Saúl Esparza Ramírez

Expediente 229/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
229/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
25/10/2018

Partes del expediente

  • Saúl Esparza Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 139 a 143), mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo II-229/2018, promovido por Saúl Esparza Ramírez, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: SAÚL ESPARZA RAMÍREZ Y DIANA LAURA TORRES HERNÁNDEZ. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El dieciséis de julio de dos mil dieciocho (fojas 51 a 68), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Saúl Esparza Ramírez. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (fojas 93 y 94), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 0933, remitió copia certificada del recurso de apelación que dictó en el toca I-388/2017, de su índice (fojas 101 a 125). Bajo ese contexto, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (foja 126), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo al quejoso, para el efecto de que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución de apelación de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en la parte atinente en donde estableció el monto del pago de pensión alimenticia a favor de la menor, en su lugar, emitiera otra, en la que reiterara las consideraciones que no fueron motivo de concesión de la sentencia y, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada fijara una pensión a cargo del deudor alimentario, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo (fojas 67 vuelta). Al respecto, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad realizó lo siguiente: ? El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho dictó la resolución de apelación en el toca I-388/2018 en la que dejó insubsistente la resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho (foja 106 vuelta). ? Asimismo, fijó el monto de la pensión provisional a favor de la menor V.J.E.T, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria como se observa de lo siguiente: "SEXTO. Por otro lado, tomando en consideración el interés público y social que prevalece en los asuntos donde se encuentra de por medio el bienestar y sobrevivencia de un menor de edad, en este caso, la niña V.J.T.H., y que la satisfacción de sus necesidades tiene la calidad de urgente e inminente, este tribunal de alzada determina que -entre tanto el juez de primer grado recaba las pruebas ordenadas y se encuentra en condiciones de emitir un nuevo fallo-, el demandado Saúl Esparza Ramírez deberá cubrir una pensión alimenticia provisional a favor de su descendiente menor de edad; lo anterior, supliendo la deficiencia de la queja a favor de la menor antes anotada, -atendiendo a los argumentos enunciados al respecto, en el considerando que antecede-, por lo que este tribunal de segundo grado debe efectuar un estudio acerca de la pensión alimenticia provisional que debe otorgársele. Para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 955 del Código Familiar, para decretar alimentos provisionales a quien tenga derecho a exigirlos, se requiere satisfacer los siguientes supuestos: (a) que se acredite cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; (b) que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, (c) que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos provisionales. El primero de dichos requisitos se encuentra acreditado a través del reconocimiento de paternidad determinado por el juez de los autos, respecto de la menor V.J.T.H. (V.J.E.T.), ante la reclamación que hiciera Diana Laura Torres Hernández, a Saúl Esparza Ramírez, habiéndose declarado que la niña referida es hija del matrimonio formado por los contendientes, y de la copia certificada expedida por el oficial del Registro Civil de Zamora de Hidalgo del acta número 00047 cuarenta y siete, del libro 1 uno, fechada el 09 nueve de febrero de 2015 dos mil quince, se desprende que V.J.T.H. nació el 11 once de agosto de 2014 dos mil catorce, en Zamora de Hidalgo, del Municipio de Zamora, Michoacán. Documento que participa de valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 884 y 885 del Código Familiar, ya que se trata de copia certificada de un acta de estado civil, expedida por funcionario registral en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 20, fracción II, de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Michoacán, y con sustento en los archivos públicos que se le tienen encomendados. Instrumento que, aunado a la procedencia de la acción de reconocimiento de paternidad, resulta eficaz para tener por acreditado que V.J.E.T., es descendiente de Diana Laura Torres Hernández y Saúl Esparza Ramírez, y por tanto, tiene derecho a recibir alimentos por parte de éstos, de conformidad con lo señalado en el artículo 456 del Código Familiar del Estado. Por otro lado, el tercero de los requisitos ya referidos también se encuentra satisfecho, pues atendiendo al contenido de la copia certificada del acta de nacimiento antes referida, tenemos que la menos acreedora alimentista cuenta con 4 cuatro años de edad y, por ende, goza de la presunción de necesitar alimentos de sus progenitores, atendiendo a lo que prevé el numeral 464 del mismo ordenamiento. Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la capacidad económica de Saúl Esparza Ramírez, para proporcionar alimentos a su descendiente, se cuenta con el siguiente material probatorio: (A) 5 cinco comprobantes de envío de dinero., valiosos por las sumas de 100 cien, 500 quinientos, 200 doscientos, 500 quinientos y 500 quinientos dólares americanos respectivamente. Documentos que generan convicción en esta alzada, conforme a lo señalado en los artículos 884 y 885 d la codificación familiar, por tratarse de documentos privados que el propio demandado allegó al juicio, por lo que prueban en su contra respecto a lo que de ellos se deriva; siendo eficaces así para evidenciar que, al menos en el año 2014 dos mil catorce(anualidad en que se realizaron los envíos que se consignan en ellos) gozaba de la capacidad económica para proporcionar alimentos a su descendiente, lo que se pone de manifiesto por el hecho de que, desde los Estados Unidos de Norteamérica, enviaba periódicamente remesas, señalándose como beneficiaria a quien, puede identificarse, es la madre de la actora, en términos de la copia certificada del acta que consigna el matrimonio entre las partes (folio 36), en la que se identifica como progenitora de la contrayente a la mencionada Ana Laura Hernández Aguirre. Lo anterior, con independencia de que la contraria del oferente hubiese objetado dichos documentos por carecer de traducción al idioma español, porque contra lo que refirió, de su contenido se advierte que fueron expedidos, simultáneamente, tanto en idioma inglés como en español, por lo que su contenido resulta comprensible y surte sus efectos. Lo anterior encuentra sustento con las propias expresiones que realizara el obligado alimentista . De igual manera, la aptitud económica del actor -para los efectos de esta resolución- se pone de manifiesto a través de las copias certificadas que este mismo exhibió al instar la acción de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar que promovió y que quedaron registradas con el número 939/2015 . De esta manera, los medios de prueba antes descritos, únicamente resultan aptos para tener por demostrado -en términos genéricos-, que Saúl Esparza Ramírez, cuenta con la aptitud para otorgar alimentos a su descendiente, pues efectuó depósitos -desde el exterior y ante autoridad judicial- con tal propósito, tal como el mismo acepta durante la secuela procesal en el subyacente, empero, se carece de dato objetivo y cierto que permita conocer a cuánto ascienden sus ingresos, la periodicidad de éstos, o si cuenta con algún bien -mueble e inmueble- registrado a su nombre, que ponga de manifiesto su capacidad para generar riqueza, desconociendo incluso su manera de vivir antes y durante el procedimiento; aspectos que, de hecho, motivaron la determinación asumida por esta alzada en el considerando que antecede. Por otro lado, a fin de estar en condiciones de fijar el monto de una pensión alimenticia, debe observarse el principio de proporcionalidad al que se refiere el numeral 454 fracción III, del Código Familiar del Estado, esto es, debe atenderse a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos. En el presente caso ha quedado demostrada -en términos generales- la capacidad del obligado Saúl Esparza Ramírez, para otorgar alimentos, y se evidenció la necesidad de la menor V.J.E.T. -derivada de la presunción que opera en su favor, al ser menor de edad-. Sin embargo, y como se precisó en el considerando anterior, en el principal no obran medios de convicción que, objetivamente, permitan establecer -al menos de manera aproximada- a cuánto ascienden los ingresos del deudor alimentista, así como, en su caso, cuáles son los gastos que debe erogar para su propia manutención, ya que dicho factor también es determinante para conocer su aptitud económica. Tampoco obran elementos de prueba que den lugar a establecer cuáles son las necesidades de la menor, en particular, a cuánto ascienden los gastos que deben realizarse a fin de procurarle alimentación, vestido, educación, atención médica, esparcimiento, habitación etc. Es este tenor, no resulta factible, con la información de la que se dispone en el sumario, atender al principio de proporcionalidad antes señalado, pues se carecen de datos objetivos que permitan conocer las circunstancias particulares que, hasta el momento subsisten en relación con la capacidad económica del obligado y la necesidad de la acreedora. . En esa virtud, y con el propósito de garantizar que las necesidades de la menor sean satisfechas, en virtud de que la cuestión alimenticia tiene carácter urgente e inminente, este tribunal de alzada debe fijar una pensión alimenticia provisional, que surtirá sus efectos hasta la total resolución de la controversia. . De manera que, al no contar con datos objetivos que permitan conocer, hasta este momento -al menos de manera aproximada- la capacidad económica del obligado Saúl Esparza Ramírez; y las necesidades de la menor acreedora, en acatamiento a los lineamientos a los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo, procede a fijarse a manera de pensión provisional a favor de la menor V.J.E.T., la suma equivalente a 30 treinta unidades de medida y actualización, que a razón de $80.60 ochenta pesos con sesenta centavos, genera un total de $2,418.00 dos mil cuatrocientos dieciocho pesos, mensuales. ." Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en razón de que dejó insubsistente la resolución de apelación de dieciocho de enero de dos mil dieciocho en el toca I-388/2017, en la parte que estableció el monto del pago de la pensión alimenticia provisional a favor de la menor, y dictó otra en la que reiteró las consideraciones que no fueron motivo de la concesión, y de manera fundada y motivada fijó una pensión provisional a cargo del deudor alimentario siguiendo los lineamientos de la sentencia -revisó si existían otros datos objetivos en el sumario de origen que le sirvieran para determinar la posibilidad del deudor y la necesidad de la acreedora- y, al no existir elementos objetivos tomó en consideración lo que establece el artículo 464 del Código Familiar del Estado de Michoacán. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad, cumplió con el fallo protector, pues siguió los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO" . Esto es así, porque la responsable ordenadora acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dejó insubsistente la resolución de apelación de dieciocho de enero de dos mil dieciocho en el toca I-388/2017, en la parte que estableció el monto del pago de la pensión alimenticia provisional a favor de la menor, y dictó otra en la que reiteró las consideraciones que no fueron motivo de la concesión, y de manera fundada y motivada fijó una pensión provisional a cargo del deudor alimentario siguiendo los lineamientos de la sentencia -revisó si existían otros datos objetivos en el sumario de origen que le sirvieran para determinar la posibilidad del deudor y la necesidad de la acreedora- y, al no existir elementos objetivos tomó en consideración lo que establece el artículo 464 del Código Familiar del Estado de Michoacán; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Visto el oficio que remite el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, agréguese a los autos únicamente para que conste, toda vez que en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, se tuvo a dicha autoridad informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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