Saúl Alejandro Santiago Hernández
Expediente 818/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 818/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Saúl Alejandro Santiago Hernández
- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en La Piedad, Michoacán
Actuaciones
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que no fue impugnado en legal término el auto que decretó el desechamiento de la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que causó estado. 1.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de conservación, destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. 1.3. Devolución de documentos. En virtud de que el juez Segundo Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán allegó a este órgano jurisdiccional dos tomos de prueba, se ordena remitírselos; en la inteligencia que se tendrá como constancia de su entrega la que se genere por esta determinación. 2. Apertura de cuaderno por separado. Del estado de autos, se advierte dilación injustificada en el impulso procesal para ordenar el archivo del expediente en que se actúa; en consecuencia, por separado, dese nueva cuenta al titular de este órgano jurisdiccional, a fin de proveer lo que en derecho corresponda.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO 1.1. Radicación. Visto el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, al que adjunta los autos originales del amparo directo civil 467/2021 del índice de dicho tribunal, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Saúl Alejandro Santiago Hernández y Rosa María Sevilla Paniagua o Rosa María Sevilla Paniagua de Santiago; mediante el cual informa que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; acúsese recibo. Asimismo, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese con el número 818/2021. 1.2. Actualización de causal de improcedencia. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en el supuesto de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso particular, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Entonces, previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Dicho lo anterior, en principio es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo, se advierte que los peticionarios de amparo se duelen de lo siguiente: La omisión de notificar el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio sumario civil hipotecario 495/2019, por medio del cual se señala fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de remate en su primer almoneda. Ahora, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción IV, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos después de concluido el juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Del estudio correlativo de la fracción antes transcrita se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos de ejecución de sentencia, cuando se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; igualmente, tratándose de procedimientos de remate, en los cuales se tendrá como última resolución la que de forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; de igual forma, tratándose de remates, se entenderá como la última resolución la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, con número de registro 2011474, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. En el caso concreto, a fin de sustentar la improcedencia del juicio de amparo respecto de los actos reclamados, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de notificar el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio sumario civil hipotecario 495/2019, por medio del cual se señala fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de remate en su primer almoneda. Actos que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que la autoridad responsable procedió de manera infundada virtud a que debió notificarle personalmente el acuerdo mencionado en el que se señala hora y fecha para la celebración de audiencia de remate en su primer almoneda. Para ello, sostiene que actualmente se encuentra radicado el juicio sumario civil hipotecario número 495/2019, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán, donde figura como parte demandada, procedimiento en el que se han agotado todas las etapas y actualmente se encuentra en estado de ejecución de sentencia. Seguido el trámite procesal de la ejecución de la sentencia dictada por el juez responsable, se dictó un acuerdo el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que se indicó fecha y hora para el desahogo de la audiencia de remate sobre bienes de la parte demandada (aquí quejosa). En ese tenor, la parte demandada infiere que acudió al juzgado responsable a verificar el estado del expediente de origen en ejecución y se percató que el auto aludido no se le había notificado conforme a las leyes adjetivas correspondientes, por lo que acude a esta instancia judicial a combatir tal omisión. Por tanto, como se dijo, no procede la vía constitucional de amparo indirecto, pues lo reclamado no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate. En efecto, tal omisión no se trata de la última resolución que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, conforme al segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. No se soslaya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, excepcionalmente, procede el juicio de amparo indirecto contra ciertos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, sin embargo, la procedencia del juicio constitucional se encuentra limitada únicamente a aquellos casos en los que se reclamen actos que gocen de autonomía a la cosa juzgada, situación que no ocurre en la especie. En tales condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza. 1.3. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, así como autorizando en términos del artículo 24 segundo párrafo de la Ley de Amparo a las personas que refiere por así solicitarlo.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO 1.1. Radicación. Visto el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, al que adjunta los autos originales del amparo directo civil 467/2021 del índice de dicho tribunal, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Saúl Alejandro Santiago Hernández y Rosa María Sevilla Paniagua o Rosa María Sevilla Paniagua de Santiago; mediante el cual informa que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; acúsese recibo. Asimismo, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese con el número 818/2021. 1.2. Actualización de causal de improcedencia. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en el supuesto de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso particular, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Entonces, previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Dicho lo anterior, en principio es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo, se advierte que los peticionarios de amparo se duelen de lo siguiente: La omisión de notificar el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio sumario civil hipotecario 495/2019, por medio del cual se señala fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de remate en su primer almoneda. Ahora, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción IV, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos después de concluido el juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Del estudio correlativo de la fracción antes transcrita se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos de ejecución de sentencia, cuando se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; igualmente, tratándose de procedimientos de remate, en los cuales se tendrá como última resolución la que de forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; de igual forma, tratándose de remates, se entenderá como la última resolución la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, con número de registro 2011474, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. En el caso concreto, a fin de sustentar la improcedencia del juicio de amparo respecto de los actos reclamados, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de notificar el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio sumario civil hipotecario 495/2019, por medio del cual se señala fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de remate en su primer almoneda. Actos que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que la autoridad responsable procedió de manera infundada virtud a que debió notificarle personalmente el acuerdo mencionado en el que se señala hora y fecha para la celebración de audiencia de remate en su primer almoneda. Para ello, sostiene que actualmente se encuentra radicado el juicio sumario civil hipotecario número 495/2019, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán, donde figura como parte demandada, procedimiento en el que se han agotado todas las etapas y actualmente se encuentra en estado de ejecución de sentencia. Seguido el trámite procesal de la ejecución de la sentencia dictada por el juez responsable, se dictó un acuerdo el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que se indicó fecha y hora para el desahogo de la audiencia de remate sobre bienes de la parte demandada (aquí quejosa). En ese tenor, la parte demandada infiere que acudió al juzgado responsable a verificar el estado del expediente de origen en ejecución y se percató que el auto aludido no se le había notificado conforme a las leyes adjetivas correspondientes, por lo que acude a esta instancia judicial a combatir tal omisión. Por tanto, como se dijo, no procede la vía constitucional de amparo indirecto, pues lo reclamado no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate. En efecto, tal omisión no se trata de la última resolución que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, conforme al segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. No se soslaya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, excepcionalmente, procede el juicio de amparo indirecto contra ciertos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, sin embargo, la procedencia del juicio constitucional se encuentra limitada únicamente a aquellos casos en los que se reclamen actos que gocen de autonomía a la cosa juzgada, situación que no ocurre en la especie. En tales condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza. 1.3. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, así como autorizando en términos del artículo 24 segundo párrafo de la Ley de Amparo a las personas que refiere por así solicitarlo.
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