Secretario de Contraloría del Estado de Michoacán

Expediente 971/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
971/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Secretario de Contraloría del Estado de Michoacán
  • Director de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaria de Contraloría del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en la revisión administrativa 25/2019 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante resolución aprobada en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, resolvió: ".PRIMERO. Se confirma la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al resolver el juicio de amparo indirecto 971/2018. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fernando González Cendejas, en su carácter de Director de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría y como representante del Secretario de Contraloría, en contra de la autoridad y por el acto reclamado precisado en el resultando primero de esta ejecutoria." Acúsese recibo del oficio 7131/2019 al que también se anexó el original del juicio de amparo en que se actúa y tomo de prueba relativo, para los efectos a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Glósense al principal las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad Magistrada de la Segunda Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe, solicitándole acuse recibo de la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. SE TIENE INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN Visto el escrito de cuenta signado por Fernando González Cendejas, en cuanto Director de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría y como representante del Secretario de Contraloría, Francisco Huergo Maurín, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dieciocho de febrero del año en curso, y al efecto acompaña la copia del escrito de agravios que le fue solicitada; en tal virtud, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia con engrose de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. En consecuencia, distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de agravios; y en su oportunidad, remítase el presente expediente, tomo de pruebas respectivo, el original del escrito de agravios y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 971/2018-VII, promovido por Fernando González Cendejas, en su carácter de Director de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría, y como representante del secretario de contraloría, contra actos que reclama del Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, Fernando González Cendejas, en su carácter de Director de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría, y como representante del secretario de contraloría, acudió a presentar demanda de amparo contra el siguiente acto: "IV. ACTO RECLAMADO. Del Magistrado y Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, les reclamo la emisión del acuerdo de fecha 4 cuatro octubre del año 2018 dictado dentro del expediente de recurso de reconsideración número JA-R-0512/2018-II mediante el cual se desechó por improcedente el recurso promovido en contra del proveído de fecha veinticuatro de agosto de 2018 dos mil dieciocho, que se dictó en el juicio Administrativo JA-1951/2017-III. En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la admitió a trámite; se formó el expediente y lo registró bajo el número 971/2018; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El auto emitido el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, por el Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, dentro del recurso de reconsideración número JA-R-512/2018-II, interpuesto dentro del juicio administrativo JA-1951/2017-III, en el que se desechó el recurso de reconsideración planteado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió, consistentes en copia certificada del recurso de reconsideración número JA-R-512/2018-II, derivado del juicio administrativo JA-1951/2017-III. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa fue notificada del acto reclamado, el siete de noviembre de dos mil dieciocho, lo que se corrobora con la constancia que obra a fojas 266 del cuaderno de pruebas remitido; por tanto, el término para la interposición del juicio de amparo inició el ocho de noviembre de ese mes y año y concluyó el treinta de ese mes y año, sin incluir en dicho término los días inhábiles. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el veinte de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En la especie las partes no hicieron valer causales de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación que se hacen valer. En una porción del primer concepto de violación el quejoso aduce que el acto reclamado vulnera las formalidades del procedimiento, porque el perito tercero en discordia fue designado por la autoridad; aunado a que pertenece al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, organización constituida sin ánimo de lucro, y desde la designación del perito no se indicó pago de honorarios alguno, y mucho menos realizó el procedimiento necesario para su cobro conforme a la ley. El anterior concepto de violación resulta inoperante, puesto que con esos argumentos el quejoso no combate las consideraciones que emitió la responsable para desechar el recurso de reconsideración, dado que esa porción del concepto de violación en todo caso se encamina a atacar el procedimiento realizado para la designación de perito, más no las razones que tuvo la responsable para desechar el recurso, tales como que no procedía la admisión del recurso por no ubicarse en ninguna de las hipótesis que establece el artículo 298 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y por tal motivo no se está en aptitud de analizar su constitucionalidad en este juicio de amparo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 178228 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Junio de 2005 Materia(s): Común Tesis: IV.3o.C. J/1 Página: 655 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 169/2004. Guadalupe Ramírez González y otra. 21 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Pedro Navarro Zárate. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García. Amparo directo 111/2004. Antonio Gómez Torres. 20 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Munguía Padilla. Secretario: Sergio Ibarra Valencia. Amparo directo 513/2004. Myriam Hernández Camarillo. 24 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: Jesús Julio Hinojosa Cerón. Amparo directo 29/2005. Alfonso Zapata Leal. 3 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: Moisés Vázquez Díaz. Amparo directo 495/2004. Ejido San José de Raíces Municipio de Galeana, Nuevo León. 11 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: Jesús Julio Hinojosa Cerón. Nota: Por ejecutoria de fecha 28 de abril de 2010, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 128/2009 en que participó el presente criterio". Ahora, en diversa porción del primer concepto de violación, el quejoso aduce que el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación. Dicha porción del concepto de violación resulta infundado, y esto es así, porque el fallo combatido no adolece de la debida fundamentación y motivación que refiere la impetrante, pues basta la lectura de aquella determinación para advertir que la magistrada responsable sí expresó con precisión los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. En efecto, la responsable trascribió el artículo que prevé el recurso de reconsideración, después realizó un análisis del auto recurrido y concluyó que no se encontraba contemplado como de aquellos susceptibles de impugnarse en la vía del recurso de reconsideración, por no encuadrar en ninguna de esas hipótesis; de ahí que opuestamente a lo manifestado por el impetrante- la resolución reclamada sí se encuentra fundada y motivada. Ahora, en la última parte de su concepto de violación, el quejoso señala que resulta procedente el recurso de reconsideración, porque en auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se otorgó una intervención a Rafael Renault Contreras López que no le corresponde; que por lo tanto, al tratarse de un acuerdo que admite la intervención de un tercero, procedía el referido recurso. Dicho argumento resulta infundado, puesto que contrario a lo que sostiene, en el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho no se determinó la intervención de un tercero en el juicio de origen, sino que posterior a tal determinación se requirió a las partes en el procedimiento de origen, a efecto de que exhibieran un cheque por la suma de $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos), para cubrir el pago de honorarios al perito tercero en discordia. En efecto, el auto contra el que interpuso el recurso de reconsideración, no versa sobre la intervención de terceros en la controversia natural, sino de un requerimiento de exhibición de un cheque, por lo tanto con independencia de que se llegara a considerar o no que el perito es un tercero que actúa en el juicio el origen, lo cierto es, que en el acto que impugnó la parte quejosa no se le dio intervención a dicho experto como aduce, sino que en todo caso, ello aconteció previamente en diverso auto en el que se designó al perito Rafael Renault Contreras López, a efecto de que aceptara y protestara el cargo conferido ( tres de abril de dos mil dieciocho), y al ser ello así, su motivo de disenso resulta infundado. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados, al no reclamarse por vicios propios. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fernando González Cendejas, en su carácter de Director de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría, y como representante del secretario de contraloría, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinticuatro de enero de dos mil diecinueve en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión VII-971/2018,... Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, a través de su pedimento número 460/2018, presentado en veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la resolución correspondiente. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión VII-971/2018; y, R E S U L T A N D O: ...CUARTO.- CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR.- No obstante, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la medida suspensiva respecto de los efectos y consecuencias del acto que reclama, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas; lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis 2a./J.111/2003, consultable en la Tesis 2a./J. 111/2003, localizable en la Página 98, tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: Época: Novena Época Registro: 182529 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 111/2003 Página: 98 "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Contradicción de tesis 31/2003-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Bertín Vázquez González. Tesis de jurisprudencia 111/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de noviembre de dos mil tres." A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. De lo que se sigue que en sí mismo, es susceptible a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro, y también produce un cambio de situación jurídica en su estatus general que como persona tiene frente al resto de sus congéneres. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos y las garantías establecidas en la constitución para su protección. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés legítimo para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de la solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que la amparista es titular de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho a la libertad protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la emisión el proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho dentro del recurso de reconsideración JA-R-0512/2018-II, mediante el cual se desechó por improcedente el recurso promovido contra el auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad dentro del juicio administrativo JA-1951/2017-III, a través del cual se le requiere el pago de $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) por el concepto de honorarios del perito tercero en discordia Rafael Renault Contreras López, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en el artículo 128, en relación con el diverso precepto 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Fernando González Cendejas, en cuanto Director de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría y como representante del Secretario de Contraloría, Francisco Huergo Maurín, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que no se les requiera en la vía económico coactiva el pago de la cantidad de $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) por el concepto de honorarios del perito tercero en discordia Rafael Renault Contreras López, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se dicte en el juicio de amparo de donde emanó el presente incidente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 1ª./J.4/2009, localizable en la página 515, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: Época: Novena Época Registro: 167346 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Abril de 2009 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 4/2009 Página: 515 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien. Contradicción de tesis 101/2008-PS. Entre los criterios sustentados por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 26 de noviembre de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Juan Carlos de la Barrera Vite. Tesis de jurisprudencia 4/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha tres de diciembre de dos mil ocho. Esta medida cautelar surte efectos desde luego sin que se haga necesario fijar garantía, en atención a que la parte quejosa Fernando González Cendejas, en cuanto Director de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría y como representante del Secretario de Contraloría, Francisco Huergo Maurín, son personas morales oficiales que en términos de los artículos 7° y 137, de la Ley de amparo, se encuentra exenta de prestar las garantías que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales exige a las partes. Se cita a manera de ilustración, la tesis siguiente: "Época: Octava Época Registro: 214212 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Común Página: 969 SUSPENSION. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SE ENCUENTRA EXENTO DE OTORGAR GARANTIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 3o., fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4o. fracciones II y III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 4o. y 5o. de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado por servicio y consecuentemente es parte integrante de la Administración Pública Federal, de ahí que, aun cuando no se trata propia y exclusivamente de un órgano del Estado, forma parte de él y, consecuentemente no tiene el carácter de persona moral de derecho privado, sino oficial, y siendo así de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley de Amparo, el juez de Distrito no debe exigir el otorgamiento de garantía como requisito de eficacia para que surta efectos la suspensión concedida, pues está exenta de presentar las garantías que la ley exige a las partes en virtud de su reconocida solvencia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 109/93. Instituto Mexicano del Seguro Social. 1o. de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Terrazas Salgado. Secretario: José Heriberto Pérez García.". La medida no surte efecto alguno, en caso de que ya se hubiera hecho el cobro de la cantidad solicitada por la autoridad responsable; si se trata de actos de fecha posterior a la presentación de la demanda de garantías; o bien, si emanaren de autoridades distintas de la señalada como responsable. Determinación que habrá de notificarse a los terceros interesados Fidel Calderón Torreblanca y Rafael Renault Contreras López, una vez que obre el emplazamiento de los mismos en el cuaderno principal de donde derivan los cuadernos incidentales en que se actúa; lo anterior, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso K), en relación con la Jurisprudencia número 143/2000, que resolvió la contradicción de tesis número 11/96, Instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, primera parte, consultable en la página 779 y 780, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE". Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de amparo, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA a Fernando González Cendejas, en cuanto Director de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría y como representante del Secretario de Contraloría, Francisco Huergo Maurín, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, atribuido a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución y por los motivos expuestos en el tercero de los mismos. SEGUNDO. SE CONCEDE a Fernando González Cendejas, en cuanto Director de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría y como representante del Secretario de Contraloría, Francisco Huergo Maurín, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, atribuido a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución y por los motivos expuestos en el cuarto de los mismos. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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