Saúl González Lardizabal y Otros.

Expediente 596/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 43 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
596/2021
Año
2021
Actuaciones
43
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Juez Primero Penal del Partido de Celaya, Guanajuato.
  • Saúl González Lardizabal
  • Saúl González Lardizabal y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el presente expediente se encuentra concluido y que mediante proveído de veinticuatro de enero del año en curso, se ordenó su archivo; en ese sentido, se acuerda: En relación al cuaderno de antecedentes formado con motivo recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, atendiendo al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que la sentencia dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en la que este Tribunal negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **************, por sí y en representación de **************, contra actos del Juez Primero Penal de Partido de Celaya, Guanajuato y otras autoridades, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 -fracción II- del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se negó la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***************, contra los actos reclamados a las autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el tercer considerativo de la misma. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **************, contra el acto reclamado al agente del Ministerio Público Especializado en Investigación de Delitos Patrimoniales del Sistema Procesal Acusatorio, de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, que fue precisado en el considerando segundo, por los motivos precisados en el último considerativo de la presente resolución.

  4. Principal

    Glósese a los autos el escrito de **************, en representación de la tercera interesada ***************, personalidad que acredita con copia certificada de la escritura pública, número 1407, mil cuatrocientos siete, de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, ante el notario público número doce de esta ciudad. Con fundamento en el artículo 5° fracción III inciso c) de la Ley de Amparo, se tiene a la tercera interesada, apersonándose en el presente juicio, señalando domicilio para recibir notificaciones; así también, el correo electrónico señalado en su ocurso para recibir notificaciones, lo anterior, de conformidad términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. En otro orden, agréguense en autos los oficios remitidos por el Director General de Transportes del Estado, con residencia en esta ciudad y apoderada legal del Instituto Mexicano del Seguro Social de León, Guanajuato, mediante los cuales, en atención al requerimiento de doce de noviembre del año en curso, informan donde podría ser localizada la tercera interesada ****************; sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que ya fue emplazada la nombrada. Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la tercera interesada se imponga del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, a fin de que esté en aptitud de preparar una adecuada defensa a sus intereses; por tanto, se difiere la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración.

Quedan 39 actuaciones en este expediente

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