Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas
Expediente 796/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil diecinueve. VISTO ESTADO DE AUTOS; CAUSA ESTADO. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de diecinueve de julio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por José Hugo Raya Pizano, en su carácter de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 1/2009 En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. SE CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, que suscribe la parte quejosa, a través del cual cumple con la prevención que se le hizo mediante acuerdo de nueve de julio de dos mil diecinueve. Asimismo, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de apoderado a Agustín Salgado García, con el Poder General para Pleitos y Cobranzas, con número de escritura pública número veintiún mil setecientos doce, pasado ante la fe del Notario Público número 93, con ejercicio y residencia en esta ciudad. ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA Asentado lo anterior, procede realizar el análisis de procedencia o improcedencia de la demanda presentada por José Hugo Raya Pizano, en su carácter de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. De la demanda de mérito, se obtiene que la parte quejosa reclama en la presente vía de amparo el auto de veintiocho de mayo de la presente anualidad, dictado dentro del juicio administrativo JA-1428/2013-III, mediante el cual se le impone una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 00/100 moneda nacional), virtud a no haber cumplido con el requerimiento formulado a fin de que exhibiera las constancias con las cuales acreditara haber pagado a la actora las cantidades a que resulto condenada la autoridad demandada. En términos de la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, contenida en la Tesis PC.III.L. J/5 L (10a), localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]; procede al análisis de la demanda generadora del expediente en que se actúa. Los artículos 61, fracción XVIII, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio; también se obtiene que, por regla general, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Así las cosas, los artículos 202 y 298 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, disponen: "Artículo 202. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá emplear los siguientes medios de apremio: I. Apercibimiento; II. Multa equivalente al monto de una a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; III. Requerimiento al superior jerárquico de la autoridad obligada al cumplimiento de un mandato del Tribunal; o, IV. Suspensión o destitución del cargo, en el caso de las autoridades. "Artículo 298. Procede el recurso de reconsideración en contra de: I. Los acuerdos que admitan o desechen la demanda o su ampliación, su contestación, alguna prueba o la intervención de terceros; II. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; III. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; IV. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia; o, V. Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en este Código.". (Énfasis en vía de Subrayado) De las preceptos normativos transcritos, se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Federal de Justicia Administrativa, cuenta con la imposición de multa como medio de apremio, entre otros, para hacer cumplir sus determinaciones; asimismo, que en contra de la imposición de ese medio disciplinario, el afectado cuenta con el recurso de reconsideración. En ese contexto, este juzgado estima que el auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio administrativo JA-1428/2013-III, mediante el cual se le impone una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 00/100 moneda nacional), virtud a no haber cumplido con el requerimiento formulado en ese procedimiento, previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debió recurrirlo a través del recurso de reconsideración que establece el artículo 298 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se estima lo anterior, ya que como quedo evidenciado, los artículos 202 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, disponen que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, puede imponer la multa como medida disciplinaria, misma que puede ser recurrida a través del recurso de reconsideración y, en la especie, la autoridad responsable impuso a la parte quejosa una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 00/100 moneda nacional), por no haber cumplido con lo requerido en el procedimiento administrativo de origen, sin que la parte amparista la hubiera impugnado mediante el recurso de reconsideración. Tal circunstancia, patentiza que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por no haberse agotado previamente a la instancia constitucional el medio de defensa ordinario que el cuerpo normativo que rige el procedimiento de origen, establece para combatir el acto reclamado en la demanda generadora del expediente en que se actúa, virtud al cual pudo lograr su revocación, modificación o anulación. Máxime, que en el caso, no se configura alguno de los supuestos de excepción, previstos por los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del mencionado artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no es extraño al procedimiento de origen y el recurso de reconsideración no está sujeto a interpretación adicional, pues su fundamento legal es suficiente para determinar la procedencia del mismo. Robustecen lo anterior, las siguientes tesis: "Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187016 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Página 902 Jurisprudencia (Común) "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Amparo en revisión 3366/98. Sociedad Cooperativa de Transportes "Transportadora de Productos Derivados del Petróleo 24 de Febrero", S.C.L. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. Amparo en revisión (improcedencia) 560/2000. Rubén Martínez Estrella y otra. 14 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Amparo en revisión 5576/99. Grupo Empresarial Real, S.A. de C.V. y otras. 28 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Amparo en revisión (improcedencia) 1666/2001. Andamios Atlas, S.A. de C.V. 17 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio Ignacio Cruz Carmona. Amparo en revisión (improcedencia) 926/2002. Grupo Tribasa, S.A. de C.V. 5 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: César Cárdenas Arroyo". "Tesis: I.3o.C. J/39 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 171803 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Agosto de 2007 Página 1214 Jurisprudencia (Común) "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Amparo en revisión (improcedencia) 523/2002. Imelda Rodríguez García. 7 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Amparo en revisión (improcedencia) 71/2007. Jesús Terán Coronado. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo. Amparo en revisión (improcedencia) 113/2007. Inmobiliaria Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. y otra. 4 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Everardo Maya Arias. Amparo en revisión 149/2007. Irma Ruiz Ávila. 21 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo". Amparo en revisión (improcedencia) 152/2007. Juan José de la Garza Grave, quien se ostenta como autorizado de Antonio Valtierra Tejeda. 21 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas". Resulta conveniente desechar de plano la demanda de que se trata desde este momento, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis con datos de identificación del tenor que se reproduce a continuación: "Tesis: VI.3o.C. J/62 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 175964 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Febrero de 2006 Página 1665 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Queja 3/93. Moreno y Asociados, S.A. 11 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. Amparo en revisión (improcedencia) 21/2004. Llantera Contreras, S.A. de C.V. 6 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretario: José Luis Alberto Ramos Ponce. Amparo en revisión (improcedencia) 446/2004. Marco Antonio García Pumarino. 20 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: María de los Ángeles López Rojas. Amparo en revisión (improcedencia) 168/2005. Sabina Rivera Colula y otra. 9 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: María de los Ángeles López Rojas. Amparo en revisión (improcedencia) 411/2005. Cobranza Internacional de Carteras, S.A. de C.V. 12 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretario: José Luis Alberto Ramos Ponce". No escapa a la consideración del suscrito para lo anteriormente determinado, el hecho de que la parte quejosa en su libelo refiera que es procedente el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado, al considerar que la ley de la materia prevé menores requisitos para la suspensión del acto reclamado que la ley que rige el procedimiento de origen, y que por tanto, no se encuentra obligado a agotar el recurso de reconsideración anteriormente aludido; sin embargo, la hipótesis a que se refiere la parte quejosa no aplica en el caso concreto, puesto que el acto impugnado no es meramente administrativo, ya que fue emitido en el juicio de nulidad JA-1428/2013-III, en el que la parte quejosa es parte, tan es así, que el motivo de la sanción impuesta, fue por desacato al cumplimiento de la ejecutoria emitida en dicho juicio. Lo que pone de manifiesto que, al derivar el acto reclamado de un juicio administrativo en el que la quejosa es parte, es evidente que no se ubica en alguno de los supuesto de excepción que establecen la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí la obligación de agotar el recurso de reconsideración aludido previo a la demanda de amparo. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Hugo Raya Pizano, en su carácter de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su escrito de cuenta, sin las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
LA SECRETARIA Morelia, Michoacán, nueve de julio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por José Hugo Raya Pizano, en su carácter de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, contra actos del Magistrado Presidente de la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, con residencia en esta ciudad, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VIII-796/2019. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con el diverso 108, fracción IV, y 110, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito aclare su demanda, sobre lo siguiente: 1. Para que bajo protesta de decir verdad, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, con residencia en esta ciudad, toda vez que la misma no figura dentro del capítulo relativo a las autoridades responsables, y por el contrario, del capítulo relativo al acto reclamado, se advierte que es dicho Pleno quien emitió el acto tildado de inconstitucional. 2. Asimismo, deberá indicar si insiste en señalar a todas y cada una de las autoridades ordenadoras a que hace alusión en su libelo constitucional, toda vez que de una lectura del mismo, no se advierte que las mismas hayan tenido participación alguna en la emisión del acto reclamado; por lo que en caso de que insista en su señalamiento, deberá precisar que es lo que reclama de cada una de ellas. 3. Para que bajo protesta de decir verdad, manifieste si en contra del auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve dictado por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, dictado dentro del juicio administrativo JA-1428/2013-III interpuso recurso de reconsideración, toda vez que en al apartado relativo a los terceros interesados, hace alusión al recurso de reconsideración número JA-R-632/2018-I, y en caso afirmativo deberá mencionar, a qué órgano le correspondió conocer del mismo, el sentido en que fue resuelto y la fecha en que le fue notificada tal determinación Hágase saber al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda y aclaratorio afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, como los datos que se le solicitan con antelación, esa conducta se encuentra tipificada como delito por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual refiere lo siguiente: "Capítulo III Delitos Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la visa, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y; [.]".. 4. Para que, de su escrito aclaratorio, acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad responsable, una para cada tercero interesado, una para el Agente del Ministerio Público adscrito y dos más para los cuadernos incidentales. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo requerido o no hacer manifestación del impedimento que para ello tenga, dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, se le tiene designando a Laura Clotilde Guerrero Serratos, como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que de la búsqueda que se realizó en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciada en derecho; no así de los restantes, por lo que únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto, acredite que se encuentra facultada para ejercer dicha profesión. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.
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- Sebastian Puente Flores y Otros.441/2020
- Sebastián Zamudio Castro1152/2017
- Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas814/2020
- Secretario de Contraloría del Estado de Michoacán971/2018
- Secretario de Educación en el Estado de Michoacán545/2017
- Secretario de Finanzas Y Administracion853/2020
- Secretario de Finanzas Y Administracion1123/2021
- Secretario de Finanzas y Administración en el Estado1045/2018
- Secretario de Finazas Y Administracion43/2021