Sara Rentería Gómez
Expediente 592/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sara Rentería Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
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Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que suscribe ********************; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, con el escrito recibido en esta data, se le tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." Como se ve, el aludido artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley; en tanto que, el diverso 107, fracción VI, en forma expresa y en lo conducente, establece que el amparo indirecto procede "contra actos dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas...". En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veintidós de octubre del año en curso, se presentaron en su domicilio una actuaria del Poder Judicial y una licenciada, y le requirieron de pago, o que en su caso, señalara bienes, a lo que ella se opuso sin permitir el acceso a su domicilio; asimismo, la quejosa adjuntó a su escrito de demanda el citatorio que le había dejado la actuaria el veintiuno del mes anterior, para que la esperara a las once horas con cuarenta minutos del veintidós de ese mismo mes. De igual forma, se desprende que de lo que se duele la quejosa, en esencia es de que se le pretende privar de la posesión de sus bienes, sin haber sido oída y vencida en juicio, lo que hace evidente que se ostenta como tercera extraño al juicio natural; empero, no le reviste dicho carácter como se explicará a continuación. Ahora bien, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio constitucional en contra de actos que afecten a personas extrañas a juicio, las cuales podrán promover amparo contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que les causen alguna afectación. En ese sentido, para los efectos del amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta. Lo anterior permite establecer que si una persona que siendo parte demandada en un juicio, no es emplazada a éste o su llamamiento es ilegal y tal vicio le impide acudir a defender el derecho que le asiste, entonces adquiere la calidad de tercero extraño por equiparación, precisamente porque la violación procesal cometida en su contra la constituye la falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, ya que no se llegó a integrar la relación procesal, siendo precisamente esos defectos los que impidieron a la parte demandada tener conocimiento del juicio y ser oído y vencido en él. Ahora bien, de los antecedentes narrados, así como del citatorio que adjunta, se infiere que la quejosa es demandada en un procedimiento, en el cual aún no ha sido emplazada, lo que además, también permite deducir jurídicamente que no existe sentencia; tan es así, que lo reclamado a las autoridades responsables es la diligencia de embargo, emplazamiento y requerimiento derivado de un juicio mercantil. En esa medida, el hecho de que se ostente tercera extraña no le genera la calidad referida, precisamente porque no se ha integrado la relación procesal pues no ha sido llamada a juicio; por ende, está en posibilidad de acudir a defender sus intereses al juicio una vez que esto ocurra. En otras palabras, si la promovente del amparo fue señalada como demandada en el juicio de origen y no se ha continuado sin que se le llame o se le haya citado incorrectamente, está impedida para acudir a esta instancia como tercera extraña por equiparación, pues no encuadra plenamente en el supuesto de que la falta de emplazamiento o, en su caso, la ilegalidad de éste, le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidiera defender sus intereses dentro del proceso y, por ende, se infringiera su derecho de ser oída y vencida. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que suscribe ********************; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, con el escrito recibido en esta data, se le tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." Como se ve, el aludido artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley; en tanto que, el diverso 107, fracción VI, en forma expresa y en lo conducente, establece que el amparo indirecto procede "contra actos dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas...". En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veintidós de octubre del año en curso, se presentaron en su domicilio una actuaria del Poder Judicial y una licenciada, y le requirieron de pago, o que en su caso, señalara bienes, a lo que ella se opuso sin permitir el acceso a su domicilio; asimismo, la quejosa adjuntó a su escrito de demanda el citatorio que le había dejado la actuaria el veintiuno del mes anterior, para que la esperara a las once horas con cuarenta minutos del veintidós de ese mismo mes. De igual forma, se desprende que de lo que se duele la quejosa, en esencia es de que se le pretende privar de la posesión de sus bienes, sin haber sido oída y vencida en juicio, lo que hace evidente que se ostenta como tercera extraño al juicio natural; empero, no le reviste dicho carácter como se explicará a continuación. Ahora bien, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio constitucional en contra de actos que afecten a personas extrañas a juicio, las cuales podrán promover amparo contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que les causen alguna afectación. En ese sentido, para los efectos del amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta. Lo anterior permite establecer que si una persona que siendo parte demandada en un juicio, no es emplazada a éste o su llamamiento es ilegal y tal vicio le impide acudir a defender el derecho que le asiste, entonces adquiere la calidad de tercero extraño por equiparación, precisamente porque la violación procesal cometida en su contra la constituye la falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, ya que no se llegó a integrar la relación procesal, siendo precisamente esos defectos los que impidieron a la parte demandada tener conocimiento del juicio y ser oído y vencido en él. Ahora bien, de los antecedentes narrados, así como del citatorio que adjunta, se infiere que la quejosa es demandada en un procedimiento, en el cual aún no ha sido emplazada, lo que además, también permite deducir jurídicamente que no existe sentencia; tan es así, que lo reclamado a las autoridades responsables es la diligencia de embargo, emplazamiento y requerimiento derivado de un juicio mercantil. En esa medida, el hecho de que se ostente tercera extraña no le genera la calidad referida, precisamente porque no se ha integrado la relación procesal pues no ha sido llamada a juicio; por ende, está en posibilidad de acudir a defender sus intereses al juicio una vez que esto ocurra. En otras palabras, si la promovente del amparo fue señalada como demandada en el juicio de origen y no se ha continuado sin que se le llame o se le haya citado incorrectamente, está impedida para acudir a esta instancia como tercera extraña por equiparación, pues no encuadra plenamente en el supuesto de que la falta de emplazamiento o, en su caso, la ilegalidad de éste, le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidiera defender sus intereses dentro del proceso y, por ende, se infringiera su derecho de ser oída y vencida. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Primero Menor, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número de expediente 592/2020-III. Asimismo, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la primera irregularidad emerge de lo dispuesto en la fracción III, del referido precepto 108 de la ley de la materia refiere: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En el caso concreto, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama una orden de embargo y su ejecución. Ahora bien, en el capítulo atinente a las autoridades responsables, se advierte que la peticionaria del amparo señaló como tales a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Menores Civiles de esta ciudad, así como a la Oficina Central de Actuarios. En ese sentido, si bien la parte quejosa señaló a la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad, como autoridad ejecutora, lo cierto es que el Actuario adscrito a dicha oficina es quien tiene las facultades para ejecutar el acto reclamado y, por tanto, es él quien tiene el carácter de autoridad responsable, tal como se aprecia de la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES." Por otra parte, la segunda irregularidad advertida emerge de lo dispuesto en la fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia que dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa al narrar los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, así como los fundamentos de los conceptos de violación, lo haga bajo protesta de decir verdad, tal como lo impone el citado normativo. En ese sentido, al ser un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenir a la parte quejosa para que subsane tal omisión. Asimismo, el suscrito estima que si bien es cierto, que la solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, también lo es que, omitió expresar: Si el veintidós de octubre del año en curso, se llevó a cabo la diligencia que refiere el citatorio que adjuntó a su demanda de amparo, o en su caso, qué fue lo que sucedió. Dato que resulta determinante para la substanciación del presente juicio de amparo, por lo que dicha irregularidad torna obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer los pormenores de los antecedentes del acto reclamado. En el entendido de que al tener conocimiento del asunto, la quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debe agotar el principio de definitividad rector de esta instancia constitucional. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, así como la irregularidad destacadas en la presente determinación; y Señale como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios de los Juzgados Menores Civiles de esta ciudad. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Amén, de que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. En otro orden, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***********, al contar con cédula profesional número **********, ingresada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita, a las demás personas que menciona, por así haberlo solicitado. Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita al promovente para que: I. De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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