Saúl Rafael Carreño Romero

Expediente 825/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
825/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • Saúl Rafael Carreño Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. INTERPONE RECURSO DE REVISION Visto el escrito signado por Rafael Carreño Bolaños, quien se ostenta apoderado del quejoso Saúl Rafael Carreño Romero, atento a su contenido, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia con engrose de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve; por lo tanto, distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de agravios; y en su oportunidad, remítase el presente expediente, cuaderno de prueba respectivo, el original del escrito de agravios y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil diecinueve. SE DA CUENTA CON AUTOS. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito a este juzgado, para notificar a la parte quejosa Saúl Rafael Carreño Romero, por sí o a través de sus autorizados Oliver Alejandro Murguía Alcaraz, Antonio Mendoza Laurel, Vinicio Alejandro Cardona Aparicio y Javier Marín Escamilla Báez, la resolución con engrose de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte que no señalo domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, no obstante notifico de manera electrónica a la parte quejosa, la resolución de que se trata, por conducto del usuario que se encuentra registrado en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), el día cuatro de noviembre de la presente anualidad, pero dicha resolución no fue consultada por la aludida parte quejosa. Atento a ello, se ordena notificar por lista que se fije en los estrados de este juzgado, a la parte quejosa de que se trata, la sentencia con engrose de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, así como las subsecuentes; lo anterior, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista, así como la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.Daa

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VII-825/2019, promovido por Saúl Rafael Carreño Romero, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio OCC/C11/JDM/318/2019, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estados, el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, remitió por razón de turno, el diverso 10030, suscrito por la Secretaria de esta adscripción, al que adjuntó copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo VIII-406/2019, promovido por Saúl Rafael Carreño Romero, contra un acto de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad; lo anterior, con motivo de la separación de juicios decretada dentro del mismo, mediante proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. AVOCAMIENTO. Mediante proveído de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se avocó al conocimiento del juicio de amparo VIII-406/2019, promovido por Saúl Rafael Carreño Romero, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, únicamente por lo que respecta al acto reclamado, consistente en: "b) Su sentencia interlocutoria de fecha 26 de marzo de 2019 mediante la cual resolvió el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el ahora quejoso, respecto de la notificación verificada el 31 de enero de dos mil diecinueve, distado dentro el toca I-13/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el suscrito Saúl Rafael Carreño Romero en contra de la sentencia definitiva dictada por el Ciudadano Juez Cuarto de Primera Instancia en Matera Civil del Distrito Judicial de Morelia, en el juicio sumario civil hipotecario número 520/2017 promovido por Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, frente al ahora quejoso." En ese mismo auto, se determinó continuar con el trámite del juicio, quedando registrado el mismo con el número VII-825/2019; se reiteraron las determinaciones que fueron dictadas en el diverso VIII-406/2019, del índice de este juzgado; se ordenó hacer del conocimiento de las partes dicha determinación; se dio la intervención que legalmente del compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". Del análisis integral de la demanda de amparo, y atendiendo a la separación de juicios ordenada en proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo VIII-406/2019, del índice de este juzgado, y del cual emana el presente, se aprecia que el peticionario de garantías reclama: La sentencia interlocutoria de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, pronunciada dentro del incidente de nulidad de actuaciones promovido dentro del toca civil I-13/2019, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, respecto de la notificación realizada el treinta y uno de enero del año en cita. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que acepta la existencacia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia de los autos del toca de apelación I-13/2019. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales.". Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Así, al no existir alguna causal de improcedencia invocada por las partes u otra que de oficio se advierta, lo que procede es realizar el estudio de fondo del asunto de acuerdo a los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO.- ANTECEDENTES. Para una mejor compresión del asunto, se considera pertinente hacer una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, para mayor claridad en el análisis del asunto. Ahora, de las constancias relativas se advierte lo siguiente. Ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial se substanció el juicio sumario civil número 520/2017, seguido en contra del aquí quejoso, en el cual el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se declaró procedente la acción hipotecaria y se le condenó al pago de diversas prestaciones. Inconforme con dicha determinación, el demandado, ahora promovente del amparo, interpuso recurso de apelación, mismo del que correspondió conocer a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo el toca número I-13/2019. No obstante, por auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, la magistrada responsable requirió al apelante para que dentro del término de tres días compareciera a ratificar la firma del escrito de agravios, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentado el escrito relativo, determinación que se notificó el veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Una vez transcurrido dicho término, por auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, se desechó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva, proveído que se notificó al aquí quejoso el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil diecinueve, el enjuiciado promovió incidente de nulidad de actuaciones contra las notificaciones de veintitrés y treinta y uno, ambos de enero de dos mil diecinueve, y en consecuencia solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve. Mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable admitió la incidencia planteada respecto de la notificación de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; desechando la misma respecto de la notificación de veintitrés del citado mes y anualidad, al considerar que el término de tres días para promoverlo había fenecido, ya que el mismo comenzó a correr a partir de que se verificó la notificación subsecuente, esto es, la de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (respecto de la cual se admitió la aludida incidencia). Por escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil diecinueve el impetrante promovió recurso de revocación en contra del auto citado en el párrafo anterior, únicamente en lo que respecta al desechamiento del incidente de nulidad de actuaciones por lo que ve a la notificación de veintitrés de enero del año en cita, mismo que mediante resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve se declaró infundado. Respecto de la anterior determinación, el aquí quejoso Saúl Rafael Carreño Romero, promovió juicio de garantías, mismo que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, quedando registrado el mismo con el número VIII-406/2019. Mediante interlocutoria de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, la Sala responsable, declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones bajo el argumento de que al no constituir la actuación de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, un emplazamiento, ni la primera notificación ordenada dentro del recurso de apelación, el notificador no estaba obligado a observar las exigencias que respecto de esos dos actos prevé el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Siendo ésta la determinación que constituye materia de reclamo en este juicio de amparo. 10. Finalmente, se cita como un hecho notorio que mediante resolución con fecha de engrose de quince de octubre de dos mil diecinueve, se resolvió el juicio de amparo VIII-406/2019, del índice de este juzgado, concediéndose al aquí quejoso la protección constitucional para que la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, relativa al recurso de revocación, contra el desechamiento del incidente de nulidad respecto a la notificación de veintitrés de enero de dos mil dieciocho; y, En su lugar emita otra, en el que declare fundado el recurso y ordene la admisión del incidente promovido contra la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictado en el toca de apelación I-13/2019. Resulta aplicable en la parte que interesa, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, cuyo rubro y texto versan: "Época: Décima Época Registro: 2016820 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III Materia(s): Civil Tesis: (IV Región)2o.17 C (10a.) Página: 2561 "HECHO NOTORIO EN MATERIA CIVIL. TANTO EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, COMO LA SALA RESPONSABLE PUEDEN INVOCARLO, DE OFICIO, COMO TAL LAS RESOLUCIONES EMITIDAS ANTERIORMENTE ANTE EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL A FIN DE PODER RESOLVER UN ASUNTO EN ESPECÍFICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 232, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). La contradicción de tesis 4/2007-PL, dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abordar el examen del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles (que es de similar contenido al diverso 232, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz), consideró, entre otros aspectos, que es incuestionable que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su actividad jurisdiccional; lo que conduce a determinar que de conformidad con el artículo 88 invocado, los Magistrados de un Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar, de oficio, como un hecho notorio, las resoluciones emitidas anteriormente ante el propio órgano jurisdiccional, a fin de poder resolver un asunto en específico, o pronunciarse sobre su procedencia, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que ésa es una facultad que la propia ley les confiere y que, desde luego, es de su conocimiento por razón de su función, ya que fueron quienes intervinieron en la discusión, votación y resolución en un sentido preciso; y donde concluye la Segunda Sala, que es indudable que un Juez de Distrito o un Tribunal Colegiado de Circuito, puede tener por actualizada una causa de improcedencia en un juicio de amparo, atento a la existencia de un asunto relacionado, que constituye un hecho notorio por haberse resuelto previamente por el propio juzgador. Bajo esas consideraciones, al contener idéntica definición el hecho notorio examinado por la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal del País, en el artículo 88 al diverso 232, párrafo segundo, citados resulta incuestionable que, tanto el Juez de primera instancia, como la Sala responsable, pueden invocar, de oficio, como un hecho notorio, las resoluciones que hayan emitido anteriormente ante el propio órgano jurisdiccional, a fin de poder resolver un asunto en específico.". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. Amparo directo 604/2017 (cuaderno auxiliar 1092/2017) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Alejandra Tejero Díaz. 28 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Riveros Caraza. Secretario: Germán Nájera Paredes. Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 4/2007-PL y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2007 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, julio de 2007, página 652 y XXV, junio de 2007, página 285, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 04 de mayo de 2018 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación." SEXTO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Previo al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso en su escrito de demanda, se estima necesario establecer que en el presente considerando únicamente se abordará el estudio del segundo de éstos; ello virtud a que el primero versa sobre cuestiones relativas a la legalidad de la resolución pronunciada el quince de octubre de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve; lo que constituyó materia de análisis en diverso juicio de amparo VIII-406/2019, del índice de este órgano jurisdiccional. Una vez establecido lo anterior, se procede al análisis de los planteamientos que realiza el quejoso en el segundo de sus conceptos de violación; en éste, aduce medularmente que la resolución interlocutoria de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, pronunciada dentro del toca I-13/2019, con motivo del incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la notificación verificada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, viola en su perjuicio el contenido de los preceptos constitucionales 14 y 16, así como lo establecido en los artículos 79, 83 y 84 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, por las consideraciones siguientes: La Magistrada responsable estimó que al momento de llevar a cabo la notificación impugnada, el notificador no se encontraba obligado a observar las exigencias del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles, en virtud de que las mismas solo aplican para el emplazamiento y la primera notificación; por ende, para fijar el citatorio en la puerta del domicilio, no era necesario asentar razón de su proceder; sin embargo, pasó por alto el contenido del artículo 83 de la codificación en comento, que establece el procedimiento a seguir para notificar autos durante el juicio para el caso de que las partes hubieren señalado domicilio; precepto en cuyo párrafo final se establece que si el actuario no encontrase a la persona buscada, sin necesidad de mandamiento judicial, practicará la diligencia por medio de instructivo en términos del artículo 79 de dicha codificación. El anterior argumento resulta infundado. Lo anterior, virtud a que contrario a lo alegado por el impetrante, la Magistrada responsable al emitir la resolución interlocutoria que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, sí tomo en cuenta el contenido del artículo 83 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, tan es así que determinó que la actuación de treinta y uno de enero de la presente anualidad satisfizo las exigencias formales y esenciales contenidas en dicho numeral, así como el diverso 84 del aludido cuerpo normativo, al haber acudido el notificador al lugar donde se ubica el domicilio por el apelante para recibir notificaciones personales, dejando la información contenida en el instructivo de ley, el cual fijó en la puerta de tal lugar. Pero además, la Magistrada responsable no se encontraba obligada a analizar la legalidad de la notificación impugnada a la luz de lo dispuesto por precepto 83 antes citado. Para estimarlo de esa manera resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 79, 83 y 84, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, que dicen: "Artículo 79. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará en el domicilio designado al efecto, en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio; no encontrándolo el notificador y cerciorado de que es el domicilio del notificado y está en la población, le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente, y si no espera se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre del promovente, el tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se notifique, la fecha y hora en que se deje y el nombre de la persona que lo reciba. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a cualquiera de los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o éste se hallare cerrado, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, estas quedarán en la secretaría a disposición del demandado. (.) Artículo 83. Las notificaciones de los autos en que se mande hacer saber a las partes la llegada de los autos, se dé por contestada la demanda en rebeldía del demandado, en que se mande recibir el juicio a prueba, hacer la primera citación para absolver posiciones, citar para sentencia interlocutoria o principal y la de la sentencia misma, se harán en el domicilio o en la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial, designado por las partes. Podrán hacerse en el mismo juzgado, si los interesados ocurren antes a él. El funcionario que deba hacer la notificación para el caso de que se hubiera señalado domicilio en el lugar del juicio, buscará en el lugar designado a la persona que ha de ser notificada y le hará la notificación. Si no la encontrase y sin necesidad de mandamiento judicial, practicará la diligencia por medio de instructivo en los términos del artículo 79. Cuando se haya señalado la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial, el notificador accederá al sistema de notificación electrónica para remitir la notificación de la resolución correspondiente al usuario registrado en autos. Si no se hubiere hecho cualquiera de los dos señalamientos anteriores, la notificación se hará por medio de lista. Artículo 84. No se dejarán de hacer las notificaciones de que habla el artículo anterior, aunque el que deba practicarlas reciba informe de que la persona que ha de ser notificada está ausente del lugar o ha mudado de domicilio, el que éste se encuentre cerrado o deshabitado; el que las personas que vivan en él se nieguen a recibir el instructivo o rehúsen ocurrir al llamado del que va a hacer la notificación, ni cualquier otra dificultad que tienda a embarazar o a impedir la diligencia; pues en todos esos casos y en cualquier otro análogo, bastará para que la notificación se entienda hecha y surta sus efectos legales, el que se fije el instructivo en la puerta de entrada, y si el domicilio tuviere varias, en cualquiera de ellas, haciéndose constar así en el expediente". De los preceptos 79 y 84 transcritos, se desprende que tratándose del emplazamiento o primera notificación, dichas diligencias se practicarán en el domicilio designado por el interesado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio; no encontrándolo el notificador, le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente, y si no lo espera le hará la notificación por instructivo, que se entregará a cualquiera de los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o éste se hallare cerrado, el citatorio se fijará en la puerta de entrada del domicilio, haciéndose constar dicha circunstancia en el expediente. Reglas anteriores que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la codificación invocada, le son exigibles al notificador, además en aquellos autos en que se mande hacer saber a las partes: La llegada de los autos. Se dé por contestada la demanda. Se mande recibir el juicio a prueba. Hacer la primera citación para absolver posiciones. Citar para sentencia interlocutoria o principal. La sentencia misma. Por lo antes expuesto, al no estar previsto por el artículo 83 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, el auto a través del cual se desecha el recurso de apelación, el notificador no se encontraba obligado a ceñirse a las exigencias que prevé el diverso artículo 79 de dicho código para emplazamiento o primera notificación; por lo que se estima fue correcta de determinación de la responsable en el sentido de declarar infundada la incidencia planteada. En las relatadas circunstancias, al haber quedado demostrado que el acto reclamado no infringe en perjuicio del peticionario de amparo derechos fundamentales, lo que procede es NEGAR el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a SAÚL RAFAEL CARREÑO ROMERO, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, que actúa con el licenciado José Sierra Ortiz, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que terminó el engrose de la presente resolución y lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.-

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VII-825/2019, promovido por Saúl Rafael Carreño Romero, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio OCC/C11/JDM/318/2019, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estados, el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, remitió por razón de turno, el diverso 10030, suscrito por la Secretaria de esta adscripción, al que adjuntó copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo VIII-406/2019, promovido por Saúl Rafael Carreño Romero, contra un acto de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad; lo anterior, con motivo de la separación de juicios decretada dentro del mismo, mediante proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. AVOCAMIENTO. Mediante proveído de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se avocó al conocimiento del juicio de amparo VIII-406/2019, promovido por Saúl Rafael Carreño Romero, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, únicamente por lo que respecta al acto reclamado, consistente en: "b) Su sentencia interlocutoria de fecha 26 de marzo de 2019 mediante la cual resolvió el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el ahora quejoso, respecto de la notificación verificada el 31 de enero de dos mil diecinueve, distado dentro el toca I-13/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el suscrito Saúl Rafael Carreño Romero en contra de la sentencia definitiva dictada por el Ciudadano Juez Cuarto de Primera Instancia en Matera Civil del Distrito Judicial de Morelia, en el juicio sumario civil hipotecario número 520/2017 promovido por Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, frente al ahora quejoso." En ese mismo auto, se determinó continuar con el trámite del juicio, quedando registrado el mismo con el número VII-825/2019; se reiteraron las determinaciones que fueron dictadas en el diverso VIII-406/2019, del índice de este juzgado; se ordenó hacer del conocimiento de las partes dicha determinación; se dio la intervención que legalmente del compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". Del análisis integral de la demanda de amparo, y atendiendo a la separación de juicios ordenada en proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo VIII-406/2019, del índice de este juzgado, y del cual emana el presente, se aprecia que el peticionario de garantías reclama: La sentencia interlocutoria de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, pronunciada dentro del incidente de nulidad de actuaciones promovido dentro del toca civil I-13/2019, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, respecto de la notificación realizada el treinta y uno de enero del año en cita. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que acepta la existencacia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia de los autos del toca de apelación I-13/2019. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales.". Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Así, al no existir alguna causal de improcedencia invocada por las partes u otra que de oficio se advierta, lo que procede es realizar el estudio de fondo del asunto de acuerdo a los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO.- ANTECEDENTES. Para una mejor compresión del asunto, se considera pertinente hacer una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, para mayor claridad en el análisis del asunto. Ahora, de las constancias relativas se advierte lo siguiente. Ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial se substanció el juicio sumario civil número 520/2017, seguido en contra del aquí quejoso, en el cual el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se declaró procedente la acción hipotecaria y se le condenó al pago de diversas prestaciones. Inconforme con dicha determinación, el demandado, ahora promovente del amparo, interpuso recurso de apelación, mismo del que correspondió conocer a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo el toca número I-13/2019. No obstante, por auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, la magistrada responsable requirió al apelante para que dentro del término de tres días compareciera a ratificar la firma del escrito de agravios, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentado el escrito relativo, determinación que se notificó el veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Una vez transcurrido dicho término, por auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, se desechó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva, proveído que se notificó al aquí quejoso el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil diecinueve, el enjuiciado promovió incidente de nulidad de actuaciones contra las notificaciones de veintitrés y treinta y uno, ambos de enero de dos mil diecinueve, y en consecuencia solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve. Mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable admitió la incidencia planteada respecto de la notificación de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; desechando la misma respecto de la notificación de veintitrés del citado mes y anualidad, al considerar que el término de tres días para promoverlo había fenecido, ya que el mismo comenzó a correr a partir de que se verificó la notificación subsecuente, esto es, la de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (respecto de la cual se admitió la aludida incidencia). Por escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil diecinueve el impetrante promovió recurso de revocación en contra del auto citado en el párrafo anterior, únicamente en lo que respecta al desechamiento del incidente de nulidad de actuaciones por lo que ve a la notificación de veintitrés de enero del año en cita, mismo que mediante resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve se declaró infundado. Respecto de la anterior determinación, el aquí quejoso Saúl Rafael Carreño Romero, promovió juicio de garantías, mismo que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, quedando registrado el mismo con el número VIII-406/2019. Mediante interlocutoria de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, la Sala responsable, declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones bajo el argumento de que al no constituir la actuación de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, un emplazamiento, ni la primera notificación ordenada dentro del recurso de apelación, el notificador no estaba obligado a observar las exigencias que respecto de esos dos actos prevé el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Siendo ésta la determinación que constituye materia de reclamo en este juicio de amparo. 10. Finalmente, se cita como un hecho notorio que mediante resolución con fecha de engrose de quince de octubre de dos mil diecinueve, se resolvió el juicio de amparo VIII-406/2019, del índice de este juzgado, concediéndose al aquí quejoso la protección constitucional para que la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, relativa al recurso de revocación, contra el desechamiento del incidente de nulidad respecto a la notificación de veintitrés de enero de dos mil dieciocho; y, En su lugar emita otra, en el que declare fundado el recurso y ordene la admisión del incidente promovido contra la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictado en el toca de apelación I-13/2019. Resulta aplicable en la parte que interesa, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, cuyo rubro y texto versan: "Época: Décima Época Registro: 2016820 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III Materia(s): Civil Tesis: (IV Región)2o.17 C (10a.) Página: 2561 "HECHO NOTORIO EN MATERIA CIVIL. TANTO EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, COMO LA SALA RESPONSABLE PUEDEN INVOCARLO, DE OFICIO, COMO TAL LAS RESOLUCIONES EMITIDAS ANTERIORMENTE ANTE EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL A FIN DE PODER RESOLVER UN ASUNTO EN ESPECÍFICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 232, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). La contradicción de tesis 4/2007-PL, dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abordar el examen del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles (que es de similar contenido al diverso 232, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz), consideró, entre otros aspectos, que es incuestionable que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su actividad jurisdiccional; lo que conduce a determinar que de conformidad con el artículo 88 invocado, los Magistrados de un Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar, de oficio, como un hecho notorio, las resoluciones emitidas anteriormente ante el propio órgano jurisdiccional, a fin de poder resolver un asunto en específico, o pronunciarse sobre su procedencia, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que ésa es una facultad que la propia ley les confiere y que, desde luego, es de su conocimiento por razón de su función, ya que fueron quienes intervinieron en la discusión, votación y resolución en un sentido preciso; y donde concluye la Segunda Sala, que es indudable que un Juez de Distrito o un Tribunal Colegiado de Circuito, puede tener por actualizada una causa de improcedencia en un juicio de amparo, atento a la existencia de un asunto relacionado, que constituye un hecho notorio por haberse resuelto previamente por el propio juzgador. Bajo esas consideraciones, al contener idéntica definición el hecho notorio examinado por la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal del País, en el artículo 88 al diverso 232, párrafo segundo, citados resulta incuestionable que, tanto el Juez de primera instancia, como la Sala responsable, pueden invocar, de oficio, como un hecho notorio, las resoluciones que hayan emitido anteriormente ante el propio órgano jurisdiccional, a fin de poder resolver un asunto en específico.". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. Amparo directo 604/2017 (cuaderno auxiliar 1092/2017) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Alejandra Tejero Díaz. 28 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Riveros Caraza. Secretario: Germán Nájera Paredes. Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 4/2007-PL y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2007 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, julio de 2007, página 652 y XXV, junio de 2007, página 285, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 04 de mayo de 2018 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación." SEXTO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Previo al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso en su escrito de demanda, se estima necesario establecer que en el presente considerando únicamente se abordará el estudio del segundo de éstos; ello virtud a que el primero versa sobre cuestiones relativas a la legalidad de la resolución pronunciada el quince de octubre de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve; lo que constituyó materia de análisis en diverso juicio de amparo VIII-406/2019, del índice de este órgano jurisdiccional. Una vez establecido lo anterior, se procede al análisis de los planteamientos que realiza el quejoso en el segundo de sus conceptos de violación; en éste, aduce medularmente que la resolución interlocutoria de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, pronunciada dentro del toca I-13/2019, con motivo del incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la notificación verificada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, viola en su perjuicio el contenido de los preceptos constitucionales 14 y 16, así como lo establecido en los artículos 79, 83 y 84 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, por las consideraciones siguientes: La Magistrada responsable estimó que al momento de llevar a cabo la notificación impugnada, el notificador no se encontraba obligado a observar las exigencias del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles, en virtud de que las mismas solo aplican para el emplazamiento y la primera notificación; por ende, para fijar el citatorio en la puerta del domicilio, no era necesario asentar razón de su proceder; sin embargo, pasó por alto el contenido del artículo 83 de la codificación en comento, que establece el procedimiento a seguir para notificar autos durante el juicio para el caso de que las partes hubieren señalado domicilio; precepto en cuyo párrafo final se establece que si el actuario no encontrase a la persona buscada, sin necesidad de mandamiento judicial, practicará la diligencia por medio de instructivo en términos del artículo 79 de dicha codificación. El anterior argumento resulta infundado. Lo anterior, virtud a que contrario a lo alegado por el impetrante, la Magistrada responsable al emitir la resolución interlocutoria que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, sí tomo en cuenta el contenido del artículo 83 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, tan es así que determinó que la actuación de treinta y uno de enero de la presente anualidad satisfizo las exigencias formales y esenciales contenidas en dicho numeral, así como el diverso 84 del aludido cuerpo normativo, al haber acudido el notificador al lugar donde se ubica el domicilio por el apelante para recibir notificaciones personales, dejando la información contenida en el instructivo de ley, el cual fijó en la puerta de tal lugar. Pero además, la Magistrada responsable no se encontraba obligada a analizar la legalidad de la notificación impugnada a la luz de lo dispuesto por precepto 83 antes citado. Para estimarlo de esa manera resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 79, 83 y 84, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, que dicen: "Artículo 79. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará en el domicilio designado al efecto, en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio; no encontrándolo el notificador y cerciorado de que es el domicilio del notificado y está en la población, le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente, y si no espera se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre del promovente, el tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se notifique, la fecha y hora en que se deje y el nombre de la persona que lo reciba. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a cualquiera de los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o éste se hallare cerrado, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, estas quedarán en la secretaría a disposición del demandado. (.) Artículo 83. Las notificaciones de los autos en que se mande hacer saber a las partes la llegada de los autos, se dé por contestada la demanda en rebeldía del demandado, en que se mande recibir el juicio a prueba, hacer la primera citación para absolver posiciones, citar para sentencia interlocutoria o principal y la de la sentencia misma, se harán en el domicilio o en la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial, designado por las partes. Podrán hacerse en el mismo juzgado, si los interesados ocurren antes a él. El funcionario que deba hacer la notificación para el caso de que se hubiera señalado domicilio en el lugar del juicio, buscará en el lugar designado a la persona que ha de ser notificada y le hará la notificación. Si no la encontrase y sin necesidad de mandamiento judicial, practicará la diligencia por medio de instructivo en los términos del artículo 79. Cuando se haya señalado la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial, el notificador accederá al sistema de notificación electrónica para remitir la notificación de la resolución correspondiente al usuario registrado en autos. Si no se hubiere hecho cualquiera de los dos señalamientos anteriores, la notificación se hará por medio de lista. Artículo 84. No se dejarán de hacer las notificaciones de que habla el artículo anterior, aunque el que deba practicarlas reciba informe de que la persona que ha de ser notificada está ausente del lugar o ha mudado de domicilio, el que éste se encuentre cerrado o deshabitado; el que las personas que vivan en él se nieguen a recibir el instructivo o rehúsen ocurrir al llamado del que va a hacer la notificación, ni cualquier otra dificultad que tienda a embarazar o a impedir la diligencia; pues en todos esos casos y en cualquier otro análogo, bastará para que la notificación se entienda hecha y surta sus efectos legales, el que se fije el instructivo en la puerta de entrada, y si el domicilio tuviere varias, en cualquiera de ellas, haciéndose constar así en el expediente". De los preceptos 79 y 84 transcritos, se desprende que tratándose del emplazamiento o primera notificación, dichas diligencias se practicarán en el domicilio designado por el interesado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio; no encontrándolo el notificador, le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente, y si no lo espera le hará la notificación por instructivo, que se entregará a cualquiera de los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o éste se hallare cerrado, el citatorio se fijará en la puerta de entrada del domicilio, haciéndose constar dicha circunstancia en el expediente. Reglas anteriores que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la codificación invocada, le son exigibles al notificador, además en aquellos autos en que se mande hacer saber a las partes: La llegada de los autos. Se dé por contestada la demanda. Se mande recibir el juicio a prueba. Hacer la primera citación para absolver posiciones. Citar para sentencia interlocutoria o principal. La sentencia misma. Por lo antes expuesto, al no estar previsto por el artículo 83 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, el auto a través del cual se desecha el recurso de apelación, el notificador no se encontraba obligado a ceñirse a las exigencias que prevé el diverso artículo 79 de dicho código para emplazamiento o primera notificación; por lo que se estima fue correcta de determinación de la responsable en el sentido de declarar infundada la incidencia planteada. En las relatadas circunstancias, al haber quedado demostrado que el acto reclamado no infringe en perjuicio del peticionario de amparo derechos fundamentales, lo que procede es NEGAR el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a SAÚL RAFAEL CARREÑO ROMERO, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, que actúa con el licenciado José Sierra Ortiz, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que terminó el engrose de la presente resolución y lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.-

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