Santiago Peralta Aguirrez
Expediente 514/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Santiago Peralta Aguirrez
- Juez de Control y enjuiciamiento Penal del estado de Guerrero, con sede en Tlapa de Comonfort
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa en los acuerdos dictados el ocho y diecisiete de septiembre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo dado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia, en los Distrito Judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, así como la encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "Cps-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán, Oaxaca. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo conducente en cuanto al cumplimiento del fallo protector; ello, conforme a lo dispuesto en el numeral 196 de la ley de la materia, que establece a este Juzgado corresponde determinar si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior tiene respaldo en la jurisprudencia de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Efectos de la concesión del amparo. El seis de agosto de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva en este expediente, la cual causó ejecutoria el treinta y uno siguiente. La protección constitucional se otorgó al inconforme para los efectos siguientes: El Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede En Tlapa de Comonfort, Guerrero y la encargada de la Dirección General del Centro Federal del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, en el ámbito de su competencia, ordené hacer del conocimiento del quejoso la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia intermedia C-93/2019. Actos que la autoridad responsable debe llevar a cabo para cumplir con el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria emitida en este expediente, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia, en los Distrito Judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, y la encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "Cps-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, deberían realizar lo siguiente: El Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede En Tlapa de Comonfort, Guerrero y la encargada de la Dirección General del Centro Federal del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, en el ámbito de su competencia, hacer del conocimiento del quejoso la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia intermedia C-93/2019. Acciones que la autoridad responsable realizó para acatar la sentencia. El Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede En Tlapa de Comonfort, Guerrero, mediante oficio 810/2021 de seis de septiembre del año en curso, remitió diversas constancias que integran la carpeta judicial C-93/2019, de las que se advierte el acuerdo dictado el seis de julio del presente año, en la que hace saber al disidente del amparo Santiago Peralta Aguirrez, que fueron señaladas las diez horas del cinco de octubre de esta anualidad para el desahogo de la audiencia intermedia, remitiendo copia certificada de la diligencia de notificación llevada a cabo mediante exhorto 1159/2021, así también, la Dirección General del Centro Federal del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, en el ámbito de su competencia notificó dicha determinación al disidente del amparo, remitiendo copia certificada de la misma. Documentales que tienen valor probatorio pleno, en término de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Estudio del cumplimiento. Del análisis armónico de las constancias remitidas por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia, en los Distrito Judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, así como la encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "Cps-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, se advierte que se ha restituido al quejoso Santiago Peralta Aguirrez, de la violación reclamada en esta instancia constitucional. Bajo la tutela de los razonamientos expuestos, a consideración de este juzgador federal y con fundamento en el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. En tales condiciones, se declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". Finalmente, se comisiona al actuario adscrito que corresponda para que se constituya el quince de octubre de dos mil veintiuno, en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", ubicado en Mengolí de Morelos, Miahuatlán, de Porfirio Díaz, Oaxaca, a fin de que notifique al quejoso Santiago Peralta Aguirrez este proveído y haga entrega copia simple de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Esta determinación no necesita comunicarse al Consejo de la Judicatura Federal, porque ya se hizo lo propio mediante oficio 16/2017. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. De este sumario se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto por el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo prescrito por los arábigos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que tal fallo ha causado ejecutoria. Ahora, la protección constitucional se otorgó para los efectos siguientes: El Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede En Tlapa de Comonfort, Guerrero y la encargada de la Dirección General del Centro Federal del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, en el ámbito de su competencia, ordené hacer del conocimiento del quejoso la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia intermedia C-93/2019. Por tanto, con fundamento en lo previsto por el arábigo 192 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días cumplan con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual deberán remitir copia certificada ordenada, legible y completa de las constancias que acrediten su acato al fallo protector. Se apercibe a las referidas autoridades que si no actúan como se indica en la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado de Distrito impondrá en su contra una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto por los dispositivos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en el que incurra en la conducta sancionada y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno proponga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de que proceda, la destitución del cargo de los servidores públicos respectivos y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígaseles que en términos de lo señalado por el normativo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo es injustificado, no las exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además, de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este sumario. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y el anexo señalado en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad de Tlapa de Comonfort Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, remite las constancias requeridas en auto de veinte de julio de este año; consecuencia, para los efectos legales a que haya lugar ténganse por recibidas dichas documentales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, el licenciado Feliciano Humberto Santos Rojas, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/2500/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Gamaliel Sánchez Cruz, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el juez declara abierta la audiencia. El secretario certifica que este expediente se encuentra legalmente integrado para proceder a la celebración de la audiencia constitucional, pues, obran en autos las constancias necesarias para resolver el mismo; los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y se emplazó a juicio a los terceros interesados. El juez acuerda; dada cuenta con la certificación que antecede, de la que se desprende se encuentra debidamente integrado este juicio de amparo, se procede a la celebración de la audiencia constitucional. RELACIÓN DE CONSTANCIAS El secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran las siguientes: 1) Demanda de amparo promovida por ***********. 2) Auto admisorio de once de mayo de dos mil veintiuno. 3) Informe justificado de la encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece CPS-Oaxaca. Con lo anterior, se da cuenta al secretario encargado del Juzgado por vacaciones del titular, quien acuerda: Para los efectos legales correspondientes téngase por hecha la relación de constancias que antecede. ETAPA DE PRUEBAS A continuación, se abre el período de pruebas, en el que se hace relación de las documentales exhibidas por Y por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza. En consecuencia, al no existir otros medios de prueba que relacionar, se cierra el período probatorio, para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace relación de los formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Consecuentemente, como no existen diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 514/2021, promovido por Santiago Peralta Aguirrez. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede En Tlapa de Comonfort, Guerrero y el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, han sido omisos en llevar a cabo las gestiones necesarias para el desahogo en la audiencia intermedia dentro de los autos del proceso penal *********, del índice de la primera de las responsables. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El diez de mayo de dos mil veintiuno, Santiago Peralta Aguirrez presentó una demanda de amparo, en la cual solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la omisión de llevar a cabo las gestiones necesarias para el desahogo en la audiencia intermedia dentro de los autos del proceso penal ********. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narraron los antecedentes de los actos reclamados y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, por auto de once de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 514/2021; asimismo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero y del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, lo siguiente: la omisión de llevar a cabo las gestiones necesarias para el desahogo en la audiencia intermedia dentro de los autos del proceso penal C-93/2019, del índice de la primera de las responsables. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede En Tlapa de Comonfort, Guerrero y la encargada de la Dirección General del Centro Federal del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, negaron la existencia del acto reclamado; aduciendo la primera de ellas que se encontraban señaladas las diez horas del cinco de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia intermedia en la carpeta judicial **********de su índice; sin embargo, no remitió ninguna constancia con la cual acreditar ese hecho. De ahí que deba de tenerse como cierto el acto reclamado, aunado a que en los autos no existe constancia que acredite que a la fecha en que se dicta la siguiente, se hayan a cabo las gestiones necesarias para el desahogo en la audiencia intermedia dentro de los autos del proceso penal C-93/2019. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. ESTUDIO. Es esencialmente fundado el concepto de violación en el que aduce la parte quejosa que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede En Tlapa de Comonfort, Guerrero y la encargada de la Dirección General del Centro Federal del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, han sido omisas en llevar a cabo las gestiones necesarias para el desahogo en la audiencia intermedia dentro de los autos del proceso penal C-93/2019, violando con ello el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente señala lo siguiente: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del segundo párrafo del precepto en cita, se advierte que uno de los derechos ahí consagrados, es decir, el de expedita y eficaz administración de justicia, mismo que es considerado como el complemento del derecho fundamental consagrado en el primer párrafo, impone al estado la creación de tribunales que se encuentren siempre expeditos para impartir justicia, en los términos y plazos fijados por las leyes. Es decir, el carácter expedito de la administración de justicia se fundamenta en que la seguridad jurídica del gobernado no permanezca en estado de incertidumbre durante mucho tiempo, por lo que, se llega a las conclusiones siguientes: a) En ese precepto se garantiza a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia; b) Entre ellos, el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales; así, debe precisarse que para su acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; c) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; y, d) Los plazos y términos que se establezcan en las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la Justicia, por lo que los requisitos y presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2ª L/2002 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV de mayo de dos mil dos, visible en la página doscientos noventa y nueve, que indica: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Por su parte, los artículos 1°, 2°, 8° (1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, establecen lo siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano". "Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades". "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso". Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia P/J 113/2001 emitida por el aludido Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV de septiembre de dos mil uno, visible en la página cinco, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto de la garantía de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Como ya se apuntó, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la omisión de llevar a cabo las gestiones necesarias para el desahogo en la audiencia intermedia dentro de los autos del proceso penal C-93/2019 del índice del juzgado responsable, sin que a la fecha de la presentación de la demanda el ente responsable lo hubiere hecho, lo que estima violatorio del artículo 17 constitucional. Lo anterior, resulta cierto, ya que, de las constancias que integran este expediente, las cuales ya fueron valoradas con anterioridad, se advierte que desde quince de abril de dos mil veintiuno, las autoridades responsables, no han acreditado que hubieren realizado las gestiones necesarias para señalar nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia intermedia de la carpeta de investigación C-93/2019 instruida en contra del quejoso. De ahí que las autoridades responsables infrinja el derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, que garantiza la administración de justicia pronta y expedita a cualquier persona, pues, debe considerarse que el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes; con esta reglamentación, se persigue la consecución de sus fines, lo que no se logra si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas. Aunado al hecho que la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado no indicó que dicha omisión se encontrara justificada por alguna circunstancia ajena a su voluntad. No pasa por desapercibido que el juez responsable al momento de rendir su informe, indicara que señaló las diez horas del cinco de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia intermedia en la carpeta judicial C-93/2019 de su índice, en atención a disponibilidad de fechas con que cuenta el Centro Federal de Readaptación Social número trece, ello, atendiendo a la saturación de las salas de video conferencia con las que cuenta el relativo centro federal, lugar en donde se encuentra recluido el quejoso; sin embargo, lo cierto es que no acompañó, constancia alguna en la que se advierta que mediante acuerdo haya hecho del conocimiento al promovente del amparo ese nuevo señalamiento, de ahí el sentido de esta determinación. DECISIÓN Como la responsable no justificó que haya hecho del conocimiento del quejoso la nueva fecha para el desahogo de la audiencia intermedia, los efectos del amparo por violación a la garantía de impartición de justicia pronta establecida en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a Santiago Peralta Aguirrez, para el efecto de que, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede En Tlapa de Comonfort, Guerrero y la encargada de la Dirección General del Centro Federal del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, en el ámbito de su competencia, ordené hacer del conocimiento del quejoso la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia intermedia *********. Finalmente, tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número trece en Miahuatlán, Oaxaca, sede Mengolí, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con apoyo en el artículo 27, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye al actuaria(o) adscrita(o) a este juzgado, efectúe la notificación personal de esta determinación, mediante videoconferencia. Por lo que, de la comunicación vía telefónica al número 951 50 248 96 con el licenciado Antonio de Jesús Moya García, encargado de la Oficina de Prácticas del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se coordinaron las Quince Horas con Treinta Minutos del Once de Agosto de dos mil Veintiuno, a fin de que la actuaria(o) adscrita(o) a este juzgado realice la notificación personal y se cerciore de la entrega material de la copia encomendada. Diligencia que se efectuará mediante el método alternativo de comunicación denominado videoconferencia, a través de la aplicación CISCO WEBEX, en la cual participará la actuaria(o) o secretaria (o) correspondiente y el personal del Centro Federal de Readaptación Social, Número Trece "OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En consecuencia, de conformidad con el protocolo para el uso de la videoconferencia en los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el correo electrónico respectivo, solicítese a la coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este órgano jurisdiccional, para que en su calidad de responsable del ámbito técnico del desahogo de la videoconferencia antes mencionada, realice lo siguiente: Elaborar la solicitud de la videoconferencia ante la Dirección General de Tecnologías de la Información, mediante el formato respectivo. Agendar la videoconferencia de mérito en la aplicación CISCO WEBEX; y una vez que se genere el link respectivo, lo proporcione de inmediato a las partes que habrán de intervenir en dicha diligencia, actuario(a), secretaria(o) y a los correos electrónicos feliciano.santos.rojas@correo.cjf.gob.mx y dirjuridica.cfrs13@sspc.gob.mx. En la fecha programada para la audiencia de referencia, deberá iniciar el funcionamiento del dispositivo electrónico a través del cual se efectuará el enlace; y, validar la correcta operación e interconexión con la plataforma de videoconferencias propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, hasta la conclusión de la misma. Asimismo, infórmese lo anterior al director del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a fin de que designe a personal a su cargo, para que coadyuve en el desahogo de la diligencia de notificación señalada, y tome las medidas pertinentes para su correcta realización. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se Concede el amparo y protección de la justicia Federal en el juicio de amparo promovido por *********en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, en términos del considerando V de la presente resolución. Notifíquese.
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