad facultada por la ley para su defensa jurídica), pues el acto impugnado se originó cuando ejercía dichas funciones, por esa razón está legitimada para promover el juicio de amparo******************** De esta manera, con mayor razón, será procedente el juicio de amparo indirecto en contra de aquella determinación por la cual la autoridad que se declaró incompetente de conocer del recurso de reconsideración interpuesto en contra de una multa al quejoso, dada la afectación a sus derechos sustantivos******************** La ejecutoria antes citada trajo como consecuencia la jurisprudencia15 de rubro y texto siguientes: Registro digital: 167518 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a********************/J******************** 29/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta******************** Tomo XXIX, Abril de 2009, página 642 Tipo: Jurisprudencia "EJECUCIÓN DE SENTENCIA******************** LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA EN ESA ETAPA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA******************** La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado diversas reglas para la impugnación, a través del juicio de amparo indirecto, de actos dictados en ejecución de sentencia, las cuales pueden sintetizarse de la manera siguiente: a) el juicio de garantías debe interponerse contra el último acto dictado en el procedimiento correspondiente (en el que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) y tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben (regla general); y, b) el amparo es procedente cuando el acto reclamado de manera autónoma genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (regla de excepción)******************** En ese sentido, si se parte de la base de que una multa impuesta a efecto de vencer la renuencia del obligado a brindar el cumplimiento referido es una medida de apremio susceptible de afectar de manera inmediata los derechos sustantivos del quejoso, entonces es inconcuso que se actualiza la segunda regla de excepción a la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en ejecución de sentencia, de ahí que con fundamento en el artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, aplicada la segunda por analogía, contra la resolución que la impone puede promoverse el referido medio de control constitucional, salvo que se actualice alguna causa de improcedencia********************" Ahora, no se soslaya que la jurisprudencia antes citada, a su vez formó parte de la contradicción de tesis 215/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que se advierte que las consideraciones torales contenidas en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis citada revelan que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la multa que se impone a un quejoso en la etapa de ejecución de sentencia para vencer la contumacia en su cumplimiento, no fueron materia de modificación, pues, incluso, en la parte final del registro de la jurisprudencia 2a********************/J******************** 29/2009 antes transcrita correspondiente al módulo de sistematización de jurisprudencia "ius" como: "Nota: Histórica al haber sido confirmada por la tesis P********************/J******************** 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA******************** EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE********************"******************** [Énfasis añadido por este juzgado] Ya que en la contradicción de tesis 215/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se clarificaron aspectos relativos a la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, en la cual se concluyó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV, del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, permitía concluir que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, procedía el juicio de amparo indirecto de manera excepcional contra tales actos******************** La jurisprudencia que surgió a la luz de la contradicción citada es del rubro y texto siguiente: Registro digital: 163152 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P********************/J******************** 108/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta******************** Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6 Tipo: Jurisprudencia "EJECUCIÓN DE SENTENCIA******************** EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE******************** La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben******************** Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación******************** Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto******************** Cuestión que ocurre en el presente caso en el que se impugna una determinación que, si bien se encuentra encaminada a vencer la contumacia de la autoridad vinculada en el procedimiento de ejecución del juicio administrativo subyacente para lograr la ejecución de una sentencia, la realidad es que dicha determinación, por sí misma, es ajena a la cosa juzgada, ya que lo sentenciado en el proceso principal no se proyecta sobre el patrimonio del servidor público sancionado con la multa******************** Por tal motivo, bajo la perspectiva antes citada es que se procede al estudio de fondo de la impugnación planteada por la pare quejosa en el presente asunto******************** QUINTO******************** ESTUDIO DE FONDO******************** El concepto de violación resulta infundado, por las razones que a continuación se exponen: En efecto, en el único concepto de violación la parte quejosa alega que la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el auto de siete de diciembre de dos mil veinte, se consideró incompetente para resolver el recurso de reconsideración registrado con el número ********************, interpuesto en contra del acuerdo del uno de julio de dos mil veinte, dictado dentro del juicio administrativo ********************, que impuso al ahora quejoso una multa por **************************************** Sin embargo, en relación con dicha consideración, el peticionario del amparo arguye que la Sala responsable, no debió declararse incompetente, sino en todo caso, turnar el asunto al Pleno para que este resolviera lo que conforme a derecho procediera******************** Lo anterior pues afirma que no tendría sentido que una norma contemplara el supuesto de interposición del recurso de reconsideración en contra de las determinaciones que impongan medios de apremio y, por otra, que no exista ningún órgano que sea competente dentro de ese Tribunal para resolver dicho recurso******************** Que ello lo consideraba así porque el artículo 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, estatuye que procede el recurso de reconsideración en contra de las determinaciones que impongan medios de apremio******************** Alega el amparista que, además, donde la ley no distingue al juzgador no le es dable distinguir y que partiendo de dicha premisa, era dable admitir que si el artículo 298, fracción V del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no distinguía respecto de cuáles multas era procedente el recurso de reconsideración y a cuáles no, ello derivaba que el recurso era procedente y al serlo, era lógico pensar que la Sala no debió declararse incompetente, y que en todo caso debió remitir el asunto a quien sí lo fuera******************** De igual forma, aduce el quejoso que el acuerdo reclamado, infringe las garantías de debido proceso y acceso a la justicia (derecho a una segunda instancia) en condiciones de igualdad; así como el principio de legalidad, al no estar debidamente fundado y motivado******************** Que como la multa la impuso el Pleno del Tribunal responsable se le deja en estado de indefensión******************** Como se adelantó tales argumentos son infundados******************** En efecto, contrario a lo señalado por la parte quejosa, la Sala responsable no lo dejó en estado de indefensión, ni infringió el derecho fundamental de debido proceso, acceso a la justicia, ni de legalidad Ello porque si bien es verdad que se declaró incompetente, esa fue una mera conclusión procesal, pero de fondo, en forma fundada y motivada, sostuvo que conforme a la fracción V del artículo 298 del Código de Justicia Administrativa, procede el recurso de reconsideración en contra de las determinaciones que impongan medios de apremio y medidas disciplinarias de ese ordenamiento, pero que en el caso se tornaba complejo porque el medio de apremio había sido impuesto por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, máxima instancia de la estructura orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y del cual formaba parte******************** Por lo que, al pretender ejercer una función revisora sobre las decisiones del Pleno, faltaría al principio de imparcialidad y de jerarquía******************** Aunado a ello, el quejoso no hace una interpretación adecuada del artículo 299 del Código de Justicia Administrativa, porque considera que si bien conforme a ese numeral el recurso debe ser planteado ante una Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y en el caso el Pleno de este tribunal fue quien dictó el acuerdo impugnado, de todos modos se le tiene que dar el trámite precisado en dicho numeral y la Sala a la que se turne debe sustanciar y resolver el recurso de reconsideración planteado******************** Lo cual es carente de razón legal******************** Para dar sustento a la anterior premisa es necesario traer a contexto lo que dispone no solo la literalidad del artículo 299 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán sino también del diverso artículo 298, fracción V, del propio ordenamiento legal citado, ambos ubicados materialmente por el legislador en el capítulo Décimo Quinto del Recurso de Reconsideración, y el numeral 159 de dicho ordenamiento, que son del siguiente tenor: "Artículo 298******************** Procede el recurso de reconsideración en contra de: I******************** Los acuerdos que admitan o desechen la demanda o su ampliación, su contestación, alguna prueba o la intervención de terceros; II******************** Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; III******************** Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; IV******************** Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia; o, V******************** Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en este Código******************** " Artículo 299******************** El recurso de reconsideración podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, con expresión de agravios, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución o sentencia que se impugne******************** El recurso se presentará ante el Tribunal y se turnará para su trámite al Magistrado Especializado distinto del instructor y tratándose de resoluciones emitidas por los jueces administrativos, se turnará para su trámite y resolución a un Magistrado de Sala Administrativa Ordinaria********************" "Artículo 159******************** Son atribuciones del Pleno: I******************** Elegir a su Presidente, que será a su vez del Tribunal; II******************** Resolver el recurso de apelación; III******************** Calificar las recusaciones y excusas por impedimento de los magistrados y, en su caso, integrar a ella, al Secretario General de Acuerdos; IV******************** Llevar a cabo el procedimiento para la designación del titular del Órgano Interno de Control; V******************** Expedir el Reglamento Interior; VI******************** Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal; VII******************** Designar al Secretario General de Acuerdos, a los jueces administrativos, secretarios de acuerdos, secretarios de Estudio y Cuenta, actuarios, al Secretario Administrativo y defensores jurídicos; VIII******************** Nombrar y remover al personal del Tribunal; IX******************** X******************** Resolver las excitativas de justicia que promuevan las partes; XI******************** Hacer uso de los medios de apremio que procedan; XII******************** Aprobar el contenido del Informe anual de labores del Tribunal; XIII******************** (DEROGADA, P********************O******************** 18 DE JULIO DE 2017) XIV******************** Establecer la jurisprudencia del Tribunal; XV******************** Dictar los acuerdos necesarios para el despacho de los asuntos del Tribunal; y, XVI******************** Las demás que señalen las leyes********************" De los preceptos transcritos se obtiene lo siguiente: El recurso de reconsideración procede contra las determinaciones que, entre otras, impongan medios de apremio previstos en el Código de Justicia Administrativa del Estado******************** El citado recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes en el juicio, con expresión de agravios dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de la determinación que se impugne******************** Asimismo, que dicho medio de impugnación se presentará ante el tribunal que dictó la determinación y se turnará para su trámite a un Magistrado especializado distinto del instructor; y, Que, tratándose de resoluciones emitidas por los jueces administrativos, se turnará para su trámite y resolución a un Magistrado de Sala Administrativa Ordinaria******************** Que dentro de las facultades competenciales del Pleno no se encuentra la de resolver un recurso de reconsideración contra actos emitidos por dicho ente Colegiado******************** Luego, de la interpretación sistemática del aludido precepto 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa relativo a la procedencia del recurso de inconformidad, relacionado con los diversos 299 y 159 del mismo ordenamiento, que regula la tramitación del medio de impugnación de que se trata, se obtiene que las resoluciones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, como órgano terminal y cúspide, no se encuentran comprendidas dentro de los referidos supuestos de procedencia, al ser inatacables en la vía ordinaria******************** Es decir, el recurso de reconsideración a que se refiere el arábigo 298 en cita, expresamente señala su procedencia contra las resoluciones de los magistrados instructores del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, o de los Jueces administrativos, de manera que debe considerarse excluido al Pleno del citado Tribunal y en ese sentido, es evidente que contra las determinaciones de éste no procede dicho medio de impugnación******************** En ese estado de cosas, si bien aparentemente se colmó el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 298 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, al combatir un auto que impuso una medida de apremio contra la autoridad demandada aquí quejosa, lo cierto es que, al no incluir dicho precepto al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de la procedencia del recurso de inconformidad, tal determinación no es impugnable mediante ese recurso******************** De esa manera, contrario a lo señalado por la parte quejosa, al recurso de reconsideración que interpuso contra un auto del Pleno de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, no se le debía dar el trámite precisado en el artículo 299 del Código de Justicia Administrativa del Estado, por no estar contemplado en la Ley la procedencia de aquel contra la imposición de medio de apremio por parte del multicitado Pleno******************** Lo anterior tiene mayor razón de ser, porque como correctamente lo determinó la responsable, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es la máxima instancia de ese órgano jurisdiccional ordinario, por lo que sería ilógico que el Código de Justicia Administrativa del Estado, hubiere contemplado algún medio de defensa contra sus determinaciones, ya que atentaría contra el principio de seguridad jurídica******************** Máxime que aceptar la procedencia del citado medio de impugnación contra los propios actos del Pleno, implicaría aceptar que la máxima instancia de ese Tribunal puede revocar sus propias determinaciones; y, en un extremo, que se hagan valer recursos de forma interminable******************** En el caso, en perjuicio del a cosa juzgada, pues la medida de apremio se dirige a vencer la contumacia de la quejosa para cumplir un fallo firme******************** Ello no implica una transgresión al derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia; y en el caso, como se evidenció, el recurso de reconsideración no se encuentra previsto contra las resoluciones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado******************** Por otra parte, como la carga procesal dispuesta es de manera asequible a la autoridad referida, aquí quejosa, de presentar el recurso efectivo ante la competente, en esas condiciones, la responsable no estaba obligada a remitir el asunto a la que se considerara competente******************** Ello a más de que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no le impone tal obligación al Tribunal responsable******************** En ese aspecto, cabe precisar que si bien la referida legislación en su artículo 30, cuarto párrafo, establece que cuando se presente un asunto en una Sala Regional que por materia corresponda conocer a una Especializada, la primera se declarará incompetente y comunicará su resolución a la que en su opinión corresponde conocer del juicio, enviándole los autos******************** Sin embargo, no le impone obligación alguna al Tribunal Administrativo cuando se declare incompetente para conocer de un recurso ordinario y más que en el caso, como se explicó, no existe algún otro medio de impugnación en contra de la imposición de multa impuesta por parte del Pleno del Tribunal responsable a la autoridad demandada por no cumplir un fallo firme******************** Finalmente, no pasa inadvertido que la parte quejosa refirió en su demanda: "(.) se ofrece como hecho notorio el auto de fecha 13 de junio del 2019, dictado por el Juzgado Tercero de distrito en el Estado de Michoacán, dictado (sic) dentro de los autos del juicio de amparo indirecto número ********************, en el que se impugnaba el auto de fecha 25 de abril del 2019, dictado dentro del juicio administrativo número ********************(.) el cual fue desechado por el Juzgado Tercero de Distrito, al señalar que primero se debió agotar el medio de defensa denominado recurso de reconsideración previo a la demanda de amparo, que prevé el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (.)"******************** No obstante, tras una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se obtiene que no corresponde el dicho de la parte quejosa, pues se trata un asunto diverso, donde de una autoridad laboral como responsable y los actos reclamados derivan de un juicio ordinario laboral******************** Apoya lo expuesto la tesis siguiente: Registro digital: 2011003 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Administrativa Tesis: PC********************III********************A******************** J/14 A (10a********************) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación******************** Libro 27, Febrero de 2016, Tomo II Página 1642 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE RECLAMACIÓN******************** ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO A UN MANDATO DEL PLENO DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL******************** La interpretación sistemática y teleológica de los artículos contenidos en el capítulo XV, denominado "De los recursos", Sección I, intitulada "De la reclamación", de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, permite colegir que el recurso de reclamación procede, entre otros supuestos, contra las resoluciones del Presidente del Tribunal de lo Administrativo de la entidad cuando actúa como instructor en la sustanciación de los asuntos de los que corresponde conocer al Pleno de ese órgano jurisdiccional y en la que es autónomo en sus decisiones; sin embargo, dicho recurso es improcedente contra las emitidas en acatamiento a un mandato del Pleno del Tribunal aludido, ya que asumir una postura contraria, implicaría que la revisión la llevara al cabo por el propio Tribunal emisor, la cual no podrá ser modificada, atendiendo al principio general de derecho relativo a que los tribunales no pueden revocar sus propias determinaciones******************** Además, se llegaría al extremo de que se interpongan recursos de forma interminable, atentando contra el principio de cosa juzgada********************" También, se cita por identidad jurídica esencial el siguiente: Registro digital: 2014201 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P********************/J******************** 9/2017 (10a********************) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación******************** Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE AMPARO******************** ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNE UN ACUERDO DICTADO POR EL PLENO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO******************** De la interpretación literal del artículo 104 de la Ley de Amparo se colige que, al no reunirse el requisito de que el auto impugnado mediante recurso de reclamación sea emitido por el Presidente, sino por el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, entonces el recurso es improcedente, máxime que las decisiones de dicho Pleno, salvo los casos de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener la naturaleza de determinaciones preeminentemente terminales en los juicios de amparo (toda vez que aquél resuelve la mayoría de los recursos previstos por la Ley de Amparo, conforme a los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) no son susceptibles de someterse a una revisión ulterior********************" En esas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******************** en cuanto Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, a través de la Jefa de Departamento de Juicios Fiscales de la Dirección de lo Contencioso, actuando en representación de la Directora de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, por los motivos y consideraciones ya expuestas******************** La anterior negativa se hace extensiva respecto de los actos de los actos atribuidos a la autoridad señalada como ejecutora, al no reclamárselos por vicios propios******************** Sirve de sustento la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Octava Época Registro: 207616 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 357 "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA******************** SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS******************** Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada********************" Así, por lo expuesto y conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO******************** La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** en cuanto Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, a través de la Jefa de Departamento de Juicios Fiscales de la Dirección de lo Contencioso, actuando en representación de la Directora de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración contra los actos reclamados a la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y del Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración de esta ciudad, por los razonamientos contenidos en el considerando quinto de esta sentencia******************** Notifíquese******************** Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie , secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado********************- Doy fe********************
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, quien autoriza y da fe; se declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-1123/2021 promovido por Carlos Maldonado Mendoza, en cuanto Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, contra actos del Titular de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado Mario Sánchez del Real, quien se encuentra debidamente emplazado en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con los informes justificados rendidos en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Titular de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración de Morelia, Michoacán, por conducto del Jefe del Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del juicio JA-72/2017-II de su índice. EL JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al periodo de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, formuló los alegatos que a su parte corresponden en el expediente de amparo indirecto VII-885/2020 del índice del citado Juzgado de Distrito, mismo que se remitió por incompetencia a este Juzgado. También se hace constar que ninguna de las restantes partes en el presente proceso, incluido el agente del Ministerio Público de la Federación pero adscrito a este Juzgado de Distrito, hicieron valer alegatos. EL JUEZ: Ténganse por reproducido el alegato referido. Al no existir más alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil veintidós. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Practíquese la notificación del presente proveído mediante lista y a las autoridades responsables por oficio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. A fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las DIEZ HORAS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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