Saúl Antonio Martínez Lara
Expediente 688/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 04/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Saúl Antonio Martínez Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que remite la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad capital, mediante el cual acusa recibo del oficio 2313/2019 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de diecinueve de febrero de la presente anualidad y se le enviaron dos tomos de pruebas que remitió al rendir su informe justificado.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que remite la Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 2311/2019 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de diecinueve de febrero de la presente anualidad y se le envió un tomo de pruebas que remitió al rendir su informe justificado.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de once de febrero del presente año, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo hubiese hecho valer; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1) Mediante sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************, respecto del acto que hizo consistir en la resolución de trece de julio de dos mil dieciocho emitida en el toca *****************, por la que el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, revocó la interlocutoria pronunciada el veintitrés de mayo del mismo año en la cual se dirimió el incidente de liquidación de pensión alimenticia promovido por ****************, en contra de****************, en los autos del juicio ordinario civil ****************; así como su ejecución. La protección constitucional otorgada fue para el efecto de que el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato: Dejará insubsistente la resolución reclamada de trece de julio de dos mil dieciocho; y Dictara una nueva en el cual: I) subsanara la incongruencia indicada en el cuerpo de la sentencia, atinente a que los contendientes, en el convenio reparatorio que celebraron, acordaron que la pensión alimenticia se actualizaría conforme al salario mínimo; II) se ocupara de analizar frontalmente los agravios identificados como primero y segundo, del escrito mediante el cual se interpuso recurso de apelación en contra de la interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en términos de lo expuesto en el cuerpo de la resolución de amparo; y con plenitud de jurisdicción determinara lo que estimara ajustado a derecho. 2) En providencia de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se declaró la firmeza del fallo protector y se requirió a dicha responsable cumpliera con él. 3) En cumplimiento a la ejecutoria de mérito el Magistrado de la Tercera Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital, remitió copia certificada del auto de veintiocho de enero del presente año, por medio del cual dejó sin efectos la resolución reclamada de trece de julio de dos mil dieciocho. 4) Asimismo, mediante oficio registrado en la oficialía de partes de este juzgado con el número 1104, remitió copia certificada de la nueva determinación de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictada al resolver el toca 390/2018 de su estadística. 4) Con motivo de lo anterior, el once de febrero de la anualidad que transcurre, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: El Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dejó insubsistente la resolución reclamada de trece de julio de dos mil dieciocho. Emitió una nueva, en la que subsano la incongruencia existente en la resolución reclamada, puesto que argumentó que los contendientes del juicio ***********, en el convenio reparatorio que celebraron, acordaron el pago de una suma liquida, sin que esta tuviera que actualizarse conforme al incremento del salario mínimo, por lo que determinó absolver al deudor alimenticio de pago alguno por concepto de actualización de la pensión alimenticia conforme al salario mínimo; Asimismo, dio contestación de manera frontal a los agravios identificados como primero y segundo, del escrito mediante el cual se interpuso recurso de apelación en contra de la interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, declarándolos fundados, aludiendo a que la expresión de salario mínimo solo fue un indicativo para establecer la condena, no así como referencia para actualizar el monto en cualquier momento; así como que no existe fundamento legal para actualizar el monto de los alimentos, puesto que a la fecha de la emisión de la sentencia donde se impuso la obligación, el artículo 365 del Código Civil del Estado, establecía límites de equidad y proporcionalidad y no hacía referencia a actualización con salario mínimo. En ese sentido, el suscrito considera que con las actuaciones descritas con antelación, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En virtud a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. El original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental. Atendiendo al punto vigésimo fracción III, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras ello sucede guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitieron al rendir su informe justificado el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y la Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, consistentes en copia certificada del toca 390/2018 y del expediente C-399/2002 de su índice, respectivamente, con las que se formaron tres tomos, devuélvanseles y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA:Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de once de febrero del presente año, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo hubiese hecho valer; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1) Mediante sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************, respecto del acto que hizo consistir en la resolución de trece de julio de dos mil dieciocho emitida en el toca *****************, por la que el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, revocó la interlocutoria pronunciada el veintitrés de mayo del mismo año en la cual se dirimió el incidente de liquidación de pensión alimenticia promovido por ****************, en contra de****************, en los autos del juicio ordinario civil ****************; así como su ejecución. La protección constitucional otorgada fue para el efecto de que el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato: Dejará insubsistente la resolución reclamada de trece de julio de dos mil dieciocho; y Dictara una nueva en el cual: I) subsanara la incongruencia indicada en el cuerpo de la sentencia, atinente a que los contendientes, en el convenio reparatorio que celebraron, acordaron que la pensión alimenticia se actualizaría conforme al salario mínimo; II) se ocupara de analizar frontalmente los agravios identificados como primero y segundo, del escrito mediante el cual se interpuso recurso de apelación en contra de la interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en términos de lo expuesto en el cuerpo de la resolución de amparo; y con plenitud de jurisdicción determinara lo que estimara ajustado a derecho. 2) En providencia de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se declaró la firmeza del fallo protector y se requirió a dicha responsable cumpliera con él. 3) En cumplimiento a la ejecutoria de mérito el Magistrado de la Tercera Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital, remitió copia certificada del auto de veintiocho de enero del presente año, por medio del cual dejó sin efectos la resolución reclamada de trece de julio de dos mil dieciocho. 4) Asimismo, mediante oficio registrado en la oficialía de partes de este juzgado con el número 1104, remitió copia certificada de la nueva determinación de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictada al resolver el toca 390/2018 de su estadística. 4) Con motivo de lo anterior, el once de febrero de la anualidad que transcurre, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: El Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dejó insubsistente la resolución reclamada de trece de julio de dos mil dieciocho. Emitió una nueva, en la que subsano la incongruencia existente en la resolución reclamada, puesto que argumentó que los contendientes del juicio ***********, en el convenio reparatorio que celebraron, acordaron el pago de una suma liquida, sin que esta tuviera que actualizarse conforme al incremento del salario mínimo, por lo que determinó absolver al deudor alimenticio de pago alguno por concepto de actualización de la pensión alimenticia conforme al salario mínimo; Asimismo, dio contestación de manera frontal a los agravios identificados como primero y segundo, del escrito mediante el cual se interpuso recurso de apelación en contra de la interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, declarándolos fundados, aludiendo a que la expresión de salario mínimo solo fue un indicativo para establecer la condena, no así como referencia para actualizar el monto en cualquier momento; así como que no existe fundamento legal para actualizar el monto de los alimentos, puesto que a la fecha de la emisión de la sentencia donde se impuso la obligación, el artículo 365 del Código Civil del Estado, establecía límites de equidad y proporcionalidad y no hacía referencia a actualización con salario mínimo. En ese sentido, el suscrito considera que con las actuaciones descritas con antelación, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En virtud a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. El original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental. Atendiendo al punto vigésimo fracción III, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras ello sucede guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitieron al rendir su informe justificado el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y la Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, consistentes en copia certificada del toca 390/2018 y del expediente C-399/2002 de su índice, respectivamente, con las que se formaron tres tomos, devuélvanseles y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
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