Santiago Orozco Valencia
Expediente 1350/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1350/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Santiago Orozco Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
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Reenvío de comunicadoVisto el sobre cerrado que devuelve la Administradora Local de Correos, con residencia en esta ciudad, el cual contiene el oficio 17412 dirigido al Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, el cual se remitió a fin de hacerle de su conocimiento la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, por los motivos (ilegibles) que indica. Al respecto se inserta imagen del sello marcado al reverso del sobre que se provee: Por tanto, para que dicha autoridad quede notificada de la aludida determinación y para evitar mayores dilaciones, reenvíese dicho comunicado al domicilio correcto sito calle Lieja, colonia Juárez, código postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Integración del expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente proveído y agréguese al expediente físico.
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****Reenvío de comunicadoVisto el sobre cerrado que devuelve la Administradora Local de Correos, con residencia en esta ciudad, el cual contiene el oficio 17414 dirigido al Titular de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, el cual se remitió a fin de hacerle de su conocimiento la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, por los motivos que indica, a saber, cambio de domicilio. ********Por tanto, para que dicha autoridad quede notificada de la aludida determinación y para evitar mayores dilaciones, reenvíese dicho comunicado al domicilio correcto sito ***** ******Integración del expediente********Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente proveído para agregarse al expediente físico. **
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Consideración previaVista la certificación que antecede, de la que se observa que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". No obstante, el presente asunto surtió la hipótesis prevista de excepción como asuntos de tramitación urgente, en términos de lo establecido en el artículo 4, fracción IX, inciso a), del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que en el presente asunto se dilucidaron a cuestiones de salud del peticionario de amparo; es por ello que en el período de suspensión aludida se dictó sentencia. Estado de autos Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de treinta de diciembre de dos mil veinte (en la que se sobreseyó en el juicio de amparo) sin que lo hubiera hecho. Entonces, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que HA CAUSADO ESTADO la resolución aludida para todos los efectos legales a que haya lugar. Remisión del expediente al archivo En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y al tratase de un asunto totalmente concluido, por lo que no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Valoración del expediente En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica y se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, es susceptible de DESTRUCCIÓN ya que se sobreseyó en el juicio de amparo. Mientras que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva de este juicio de control constitucional es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas por la parte quejosa. En esa virtud, una vez transcurrido el plazo de conservación establecido en los referidos ordenamientos (treinta y noventa días siguientes), procédase a la destrucción y depuración de los cuadernos mencionados, observándose lo dispuesto en el penúltimo y último párrafos del numeral 18, así como lo referido en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente, así como en la del cuaderno original del incidente de suspensión. Devolución de documentos Sin que haya lugar a la devolución de documentos originales a la parte quejosa, pues no fueron aportados; además de que no se le requirió garantía (para que surtiera efectos la concesión de la medida cautelar) en el incidente de suspensión respectivo. Anotaciones y capturas Háganse las anotaciones respectivas de las anteriores determinaciones en los libros de gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-1350/2019; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, Santiago Orozco Valencia solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las autoridades siguientes: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión. Titular de la Secretaría de Salud. Director General, Delegado en Michoacán y Subdelegado Médico en Michoacán, los tres últimos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El promovente de amparo estimó que tales autoridades le violentaban los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 1, 4, 14, párrafos segundo, 16, párrafo primero, 17, 22, párrafos primero segundo, 73, fracción XXX, 89, fracción I, 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se admitió a trámite mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve; solicitó a las autoridades responsables el informe justificado y dio la intervención correspondiente a la representación social de la Federación de la adscripción; finalmente, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 37, 73, 74 y 107 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que el acto reclamado lo emitieron autoridades con domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado. Es pertinente acotar que de conformidad con lo dispuesto en la parte final del segundo párrafo del punto 1, de la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para emitir la presente sentencia, ya que el expediente se encuentra listo para su dictado; máxime que el acto reclamado se refiere a cuestiones de salud del peticionario de amparo, por lo que se encuentra dentro de los casos de excepción a la suspensión de plazos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, fracción IX, inciso a), del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a impugnar la falta de atención médica integral, consistente en la inoportuna suministración de los medicamentos prescritos en la receta médica 016RM16680153, así como los estudios médicos referidos en las solicitudes de dos de diciembre de dos mil diecinueve, derivado del padecimiento de hipertensión que le aqueja al promovente de amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado, las autoridades responsables Presidente de la República, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, Titular de la Secretaría de Salud y Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado negaron la existencia del acto reclamado. La negativa de dichas autoridades es en razón de que los actos que reclama el quejoso no son actos propios, ya que dichas instituciones no brindan de forma directa atención médica; en esa medida, toda vez que el peticionario de amparo no aportó medio de convicción alguno tendente a desvirtuar la negativa de existencia del acto reclamado aducidos por las autoridades responsables mencionadas en el párrafo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la de la materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto que se atribuyó a las citadas autoridades responsables. Resultan aplicables, las jurisprudencias 284 y 18, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, respectivamente, cuyos rubros son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." y "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Delegado en Michoacán y Subdelegado Médico, ambos dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pese haber negado los mismos; pues de las constancias que remitieron esas autoridades se advierte que hasta la fecha de la presentación de la demanda no le habían proporcionado al quejoso el medicamento que ampara la receta médica 016RM16680153, ni realizado los estudios médicos referidos en las órdenes (solicitudes) de dos de diciembre de dos mil diecinueve, ello atendiendo al padecimiento de hipertensión que sufre el solicitante de amparo. En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional; es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se estima actualizado el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo. Desaparece lo que originó el juicio constitucional y, con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. De lo anterior se sigue que los efectos de lo reclamado por la parte quejosa se interrumpen o finalizan. Es decir, se destruyen en forma total e incondicional. De modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Como si se hubiera otorgado el amparo. Entonces, el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 216, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en la página 216, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice 1917 - Septiembre 2011, con número de registro 1002264, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En otras palabras, los efectos de un acto u omisión reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o realiza aquello que se había abstenido de hacer. Esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de lo que se ataca. También, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto u omisión, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos significa que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o abstención. Implica no sólo la detención definitiva de los actos u omisiones de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos. Puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto u omisión. Es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto u omisión que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Lo cual no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se estima lo anterior, porque el peticionario de amparo accionó este sumario constitucional el tres de diciembre de dos mil diecinueve, narrando en su escrito de demanda que el dos de diciembre de dos mil diecinueve acudió (como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) a la clínica de medicina familiar con residencia en esta ciudad, quien fue atendido por el médico Emiliano César Verduzco, mismo que le expidió una receta médica, así como una orden de estudios. Derivado de lo anterior, el aquí quejoso solicitó los medicamentos en la farmacia de dicho nosocomio, en donde le comentaron que "(.) no me podía suministrar -los medicamentos-, ya que refería que faltaba contrarrefencia médica y que debía acudir hasta el Hospital de Atapaneo por dicha referencia (.)"; y, por lo que ve a los estudios médicos ordenados "(.) me refirieron que, hasta el 6 DE MARZO DE 2020 (.) y (.) 27 de diciembre de 2019 (.)" se realizarían. Ante tales acontecimientos, la parte quejosa acudió a esta instancia judicial con el propósito de que, a la brevedad, las autoridades responsables le entregaran los medicamentos que amparan la receta médica que se le expidió y, además, le realizaran los estudios médicos que le ordenaron el dos de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora, de las constancias que remitieron las responsables Delegado en Michoacán y Subdelegado Médico, ambos dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con su informe se advierte lo siguiente: Copia certificada de la receta médica con serie 016RM16680153, la cual contiene la firma de recepción del medicamento que la propia receta médica refiere; y, Copia certificada de los resultados de laboratorio con folio MR3307151E, de nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Así, al haber recibido el quejoso la atención médica al proporcionarle el medicamento necesario para su padecimiento (hipertensión), así como la realización de los estudios médicos que se le realizaron, se generaron efectos similares a aquéllos como si se hubiere dictado una sentencia concediéndole la protección de la Justicia Federal, contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados en la presente instancia constitucional ya no inciden en su esfera jurídica. En consecuencia, en el presente caso cesaron los efectos del reclamado, esto es, la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho humano violado. Por tanto, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto, con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al efecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 395 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 417, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice 1917- Septiembre 2011, con número de registro 1002461, que textualmente señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No obstante lo anterior, se informa al peticionario de amparo y autoridad responsable que esta decisión se tomó con base en el seguimiento demostrado al diagnóstico y tratamiento que se otorgó al peticionario de amparo, empero, eso no quiere decir que en lo sucesivo deben abstenerse de otorgar el servicio de salud cuando sea solicitado, dejando expedito el derecho de éste de accionar nuevo juicio biinstancial, en caso de que eventualmente las responsables se negaran a seguir con las consultas externas o realizarle un nuevo plan quirúrgico de ser este necesario. SEXTO. Notificaciones y reanudación de plazos. Tomando en consideración el esquema de trabajo decretado en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", aunado a que el presente asunto se refiere a cuestiones de salud del peticionario de amparo, por lo que se encuentra dentro de los casos de excepción a la suspensión de plazos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, fracción IX, inciso a), del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es factible su reanudación, para los efectos legales pertinentes; en el entendido de que los actuarios de la adscripción deberán llevar a cabo la notificación del presente fallo respetando las medidas sanitarias pertinentes. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 62, 74 a 77, y 124 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Santiago Orozco Valencia, contra actos de las autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto, en los términos precisados en los considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. Se hace saber a las partes reanudación del presente juicio, en términos de lo indicado en el último considerando de este fallo, dado que el presente asunto se encuentra comprendido en los casos señalados por el artículo 4, fracción IX, inciso a), del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente; por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo resolvió y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada Claudia Paulina García Ortiz, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe, hasta hoy treinta de diciembre de dos mil veinte, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.
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