Saúl Alejandro Santiago Hernández

Expediente 664/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
664/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Saúl Alejandro Santiago Hernández
  • Saúl Alejandro Santiago Hernández y Otros.
  • Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. Visto que no fue impugnada en legal término la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. 2. ORDEN DE ARCHIVO Y SE RESERVA ENVÍO FÍSICO DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En proveído de quince de julio y resolución interlocutoria de treinta de agosto, ambos de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. En consecuencia, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.2. TRANSFERENCIA. Una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse, previa depuración y anotación correspondiente en los libros de gobierno, los originales de los cuadernos principal e incidental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes 5. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad responsable, envió en apoyo al informe justificado que rindió las constancias de donde emanó el acto reclamado, con el cual se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, siendo las trece horas con veinte minutos del ocho de septiembre de dos mil veintiuno Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, procede a celebrar la audiencia en el expediente electrónico del presente juicio 664/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado los plazos conforme al citado Acuerdo General. La Secretaria relaciona como principales constancias del expediente la demanda de amparo, auto admisorio, informe justificado de la autoridad responsable, así como el emplazamiento de los terceros interesados José Guadalupe Melgoza Rodríguez y Miriam Dayane Melgoza Rodríguez. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y autoridades responsables; y sobre el particular el Juez determina: Téngase por hecha la relación de las pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de partes a formular alegatos dada su omisión. Sin más alegatos por relacionar, se declara cerrada la presente fase. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, ni más alegatos que reproducir, se dan por concluidas las etapas anteriores de esta audiencia; por lo que el Juez procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 664/2021, que promovió Saúl Alejandro Santiago Hernández y Rosa María Sevilla Paniagua y/o Rosa María Sevilla Paniagua y/o Rosa María Sevilla Paniagua de Santiago, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. promovieron Saúl Alejandro Santiago Hernández y Rosa María Sevilla Paniagua y/o Rosa María Sevilla Paniagua y/o Rosa María Sevilla Paniagua de Santiago solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que estimaron violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se precisarán en el apartado correspondiente de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. La demanda se presentó ante la autoridad responsable como amparo directo, misma que fue turnada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, mismo que en auto de trece de julio de dos mil veintiuno, determinó carecer de competencia legal y remitió los autos a la oficina de correspondencia común para su turno a un Juzgado de Distrito, el cual tocó conocer a este juzgado, así en auto de quince de julio de dos mil veintiuno, se avocó al conocimiento del asunto y admitió la demanda y seguido el juicio por su cauce legal, fue celebrada la audiencia constitucional, de conformidad con el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Precisión del acto reclamado. Los quejosos hicieron consistir el acto reclamado en: La resolución de apelación de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, que confirmó la interlocutoria del incidente de liquidación de sentencia dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecario 495/2019 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Piedad, Michoacán. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 50, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que radica dentro de la demarcación territorial sobre la que ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERO. Al rendir informe justificado el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, manifestó que es cierto el acto que se le atribuye; además, de las copias certificadas del toca I-90/2021, que remitió con el informe referido, se advierte la existencia de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, documental pública con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, ninguna de las partes manifestó la existencia de causas de improcedencia, ni se advierte, de oficio, la actualización de alguna de ellas; por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes. A fin de dar claridad al presente fallo, se exponen los antecedentes de relevancia del asunto de origen, los cuales se desprenden del toca civil I-90/2021 del índice de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal del Estado, a saber: Mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil diecinueve, José Guadalupe y Miriam Dayane, ambos de apellidos Melgoza Rodriguez, a través de apoderado legal demandaron vía sumaria civil hipotecaria a Saúl Alejandro Santiago Hernández y Rosa María Sevilla Paniagua de Santiago. El cuatro de julio de dos mil diecinueve, el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, admitió a trámite la demanda y ordenó el remplazamiento de los demandados. Seguido en sus términos el juicio sumario, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil diecinueve, los demandados, aquí quejosos, apelaron la sentencia definitiva, recurso del que conoció la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el que el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia apelada. El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, la parte actora presentó planilla de liquidación de sentencia, con el que se dio vista a la parte demandada en auto de veintitrés de febrero siguiente. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia interlocutoria, en la cual se declaró parcialmente procedente el incidente de liquidación y se condenó a los demandados al pago de $471,920.00 (Cuatrocientos setenta y un mil novecientos veinte pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de intereses ordinarios del trece de junio de dos mil diecinueve al trece de diciembre de dos mil veinte, así como por concepto de honorarios profesionales. Contra dicha resolución los demandados interpusieron apelación del que conoció la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el que el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, confirmó la interlocutoria reclamada. La determinación anterior, es la que constituye el acto reclamado. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. La parte quejosa argumenta que el acto reclamado vulnera sus derechos humanos legalidad, seguridad y certeza jurídica, pues el magistrado responsable realizó una inexacta e indebida interpretación de los preceptos que fueron invocados en el recurso de apelación, así como los razonamiento y leyes con los que fundó su determinación. En los conceptos de violación, la parte quejosa planteó lo siguiente: El Magistrado responsable debió analizar los agravios y, en su caso, reasumir jurisdicción para juzgar el asunto y dictar resolución en sustitución de la recurrida. El Magistrado no realizó un estudio lógico-jurídico de los agravios en razón a los intereses usurarios, aun cuando señala que los intereses usurarios deben ser analizados, por lo que su determinación es incongruente. La usura debe analizarse por cada concepto en los individual (interés ordinario y moratorio), los confunde como uno solo, lo que conlleva a que el Magistrado proteja una sentencia sin fundamento. En relación al cobro de honorarios, carece de fundamento, pues no se emite una exposición motivada y razonada del porqué no aplica el artículo 3 de la Ley de Arancel del Estado de Michoacán, esto es, que la cédula debe estar registrada en el Departamento Estatal de Profesiones. Los motivos de disenso sintetizados, son inoperantes por una parte e infundados. Se explica: El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, dispone que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundara´ en los principios generales del derecho. En el acto reclamado, en la porción que agravia a la moral peticionaria de amparo, la autoridad responsable sostuvo que eran infundados los agravios planteados por la parte apelante [aquí quejosa], puesto que, indicó que la resolución interlocutoria apelada se declaró procedente la planilla de liquidación de sentencia formulada por la parte aquí tercera interesada, ya que: La usura debía estudiarse por el juzgador de primera instancia, de manera oficiosa con independencia de que hubiera sido planteada a petición de parte, en relación a los intereses ordinarios y moratorios en cualquier tipo de juicio, asimismo, que por seguridad y certeza jurídica, esa obligación oficiosa encuentra un límite en la institución de cosa juzgada, por lo que una vez que una sentencia queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos. De ahí que en la etapa de ejecución, no se puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de la usura, respecto de los puntos o elementos que fueron determinados en sentencia y, que constituyen cosa juzgada. Asimismo, considero inexactos los argumentos del apelante respecto a la interlocutoria de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, pues el juez primigenio aprobó los conceptos de pagos de intereses ordinarios en los términos condenados en sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, esto es, en los términos estipulados en el contrato de reconocimiento de adeudo con interés y garantía hipotecaria base de la acción, la cual pudo ser modificada mientras se encontraba sub judice, empero, al haber adquirido firmeza ya no puede ser analizado. Lo que aconteció en el caso concreto, al haber sido confirmada en sus términos la sentencia, por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que si en la resolución del incidente de liquidación, sólo se limitaba a establecer la forma líquida del monto de las prestaciones ilíquidas, sin que resultara factible modificar el contenido de la sentencia pues es cosa juzgada. De igual forma, en relación al agravio relativo a que el juez de primer grado condenó al pago de honorarios de forma indebida, pues el Abogado de la parte actora no cumplía con los requisitos de la Ley de Arancel de Abogados del Estado de Michoacán, también determinó que era infundado, pues el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles no exige para el pago de honorarios profesionales el título de licenciado en derecho inscrito ante el Departamento de Profesiones del Estado, pues dicho numeral precisa que para el cobro de tales emolumentos es la cédula que justifica el ejercicio de la profesión, y no obstante que el artículo 3 de la Ley de Arancel de abogados dispone que solo tiene derecho a cobrar honorarios los abogados con título debidamente registrado en el Departamento de Profesiones Estatal, bastaba con que se acreditara que el abogado contaba con cédula extendida por la Dirección General de Profesiones para que le asistiera el derecho a percibir honorarios, lo que en el caso aconteció. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que es acertada la resolución que constituye el acto reclamado en la porción que aqueja a los peticionarios de amparo y, por ende, son infundados los conceptos de violación. Efectivamente, la autoridad responsable determinó infundados los agravios de la parte quejosa, respecto al estudio de la usura respecto de los intereses ordinarios y moratorios, pues contrariamente a la perspectiva de la parte quejosa, el análisis de dicha figura debió ser analizada en la sentencia, no en la liquidación de los intereses, pues este último sólo se encarga de cuantificar el monto de lo ya condenado y, si en la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dicha figura no fue analizada y tampoco fue combatida, no puede modificarse en la liquidación de intereses. Lo anterior se estima de ese modo, en virtud de que la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen no constituye la materia de análisis del presente asunto y, por ende, tampoco procedía analizar en dicho acto combatido si en aquélla se analizó o no la usura respecto al monto de los interese ordinarios y moratorios para estar en posibilidad de analizar el fondo de la cuestión planteada. En efecto, la sentencia definitiva aludida constituía un aspecto que no fue debatido o impugnado por la parte quejosa en su momento procesal oportuno a través del medio ordinario de defensa que considerara aplicable, ya que las constancias de autos permiten advertir que la moral peticionaria de amparo no se inconformó con tal determinación, sino que fue la parte actora [aquí tercera interesada] quien interpuso apelación contra dicho fallo, el cual fue confirmado por la propia autoridad responsable. En otras palabras, la parte quejosa no se inconformó en el momento procesal oportuno respecto a la tasa fijada en sentencia respecto a los intereses ordinarios y moratorios y no interpuso el medio ordinario de defensa que estimara procedente para aclarar tal circunstancia, en el caso de que considerara que aquélla pudiera causarle alguna afectación con respecto a la condena que se impuso en su favor a la parte actora [aquí tercera interesada]. Estimar lo contrario implicaría abrir de nueva cuenta una oportunidad a los peticionarios de amparo para el análisis de una cuestión que constituye una inconformidad o impugnación que no ejerció en el momento procesal oportuno. Es decir, se considera que la parte quejosa debe soportar las consecuencias derivadas de su falta de impugnación o inconformidad con la tasa de intereses ordinarios y moratorios fijados, en cuanto no interpuso medio ordinario de defensa para aclararlo en la sentencia veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Así pues, se estima que la autoridad responsable no debía analizar la usura de la tasa fijada de los intereses ordinarios y moratorios y, por ende, no constituía materia de análisis por la Sala responsable en el acto reclamado. De ahí que sean inoperantes los argumentos vertidos en los motivos de disenso marcados con los incisos a), b) y c). Ahora, en relación al concepto de violación identificado con en el inciso d), este resulta infundado. Lo anterior, ya que el Magistrado responsable sí fundó su determinación en el sentido de porqué era procedente el pago de honorarios a favor del abogado de la parte actora, pues precisó que el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, en su parte final estipula que el cobro de honorarios procede cuando se justifique que el abogado cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho. Lo cual aconteció en el caso, pues tal como se advierte en la foja 70 del tomo de pruebas, la parte actora adjuntó copia cotejada de la cédula de licenciado en derecho del Javier Alvarado Montoya, por lo que dicho documento de conformidad con el artículo referido era suficiente para que se actualizara el cobro por el pago de honorarios. Lo anterior no constituye una vulneración al principio de exacta aplicación de la ley contenido en el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, por lo contrario, la autoridad responsable configuró la resolución reclamada de conformidad con el texto expreso de la ley. Sin que en el caso resultara válido estimar que la Sala responsable debía interpretar si la tasa fijada de interés ordinario y moratorio fijada en la sentencia definitiva había sido usurera; puesto que, como se dijo, tal circunstancia implicaría abrir la posibilidad para que las partes impugnaran o se inconformaran con aspectos respecto de los cuales no interpusieron el medio ordinario de defensa correspondiente. Así pues, en virtud de que el acto reclamado no vulnera el derecho a la legalidad, en su vertiente de exacta aplicación de la ley, contenido en el párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que proceda suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Saúl Alejandro Santiago Hernández y Rosa María Sevilla Paniagua y/o Rosa María Sevilla Paniagua y/o Rosa María Sevilla Paniagua de Santiago. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Saúl Alejandro Santiago Hernández y Rosa María Sevilla Paniagua y/o Rosa María Sevilla Paniagua y/o Rosa María Sevilla Paniagua de Santiago por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia

  3. Incidental

    RESUELVE: Único. Se concede la suspensión definitiva a Saúl Alejandro Santiago Hernández y Rosa María Sevilla Paniagua y/o Rosa María Sevilla Paniagua de Santiago, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución.

  4. Incidental

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe previo. Visto lo de cuenta, se tiene al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, rindiendo informe previo; con el cual se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. 2. Señalamiento de audiencia. Ahora bien, dado que la audiencia incidental se había señalado para las doce horas con treinta y cinco minutos del cinco de agosto de dos mil veintiuno, la cual no se llevó a cabo virtud a la suspensión de plazos y términos judiciales decretada en este órgano jurisdiccional, además porque el presente asunto no se ubica en alguno de los supuestos de urgencia indicados en dicho Acuerdo General; en tal virtud, a fin de que las partes se impongan del contenido del presente auto y a fin de no dejarlas en estado de indefensión, se señalan las nueve horas con diez minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, para su verificativo. 3. Aviso nuevo titular. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/616/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

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