Saturnino Morales Herrera

Expediente 133/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
133/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Saturnino Morales Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe oficio. Incorpórese al sumario el oficio suscrito por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual solicita copia certificada del expediente en que se actúa. 1.1. Se informa disponibilidad del expediente electrónico. No obstante la petición de copias certificadas, con la finalidad de dar celeridad a la solicitud mencionada, infórmese a la Jueza mencionada que el expediente electrónico relativo a este asunto se encuentra disponible por diez días para su consulta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de video conferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo.

  2. Principal

    Visto el sobre que devuelve la Administradora Local de Correos, residente en esta ciudad, el cual contiene el oficio 6246/2018, dirigido al tercero interesado Ayuntamiento Constitucional del municipio de Nahuatzen, Michoacán, a fin notificarle el proveído de veinte de marzo del año en curso, con la anotación al reverso "Oficinas cerradas"; consecuentemente, no ha lugar a ordenar su reenvío, toda vez que el once de abril actual, se declaró firme el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, y se ordenó su archivo definitivo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el proveído dictado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que no se exhibieron. Por otra parte, visto el sobre que devuelve la Administradora Local de Correos, residente en esta ciudad, el cual contiene el oficio 3786/2018, dirigido al tercero interesado Ayuntamiento Constitucional del municipio de Nahuatzen, Michoacán, a fin de emplazarlo al presente juicio, con la anotación al reverso "Oficinas cerradas"; consecuentemente, no ha lugar a ordenar su reenvío, toda vez que en esta fecha se está declarando firme el proveído en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, por lo que se ordena su archivo definitivo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de quince de marzo del año en curso, se tuvo al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, al que adjuntó copia certificada del laudo dictado dentro del juicio laboral de origen, atento a ello, se provee lo siguiente: Este juzgador estima que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional los quejosos reclaman, en esencia, la omisión de dictar el laudo respectivo en el juicio laboral de origen 1463/2015. En ese sentido, de las constancias remitidas por el citado presidente se aprecia que el trece de marzo de dos mil dieciocho, se dictó el laudo dentro del juicio laboral 1463/2015; documentales a las que se les otorga eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al ser de naturaleza pública por haberse expedido por autoridad competente. En ese sentido, de las constancias aportadas al juicio por la autoridad responsable este juzgador aprecia que dicha autoridad ya resolvió el juicio laboral 1463/2015, el trece de marzo de dos mil dieciocho, por lo que se estima que ha cesado sus efectos el acto reclamado por esta vía constitucional. De esta forma, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al acabar su actuación u omisión, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de dichos efectos; la que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a los quejosos en el goce del derecho violado. En esas condiciones, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución a los agraviados en el pleno goce del derecho consustancial violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la vulneración, cuando la actuación reclamada sea de carácter positivo; y cuando sea de naturaleza negativa, obligar a la autoridad responsable que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y, a cumplir, por su parte, lo que la disposición constitucional o tratado internacional exija. Lo que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste y también todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio promovido por Saturnino Morales Herrera y Francisco Zavala Espino; por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como la citación para la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con diez minutos del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho (foja 11). Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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