Saúl García Tovar

Expediente 168/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 34 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
168/2022
Año
2022
Actuaciones
34
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Saúl García Tovar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 168/2022-VII promovido por *************, por propio derecho, y remite el testimonio de la resolución pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia 4/2022, formado con motivo de la imposibilidad jurídica y de hecho de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Devuélvase los autos del juicio de amparo 168/2022, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, para que proceda en los términos indicados en la parte final de la presente resolución. SEGUNDO. Queda sin efectos el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo de referencia." En ese sentido, acúsese recibo vía electrónica a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Como lo ordena la superioridad y en atención a lo expuesto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Saúl García Tovar, para efecto de que la responsable: Dejará insubsistente la determinación emitida el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación 10279/2022, en la que se impusieron como medidas de protección: La prohibición al probable agresor de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, y del domicilio de las y los ascendientes y descendientes; la prohibición de intimidar y molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia; la autoridad policial deberá de realizar rondines en el domicilio de la ofendida. En su lugar, seguidamente y con plenitud de jurisdicción emitiera otra determinación, la cual podría ser en el mismo sentido de la reclamada, en la que debería fundar y motivar adecuadamente la imposición de las medidas de protección a la víctima, sustentando su determinación en lo dispuesto por los artículos 137 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siguiendo los lineamientos trazados en la sentencia, con independencia de que también pudiera apoyar su decisión en lo dispuesto por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el entendido de que, si optara por aplicar alguna de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III, del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debería gestionar dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las mismas, la audiencia respectiva, en la que el juez podría cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. Notificara personalmente esa determinación al imputado, conforme a la normatividad aplicable al caso concreto. b) En proveído de tres de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en esa fecha se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, para que, dentro del plazo legal de tres días, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito. c) Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, remitiendo las constancias en las que se advertía que dejó insubsistente la determinación emitida el veintidós de enero de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación 10279/2022 de su índice. d) Con motivo de lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. e) Mediante acuerdo de veintisiete de junio del año próximo pasado, se determinó que la ejecutoria de amparo no había sido cabalmente cumplida, por lo que se requirió de nueva cuenta a la responsable para que de inmediato cumpliera cabalmente con el fallo protector y remitiera copia certificada de las constancias que así lo acreditaran. f) En proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, remitiendo las constancias de las que se advierte que dejó insubsistente el auto a través del cual se dictaron las medidas de protección que fueron materia de estudio por esta vía de amparo, además de que ordenó notificar personalmente esa decisión a Ma. Esther Ortiz Pérez y Saúl García Tovar. Por otra parte, informó que en la indagatoria de origen determinó el no ejercicio de la acción penal, ya que, en vía de ampliación, la parte ofendida otorgó el perdón en favor del imputado (aquí quejoso), motivo por el cual no se estudió el fondo del asunto. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés conviniera, apercibiéndole que de no hacerlo, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. g) En proveído de veinticuatro de agosto pasado, al calificar el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, se determinó que existía una imposibilidad jurídica y de hecho para cumplir cabalmente con el fallo amparador, en virtud de que la responsable informó que la parte ofendida había otorgado el perdón al imputado y como consecuencia de ello, determinó el no ejercicio de la acción penal. Por ese motivo se dio vista a las partes, para que dentro del término de quince días legalmente computado, manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto de esa determinación, para que estuvieran en aptitud legal de interponer el recurso de inconformidad, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se aplicaría por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia, y se enviarían los autos al tribunal colegiado que corresponda para que resolviera al respecto. h) En auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que se ordenó remitir los autos originales del expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato, capital, para lo que tuviera a bien determinar. i) En auto de veinticinco de octubre de dos mi veintidós, se recibió un oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual devolvió los autos originales del amparo 168/2022-VII promovido por Saúl García Tovar, por propio derecho, y remitió el testimonio de la resolución pronunciada el trece de octubre pasado en el incidente de inejecución de sentencia 2/2022, derivado del presente juicio, cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 168/2022, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, para que se allegue de las constancias necesarias para el correspondiente análisis de la materia del cumplimiento del fallo protector. SEGUNDO. Queda sin efecto el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo de referencia." En cumplimiento de lo determinado por la superioridad y previo a hacer algún pronunciamiento en torno si ha quedado cumplido el fallo protector o si requiere su cumplimiento, o en su caso, existiera imposibilidad para ello, o bien si ha quedado sin materia el cumplimiento de la sentencia, conforme a la hipótesis prevista por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se requirió al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común I, en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, para que de inmediato remitiera copia certificada de la determinación del no ejercicio de la acción penal que emitió dentro de la carpeta de investigación 10279/2022; ya que si bien es cierto que mediante oficio 1905/2022 informó que dictó esa resolución, también lo fue que no adjuntó constancia de la misma; lo cual, a consideración del Tribunal Colegiado, resultó insuficiente para determinar de manera fehaciente sobre la imposibilidad jurídica y de hecho para dar cumplimiento al fallo protector. j) Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, remitiendo copia certificada de la determinación del no ejercicio de la acción penal que emitió dentro de la carpeta de investigación 10279/2022. k) Con motivo de lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. l) Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, a las que, de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les otorga valor probatorio pleno, se desprende lo siguiente: Que dentro de la carpeta de investigación 10279/2022, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, determinó el no ejercicio de la acción penal, ya que, en vía de ampliación, la parte ofendida otorgó el perdón en favor del imputado (aquí quejoso), motivo por el cual no se estudió el fondo del asunto, y en consecuencia ordenó el archivo definitivo de la misma. En consecuencia, como lo ordena la superioridad en el testimonio que se recibe en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se concluye que no existe materia para la inejecución de la sentencia, sobre la cual proveer en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Respecto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto, atendiendo al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho punto, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Por último, como las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 168/2022-VII promovido por *************, por propio derecho, y remite el testimonio de la resolución pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia 4/2022, formado con motivo de la imposibilidad jurídica y de hecho de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Devuélvase los autos del juicio de amparo 168/2022, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, para que proceda en los términos indicados en la parte final de la presente resolución. SEGUNDO. Queda sin efectos el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo de referencia." En ese sentido, acúsese recibo vía electrónica a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Como lo ordena la superioridad y en atención a lo expuesto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Saúl García Tovar, para efecto de que la responsable: Dejará insubsistente la determinación emitida el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación 10279/2022, en la que se impusieron como medidas de protección: La prohibición al probable agresor de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, y del domicilio de las y los ascendientes y descendientes; la prohibición de intimidar y molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia; la autoridad policial deberá de realizar rondines en el domicilio de la ofendida. En su lugar, seguidamente y con plenitud de jurisdicción emitiera otra determinación, la cual podría ser en el mismo sentido de la reclamada, en la que debería fundar y motivar adecuadamente la imposición de las medidas de protección a la víctima, sustentando su determinación en lo dispuesto por los artículos 137 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siguiendo los lineamientos trazados en la sentencia, con independencia de que también pudiera apoyar su decisión en lo dispuesto por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el entendido de que, si optara por aplicar alguna de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III, del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debería gestionar dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las mismas, la audiencia respectiva, en la que el juez podría cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. Notificara personalmente esa determinación al imputado, conforme a la normatividad aplicable al caso concreto. b) En proveído de tres de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en esa fecha se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, para que, dentro del plazo legal de tres días, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito. c) Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, remitiendo las constancias en las que se advertía que dejó insubsistente la determinación emitida el veintidós de enero de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación 10279/2022 de su índice. d) Con motivo de lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. e) Mediante acuerdo de veintisiete de junio del año próximo pasado, se determinó que la ejecutoria de amparo no había sido cabalmente cumplida, por lo que se requirió de nueva cuenta a la responsable para que de inmediato cumpliera cabalmente con el fallo protector y remitiera copia certificada de las constancias que así lo acreditaran. f) En proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, remitiendo las constancias de las que se advierte que dejó insubsistente el auto a través del cual se dictaron las medidas de protección que fueron materia de estudio por esta vía de amparo, además de que ordenó notificar personalmente esa decisión a Ma. Esther Ortiz Pérez y Saúl García Tovar. Por otra parte, informó que en la indagatoria de origen determinó el no ejercicio de la acción penal, ya que, en vía de ampliación, la parte ofendida otorgó el perdón en favor del imputado (aquí quejoso), motivo por el cual no se estudió el fondo del asunto. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés conviniera, apercibiéndole que de no hacerlo, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. g) En proveído de veinticuatro de agosto pasado, al calificar el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, se determinó que existía una imposibilidad jurídica y de hecho para cumplir cabalmente con el fallo amparador, en virtud de que la responsable informó que la parte ofendida había otorgado el perdón al imputado y como consecuencia de ello, determinó el no ejercicio de la acción penal. Por ese motivo se dio vista a las partes, para que dentro del término de quince días legalmente computado, manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto de esa determinación, para que estuvieran en aptitud legal de interponer el recurso de inconformidad, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se aplicaría por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia, y se enviarían los autos al tribunal colegiado que corresponda para que resolviera al respecto. h) En auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que se ordenó remitir los autos originales del expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato, capital, para lo que tuviera a bien determinar. i) En auto de veinticinco de octubre de dos mi veintidós, se recibió un oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual devolvió los autos originales del amparo 168/2022-VII promovido por Saúl García Tovar, por propio derecho, y remitió el testimonio de la resolución pronunciada el trece de octubre pasado en el incidente de inejecución de sentencia 2/2022, derivado del presente juicio, cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Devuélvanse los autos del juicio de amparo 168/2022, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, para que se allegue de las constancias necesarias para el correspondiente análisis de la materia del cumplimiento del fallo protector. SEGUNDO. Queda sin efecto el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo de referencia." En cumplimiento de lo determinado por la superioridad y previo a hacer algún pronunciamiento en torno si ha quedado cumplido el fallo protector o si requiere su cumplimiento, o en su caso, existiera imposibilidad para ello, o bien si ha quedado sin materia el cumplimiento de la sentencia, conforme a la hipótesis prevista por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se requirió al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común I, en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, para que de inmediato remitiera copia certificada de la determinación del no ejercicio de la acción penal que emitió dentro de la carpeta de investigación 10279/2022; ya que si bien es cierto que mediante oficio 1905/2022 informó que dictó esa resolución, también lo fue que no adjuntó constancia de la misma; lo cual, a consideración del Tribunal Colegiado, resultó insuficiente para determinar de manera fehaciente sobre la imposibilidad jurídica y de hecho para dar cumplimiento al fallo protector. j) Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, remitiendo copia certificada de la determinación del no ejercicio de la acción penal que emitió dentro de la carpeta de investigación 10279/2022. k) Con motivo de lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. l) Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, a las que, de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les otorga valor probatorio pleno, se desprende lo siguiente: Que dentro de la carpeta de investigación 10279/2022, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 1, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, determinó el no ejercicio de la acción penal, ya que, en vía de ampliación, la parte ofendida otorgó el perdón en favor del imputado (aquí quejoso), motivo por el cual no se estudió el fondo del asunto, y en consecuencia ordenó el archivo definitivo de la misma. En consecuencia, como lo ordena la superioridad en el testimonio que se recibe en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se concluye que no existe materia para la inejecución de la sentencia, sobre la cual proveer en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Respecto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto, atendiendo al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho punto, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Por último, como las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 168/2022 del índice de este Juzgado, e informa que admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia formado con motivo de la imposibilidad declarada por este órgano jurisdiccional en proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, para que las autoridades responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo, quedando registrado con el número 4/2022.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de quince días concedido a las partes, para que hicieran manifestaciones respecto del proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, donde se determinó que existía una imposibilidad jurídica y de hecho para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que estuvieran en aptitud legal de interponer el recurso de inconformidad, transcurrió sin que lo hayan hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga determinar. A fin de evitar un desgaste material y humano innecesario, se ordena integrar el cuaderno de antecedentes únicamente con el escrito inicial de demanda, sentencia y el presente proveído, toda vez que las constancias que integran el presente juicio coinciden con las del expediente electrónico que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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