Sara Olivia Ramos Penagos
Expediente 1191/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 34 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sara Olivia Ramos Penagos
- Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Tanivet, Estado de Oaxaca, perteneciente al Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con residencia el Tlacolula
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de destrucción. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.2. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.
- Principal
VISTO para resolver los autos del juicio de amparo 844/2020, promovido Gabriela Viviana Bravo Cazares y ésta en representación de la menor G.R.B, por alegada violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal, atribuida a la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de la Piedad , este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer en el juicio, y Negar el amparo solicitado Al tenor de las siguientes: CONSIDERANDACIONES PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Las quejosas hacen consistir sus reclamos en los siguientes: Omisión de dar parte al consulado americano para que se le brinde asistencia consular a la menor G.R.B., dentro del juicio ordinario oral familiar de reconocimiento de paternidad 574/2016. Auto de nueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual se le requirió a Gabriela Viviana Bravo Cazares que exhibiera el acta de nacimiento de la menor G. R. B. y se le apercibió, de que, en caso de no hacerlo, no se le tendría contestando la demanda de origen. Continuación de la audiencia preliminar de nueve de noviembre del dos mil veinte, en el que se desecharon las pruebas ofrecidas en el escrito de contestación de demanda. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de se trata de una omisión atribuida a una autoridad jurisdiccional de La Piedad, Michoacán y de actos que tuvieron ejecución en dicha ciudad, lugar en donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado pues así lo aceptó la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán y se corrobora con las copias certificadas del juicio sobre investigación de paternidad 574/2016, que dicha autoridad allegó a su informe justificado. Tales constancias, al constituir documentos públicos, tienen valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador advierte de oficio que respecto a los autos de nueve de agosto de dos mil dieciséis y la continuación de la audiencia preliminar de nueve de noviembre de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17 de la Ley de Amparo. De los normativos transcritos, se aprecia que el amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra aquéllos que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que prevé la ley para tal efecto, siendo que el término general para la presentación de la demanda de amparo es de quince días (hábiles) contados a partir de que surta efectos, conforme a la notificación del acto o resolución, de que se haya tenido conocimiento de éstos o de que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos; término genérico respecto del cual deben excluirse los actos limitativamente establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el caso, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del auto de nueve de agosto de dos mil dieciséis reclamado, el diez de agosto de dos mil dieciséis; mientras que sobre la determinación en la que se le negó ofrecer pruebas, tuvo conocimiento el mismo nueve de noviembre de dos mil veinte, pues su apoderado jurídico estuvo presente en la continuación de la audiencia preeliminar, tal como se advierte de la videograbación presentada por la responsable. Por tanto, dichos actos reclamados encuadran en la hipótesis de la regla general, contenida en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual prevé que la demanda debe promoverse dentro del plazo de quince días, toda vez que no se ubica en ninguna de las hipótesis precisadas en las fracciones I a IV de dicho numeral. En efecto, el mencionado acto de autoridad reclamado por el accionante del amparo, no se trata de una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; no es una sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese contexto, al haberse comprobado que la parte quejosa quedó notificada del acuerdo de nueve de agosto de dos mil dieciséis el diez siguiente y de la continuación de la audiencia preliminar de nueve de noviembre del año pasado, en la misma fecha y, conforme a la ley de la materia, surtieron efectos el once de agosto de dos mil dieciséis y nueve de noviembre de dos mil veinte, es evidente que el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda de amparo contra aquellas determinaciones, transcurrieron en exceso. Por consiguiente, al haberse recibido la demanda que dio origen a este juicio constitucional el cuatro de diciembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, como se advierte de la boleta de turno, es indudable que su presentación se hizo en forma extemporánea, lo que actualiza la causal de improcedencia invocada. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV en relación con el 17, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer el juicio de amparo por los actos precisados en este apartado. Al no existir otra causa de improcedencia, procede al estudio de los conceptos de violación por lo que ve al diverso acto reclamado a la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de agravio son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción. SEXTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se viola el derecho fundamental de defensa adecuada a favor de la menor G.R.B. pues la juez responsable ha sido omisa en dar aviso para que se brinde asistencia consular a la menor que es residente extranjera, de conformidad con el artículo 36.1 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. En efecto, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos dispone: Artículo 1o. "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece". "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". En tanto que el artículo 36, punto 1, incisos b y c, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, expresamente señala que todo extranjero, como es el caso de la menor quejosa, debe ser informado del derecho que le asiste de contactar al consulado de su país de origen para que conozca su situación jurídica, así como el derecho a esa representación consular a efecto de estar en posibilidad de recibir la visita del Cónsul General y, en su caso, organizar su defensa ante el juzgado de origen; claro, ello con la salvedad de que el extranjero esté detenido y no se oponga expresamente a ello, pero esto último siempre como resultado del conocimiento que se le haga de lo primero. Ahora, en el caso concreto se advierte que la menor quejosa, está representada dentro del juicio de reconocimiento de paternidad por su primogénita Gabriela Viviana Cazares Bravo, de igual forma, mediante resolución interlocutoria de litisconsorcio pasivo necesario de treinta de enero de dos mil diecisiete, se ordenó llamar al juicio de origen a Ezequiel Corona Reyes o Ezequiel Reyes C. quien figura como progenitor de la menor G.R.B., mismo que fue emplazado a través de carta rogatoria que se envió al Estado de California en Estados Unidos de Norteamérica. Así, se tiene que la menor quejosa no se encuentra en estado de indefensión, pues su `progenitora ha tenido su representación desde que fue emplazada a juicio, asimismo, porque se le hizo de conocimiento a la persona que la reconoció como hija (padre) del juicio de origen, para que éste pueda defender los derechos paterno filiales que tiene con G.R.B. Tampoco se viola su derecho de defensa adecuado, pues la asistencia consular aplica para el caso de los extranjeros que se encuentren fuera de su país y que hayan sido detenidos por algún delito, empero, en el caso, la menor no se encuentra fuera de su país, pues de autos de advierte que G.R.B. es residente del Estado de California, en Estados Unidos de Norte América, razón por la que se ordenó realizar una prueba de ADN en dicho país. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado no vulnera el derecho de defensa adecuada de la menor, aun supliendo la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Gabriela Viviana Bravo Cazares, por propio derecho y en representación de la menor G.R.B.. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee el juicio de amparo solicitado por Gabriela Viviana Bravo Cazares, y en representación de la menor G.R.B., por las razones expuestas en el considerando cuarto. Segundo. Se Niega el amparo y protección solicitado por Gabriela Viviana Bravo Cazares, y en representación de la menor G.R.B., por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Informa causa de sobreseimiento. Visto el oficio del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales Sede Tanivet, San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; e atención a su contenido, téngasele informando que en audiencia de veintinueve de enero del año en curso, el agente del Ministerio Público desistió de la acción en la causa penal 1176/2021, por lo que se decretó el sobreseimiento total de la misma con efectos de sentencia absolutoria y, en virtud de que las partes renunciaron al plazo para impugnar la resolución, quedó firme, lo cual dejó sin efectos la orden de aprehensión emitida en contra de la aquí quejosa, lo que será tomado en consideración al momento de resolver el presente juicio.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Comunica envío de oficio. Visto el oficio signado por el Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a través del cual informa que envió al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales Sede Tanivet, San Francisco Tanivet, Tlacolula Oaxaca, el diverso comunicado del índice de este órgano jurisdiccional, por ser la autoridad correcta; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.
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