Seledonio Benítez Ramos
Expediente 97/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Seledonio Benítez Ramos
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil diecinueve. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los autos el pedimento 121/2019, signado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, a través del cual hace manifestaciones en vía de alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellos en audiencia constitucional. En cuanto a su solicitud en el sentido de que se le expida copia de la resolución que se dicte en autos, una vez que ello acontezca expídasele la misma. SE RECIBE INFORMACIÓN Por otra parte, glósese al sumario el oficio 4706/2019 que suscribe la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual en atención a la solicitud que se le hizo mediante acuerdo de seis de marzo actual, remite copia certificada de las principales constancias que integran el juicio de amparo V-177/2018, de su índice, promovido por Seledonio Benítez Ramos. Ahora, de las constancias del citado juicio de amparo V-177/2018, se advierte que el acto reclamado lo fue la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de proveer respecto a la admisión o desechamiento del incidente innominado o de justas causas promovido dentro del expediente laboral 65/2016. Esto es, tanto el acto reclamado en el juicio de amparo juicio de amparo V-177/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, como los actos que se reclaman en el presente juicio de amparo, derivan del mismo juicio laboral 65/2016. ANÁLISIS DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. En consideración a lo anterior, así como del análisis de los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los cuales en lo que interesa, precisan lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 21/05/2015. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 14/03/2016. III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación, al tribunal unitario de Circuito que haya conocido del o los anteriores; VIII. Cuando se determine la separación de juicios o de procesos, los expedientes que deriven se remitirán al órgano jurisdiccional que la decretó; IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente: a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido den antecedente registrado; XII. Los casos en los que por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Los demás que determine el Pleno. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos o de los titulares de los órganos jurisdiccionales podrá determinar criterios específicos de relación. Dichos criterios deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, y compilarse en un listado que se difundirá a través del portal de Intranet del Consejo. La Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos deberá elaborar y mantener actualizado el listado a que se refiere el párrafo anterior. Quedan exentas de crear algún antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento, embargo, así como las órdenes de cateo que resulten indispensables para las averiguaciones previas, ello para los órganos jurisdiccionales que las dictan, y no así para los que conocen del amparo. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano". De los preceptos trascritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, la fracción II del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario, establece que tratándose de juicios de amparo promovidos contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. Asimismo, en la fracción IV del aludido numeral, se determina que el turno corresponderá al órgano que tenga el último antecedente del asunto con el que guarde relación. De la interpretación de dichos preceptos se advierte que sólo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. De este modo, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro por provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado, para turnarlo al juzgado que haya tenido previo conocimiento. Al respecto, hay que acotar que la anterior disposición administrativa fue modificada en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, mediante el acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura General que reforma y adiciona su similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, no obstante, la citada modificación no afectó en forma alguna las disposiciones normativas citadas en las fracciones II y IV del aludido numeral, pues sólo afectó diversas fracciones. Precisados los supuestos o formas que existen de turnar los asuntos y con base en los registros previos que obran en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, así como de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), además, de las constancias que se recabaron de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional, relativas al juicio de amparo V-177/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, se advierte que la demanda de amparo que dio origen a dicho juicio de garantías, proviene del mismo juicio laboral 65/2016, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Ahora, como en la demanda que generó el juicio de amparo en que se actúa IX-97/2019, promovido por Seledonio Benítez Ramos, en el cual reclama lo siguiente: ". las omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales"; tiene su origen también en el juicio laboral 65/2016. Por tanto, se estima que no correspondería a este órgano jurisdiccional conocer de la demanda de amparo de cuenta, sino al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por ser a dicho tribunal a quien se le turnó la demanda de amparo promovida por Seledonio Benítez Ramos, registrada con el número V-177/2018; ya que es el asunto más reciente relacionado con el juicio laboral 65/2016. Por tanto, si el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, conoció del juicio de amparo más reciente, o bien, del antecedente inmediato, en el que el acto reclamado deriva del mismo juicio de origen; esta potestad federal estima que el referido Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, es quien debe conocer del presente asunto al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 46, fracciones II y IV, del Acuerdo General en aplicación. En mérito de lo anterior, previa copia que de las principales constancias se obtengan para formar el cuaderno de antecedentes relativo, mediante oficio en el que se inserte esta determinación, remítase el cuaderno de amparo en que se actúa, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, por tratarse de un asunto relacionado al que anteriormente ha conocido, ya que los actos reclamados en ambos juicios de amparo derivan del mismo juicio de origen. Solicitando el acuse de recibo. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En virtud de lo anteriormente determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en auto de siete de febrero pasado, para las nueve horas con cincuenta minutos de hoy trece de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil diecinueve. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número IX-97/2019. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Admítase la demanda de amparo que promueve SELEDONIO BENITEZ RAMOS, por derecho propio, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. SE REQUIERE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, de conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita. Deberá acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se remita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Requiérase a la autoridad responsable para que informe si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado dentro del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dése a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Sin que haya lugar a tener como autoridad tercera interesada al H. Ayuntamiento de Tangancicuaro, Michoacán, parte demandada en el juicio laboral de origen, toda vez que su llamamiento a juicio sólo retardaría el procedimiento dentro del mismo, sin pasar por alto que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es de carácter omisivo. CONSIDERACIÓN RESPECTO DE LA APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA No es inadvertido para quien suscribe, la jurisprudencia 2ª./J.48/2016 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Criterio transcrito que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional; sin embargo, de los antecedentes narrados por la parte trabajadora, aquí quejosa, se advierte indiciariamente que se estaría en presencia del caso de excepción que prevé dicha jurisprudencia, ello en atención a que el promovente del amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, que una vez admitida la demanda laboral, con fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, se desahogó la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, además, que una vez admitidas las pruebas de las partes, por auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó el desahogo de unas pruebas testimoniales vía exhorto, y que a la fecha, esto es, más un año y dos meses, no ha remitido el exhorto de referencia para el desahogo de dichas testimoniales; de ahí que quien suscribe considere que posiblemente exista una abierta dilación del procedimiento y, por tanto, la causal de improcedencia no se actualiza de forma notoria e indudable en este momento procesal, motivo por el cual, resulta procedente la admisión de la demanda de garantías, ello sin prejuzgar sobre la posible actualización de la misma ni sobre las cuestiones relativas al fondo del asunto que permitan medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla el juicio laboral del que emana el acto reclamado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formarse incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a Enrique Mateo Hernández, como autorizado de la parte quejosa, con la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho; en tanto que Luz María Calderón Serrato, Gustavo Lozano Orozco y Juan Francisco Castillo Fernández, estarán autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos de la parte final del segundo párrafo de dicho numeral, toda vez que no tienen registrada cédula profesional en el mencionado sistema. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, secretario que autoriza. Doy fe.
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