Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

Expediente 814/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
814/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas
  • Magistrado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintidós. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse NEGADO el amparo y protección de la justicia federal, resolución que fue confirmada por el Tribunal de Alzada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedieron las suspensiones tanto la provisional como la definitiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretario que autoriza. Doy Fe.eeg

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose catorce de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente juicio de amparo, promovido por JOSÉ HUGO RAYA PIZANO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. SEÑALA NUEVO DOMICILIO Visto el escrito signado por JOSÉ HUGO RAYA PIZANO, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, parte quejosa dentro del presente juico de amparo, como lo solicita, se le tiene señalando como nuevo domicilio para oír notificaciones personales, así como autorizado para tal efecto, sin los términos amplios previsto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no habérselos conferido expresamente, a los precisados en su escrito de cuenta. SE ORDENA A ACTUARIOS NOTIFICAR SENTENCIA A PARTE QUEJOSA En consecuencia, como de autos se advierte que aún no le ha sido notificada la sentencia dictada dentro del presente juico de amparo, se ordena a los actuarios adscritos a este juzgado, notificarle al referido quejoso en el domicilio que para tal efecto señala, la referida sentencia y subsecuentes determinaciones. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.visc

  4. Principal

    junio de dos mil veintiuno V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número II-814/2020, promovido por JOSÉ HUGO RAYA PIZANO, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, en contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre del dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió a este juzgado de Distrito, quien lo recibió, al día siguiente hábil, JOSÉ HUGO RAYA PIZANO, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, promovió demanda de amparo, contra la autoridad y por los actos siguientes: "1. EL MAGISTRADO PRESIDENTE, TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 2.- EL MAGISTRADO TITULAR DE LA PRIMERA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA. 3. EL MAGISTRADO TITULAR DE LA SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA. 4. LA MAGISTRADA TITULAR DE LA TERCERA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA. 5. EL MAGISTRADO TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUCIÓN Y RESPONSABIIDADES ADMINISTRATIVAS. 6. EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA. 7. EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.. EJECUTORAS: 8. DIRECTOR DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 9. NOTIFICADOR DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETRÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 10. ADMINISTRADOR DE RENTAS DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN. 11. NOTIFICADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DEMORELIA, MICHOACÁN. "ACTO RECLAMADO: DE A AUTORIDAD ORDENADORA Reclamo del Magistrado de la PRIMERA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA DEL TRIBUNALDE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, el acuerdo del 26 de octubre de 2020 (ANEXO II), dictado dentro del expediente correspondiente al Recurso de Reconsideración interpuesto. Reclamo del PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, su excesiva actuación violentando el principio de legalidad, mediante su requerimiento del 25 de junio de 2020 consistente en: " que de conformidad con lo establecido en el Decreto que establece las Bases para el proceso de Liquidación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo, informe a este Tribunal los actos que han realizado con relación a la liquidación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán, y el producto de ellos para realizar el debido cumplimiento de la sentencia dictada en autos del presente juicio administrativo". Ya que dicho requerimiento se ha cumplido a cabalidad, mediante el oficio SCOP/EJC/192/2020 del 03 de agosto de 2020 (ANEXO IV), tal como obra en el expediente del juicio administrativo JA-1428/2013-III, por lo que la imposición de la referida multa excede el ámbito jurídico de las atribuciones del juzgador, así como mis atribuciones legales y reglamentarias. Reclamo del PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, la subsistencia de la multa impuesta al suscrito en mi carácter de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, en cuanto autoridad liquidadora de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán, por $47,784.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), equivalente a quinientas cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, mediante el auto de fecha 25 de junio de 2020, la que fue inconformada mediante el recurso de reconsideración del que se ha declarado la incompetencia. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA DIRECTOR DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MCIHOACÁN. Reclamo el que haga efectivo el cobro de la multa por medio del procedimiento administrativo de ejecución; por consiguiente, reclamo el inicio del procedimiento administrativo de ejecución, derivado de medio de apremio (multa), determinada por las responsables ordenadoras, procedimiento que reviste el carácter de ilegal y atentatorio de los derechos humanos de suscrito, toda vez que deviene de una determinación con las mismas características. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA, NOTIFICADOR DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Reclamo la ejecución material de la multa que me fue impuesta por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, por medio de dicha Dirección, esto es, el cobro de la misma o en su defecto el embargo de bienes suficientes para garantizar el monto reclamado. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA, ADMINISTRADOR DE RENTAS DE MORELIA, MICHOACÁN. Reclamo el inicio del procedimiento administrativo de ejecución, derivado de los medios de apremio (multa), determinada por la responsable ordenadora, procedimiento que, reviste el carácter de ilegal y atentatorio de los derechos humanos del suscrito, toda vez que deviene de una determinación con las mismas características. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA NOTIFICADOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE MORELIA, MICHOACÁN. Reclamo la ejecución material de la multa que me fue impuesta por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, esto es, el cobro de la misma o en su defecto el embargo de bienes suficientes para garantizar el monto reclamado.". Actos que el promovente del amparo consideró violatorio, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de dos de diciembre del dos mil veinte, se radicó el asunto con el número de expediente II-814/2020, se previno a la parte quejosa y en cumplimiento a ello, presentó escrito aclaratorio de demanda el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, desahogando la prevención requerida conforme a los siguientes puntos: "I. ACTO RECLAMADO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EL MAGISTRADO PRESIDENTE, TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CONSTITUIDO EN PLENO. Reclamo su excesiva actuación violentando el Principio de Legalidad, mediante su requerimiento del 25 de junio de 2020, consistente en: "que de conformidad con lo establecido en el Decreto que establece las bases para el proceso de Liquidación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo, informe a ese Tribunal los actos que han realizado con relación a la liquidación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán, y el producto de ellos para realizar el debido cumplimiento de la sentencia dictada en autos del presente juicio administrativo". Ya que dicho requerimiento se ha cumplido a cabalidad, mediante el oficio SCOP/ELJC/192/2020 del 03 de agosto de 2020 (ANEXO IV), tal como obra en el expediente del juico administrativo JA-1428/2013-III, por lo que la imposición de la referida multa excede el ámbito jurídico de las atribuciones de juzgador, así como mis atribuciones legales y reglamentarias. Además reclamo la subsistencia de la multa impuesta al suscrito en mi carácter de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, en cuanto autoridad liquidadora de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán, por $47,784.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA YCUATRO PESOS 00/100 M.N), equivalente a quinientas cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, mediante el auto de fecha 25 de junio de 2020, la que fue inconformada mediante recurso de reconsideración del que se ha declarado la incompetencia. EL MAGISTRADO TITULAR DE LA PRIMERA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA CONSTITUIDO EN PLENO. Reclamo su excesiva actuación violentando el Principio de Legalidad, mediante su requerimiento del 25 de junio de 2020, consistente en: "que de conformidad con lo establecido en el Decreto que establece las bases para el proceso de Liquidación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo, informe a ese Tribunal los actos que han realizado con relación a la liquidación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán, y el producto de ellos para realizar el debido cumplimiento de la sentencia dictada en autos del presente juicio administrativo". Ya que dicho requerimiento se ha cumplido a cabalidad, mediante el oficio SCOP/ELJC/192/2020 del 03 de agosto de 2020 (ANEXO IV), tal como obra en el expediente del juico administrativo JA-1428/2013-III, por lo que la imposición de la referida multa excede el ámbito jurídico de las atribuciones de juzgador, así como mis atribuciones legales y reglamentarias. Además reclamo la subsistencia de la multa impuesta al suscrito en mi carácter de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, en cuanto autoridad liquidadora de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán, por $47,784.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA YCUATRO PESOS 00/100 M.N), equivalente a quinientas cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, mediante el auto de fecha 25 de junio de 2020, la que fue inconformada mediante recurso de reconsideración del que se ha declarado la incompetencia. EL MAGISTRADO TITULAR DE LA SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA CONSTITUIDA EN PLENO. Reclamo su excesiva actuación violentando el Principio de Legalidad, mediante su requerimiento del 25 de junio de 2020, consistente en: "que de conformidad con lo establecido en el Decreto que establece las bases para el proceso de Liquidación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo, informe a ese Tribunal los actos que han realizado con relación a la liquidación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán, y el producto de ellos para realizar el debido cumplimiento de la sentencia dictada en autos del presente juicio administrativo". Ya que dicho requerimiento se ha cumplido a cabalidad, mediante el oficio SCOP/ELJC/192/2020 del 03 de agosto de 2020 (ANEXO IV), tal como obra en el expediente del juico administrativo JA-1428/2013-III, por lo que la imposición de la referida multa excede el ámbito jurídico de las atribuciones de juzgador, así como mis atribuciones legales y reglamentarias. Además reclamo la subsistencia de la multa impuesta al suscrito en mi carácter de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, en cuanto autoridad liquidadora de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán, por $47,784.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA YCUATRO PESOS 00/100 M.N), equivalente a quinientas cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, mediante el auto de fecha 25 de junio de 2020, la que fue inconformada mediante recurso de reconsideración del que se ha declarado la incompetencia. LA MAGISTRADA TITULAR DE LA TERCERA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA CONSTITUIDO EN PLENO. Reclamo su excesiva actuación violentando el principio de Legalidad, mediante su requerimiento del 25 de junio de 2020, consistente en: "que de conformidad con lo establecido en el Decreto que establece las bases para el proceso de Liquidación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo, informe a ese Tribunal los actos que han realizado con relación a la liquidación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán, y el producto de ellos para realizar el debido cumplimiento de la sentencia dictada en autos del presente juicio administrativo". Ya que dicho requerimiento se ha cumplido a cabalidad, mediante el oficio SCOP/ELJC/192/2020 del 03 de agosto de 2020 (ANEXO IV), tal como obra en el expediente del juico administrativo JA-1428/2013-III, por lo que la imposición de la referida multa excede el ámbito jurídico de las atribuciones de juzgador, así como mis atribuciones legales y reglamentarias. Además reclamo la subsistencia de la multa impuesta al suscrito en mi carácter de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, en cuanto autoridad liquidadora de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán, por $47,784.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA YCUATRO PESOS 00/100 M.N), equivalente a quinientas cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, mediante el auto de fecha 25 de junio de 2020, la que fue inconformada mediante recurso de reconsideración del que se ha declarado la incompetencia. EL MAGISTRADO TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CONSTITUIDO EN PLENO. Reclamo su excesiva actuación violentando el principio de Legalidad, mediante su requerimiento del 25 de junio de 2020, consistente en: "que de conformidad con lo establecido en el Decreto que establece las bases para el proceso de Liquidación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo, informe a ese Tribunal los actos que han realizado con relación a la liquidación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán, y el producto de ellos para realizar el debido cumplimiento de la sentencia dictada en autos del presente juicio administrativo". Ya que dicho requerimiento se ha cumplido a cabalidad, mediante el oficio SCOP/ELJC/192/2020 del 03 de agosto de 2020 (ANEXO IV), tal como obra en el expediente del juico administrativo JA-1428/2013-III, por lo que la imposición de la referida multa excede el ámbito jurídico de las atribuciones de juzgador, así como mis atribuciones legales y reglamentarias. Además reclamo la subsistencia de la multa impuesta al suscrito en mi carácter de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, en cuanto autoridad liquidadora de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán, por $47,784.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA YCUATRO PESOS 00/100 M.N), equivalente a quinientas cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, mediante el auto de fecha 25 de junio de 2020, la que fue inconformada mediante recurso de reconsideración del que se ha declarado la incompetencia.". TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE. En proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la prevención de mérito, se desechó de plano la demanda respecto de los actos reclamados a los Secretarios adscritos a la Cuarta y Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, así como a los Secretarios de la Primera Segunda y Tercera Sala Administrativa Ordinaria, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Por otra parte, en virtud de haber señalado como autoridades responsables a los Magistrados Presidentes Titulares de la Cuarta y Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, así como a los Magistrados Titulares de la Primera, Segunda y Tercera Sala Administrativa Ordinaria, todos actuando en Pleno, únicamente se tuvo como autoridad responsable al Pleno del Tribunal de Justicias Administrativa del Estado de Michoacán, y se admitió a trámite la demanda, por lo que ve a dicha autoridad, así como respecto del Magistrado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán; se ordenó requerir a las responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Ministerio Público de la Federación; se ordenó emplazar a la tercero interesada URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LAMICO, S.A., DE C.V., lo cual aconteció, como se advierte de la constancia que obra a fojas 196 y 197 de este expediente; y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos asentados en el acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019." C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque el acto reclamado tiene ejecución material dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías, escrito aclaratorio y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado es: Del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, reclama el auto emitido el veinticinco de junio del dos mil veinte, dentro de los autos del juicio administrativo JA-1428/2013-III, a través del cual impuso a JOSÉ HUGO RAYA PIZANO, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, una multa correspondiente a $ 47,784.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA YCUATRO PESOS 00/100 M.N). Del Magistrado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, pronunciado dentro del expediente JA-R-145/2020-I, en el que se declara incompetente para resolver el recurso de reconsideración interpuesto dentro de juicio administrativo JA-1428/2013-III, contra el auto de veinticinco de junio de dos mil veinte, emitido por el Pleno de dicho Tribunal Administrativo, en donde impuso al ahora quejoso una multa por $47,784.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA YCUATRO PESOS 00/100 M.N). De la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, Unidad Administrativa Encargada de la defensa jurídica de los intereses de la Secretaría de Finanzas y Administración, la ejecución de la multa de mérito. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su respectivo informe justificado las autoridades responsables, aceptaron la existencia de los actos que a cada una de ellas se les reclama. Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias que acompañaron a su informe, relativas al recurso de reconsideración número JA-R-145/2020-I y juicio administrativo JA-1428/2013-III, medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO AL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. Tal razonamiento se ve robustecido por las tesis que se reproducen a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Sentado lo anterior, en la especie se advierte la actualización de causal de improcedencia prevista por se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del auto dictado el veinticinco de junio del dos mil veinte, dentro del juicio administrativo JA-1428/2013-III, a través del cual el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, le impuso a JOSÉ HUGO RAYA PIZANO, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo, una multa por $47,784.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA YCUATRO PESOS 00/100 M.N). El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXII. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y, ."". Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el presente caso, de las manifestaciones vertidas en la demanda, se desprende que se pretende reclamar del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad, el proveído de veinticinco de junio del dos mil veinte, dentro del juicio administrativo JA-1428/2013-III, a través del cual le impuso a JOSÉ HUGO RAYA PIZANO, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo, una multa por $47,784.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA YCUATRO PESOS 00/100 M.N), así como los actos tendientes a su ejecución. De igual forma, el ahora quejoso presentó recurso de reconsideración ante la oficialía de partes de dicho Tribunal, quien lo turno a la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, misma que en auto dictado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, pronunciado dentro del expediente JA-R-145/2020-I, se declaró incompetente para resolver el recurso de reconsideración interpuesto dentro de juicio administrativo JA-1428/2013-III, en contra del aludido auto de veinticinco de junio de dos mil veinte, mismo que en la especie también constituye otro de actos reclamados. Con lo anterior se pone de manifiesto que al haber interpuesto el recurso de reconsideración de mérito y el Magistrado de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, haberse declarado legalmente incompetente en razón de grado para resolver el recurso de reconsideración registrado con el número JA-R-0145/2020, esta última determinación sustituyó al diverso auto de veinticinco de junio de dos mil veinte, y por tanto resulta material y legalmente imposible analizar la constitucionalidad o no del mismo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 63, fracción IV la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo promovido por JOSÉ HUGO RAYA PIZANO, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO AL MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Este juzgado considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Los conceptos de violación resultan infundados e inoperantes por inatendibles, por las razones que a continuación se exponen: En efecto, en el primero de los conceptos de violación alega la parte quejosa que la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el auto de veintiséis de octubre del dos mil veinte, se consideró incompetente en razón de grado para resolver el recurso de reconsideración registrado con el número JA-R-0145/2020, interpuesto en contra del acuerdo del veinticinco de junio del dos mil veinte, dictado dentro del juicio administrativo J.A. 1428/2013-III, que impuso al ahora quejoso una multa por $47,784.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA YCUATRO PESOS 00/100 M.N). Sin embargo, en relación con dicha consideración alega el peticionario del amparo que, la Sala responsable, no debió declararse incompetente, sino en todo caso, turnar el asunto al Pleno para que este resolviera lo que conforme a derecho procediera, pues afirma que no tendría sentido que una norma contemplara el supuesto de interposición del recurso de reconsideración, en contra de las determinaciones que impongan medios de apremio y por otra que no exista ningún órgano que sea competente dentro de ese Tribunal para resolver dicho recurso, que ello lo consideraba así, porque el artículo 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, estatuye que procede el recurso de reconsideración, en contra de las determinaciones que impongan medios de apremio. Alega el amparista que además, donde la ley no distingue, al juzgador no le es dable distinguir y que partiendo de dicha premisa, era dable admitir que si el artículo 298, fracción V del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no distinguía respecto de cuales multas era procedente el recurso de reconsideración y a cuáles no, ello derivaba que el recurso era procedente y al serlo, era lógico pensar que la Sala no debió declararse incompetente, y que en todo caso debió remitir el asunto a quien sí lo fuera. De igual forma, aduce el quejoso que lo ya referido, derivaba de una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 154 fracciones IV, V, VIII, 155, fracción II, 298, fracción V y 299 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. En efecto, contrario a lo señalado por la parte quejosa, la Sala responsable no lo dejó en estado de indefensión, pues si bien es verdad que se declaró incompetente, esa fue una mera conclusión procesal, pero de fondo sostuvo que conforme a la fracción V del artículo 298 del Código de Justicia Administrativa, procede el recurso de reconsideración en contra de las determinaciones que impongan medios de apremio y medidas disciplinarias de ese ordenamiento, pero que en el caso se tornaba complejo porque el medio de apremio había sido impuesto por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, máxima instancia de la estructura orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y del cual formaba parte, por lo que al pretender ejercer una función revisora sobre las decisiones del Pleno, faltaría al principio de imparcialidad y de jerarquía. Aunado a ello, el quejoso no hace una interpretación adecuada del artículo 299 del Código de Justicia Administrativa, porque considera que si bien conforme a ese numeral el recurso debe ser planteado ante una Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y en el caso el Pleno de este tribunal fue quien dictó el acuerdo impugnado, de todos modos se le tiene que dar el trámite precisado en dicho numeral y la Sala a quien se turne debe sustanciar y resolver el recurso de reconsideración planteado. Lo cual es carente de razón legal. Para dar sustento a la anterior premisa, es necesario traer a contexto lo que dispone no sólo el artículo 299 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán sino también el artículo 298, fracción V, del propio ordenamiento legal citado, ambos relativos al capítulo Décimo Quinto del Recurso de Reconsideración, que son del siguiente tenor: "Artículo 298. Procede el recurso de reconsideración en contra de: Los acuerdos que admitan o desechen la demanda o su ampliación, su contestación, alguna prueba o la intervención de terceros; Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia; o, Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en este Código.". "Artículo 299. El recurso de reconsideración podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, con expresión de agravios, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución o sentencia que se impugne. El recurso se presentará ante el Tribunal y se turnará para su trámite al Magistrado Especializado distinto del instructor y tratándose de resoluciones emitidas por los jueces administrativos, se turnará para su trámite y resolución a un Magistrado de Sala Administrativa Ordinaria". De los preceptos transcritos se obtiene lo siguiente: El recurso de reconsideración procede contra las determinaciones que impongan medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en el Código de Justicia Administrativa del Estado. El citado recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes en el juicio, con expresión de agravios dentro del plazo de tres días, hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de la determinación que se impugne. Asimismo, que dicho medio de impugnación se presentará ante el tribunal que dictó la determinación y se turnará para su trámite a un Magistrado especializado distinto del instructor; y, Que tratándose de resoluciones emitidas por los jueces administrativos, se turnará para su trámite y resolución a un Magistrado de Sala Administrativa Ordinaria. Luego, de la interpretación sistemática del aludido precepto 298, fracción V del Código de Justicia Administrativa relativo a la procedencia del recurso de inconformidad, relacionado con el diverso 299 del mismo ordenamiento, que regula la tramitación del medio de impugnación de que se trata, se obtiene que las resoluciones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no se encuentran comprendidas dentro de los referidos supuestos de procedencia. Es decir, el recurso de reconsideración a que se refiere el arábigo 298 en cita, expresamente señala su procedencia contra las resoluciones de los magistrados instructores del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, o de los Jueces administrativos, de manera que debe considerarse excluido al Pleno del citado Tribunal y en ese sentido, es evidente que contra las determinaciones de éste no procede dicho medio de impugnación. En ese estado de cosas, si bien aparentemente se colmó el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 298 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, al combatir un auto que impuso una medida de apremio contra la autoridad demandada aquí quejosa, lo cierto es que, al no incluir dicho precepto al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de la procedencia del recurso de inconformidad, tal determinación no es impugnable mediante ese recurso, por lo que contrario a lo señalado por la parte quejosa, al recurso de reconsideración que interpuso contra un auto del Pleno de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, no se le debía dar el trámite precisado en el artículo 299 del Código de Justicia Administrativa del Estado, por no estar contemplado en la Ley la procedencia de dicho medio de impugnación contra la imposición de medio de apremio por parte del multicitado Pleno. Lo anterior tiene mayor razón de ser, porque como correctamente lo determinó la responsable, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es la máxima instancia de ese órgano jurisdiccional ordinario, por lo que sería ilógico que el Código de Justicia Administrativa del Estado, hubiere contemplado algún medio de defensa contra sus determinaciones, ya que atentaría contra el principio de seguridad jurídica. Por otro lado, tampoco le asiste la razón a la parte quejosa cuando señala que al haberse turnado dicho recurso a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la facultó de competencia para que resolviera, con lo que le otorgó una competencia exclusiva, una jurisdicción propia e independiente, pues como quedó establecido en líneas precedentes, si bien conforme al artículo 299 del Código de Justicia Administrativa la Primera Sala sí está facultada para resolver un recurso de reconsideración, éste es improcedente contra un auto de Pleno. Derivado de lo anterior, deviene inoperante por inatendible el motivo de inconformidad en el cual alega que en todo caso la Sala responsable debió haber remitido al Pleno dicho recurso para su conocimiento y resolución, pues al ser improcedente el recurso de reconsideración contra al auto en el que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado imponga un medio de apremio o medidas disciplinarias reguladas por el Código de Justicia Administrativa, era evidente que la responsable no tenía la obligación de remitirlo a alguna autoridad. Lo anterior no implica una transgresión al derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia; y en el caso, como se evidenció, el recurso de reconsideración no se encuentra previsto contra las resoluciones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. En esas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión JOSÉ HUGO RAYA PIZANO, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo, por los motivos y consideraciones ya expuestas. La anterior negativa se hace extensiva respecto de los actos de los actos atribuidos a la autoridad señalada como ejecutora, al no reclamárselos por vicios propios. Sirve de sustento la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Octava Época Registro: 207616 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 357 AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada. Amparo directo 8294/86. Atoyac Textil, S.A. 15 de diciembre de 1987. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo 4398/87. Agustín González Godínez y otra. 15 de diciembre de 1987. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, página 40. Nota: En el Informe de 1988, esta tesis aparece bajo el rubro: "AMPARO CONTRA AUTORIDADES ORDENADORAS. LA NEGATIVA DEL MISMO DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ HUGO RAYA PIZANO, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo, contra el acto y por la autoridad, así como por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JOSÉ HUGO RAYA PIZANO, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo, respecto de los actos y por las autoridades precisadas, así como para los efectos expuestos en el considerando quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy catorce de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.

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