Santiago Luis Ruiz y Otros.
Expediente 331/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Santiago Luis Ruiz y Otros.
Actuaciones
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por carecer de objeto su permanencia devuélvase a la responsable el disco en formato dvd que acompaño a su informe con justificación. NOTIFÍQUESE."
- Principal
"S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 331/2020, promovido por . . ., por conducto de su defensora particular . . ., contra los actos que reclamó de la jueza de Distrito Especializada en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto, consiste en determinar si los actos que reclama el quejoso, consistentes en la resolución de catorce de mayo de dos mil veinte, dictada en la carpeta judicial **, que le decretó vinculación a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de transporte de cannabis sativa L, conocida comúnmente como marihuana, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafos primero y segundo del Código Penal Federal, y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 19 y 20 apartado A), fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, . . ., por conducto de su defensora particular . . ., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisarán. El peticionario del amparo señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 1, 19 y 20 apartado A), fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó en esa misma data a este juzgado, donde quedó registrada con el número 331/2020 y fue admitida el mismo día; en ese propio auto, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; además, se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que de lo que realmente se duele la quejosa, es lo siguiente: Autoridad responsable Actos reclamados Jueza de Distrito Especializada en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca ? La resolución de catorce de mayo de dos mil veinte, dictada en la carpeta judicial **, que le decretó vinculación a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de transporte de cannabis sativa L, conocida comúnmente como marihuana, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafos primero y segundo del Código Penal Federal. La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Es aplicable la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así también, conforme a la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Número 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. . . TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, actuando en funciones de Jueza de Control, al rendir su informe justificado (foja 45), aceptó la certeza de los actos reclamados, de ahí que deban considerarse como existentes. Además, la autoridad responsable acompañó la copia certificada de las constancias sobre el control de la detención y la medida cautelar dictadas en la carpeta judicial 119/2020, así como del contenido del disco versátil digital (DVD), remitido por la citada Juez como justificación al informe, las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Documentales de las que se advierte que la citada juzgadora, decretó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito contra la salud en la modalidad de transporte de cannabis sativa L, comúnmente conocida como marihuana, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I en relación con el numeral 193, ambos del Código Penal Federal. (...) CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no advertirse la actualización de una causal de improcedencia, sea porque la hayan hecho valer las partes o porque este juzgador la advierta de oficio, procede analizar el fondo de la controversia planteada, para lo cual, se tienen por transcritos los conceptos de violación, pues no existe precepto en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia, sin que con dicha omisión se trasgredan los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, su estudio y su respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Resulta aplicable en la especie, la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010, visible en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. . . QUINTO. ESTUDIO. El estudio de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, conduce a determinar la legalidad del auto de vinculación a proceso dictado el catorce de mayo de dos mil veinte, en la carpeta judicial **, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de transporte de cannabis sativa L, conocida comúnmente como marihuana, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafos primero y segundo del Código Penal Federal, y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en la medida que devienen infundados. De una interpretación armónica del artículo 19 de la Carta Magna, en relación con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso se requiere de dos requisitos: uno de naturaleza formal y otro de fondo. Dentro de los requisitos de naturaleza formal se encuentran los previstos en las fracciones I y II del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que se haya comunicado imputación y que se le haya dado la oportunidad de declarar al imputado (como consecuencia de ello que se le haya brindado la oportunidad de presentar datos o medios de prueba que considere necesarios y de aportarlos). Así también, que el auto de vinculación a proceso se dicte dentro de las setenta y dos horas, o bien, de su ampliación (ciento cuarenta y cuatro horas), contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición del juez de Control; y que se expresen: el delito que se le imputa, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. En cuanto a los requisitos de fondo, se encuentran los previstos en las fracciones III y IV del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; así también, el órgano jurisdiccional deberá analizar oficiosamente que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Ahora bien, del análisis exhaustivo del disco versátil digital (DVD), que contiene el registro de la audiencia inicial de diez de mayo de dos mil veinte y su continuación de catorce de mayo de dos mil veinte, en términos del numeral 61, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia lo siguiente: 1) A solicitud del Agente del Ministerio Público de la Federación, el diez de mayo de dos mil veinte, la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, actuando en funciones de Juez de Control, llevó a cabo la audiencia inicial en la que calificó de legal la detención del imputado . . . , por haber sido detenido en el momento mismo de la comisión de un hecho que la ley señala como delito contra la salud, en la modalidad de transporte de Cannabis Sativa L., conocida comúnmente como marihuana, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el 193, ambos del Código Penal Federal, 234, 235 y 236 de la Ley General de Salud; además, de que consideró no existían datos que indicaran existió dilación en la puesta a disposición o haya sido objeto de malos tratos o torturado. 2) Enseguida, el Agente del Ministerio Público de la Federación formuló imputación a . . ., respecto del hecho que la ley señala como delito contra la salud, en la modalidad de transporte de Cannabis Sativa L., conocida comúnmente como marihuana, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el 193, ambos del Código Penal Federal, 234, 235 y 236 de la Ley General de Salud, con la calidad de autor material en términos del artículo 13, fracción II del Código Penal Federal. 3) Se dio la oportunidad de declarar al imputado, quien después de consultar con su defensor público manifestó su deseo de abstenerse de hacerlo, esto es, de no declarar en ese momento respecto de los hechos que le eran atribuidos. 4) El representante social solicitó se vinculara a proceso al imputado, para lo cual expuso los datos de prueba con los que consideró se establecía el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en la modalidad de transporte de Cannabis Sativa L., conocida comúnmente como marihuana, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el 193, ambos del Código Penal Federal, 234, 235 y 236 de la Ley General de Salud y la probabilidad de que el imputado lo cometió. 5) Concluida la exposición del fiscal federal, el juez de Control informó al imputado que su situación jurídica podía resolverse en esa misma audiencia, o dentro de setenta y dos horas o su ampliación; a lo que solicitó se resolviera dentro de la ampliación del plazo constitucional; por lo que el juez de Control suspendió la audiencia y señaló las doce horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de mayo de dos mil veinte, para su continuación. 6) Enseguida, el Ministerio Público solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado acorde a lo dispuesto en el artículo 19 Constitucional y 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales; la cual impuso la Jueza de Control conforme a lo establecido en el artículo 19 Constitucional y 167 fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales y ordenó internar al imputado, en el Centro Federal de Readaptación Social número ** ", en **, Oaxaca. 7) A las trece horas con ocho minutos del catorce de mayo de dos mil veinte continuó la audiencia, en la cual, a petición del imputado se designó como nueva defensora de su parte a . . ., en ésta expuso sus argumentos contra la solicitud del Agente del Ministerio Público Federal y éste a su vez la réplica de los expresados por la defensora particular. 8) Terminado el debate, la jueza de Control dictó auto de vinculación a proceso contra . . ., por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito contra la salud, en su hipótesis de transporte de Cannabis Sativa L., previsto y sancionado por el artículo 194, fracción I, en relación con el 193 del Código Penal Federal, 234, 235 y 236 de la Ley General de Salud. Así las cosas, se advierte que dentro de la audiencia inicial se comunicó al imputado . . ., el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de comisión; y se le brindó la oportunidad de declarar y como consecuencia de ello, presentar datos de prueba necesarios para su defensa. Así también, que la fase de formulación de imputación comenzó a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del diez de mayo de dos mil veinte, y la vinculación a proceso ocurrió a las catorce horas con cuarenta minutos del catorce de mayo de la misma anualidad; por tanto, es inconcuso que el auto de vinculación a proceso se dictó dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, tal como lo dispone el artículo 19 de la Constitución Federal. De igual forma, en cuanto al requisito de forma y fondo que se requiere para el dictado del auto de vinculación a proceso, esto es, que se exprese el delito que se imputa, así como las circunstancias de ejecución; y que de los datos de prueba se establezca que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. La jueza de Control, precisó que se le atribuye que el siete de mayo de dos mil veinte, aproximadamente a las diecinueve horas con cincuenta minutos, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban el operativo pasajero seguro, sobre el kilómetro(.) Huitzo aproximadamente a 300 metros de la caseta de peaje número 078 denominada Suchixtlahuaca con dirección a Tehuacán, se realizó el alto al vehículo tipo vagoneta, de color rojo, submarca sprinter con número de serie terminación **, por no contar con placas de circulación, misma que era conducida por el señor . . .; y al revisar el automotor se localizó al imputado del lado derecho de la fila de asientos, quien transportaba una bolsa de costal con asa color blanco con la leyenda "Azúcar Refinada Potrero"; misma que contenía dos bolsas de pan y un paquete confeccionado con cinta canela y papel color café en forma de cuadro, que a su vez contenía hierba color verde y seca con las características de la marihuana, con un peso total de 10,085 g, que resultó ser cannabis sativa L o marihuana; bolsa y contenido que transportaba como pasajero el señor . . . de la ciudad de Oaxaca de Juárez Oaxaca a la ciudad de Tehuacán Puebla; conducta que realizó sin contar con autorización de la autoridad sanitaria y que esos paquetes fueron asegurados por elementos de seguridad pública, resguardados por la representación social. Estimó que ese hecho la ley lo señala como delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana, previsto en el artículo 194, fracción I, en relación con el 193 del Código Penal Federal; 234, 235 y 236 de la Ley General de Salud. Expuso que para verificar si la conducta constituye un hecho delictuoso, debe existir duda razonable de haberse cometido el hecho determinado que imputa la fiscalía, la verificación por el juzgador de ese hecho y si encuadra en la calificación jurídica otorgada por el fiscal o en su caso en alguna otra calificación jurídica, como autoriza hacerlo al juez el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y si es probable que la persona imputada cometió este hecho ilícito, lo cual, significa que no se exige el estándar de prueba de mayor entidad como sería ya para una etapa posterior para el juicio oral, donde más allá de la duda razonable y con pruebas formalmente desahogadas, debe comprobar la fiscalía más allá de esta duda, que se cometió un delito y que fue la persona imputada quien lo llevó a cabo. Sostuvo que, por ende, en esta etapa procesal es suficiente suponer de manera razonable la comisión del hecho ilícito y solamente la probabilidad de que la persona imputada lo llevó a cabo, con base solamente en datos de prueba como se establece en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, solamente con la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que sea idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Por ello, estimó bajo ese estándar, que los datos de prueba en este momento procesal son suficientes, idóneos y pertinentes para suponer razonablemente que existe un estupefaciente conocido como cannabis Sativa L, conocido comúnmente como marihuana, en cantidad de 10 kilos con 85 gramos y que este estupefaciente fue objeto de traslado de un medio geográfico a otro partiendo de la ciudad de Oaxaca y con destino a la ciudad de Tehuacán, Puebla; es decir, que se trasladaba dicho estupefaciente de una Entidad Federativa a otra dentro de la República Mexicana, no obstante no se concretó ese traslado por la intervención de la Guardia Nacional y que dicha conducta se llevó a cabo sin contar con el permiso respectivo. Hechos que advirtió del contenido del INFORME POLICIAL HOMOLOGADO suscrito por . . . , elementos de la Policía Federal en transición a Guardia Nacional, de siete de mayo de dos mil veinte, en el que se asentó que en esa propia fecha, aproximadamente a las diecisiete horas con cincuenta minutos, cuando dichos elementos se encontraban en su servicio de inspección, verificación, seguridad y vigilancia en el horario de catorce a veintidós horas, a bordo de diversos carros radio patrulla en el kilómetro 141 + 680 de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca, tramo Cuacnopalan - Huitzo, estaban a 300 metros de la caseta de Suchixtlahuaca, realizando el operativo pasajero seguro para dar seguridad precisamente a quienes viajaban en vehículos de transporte público, tuvieron a la vista una vagoneta de color rojo, indicándole al conductor que detuviera su circulación a fin de levantarle una infracción de tránsito por no llevar placas, que realizaban en el operativo pasajero seguro y que si les permitía informárselo a los pasajeros; que el conductor aceptó, abrió la puerta derecha y los agentes del Guardia Nacional encontraron cuatro pasajeros, a quienes preguntaron si se encontraban bien en ese momento, con esa inmediación que tuvieron con los pasajeros refieren que percibieron un olor característico de la marihuana, que ese olor emanaba de una bolsa de costal color blanco con la leyenda azúcar refinada potrero, que se encontraba al lado de una persona de sexo masculino y estaba sentada junto a la puerta corrediza; preguntaron de quién era esa bolsa y la persona referida se atribuyó la propiedad, con su anuencia la revisaron, localizando entre pan y ropa, un paquete confeccionado con cinta canela, en forma de cuadro y con papel color café, conteniendo una hierba similar a la marihuana, la persona no señaló tener permisos para llevar ese enervante y fue el motivo de su detención, aproximadamente a las 19:50 horas. Que de ese informe se advirtió el traslado de un vehículo de transporte público, pues en éste se refirió que tenía la leyenda Tehuacán al frente, que estaba circulando sobre una vía de comunicación que es la carretera Cuacnopalan-Oaxaca y precisamente permite este traslado de personas y mercancías entre estas dos poblaciones de aquellas que se encuentran en puntos intermedios, como sería de la ciudad de Oaxaca a la ciudad de Tehuacán; que los policías aprehensores le marcaron el alto al conductor del automotor quien atendió a ese mandamiento, lo que indica que se estaba trasladando dicho vehículo con sus pasajeros de un lugar a otro entre diversos medios geográficos. Indicó que este informe policial homologado se complementa con el REGISTRO O LA BITÁCORA DE VIAJE que aportó el conductor . . ., que ese registro, en la parte superior dice TRANSPORTES DE PASAJE TURÍSTICOS DE PASAJE CAPILLA ABIERTA y un logo que dice registro de pasajeros, folio 2277, el nombre del operador, la hora de salida 5:45 pm, recorrido Oaxaca-Tehuacán; 4 pasajeros y el nombre del hoy quejoso, quien viajaría a Tehuacán, Puebla. Dato de prueba del que advirtió el traslado de ese vehículo con cuatro pasajeros de un lugar a otro entre diversos medios geográficos; además, la información de la ruta que cubría ese transporte que era de Oaxaca a Tehuacán, con cuatro pasajeros, entre ellos . . ., que se dirige al destino th, quien pagó $200 (doscientos) pesos y el ticket o comprobante de pago de la caseta de Suchixtlahuaca, en inmediación donde se encontraban los aprehensores, que acredita el paso por esa caseta a las 19:45 horas del siete de mayo de dos mil veinte; por lo cual, estimó la jueza de la causa que con eso se establece que el vehículo transitaba por esta vía de comunicación y que no solamente lo vieron circular los agentes aprehensores con destino o con sentido a Tehuacán, sino que se corrobora con el pago del peaje y comprobante de pago que se cubrió una vez que se pasó por la caseta referida. Además, a esa información se encuentran anexas unas fotografías, que fueron materia del DICTAMEN EN FOTOGRAFÍA folio 2323, de nueve de mayo de dos mil veinte suscrito por . . .; la primera, en relación a una bolsa de asa blanca, la segunda, del automotor; la tercera del interior automotor, donde se evidencia una fila de dos asientos y una diversa de una sola fila, donde iba la persona que llevaba el morral con su paquete en el interior, que dijo, aporta que entre los pasajeros uno de ellos en un costal una bolsa de costal color blanco llevaba una hierba que aparentemente era marihuana fue lo que motivó la detención del probable tenedor de ese enervante. A ese dato, se adminicula la ENTREVISTA realizada por el elemento de la Policía Federal Ministerial . . ., a . . quien es el conductor del vehículo de la compañía Turísticos Capilla Abierta, quien manifestó que de manera intermitente, desde hace ya tres años conduce ese automotor y que cubre la ruta Oaxaca -Tehuacán; dijo que el día siete de mayo salió aproximadamente a las dieciocho horas con destino a la ciudad de Tehuacán Puebla, con cuatro pasajeros (tres hombres y una mujer); que pasó la caseta Coixtlahuaca y momentos después, la Guardia Nacional le marcó el alto por una infracción administrativa y además por el operativo con el cual revisaban diversos vehículos; que supo que detuvieron a uno de los pasajeros con droga y solamente refirió que el señor detenido, abordó la terminal de Oaxaca como pasajero y que subió algunas cosas; que no precisa qué tipo de cosas subió, ni describe de qué pertenencias se trató, pues dicha persona, como todos los pasajeros abordó con su equipaje al área de asientos. Que el taquillero subió a los pasajeros a la unidad de motor. La jueza responsable argumentó que con dicha entrevista se corrobora, que el hoy quejoso salió de la ciudad de Oaxaca y que tenía como destino final la ciudad de Tehuacán, es decir, que se trasladaba a todos estos pasajeros de un sitio geográfico a otro, llevando cada uno sus pertenencias. A lo anterior, relacionó la INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO que practicó el mismo Policía Federal Ministerial, el ocho de mayo de dos mil veinte, asignado bajo la conducción del ministerio público, al vehículo marca **, tipo **, sin placas de circulación, que es una camioneta que cuenta con tres asientos delanteros y en la parte trasera, dos filas de asientos (una de dos y otra para una sola persona), con las leyendas Tehuacán y Oaxaca, del cual se proyectaron ocho fotos para evidenciar sus características; que es un vehículo que permite el traslado de varias personas y por consiguiente es apto para el traslado o viaje de personas. También obra el DICTAMEN EN MATERIA DE TRÁNSITO TERRESTRE folio 2325, de ocho de mayo de dos mil veinte, suscrito perito oficial . . ., quien analizó el vehículo asegurado ya descrito, reiteró sus características tales como se refirieron en el informe policial homologado y la inspección de policía ministerial; al que se agregó que el vehículo no se encuentra alterado en su número de identificación, corroborando la existencia y características de este automotor. La INSPECCIÓN que se practicó el ocho de mayo de dos mil veinte por el elemento de la Policía Federal Ministerial . . ., a los indicios uno y uno a), que son la bolsa que contenía el paquete y el paquete que tenía embalado el vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana; la cual se ilustró con fotografías. La diversa INSPECCIÓN que se practicó el ocho de mayo de dos mil veinte por el citado elemento de la Policía Federal Ministerial, al lugar de la detención en la que se establece la existencia de este kilómetro (.) como la caseta de cobro de peaje correspondiente a la plaza Suchixtlahuaca; y que también esta inspección se ilustró con tres fotografías detectadas en la audiencia para tener mejor entendimiento de la descripción de lo que el policía investigador percibió por medio de sus sentidos, lo que corrobora las características de ser una vía de comunicación en la que transitaba el automotor de mérito. Que en relación al VIDEO que recibió la fiscalía, que se remitió mediante oficio ** por la apoderada de Caminos y Puentes Federales, relativo a las cámaras que se encuentran en la caseta de peaje de Suchixtlahuaca, se puede apreciar que la camioneta color rojo en la cual se detuvo al hoy imputado, pasó por esa caseta las 19: 45 horas, de acuerdo con los datos que se desprenden del ticket o comprobante de pago en dicha caseta, corroborando de esta manera, que ese vehículo o sus pasajeros iban transitando en esa vía de comunicación, incluso que se cubrió el peaje correspondiente. El DICTAMEN en materia de QUÍMICA FORENSE con folio 2324, de ocho de mayo de dos mil veinte, suscrito por la perito oficial . . . , idóneo y pertinente para determinar a la calidad del vegetal asegurado, pues se emitió ese dictamen sobre dos inicios, uno la bolsa de material tipo costal con la leyenda Azúcar Refinada Potrero y el indicio uno a) el paquete con cinta café que era del interés, con la hierba asegurada y concluyó después de la observación del vegetal y aplicación de las técnicas, corresponde al canal cannabis sativa L. o marihuana, que se define como estupefaciente según lo define la ley General de salud, con peso neto de 10085 g, y para llegar a determinar ese peso, se auxilió de una balanza, misma que se encuentra debidamente calibrada. Argumentó que si bien la fiscalía no refirió cuáles fueron los métodos o las técnicas empleadas por dicha experta en química para llegar a la conclusión de qué se trataba, o por qué esa hierba constituye un estupefaciente; empero atendiendo a la definición de dato de prueba que se contiene en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 313, relativo a que el ministerio público debe motivar su solicitud de vinculación a proceso, con los datos que la fiscalía estime idóneos y pertinentes para suponer razonablemente que se cometió un hecho delictivo y la probable participación de la persona imputada; que en ese tenor, la fiscalía dio cuenta de los datos idóneos y pertinentes para establecer que el vegetal correspondía a marihuana, sin explicar o dar cuenta del dictamen en su integridad por no exigirlo así la ley, sino deja al arbitrio de las partes dar cuenta o referir el contenido del medio de convicción aún no desahogado, que estime suficiente para sustentar sus peticiones. Sostuvo que si bien la defensa considera que no se encuentra debidamente justificada la carga de la prueba de ministerio público para establecer con prueba científica la calidad de estupefacientes; no obstante, la defensa no evidenció en audiencia que dicho dictamen carezca de esa explicación, es decir de cuáles son o cuáles fueron los métodos las técnicas empleadas por la experta para llegar a tales conclusiones, tampoco se cuestiona que la experta lo sea en materia de química, que no cuente con suficientes credenciales, para valorar ya sea el conocimiento científico, un conocimiento técnico o cualquier conocimiento especializado que no esté al alcance del común de las personas y que sea útil y necesario para ilustrar al juzgador a efecto de poder resolver el caso en cuestión. Alegó, que es necesario atender a la confiabilidad de las opiniones vertidas por los expertos, primero en la calidad técnica o científica de la persona y después analizar si el conocimiento en la ciencia o la experiencia que haya aplicado dicho experto, descansa en conocimientos confiables y si es científico, que haya sido revisado por los expertos, si está aprobado, si es susceptible de comprobarse, si hay técnicas o métodos o reglas para su operación, si hay un margen conocido o potencial de error y cuál sea este; que, también será pertinente pues si es un conocimiento afianzado; además una vez superado también este segundo requerimiento, debe analizarse si el experto aplicó correctamente el conocimiento en cuestión. Que la tesis que cita la defensa se basa en la jurisprudencia americana, en reglas de evidencia y en el caso Dover entonces pues en efecto debe llevarse a cabo la valoración de la prueba especializada, la prueba científica en estos términos, pero en el caso no se evidenció primero que la perita no tenga esa calidad de experta en materia química, como tampoco que en dictamen carezca de esta información, para como bien lo refiere la defensa poder controvertir el conocimiento aplicado por la experta y como lo haya aplicado. Lo que estimó, denota que sí se cuenta con esta información en el dictamen y que la experta tiene esta calidad y por ende, no resultó pertinente o necesario para la fiscalía explicar en su integridad cuáles fueron las operaciones que realizó la experta . . ., por ello concluyó que la opinión de la experta está sustentada en conocimiento científico no cuestionado por la defensa, que tampoco está desacreditada la calidad de la perita y que la aplicación que efectuó de esos conocimientos de las conclusiones referidas, partiendo de la presunción de qué se trata de una experta en la materia, son suficientes para establecer en este momento procesal y de acuerdo a que el dato de prueba pues es solamente la referencia al contenido de este medio de comisión aun no desahogado en la prueba pericial, es suficiente para establecer que el vegetal asegurado es estupefaciente, es marihuana, cuál es el peso neto y que finalmente se dictaminó. Sostuvo que la existencia del estupefaciente, se corrobora con la inspección que el Policía Federal Ministerial hizo de estos indicios, indicio uno la bolsa de costal y uno a el paquete donde se encontró la hierba ya dictaminada y que no existe dato alguno que acredite que el sujeto activo contara con autorización en términos de la Ley General de Salud y por ello actualiza la realización del hecho imputado y que esté hecho encuadra en la figura ilícita de delito contra la salud de la modalidad de transporte de cannabis sativa L. o marihuana. Además, argumentó que existe la probabilidad de que el señor . . ., haya cometido esta conducta, pues en principio se le señala en el informe policial homologado como uno de los pasajeros de la camioneta, que era la persona que se encontraba sentada en el segundo asiento ubicado en la fila de asientos individuales que se encuentra en el lado derecho de la camioneta y junto a la puerta corrediza que da acceso a los pasajeros y que junto a él se encontraba la bolsa de costal donde se localizó la marihuana; que en la bitácora anexa al informe policial, en el asiento número dos se ubica al señor . . ., con destino th y la policía pudo apreciar que se encontraba cerca de dicha persona a su alcance en el auto; que éste reconoció como suya esa bolsa de costal y dio la autorización para revisarla. Refirió que con la ENTREVISTA de nueve de mayo de dos mil veinte, realizada por el Policía Federal Ministerial . . ., a . . ., en la que el entrevistado dice que se desempeña como apoderado legal de la empresa de servicio de transporte de pasaje denominada CAPILLA ABIERTA ubicada la terminal en *** en Oaxaca de Juárez, comentando que el siete de mayo de dos mil veinte, no se encontraba en la terminal por hacer trámites personales; sin embargo, que la forma de operar es la siguiente: la venta de boletos se realiza por el señor . . ., quien es el taquillero; que en el lugar hay una sala de espera donde las personas esperan a que salgan las urban; que una vez que se aproxima la hora de salida de la unidad, el señor . . . dice que se acerquen a las personas a tomar sus respectivos asientos y en el caso que viaje pasaje con maletas, dicho conductor apoya para acomodarlas en el portaequipaje, para el caso que solo lleven bolsas o mochilas los pasajeros, se llevan consigo sus pertenencias, caso en el cual no se etiqueta la carga. Determinó que en el caso, la unidad mercedes Benz roja, que salió de ruta Oaxaca- Tehuacán, partió a las 17:50 de Oaxaca con tres pasajeros, entre ellos . . . con destino Tehuacán -Puebla, siendo corroborado con el registro de pasajeros 2177, que el operador de esa unidad es . . ., quien le refirió que subió un cuarto pasajero en la población de Nochixtlán, Oaxaca, lo que quedó documentado en la bitácora original, de ahí que fueran cuatro pasajeros; que entregó una memoria color blanco con azul, la que contiene ocho videograbaciones del siete de mayo; que manifestó que la persona que ahora sabe responde al nombre de . . ., a quien reconoció por medio de la fotografía que obra en el informe policial homologado, lo ha visto viajar en varias ocasiones, normalmente cada ocho días, a quien reconoce por el rostro; que el siete de mayo al encontrarse en su terminal llegó dicha persona entre 9:30 y 10:30 am y solicitó que se le guardara la bolsa de costal, porque en la tarde viajaría en esa terminal, lo que le consta porque a esa hora si se localizaba en la terminal. Dispuso que si bien, la defensa argumenta que no debe tomarse en consideración el contenido de esa entrevista al resultar contradictoria pues en primer término el sujeto entrevistado refirió que el siete de mayo de dos mil veinte no estaba en la terminal porque estaba realizando trámites personales y luego, refiere que recuerda que en esa fecha se encontraba al lado de la taquillera, entre las 9:30 y 10:30 de la mañana y que escuchó que llegó el señor ** a esa hora y le dijo a la taquillera que le guardara su bolsa y que posteriormente a las cinco de la tarde llegó esa misma persona, para realizar el viaje; lo cierto es, que no dice que durante todo el día siete de mayo no hubiera estado en la terminal, sino que no se encontraba a esa hora, pero que proporciona datos de los que tuvo conocimiento personal. Además, refirió que reconocía al imputado en una fotografía que tomó la policía aprehensora, porque es un cliente que es frecuente porque viaja en fines de semana; de ahí que, estimó la jueza no es totalmente contradictoria como lo plantea la defensa, pues entiende que en algún momento del día no estuvo pero que al menos cuando llegó el señor ** sí estaba en ese lugar, sin que en la etapa procesal que se analiza (vinculación a proceso), atendiendo a la definición de datos de prueba, sea necesaria la especificación de su dicho, pues solamente se atiende a ese registro y a la referencia de su contenido, no así a la persona entrevistada para poder cuestionarlo si en efecto se encontró o no durante todo el día, o en qué momento se encontró; sino, reiteró, solamente a la referencia del acto de investigación y a que no se advierte contradictoria o ilógica como lo plantea la defensa; además que se trata de un elemento que da confiabilidad al relato y a la identificación del imputado, al tratarse de una pasajero frecuente y que por tanto lo conoce. De ahí, que estimó, para este momento procesal es probable que el señor . . ., fuera el pasajero que abordó con la bolsa de asa en la que se localizó la marihuana y por tanto, es probable que haya realizado el traslado de ese estupefaciente de la ciudad de Oaxaca con destino a la ciudad que Tehuacán, para lo cual utilizó el medio de transporte consistente en la camioneta de la empresa CAPILLA ABIERTA, que abordó en la terminal cita en la ciudad de Oaxaca, probable actuación fue como autor material ya que fue la persona que realizó por sí mismo esta conducta voluntariamente a bordo la suburban, ya que compró o pagó el boleto con destino a Tehuacán, tenía su alcance inmediato y junto a su asiento dicho enervante y se puede inferir que estaba consciente de que se trataba del estupefaciente; que si bien no se concretó el traslado fue por la intervención de la policía Federal, sin que se evidencie una insuficiencia probatoria o causa de extinción de la acción penal; como sí se satisfacen las exigencias establecidas en los artículos 19 de la Constitución Federal, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en el particular se satisface en forma razonable que los datos de prueba que invocó la representación social, son suficientes para emitir auto de vinculación a proceso, por el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en la modalidad de transporte de Cannabis Sativa L., comúnmente conocido como marihuana. En tanto que, respecto de la medida cautelar, la Jueza de Control, estableció su procedencia oficiosa estimó acorde a lo dispuesto en el artículo 19 Constitucional en relación con el artículo 167, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, durante el tiempo que dure el proceso. Actos que reclama el quejoso en el presente juicio de amparo y contra el cual, la defensora particular del quejoso, en síntesis, expresó como motivos de inconformidad lo siguiente: ? Que la resolución de catorce de mayo de dos mil veinte, en la que se resolvió vincular a proceso a . . por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de transporte conocida comúnmente como marihuana, así como la resolución de esa misma fecha relativa a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa transgrede los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 del pacto federal, pues la juez responsable realizó una mala apreciación de los datos de prueba que fueron vertidos por la fiscalía, que ésta expuso en la contestación a la vinculación que los datos de prueba no eran idóneos ni pertinentes y mucho menos suficientes para tener probado en grado de probabilidad el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de transporte y mucho menos la posibilidad de que su defendido lo cometió o participó en su comisión partiendo de la base de que la declaración del testigo . . .atentaba contra las reglas de la lógica, pues se contradice su dicho y esa contradicción resulta sustancial, ya que éste en primer término manifiesta que por trámites personales no se encontraba el siete de mayo del año en curso en la terminal ubicada en la calle ** número ** en el centro de Oaxaca de Juárez, sin embargo, con posterioridad manifiesta que ese día pudo percatarse que el ahora quejoso le solicitó a la encargada de nombre . . . que le guardara su equipaje, lo cual alega es contradictorio, pues las reglas de la lógica formal señalan en un primer momento el principio de no contradicción por el que se entiende que una cosa no puede comprenderse en dos dimensiones como ser falsa y verdadera al mismo tiempo aunado a que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ? Por ende, estima que la apreciación de la jueza de la causa al momento de valorar ese dato de prueba, resulta arbitraria e incorrecta, porque el testigo no dice que durante todo el día siete de mayo no hubiera estado en la terminal y tampoco refiere a qué hora no estuvo, de ahí que estima, que la juzgadora realiza meras suposiciones respecto de lo que el testigo posiblemente pudo haber omitido, haciendo meras conjeturas sin sustento en dato de prueba alguno. ? Alega que por ello la juzgadora rompe el principio de igualdad procesal de las partes e igualdad ante la ley, y suple la deficiencia del investigador a favor de la fiscalía, ya que realiza interpretaciones y conjeturas que resultan ser poco confiables y sin fundamento, lo que implica que dicha juez se sustituye en atribuciones propias de la autoridad acusadora, rompiendo así con el control horizontal que debe permear en el proceso. ? Refiere que la juzgadora carece de objetividad e imparcialidad hacia las partes procesales, ya que su valoración respecto del dato de prueba de referencia, fue realizado con base en un conocimiento e información que no fue vertida ni debatida en la audiencia, lo que desde luego generó además estado de indefensión para el hoy quejoso y llevó a que la juzgadora supliera información que no existía en lo manifestado por la representación social ni en el dato de prueba para corregir información que de manera subjetiva ella consideró existía y fue metida, lo que la llevó a subsanar o complementar las intervenciones de la fiscalía y con ello dejó de observar que la actividad procesal depende de la intervención de quienes deben de exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el juez de garantía, discutirlas en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en los que se sustenten y con base en ello, el juez resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes y de acuerdo con lo propuesto por ellos. ? Que cuando la información que brinda un medio probatorio es imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el juez subsane dicha deficiencia, violaría el principio de igualdad entre las partes, pues deben concedérseles a las partes iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión. ? En cuanto al hecho de valorar las máximas de la experiencia por parte de la juzgadora, refiere que la máxima alegada por la defensora es una apreciación subjetiva ya que la defensa sostuvo que las máximas de la experiencia indican que una persona que se encuentre cometiendo un ilícito, difícilmente reconocerá que se encuentra haciéndolo; que por ello, la apreciación de la juzgadora es errónea, al no considerar lo que debe entenderse por máxima del experiencia y referir que éstas no pueden tomarse en consideración sin atender a la persona, a su educación o a su propia experiencia y que en ese sentido, es dable determinar que una máxima del experiencia debe ser entendida como una disciplina del saber o ciencia que tiene reglas y principios que son parte de la cultura general de la humanidad y a la experiencia como un conocimiento mínimo que atañe tanto al individuo como al grupo social; que acumular conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades genéricas del ser humano, mediante la observación de los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la naturaleza; de ahí que estima que las máximas del experiencia no son como erróneamente lo manifestó la juzgadora conocimientos personales, sino por el contrario, tienen como característica que son reconocidas y aceptadas por un grupo social siendo inclusive parte de la cultura general de la humanidad de. ? En ese sentido, estima que el argumento de la juzgadora en torno a que al encontrarse dicha droga al lado de donde estaba sentado su ofendido, advierte disponibilidad sobre la misma, lo cual resulta un argumento poco válido, ya que si bien sostiene que dicho equipaje no se encontraba al lado de otro pasajero, el ministerio público tampoco vertió dato de prueba de donde se desprende lugar exacto donde se encontraban sentados los demás pasajeros ya que de las propias fotografías que la gente del ministerio público proyecto, únicamente se aprecia a su defendido y no hacia los demás pasajeros que recién iban a bordo. ? En lo que respecta a la valoración de la prueba pericial en materia de química, alude que la juzgadora violó en contra el señor Santiago el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución política; partiendo de que la defensa sostuvo que dicha prueba pericial carece de los estándares mínimos exigidos para hacer fiable, pues la jueza al momento de apreciar el dato de prueba de referencia, no atendió a que de lo vertido por el ministerio público no se advierte que éste hubiera manifestado cuál fue la metodología empleada por el perito, ni mucho menos cuáles fueron las técnicas o métodos que aplicó para poder justificar sus afirmaciones y conclusiones relacionadas con la hierba verde y seca que le fue proporcionada; que tampoco expuso pormenorizadamente la razones que derivó de la metodología empleada para sustentar sus conclusiones, pues si bien se está en presencia de un dato de prueba que no ha sido desahogado, lo cierto es que el juzgador debe tener conocimiento de los conocimientos científicos subyacentes que fueron aplicados para obtener los resultados de la prueba pericial y que éstos hasta el momento de la vinculación, al menos resultan ser confiables, tal como lo señala el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ? Que al haber apreciado el juez una prueba pericial de la cual desconoce la metodología y técnica, así como la falta de conocimiento sobre la bibliografía utilizada y la aceptación de la misma y el criterio empleado por esta; significa que la existencia de esa pericial atenta nuevamente contra la igualdad procesal de las partes, pues la juzgadora se basó en meras suposiciones y pasó inadvertido que sólo debe ser valorado el dato de prueba y la información que es proporcionada por las partes, por lo que en ese sentido revirtió la carga de la prueba la defensa al manifestar que ésta no estableció o determinó la inexistencia de dicha información en la prueba pericial, sin recordar que la fiscalía tiene la obligación de probar su hipótesis y no la defensa, ya que el hecho de no exigir esa información a una prueba pericial para ser valorada, genera que la fiabilidad exigida a un dato de prueba de índole científico se ve con el mero dicho de un perito y no con el conocimiento científico aplicado. ? Refiere que la metodología, técnicas y métodos empleados habían ayudado a la juzgadora llegar a un conocimiento probable y racional de que la hierba seca puesta a la vista del perito efectivamente se trataba de cannabis sativa L, conocida comúnmente como marihuana, puesto que resulta útil analizar el método y la fundamentación científica, artística, o técnica que respaldan las opiniones de los peritos, pues en el dictamen, además de exponer su opinión, el perito explica las premisas, reglas o fundamentos correspondientes a la ciencia, técnica o arte de qué se trate, en las que se haya pasado para analizar el punto concreto sobre el que expresa su opinión, y explica la forma en que dichas premisas aplicadas al punto concreto conducen a la conclusión a la que arriba y que constituye el contenido de su opinión, mediante un método convincente y adecuado a la materia de qué se trata; y, que será relativamente sencillo motivar la valoración de dicha probanza, pues este método de valoración es además, congruente con la naturaleza de la prueba pericial, la cual cumple su objetivo en la medida en que dote al juzgador de los conocimientos científicos, técnicos, o artísticos necesario para resolver. ? Que por lo anterior, no es posible concluir que se colmaron los requisitos establecidos en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso a una persona ya que es necesario que: existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que la ley señale como delito ese hecho; además, que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; no obstante, la juzgadora no encuadró la conducta imputada por el ministerio público a la norma penal, ya que dejó de analizar los aspectos estructurales de la conducta para poder afirmar que posiblemente, encuadre en un hecho con apariencia de delito, pues no se sabe a ciencia cierta o en grado de probabilidad si se trata o no de Cannabis Sativa L, comúnmente conocida como mariguana. Devienen infundados los citados argumentos. En primer término, se precisa que este órgano de amparo estudiará la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, a efecto de corroborar si la jueza responsable, se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia; al encontrarse impedido para sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 28/2020, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicarse, con registro electrónico 2022178, de rubro y texto: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. . . Así, el estudio de los conceptos de violación en confrontación con lo argumentado por la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en funciones de Jueza de control, en continuación de la audiencia inicial catorce de mayo de dos mil veinte, en la que se dictó vinculación a proceso a . . . y se le impuso como consecuencia la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, permite establecer la legalidad de dichas determinaciones. Es así porque en contra de lo que sostiene la defensora del quejoso, no existe evidencia de que la jueza responsable realizara una mala apreciación de los datos de prueba que fueron vertidos por la fiscalía, pues como ésta sostuvo, dichos datos son idóneos, pertinentes y suficientes para tener probado en grado de probabilidad el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de transporte y la posibilidad de que el hoy quejoso lo cometió. Cierto, la autoridad judicial adecuadamente argumentó que la declaración del testigo . . ., no se advierte contradictoria, pues no refiere que se haya ausentado todo el día de la terminal de transporte ubicada en la calle ** número ** en el centro de Oaxaca de Juárez, aunado a que, la parte de su dicho que tomó en consideración, fue que pudo percatarse por la mañana que . . ., solicitó a la encargada de nombre . . . que le guardara su equipaje, sin que de la propia deposición o de algún otro dato de prueba se evidencie alguna contradicción de lo depuesto, porque si bien no refiere a qué hora no estuvo, sí es claro en manifestar que el siete de mayo de dos mil veinte entre las 9:30 y 10:30 de la mañana, se encontraba al lado de la taquillera, que escuchó que llegó el señor ** a esa hora y le dijo a la taquillera que le guardara su bolsa y que posteriormente a las cinco de la tarde llegó esa misma persona, para realizar el viaje. De ahí lo ineficaz de lo argumentado por la defensora al argüir que la juzgadora realiza meras suposiciones respecto de lo que el testigo posiblemente pudo haber omitido y que se tratan de meras conjeturas sin sustento en dato de prueba alguno, pues dicho dato de prueba no fe el único que sustentó el hecho, sino que se relacionó a los demás datos aportados por el agente del ministerio público, tales como: informe policial homologado suscrito por los policías aprehensores; registro o la bitácora de viaje que aportó el conductor . . .; dictámenes en fotografía folio 2323, en materia de tránsito terrestre folio 2325, y en materia de QUÍMICA FORENSE con folio 2324; entrevista realizada al conductor . . .; inspecciones a los indicios uno y uno a), que son la bolsa que contenía el paquete y el paquete que tenía embalado el vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana, al lugar de la detención y al automotor; video que se remitió mediante oficio ** por la apoderada de Caminos y Puentes Federales, relativo a las cámaras que se encuentran en la caseta de peaje de Suchixtlahuaca; de donde se sigue que de forma alguna se suplió la deficiencia de la investigación a favor de la fiscalía. Sobre el particular, cabe precisar que este órgano de control constitucional advierte que el auto de vinculación a proceso sólo exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho, por el cual se seguirá la investigación. En efecto, en el nuevo sistema de justicia penal, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, ya que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino que sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; ello, porque debe considerarse a la etapa de investigación como un período preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, evitando la presentación de pruebas formalizadas; motivo por el que al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso. De ahí que para fundar la imputación no se requiere la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, sólo se exige que se establezca que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del juez, quien en función de los hechos determinará si existen indicios razonables que así permitan suponerlo. En efecto, la intensidad o profundidad del análisis que deberá hacer el juez para identificar si un hecho o una serie de hechos están tipificados en la ley como delito será el que resulte necesario para "establecer", a partir de los datos de prueba, sin estar legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delito. Asimismo, el juez de control deberá fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, donde sí deberá exponer las razones y fundamentos que le llevan a considerarlos idóneos y pertinentes con base en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, para tener por establecida la existencia del hecho considerado como delito y cumplir con el requisito de fondo. Es orientadora en ese sentido la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de epígrafe: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Bajo tales consideraciones, se concluye también que son apegadas a derecho las razones de la jueza de Distrito que vertió para desestimar el aspecto relativo a la indebida valoración del dictamen químico. Lo anterior, en la medida que el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque la determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del juez de control, quien al valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, considera ambas hipótesis o teorías del caso que deben ser apreciadas como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el estándar de credibilidad que le proporcionan para ser considerados como dato de prueba susceptible de valor demostrativo al resolver sobre la vinculación a proceso. De ahí que si el Ministerio Público, por una parte hizo referencia sobre la existencia de tal dictamen pericial para acreditar la calidad de la hierba localizada y su peso, sin hacer alusión a la calidad específica de los expertos, tal circunstancia no vulnera el derecho de defensa del imputado o el debido proceso, porque se reitera, atendiendo al estándar probatorio que prevalece en esta etapa del procedimiento -etapa inicial-, que es mínimo, no es necesario exigir una análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) ni tampoco mecanismos para reforzar a los datos de prueba o que los doten de mayor credibilidad, como el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido. Máxime que tal omisión no es determinante para arribar a la conclusión que pretende la disidente, en el sentido que por esa sola circunstancia no se acredita el objeto del delito, que en el caso es el estupefaciente, porque no refirió dato alguno, tendente a desvirtuar ese aspecto. Sobre ese tópico, es aplicable la tesis aislada I.7o.P.130 P (10a.), con registro electrónico 2021088, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2188, del Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. . . Por ende, si la jueza de control bajo el nivel de exigencia probatoria aplicable, al decidir sobre la vinculación a proceso con los datos de prueba expuestos por el órgano ministerial -valorados racionalmente- identificó los aspectos estructurales de la conducta para afirmar que posiblemente encuadra en un hecho con apariencia de delito y la identificación de su posible autor; es incuestionable que de manera legal, sin vulnerar algún derecho fundamental del quejoso, arribó a la conclusión que se cumplen con las exigencias previstas en el artículo 19 constitucional, que se insiste, contiene un análisis menos riguroso para su dictado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/19 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2388, del libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. . . Aunado a que no se trató de una apreciación subjetiva, pues si bien la defensa sostuvo que las máximas de la experiencia indican que una persona que se encuentre cometiendo un ilícito, difícilmente reconocerá que se encuentra haciéndolo; es evidente que esa sola manifestación es insuficiente para acreditar tal suposición. Bajo tales aspectos resultan inaplicables esos argumentos, ya que conforme al indicado artículo constitucional y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso a un imputado no se requiere un cúmulo probatorio amplio en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; extremos que quedaron satisfechos en el caso, de ahí que no se existe alguna duda que puedan favorecer al impetrante. Sobre todo, que no existió debate respecto de las circunstancias de lugar, tiempo y ocasión en que se verificó la conducta, tampoco de la existencia del narcótico, ni que el imputado no viajara a bordo de la camioneta de pasaje, o que no trajera consigo la bolsa en que se localizó el enervante, como tampoco hay dato que permita establecer que existiera autorización para que el imputado realizara esa conducta de transporte de esas sustancias, es decir, no hay ninguna causa que justifique su conducta, que excluya el delito o la probable participación del activo. Así las cosas, es evidente que, como lo sostuvo la jueza responsable existen datos idóneos y pertinentes que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues de los mismos se advierte, como lo expuso que el siete de mayo de dos mil veinte, aproximadamente a las diecinueve horas con cincuenta minutos, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban el operativo **, (.)- Oaxaca, tramo Cuacnopalan - Huitzo aproximadamente a 300 metros de la caseta de peaje número 078 denominada Suchixtlahuaca con dirección a Tehuacán, se realizó el alto al vehículo tipo vagoneta, de color rojo, submarca sprinter con número de serie terminación **, por no contar con placas de circulación, misma que era conducida por el señor . . . ; y al revisar el automotor se localizó al hoy quejoso del lado derecho de la fila de asientos, quien transportaba una bolsa de costal con asa color blanco con la leyenda "Azúcar Refinada Potrero"; misma que contenía dos bolsas de pan y un paquete confeccionado con cinta canela y papel color café en forma de cuadro, que a su vez contenía hierba color verde y seca con las características de la marihuana, con un peso total de 10,085 g, que resultó ser cannabis sativa L o marihuana; bolsa y contenido que transportaba como pasajero el señor . . . de la ciudad de Oaxaca de Juárez Oaxaca a la ciudad de Tehuacán Puebla; conducta que realizó sin contar con autorización de la autoridad sanitaria y que esos paquetes fueron asegurados por elementos de seguridad pública, resguardados por la representación social. Asimismo, la juez de control fundó y motivó suficientemente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, pues expuso las razones y fundamentos que le llevaron a considerarlos idóneos y pertinentes, lo cual realizó conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, para tener por establecida la existencia del hecho considerado como delito y cumplir con el requisito de fondo. En ese orden de ideas, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados por el quejoso, sin que se advierta alguna queja deficiente que suplir, en los términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, procede negar el amparo solicitado por . . ., respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso decretado por la juez responsable en contra del quejoso por el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de Cannabis Sativa L, comúnmente conocida como marihuana previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el numeral 193, ambos del Código Penal Federal y como consecuencia la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a . . ., contra los actos que reclamó de la jueza de Distrito Especializada en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente."
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