Saúl Alejandro Nuñez Torres
Expediente 20/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Saúl Alejandro Nuñez Torres
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual trascribe el proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, del que se advierte que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; el Juez queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA:} Vista la demanda de amparo promovida por *****, quien aduce ser endosatario en procuración de *****, contra actos del Juez Tercero Menor Civil de esta localidad, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 20/2016-I. Ahora, del análisis integral de la demanda de que se trata, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos..." Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Bajo dicha guisa, en el caso concreto, del análisis integral de la demanda, en especial del capítulo de los antecedentes del acto reclamado, se advierte: Que el veinticuatro de abril de dos mil quince, se entabló demanda en contra de ******, la que por razón de turno le toco conocer al Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, donde se radicó bajo el número M-751/2015. Luego mediante proveído de veintisiete de noviembre pasado, se ordenó decretar la caducidad del procedimiento de origen al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 1076 del Código de Comercio, por no darse impulso al mismo, ya que transcurrió más de ciento vente días hábiles. Lo que constituye en esta instancia el acto reclamado. En tal virtud, como se evidencia de los antecedentes narrados, la resolución reclamada se cataloga de aquellas que ponen fin al juicio, pues sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Precisado lo anterior, debe decirse que los Tribunales Colegiados de Circuito son los competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por los primeros, las que decida el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación por tratarse de una resolución definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo, incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Tiene puntual aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que se invocan, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 95, Tomo I, Abril de 2015, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Con base en lo expuesto, este operador jurídico considera que dicho acto debe impugnarse vía amparo directo, en términos de los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, ya que sin decidirse el juicio en lo principal se dio por concluido, sin que obste que no se haya agotado el medio ordinario de defensa para impugnarlo, por lo que el estudio de su procedencia es competencia de un Tribunal Colegiado. Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia para conocer de la demanda, y con fundamento en el numeral 47 de la referida legislación reglamentaria, ordena: a. Remitir el escrito original de demanda, así como sus copias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitarle a la Superioridad, comedidamente, informe si acepta o no la competencia planteada. c. Formar con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes; y, d. Realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, téngase al promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del arábigo 12 de la ley de la materia a Adrián Xicoténcatl Rocha Álvarez, en virtud de que cuentan con cedula profesional número 2115063, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Luis Fernando Montes Ledesma, por no encontrarse en dicho supuesto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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