Santiago Eleuterio Michaca Ramírez

Expediente 1093/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 38 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1093/2021
Año
2021
Actuaciones
38
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Santiago Eleuterio Michaca Ramírez
  • Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: I. En este expediente por auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se negó la definitiva solicitada; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 8.1.2. punto 3 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1093/2021, promovido por ********************, en contra de los actos reclamados al Juez Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y otras autoridades. ANTECEDENTES Según lo manifestado por el promovente actualmente es pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con número de pensión ********************, la que le realizan mediante depósito bancario. Que a partir del mes de julio de dos mil veintiuno, su depósito se vio disminuido de manera considerable, situación que continúo en los meses de agosto y septiembre, por lo que el uno de octubre del mismo año, acudió ante el jefe del Departamento de Pensiones de dicho organismo, a efecto de saber el motivo de las deducciones, enterándose de que las mismas son por concepto de pensión alimenticia y pensión alimenticia retroactiva, ordenado por el juez Familiar de Huajuapan de León, sin que se le dieran mayores datos. Durante la secuela del juicio se conoció que la autoridad responsable ordenadora en realidad es el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Teposcolula, Oaxaca, ante quien se tramita el juicio ******************** en la vía de controversias del orden familiar, promovido por ******************** o ********************, en el que se otorgó a la mencionada tercera interesada la pensión alimenticia. Aduce el quejoso que hasta el momento en que presentó la demanda origen de este juicio, no se le había emplazado a juicio. Lo anterior, constituye el motivo de disenso en esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ********************, promovió juicio de amparo indirecto contra los actos del Juez Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan, Oaxaca, contra los actos que se precisarán más adelante. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 1093/2021; asimismo, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso con el informe justificado rendido por el encargado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del que se advirtió la existencia de una nueva autoridad responsable. El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso presentó escrito de ampliación de demanda, señalando como autoridad ordenadora al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca; admitiéndose en proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, previo el cumplimiento de la prevención respectiva. El catorce de febrero del año en curso se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; el quince de febrero siguiente, el quejoso presentó una segunda ampliación de la demanda, la que se admitió en auto de diecisiete de febrero del mismo año y seguido el juicio por todos sus trámites, la audiencia constitucional, tuvo verificativo el trece de mayo de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se cuestionan actos de autoridades que tienen su sede en donde este juzgado ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD Debido a la naturaleza de los actos reclamados, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de actuaciones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable por analogía el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, permite sostener que la quejosa reclama lo siguiente: Del Juez Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca: La falta de notificación y emplazamiento al procedimiento judicial que existe en contra del quejoso. Del ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca: La omisión de emplazamiento a juicio familiar instaurado contra el quejoso. Del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca: Los descuentos que se están realizando sobre mi pensión por jubilación ********************, sin previo llamamiento a juicio. La ejecución de la orden de descuento del treinta por ciento de las percepciones económicas del quejoso a favor de ******************** o ********************. Del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca: La falta de notificación y emplazamiento al procedimiento judicial en el expediente familiar ********************. El auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente familiar ********************, por el que otorga el treinta por ciento de las percepciones económicas del quejoso a favor de ******************** o ********************. Del ejecutor adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca: La omisión de emplazamiento al procedimiento judicial en el expediente familiar ********************. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Al rendir informe justificado, las autoridades responsables lo hicieron en el sentido siguiente: Juez Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca NIEGA (FOJA 22) Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca NO RINDIÓ INFORME Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca NIEGA EL ACTO RELATIVO A LA PRIMERA AMPLIACIÓN DE DEMANDA (FOJA 71) CIERTO ACTO RELATIVO A LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DEMANDA (FOJA 178) Ejecutor adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca NIEGA (FOJA 108) Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca CIERTO (FOJA 27) CIERTO ACTO RELATIVO A LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DEMANDA (FOJA 257) El juez Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, negó la existencia del motivo de disenso que se le atribuye, sin que dicha negativa se encuentre desvirtuada en autos con prueba alguna. Como puede verse, la autoridad que el quejoso señaló como responsable denominada ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, no rindió informe justificado, no obstante que quedó notificado de la petición del mismo desde el once de octubre de dos mil veintiuno, según consta en el acuse de recibo que obra en autos; por tato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, debería presumirse cierto el acto reclamado. No obstante, dicha presunción queda desvirtuada, a partir de que fue señalada como autoridad ejecutora de un acto que negó la responsable ordenadora, por lo que no es lógico ni jurídico presumir la existencia de la ejecución de un acto inexistente. Ahora, las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca y ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional, negaron la existencia de los motivos de disenso expresados por el quejoso en su escrito de ampliación de demanda, consistentes en la omisión de emplazarlo al juicio familiar ******************** del inventario de dicho Juzgado; sin embargo, su negativa se funda en el hecho de que el domicilio del demandado, aquí quejoso, se encuentra fuera de la jurisdicción de su Juzgado, por lo que solicitaron el auxilio de su homologo con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. De ahí que su negativa se desvirtúa a partir de las propias manifestaciones que hacen las responsables, en las cuales reconoce su existencia y expuso argumentos tendentes a justificar su constitucionalidad, lo que conduce a tener por cierto el acto que fue atribuido a esas autoridades. En respaldo de la determinación adoptada se cita la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." En otro aspecto, por cuanto hace a los motivos de disenso contenidos en la segunda ampliación de demanda presentada por el quejoso, consistentes en el proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Mixto de Primera instancia del distrito judicial de Teposcolula, Oaxaca, así como su ejecución consistente en el descuento a la pensión ********************, se tienen por ciertos, pues así lo manifestaron expresamente las autoridades al rendir sus respectivos informes, como quedó plasmado en el cuadro que antecede. Además, la certeza de esas actuaciones se patentiza con las constancias que en copia certificada remitió la responsable ordenadora y obran en autos, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2. En mérito de lo anterior, se procederá al análisis de los motivos de disenso reclamados. VII. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Como quedó precisado en el punto que antecede, los actos reclamados al juez Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, y al ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional, resultan inexistentes, sin que la parte quejosa aportara prueba idónea y suficiente para desvirtuar tal circunstancia. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por la inexistencia de los actos reprochados a las referidas autoridades. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." VIII. PROCEDENCIA Ahora, en relación a los actos reclamados cuya certeza se atribuyó al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca y ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional, así como al jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, ninguna de las partes hizo valer causa de improcedencia alguna. No obstante, dado que el estudio de las causas de improcedencia es de orden público, se procede al análisis de oficio. Ahora, en relación con los actos reclamados que el quejoso atribuyó al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca y ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional, consistentes en: La falta de notificación y emplazamiento al procedimiento judicial en el expediente familiar ********************. En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se especificó, la parte quejosa reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca y ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional, la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento judicial en el expediente familiar ********************. Bajo esa tesitura, de autos se aprecia que el tres de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada por ministerio de ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Teposcolula, Oaxaca, tuvo a ******************** o ********************, demandando en la vía de controversias de orden familiar a ********************, diversas prestaciones; dado que el domicilio señalado por la actora para el emplazamiento del demandado se encontraba fuera de su jurisdicción, ordenó girar exhorto al juez competente en el distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de que se constituyera en el domicilio correspondiente a dicha parte procesal y lo llamara a juicio. A la fecha en que el quejoso presentó la demanda origen de este juicio, el referido acto procesal no había acontecido; no obstante, de las actuaciones que obran en este expediente se advierte que el diez de febrero de dos mil veintidós, el quejoso ********************, se presentó en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Teposcolula, Oaxaca, a efecto de que se le emplazara al juicio ********************; por lo que, en diligencia respectiva, el actuario judicial adscrito al órgano en comento, lo emplazó al juicio familiar de que se trata, corriéndole traslado con las copias de la demanda, haciéndole saber el plazo del que disponía para contestarla. Por lo anterior, si en esta instancia se reclamó la omisión de emplazarlo al juicio familiar ********************, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al haberse llevado a cabo el emplazamiento, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tal omisión no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Por tanto, lo pretendido por la parte promovente de la acción constitucional, en el sentido que cesara la omisión que reclamó, se satisfizo, al haberlo emplazado al juicio de origen. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" Ahora bien, respecto a los actos que el quejoso reclamó en ampliación de demanda presentada el quince de febrero de dos mil veintidós, consistente en: El auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Teposcolula, Oaxaca, en el expediente familiar ********************, por el que otorga el treinta por ciento de las percepciones económicas del quejoso a favor de ******************** o ********************. La ejecución de la orden de descuento del treinta por ciento de las percepciones económicas del quejoso a favor de ******************** o ********************, deducidas de su pensión ********************, que atribuyó al jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. De conformidad con la Constitución y la Ley Reglamentaria de sus artículos 103 y 107, el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, motivo por el cual deben ser analizados previamente al estudio de fondo. En ese sentido, tras un estudio de las particularidades del caso, este juzgador considera que, respecto de los actos reclamados que han quedado puntualizados, no se satisfacen los requisitos de procedencia que derivan del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la norma constitucional citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etc., no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad, de lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Establecido lo anterior, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia, por cuanto hace a la procedencia del recurso de apelación contra el auto que fijó la pensión provisional, es menester traer a colación el artículo 973 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que señala: "Artículo 973. En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza". Como se observa, dicho numeral prevé la procedencia del recurso de apelación contra resoluciones que versen sobre los alimentos, y establece la limitante consistente en que tratándose de la fijación de estos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Eso significa que, efectivamente, el legislador local de manera clara previó la posibilidad de que las determinaciones que fijan alimentos provisionales fueran combatidas a través de un recurso de carácter vertical, a saber, el de apelación. Lo expuesto se corrobora, si se toma en cuenta que el precepto 80 del citado código adjetivo civil de la entidad, establece que las resoluciones judiciales son simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; y autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores, de donde se sigue que al disponer el artículo 973 del referido ordenamiento "las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas", también se refiere a los autos y no exclusivamente a las sentencias. Lo anterior se refuerza con la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 322/2016, en sesión correspondiente al veintiuno de junio de dos mil diecisiete, que generó la tesis 1a. CCXIII/2018 (10a.), que más adelante se citará en su integridad, en cuya parte toral se determinó: "63. Por su parte, el ordenamiento procesal de Durango no establece -como en el de la actual Ciudad de México- que cuando la sentencia definitiva sea apelable lo será el auto o interlocutoria, pero sí prevé que los autos y sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen término al juicio podrán ser apelados en el efecto devolutivo. 64. Siguiendo esta premisa, el código duranguense señala que el juez de lo familiar podrá fijar la pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el juicio, siendo posible deducir que se trata de un auto que no paraliza ni pone fin al juicio, pues ello acontecerá hasta que se dicte la sentencia definitiva. Además, al igual que en el código procesal civil de la Ciudad de México, se dispone que las "resoluciones" sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza, término que - como ya se señaló- no se refiere de forma exclusiva a sentencias, sino también a otro tipo de actuaciones judiciales como son los autos. Por lo tanto, debe interpretarse que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango prevé que el recurso ordinario que procede contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional es la apelación". Además, conviene señalar que los arábigos 665, 666, 667, 670 y 673, del código procesal civil de esta entidad federativa, disponen lo siguiente: "Artículo 665. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta". "Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio". "Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano". "Artículo 670. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo". "Artículo 673. La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte". Del análisis conjunto de los numerales transcritos, deriva que las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta y que, por ende, contra ellas procede el recurso de apelación en donde el tribunal superior puede examinar la regularidad de dicho fallo; en cambio, contra los autos que "no fueran apelables" es factible su impugnación vía revocación. Además, el creador de la norma expresó que los autos "serán apelables" cuando, entre otros supuestos, tengan fuerza de definitivos; noción que debe entenderse en el sentido de que lo decidido en el auto correspondiente, por sus particularidades, no sea susceptible de repararse en la sentencia o resolución final que se llegare a dictar. Es decir, en el escenario de que lo resuelto en el auto que se pretenda impugnar cause un gravamen que no puede enmendarse en la sentencia condigna, esa circunstancia será la que dotará de definitividad a tal proveído y, por ende, a ser susceptible de controvertirse a través del recurso de apelación. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 994, Tomo XXXI, materia: común, Semanario Judicial de la Federación, registro digital 363877, de rubro y texto: "APELACIÓN Los autos sólo son apelables cuando tienen fuerza de definitivos y cuando la ley lo dispone, si además lo fuere la sentencia que en el juicio se dicte, y dichos autos tienen fuerza de definitivos cuando causan un gravamen que no puede repararse en la sentencia, y si ésta se dictó, el auto que mande dar vista de una promoción del reo, sí tiene fuerza de definitivo, puesto que ya no se está en condiciones de conseguir su reparación en la sentencia y, por tanto, contra él cabe el recurso de apelación". Conforme a lo expuesto, se tiene que, contra el acto reclamado consistente en el acuerdo de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente familiar ********************, donde le fue fijado al demandado ********************, el pago del 30% del sueldo y demás prestaciones que obtiene el demandado como empleado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por concepto de pensión alimenticia provisional, a favor de ******************** o ********************, procede el recurso de apelación, sobre todo porque el párrafo segundo del artículo 673 del ordenamiento legal en cita, dispone que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. Es así, toda vez que el auto impugnado en este juicio de amparo es de carácter definitivo, ya que al establecer el pago de alimentos provisionales, causa un gravamen que no puede repararse en la sentencia definitiva, pues ésta versará sobre la procedencia o no de los alimentos definitivos demandados, así como de los reclamados de manera retroactiva, y no del proveído que determinó cubrirlo de manera provisional mientras se resuelve el juicio de manera definitiva. No es óbice a lo anterior, el artículo 962 del código adjetivo en comento, que menciona: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad". Ello es así, porque si bien de dicho numeral se advierte una regla específica respecto a que contra las medidas provisionales y urgentes que tome el juez de origen vinculadas con violencia familiar o para salvaguardar a un menor que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por el derecho, no se admitirá más recurso que el de responsabilidad; dicho numeral, al contemplar una regla de excepción, resulta de interpretación estricta, esto es, que se limita a los casos en los que el juzgador otorgue las medidas en comento bajo las citadas hipótesis previstas por el legislador, más no comprende otras como los autos que decretan la pensión provisional. Así las cosas, además de las consideraciones plasmadas, es oportuno invocar, por analogía, la tesis 1a. CCXIII/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018737, que señala: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda". Ya que dicho criterio refuerza la noción que deriva del artículo 973 del código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, en el sentido de que contra la resolución que decreta de manera provisional los alimentos, procede el recurso de apelación. Máxime que los numerales analizados en dicho precedente, coinciden en esencia con la codificación de la materia en nuestra entidad federativa, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO) VIGENTE EN DOS MIL ONCE Y HASTA LA FECHA CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE PARA EL ESTADO DE OAXACA Artículo 79 Las resoluciones son: Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales; Decisiones que tienen fuerzas de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; Sentencias definitivas. Artículo 80.- Las resoluciones judiciales son: Simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; Sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; Autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores. ARTÍCULO 684. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento. Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ARTÍCULO 691. La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. Artículo 673. La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte" ARTÍCULO 700. Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I. De las sentencias definitivas en los juicios ordinarios, salvo, tratándose de interdicción, alimentos y diferencias conyugales, en los cuales la apelación será admitida en el efecto devolutivo de tramitación inmediata [.]". Artículo 682.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: De las sentencias en los juicios ordinarios; (derogada) Fue así como en la ejecutoria del Máximo Tribunal del País (contradicción de tesis 322/2016), se concluyó en esencia lo siguiente: "58. En otro orden, los códigos procesales civiles para el otrora Distrito Federal y el Estado de Durango prevén reglas similares para combatir el auto que decreta la pensión alimentaria, pero que contienen notas distintivas en sus reglas procesales que impiden establecer un criterio uniforme que los rija. 59. La codificación para el Distrito Federal (Ciudad de México) indica que serán apelables los autos y las interlocutorias siempre que la sentencia definitiva lo sea y, específicamente en el caso de resoluciones provisionales, dispone que podrán ser modificados a través de sentencia interlocutoria o definitiva. 60. Respecto al otorgamiento de alimentos, el citado ordenamiento establece que en contra de las sentencias definitivas de la referida naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza; de lo que puede deducirse que al proceder la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es en contra de los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento provisional. 61. Además, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (Ciudad de México) reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, pues también abarca a los autos que se dicten en la contienda como se señaló anteriormente". En ese tenor, es evidente la actualización de la causa de improcedencia en estudio, además, no se advierte la materialización de alguno de los supuestos de excepción que prevé el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, a saber: Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, o se trate de órdenes de aprehensión o reaprehensión, o actos de naturaleza penal que impongan medidas restrictivas de la libertad, ni el accionante es una persona tercera extraña al procedimiento. Tampoco se aprecia que la procedencia del recurso de apelación se haya sujetado a interpretación adicional o que el fundamento legal haya sido insuficiente para determinarla, ya que como se estableció, el artículo 973 del Código Procesal Civil del Estado de Oaxaca, dispone que las resoluciones que versen sobre alimentos son susceptibles de apelación, pero que tratándose de estos no procede suspender la pensión provisional, lo que revela sin mayor esfuerzo la procedencia del remedio procesal. En abundamiento, también se cita la tesis 1a. CCXIV/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, publicada en la página 358, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018736, que establece: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO). De los artículos 79, 94, 673, 677, 685, 689, 973, 975, 983 y 984 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango, deriva que el recurso de apelación procederá contra los autos y las sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen fin al juicio en efecto devolutivo. Ahora bien, conforme a esta premisa, dicho código procesal dispone que la pensión alimenticia provisional podrá fijarse mientras se resuelve el juicio, por lo que puede concluirse que esa resolución trata de un auto que no paraliza ni pone fin al juicio, ya que ello acontecerá hasta el dictado de la sentencia definitiva. Luego, las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas no se refieren de forma exclusiva a sentencias, sino también a otro tipo de resoluciones judiciales como los autos; de lo que se infiere que en el Estado de Durango procede el recurso de apelación contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional". Refuerza lo anterior la jurisprudencia PC.XXI. J/5 C (10a.), sustentada por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, registro digital: 2010515, del tenor: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código". En las relatadas consideraciones, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, por lo que con apoyo en el numeral 63, fracción V, se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos motivo de análisis en este apartado. IX. DECISIÓN Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia, previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXI de la Ley de Amparo; lo procedente es sobreseer en este juicio, con base en el diverso 63, fracción V, del primer ordenamiento citado. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en virtud que el mismo no se reclamó por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento respecto del cual se ha declarado la improcedencia del juicio. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades que señaló como responsables, por los motivos expuestos en los apartados VII y VIII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO)

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1093/2021, promovido por ********************, en contra de los actos reclamados al Juez Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y otras autoridades. ANTECEDENTES Según lo manifestado por el promovente actualmente es pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con número de pensión ********************, la que le realizan mediante depósito bancario. Que a partir del mes de julio de dos mil veintiuno, su depósito se vio disminuido de manera considerable, situación que continúo en los meses de agosto y septiembre, por lo que el uno de octubre del mismo año, acudió ante el jefe del Departamento de Pensiones de dicho organismo, a efecto de saber el motivo de las deducciones, enterándose de que las mismas son por concepto de pensión alimenticia y pensión alimenticia retroactiva, ordenado por el juez Familiar de Huajuapan de León, sin que se le dieran mayores datos. Durante la secuela del juicio se conoció que la autoridad responsable ordenadora en realidad es el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Teposcolula, Oaxaca, ante quien se tramita el juicio ******************** en la vía de controversias del orden familiar, promovido por ******************** o ********************, en el que se otorgó a la mencionada tercera interesada la pensión alimenticia. Aduce el quejoso que hasta el momento en que presentó la demanda origen de este juicio, no se le había emplazado a juicio. Lo anterior, constituye el motivo de disenso en esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ********************, promovió juicio de amparo indirecto contra los actos del Juez Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan, Oaxaca, contra los actos que se precisarán más adelante. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 1093/2021; asimismo, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso con el informe justificado rendido por el encargado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del que se advirtió la existencia de una nueva autoridad responsable. El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso presentó escrito de ampliación de demanda, señalando como autoridad ordenadora al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca; admitiéndose en proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, previo el cumplimiento de la prevención respectiva. El catorce de febrero del año en curso se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; el quince de febrero siguiente, el quejoso presentó una segunda ampliación de la demanda, la que se admitió en auto de diecisiete de febrero del mismo año y seguido el juicio por todos sus trámites, la audiencia constitucional, tuvo verificativo el trece de mayo de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se cuestionan actos de autoridades que tienen su sede en donde este juzgado ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD Debido a la naturaleza de los actos reclamados, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de actuaciones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable por analogía el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, permite sostener que la quejosa reclama lo siguiente: Del Juez Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca: La falta de notificación y emplazamiento al procedimiento judicial que existe en contra del quejoso. Del ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca: La omisión de emplazamiento a juicio familiar instaurado contra el quejoso. Del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca: Los descuentos que se están realizando sobre mi pensión por jubilación ********************, sin previo llamamiento a juicio. La ejecución de la orden de descuento del treinta por ciento de las percepciones económicas del quejoso a favor de ******************** o ********************. Del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca: La falta de notificación y emplazamiento al procedimiento judicial en el expediente familiar ********************. El auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente familiar ********************, por el que otorga el treinta por ciento de las percepciones económicas del quejoso a favor de ******************** o ********************. Del ejecutor adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca: La omisión de emplazamiento al procedimiento judicial en el expediente familiar ********************. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Al rendir informe justificado, las autoridades responsables lo hicieron en el sentido siguiente: Juez Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca NIEGA (FOJA 22) Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca NO RINDIÓ INFORME Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca NIEGA EL ACTO RELATIVO A LA PRIMERA AMPLIACIÓN DE DEMANDA (FOJA 71) CIERTO ACTO RELATIVO A LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DEMANDA (FOJA 178) Ejecutor adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca NIEGA (FOJA 108) Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca CIERTO (FOJA 27) CIERTO ACTO RELATIVO A LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DEMANDA (FOJA 257) El juez Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, negó la existencia del motivo de disenso que se le atribuye, sin que dicha negativa se encuentre desvirtuada en autos con prueba alguna. Como puede verse, la autoridad que el quejoso señaló como responsable denominada ejecutor adscrito al Juzgado Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, no rindió informe justificado, no obstante que quedó notificado de la petición del mismo desde el once de octubre de dos mil veintiuno, según consta en el acuse de recibo que obra en autos; por tato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, debería presumirse cierto el acto reclamado. No obstante, dicha presunción queda desvirtuada, a partir de que fue señalada como autoridad ejecutora de un acto que negó la responsable ordenadora, por lo que no es lógico ni jurídico presumir la existencia de la ejecución de un acto inexistente. Ahora, las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca y ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional, negaron la existencia de los motivos de disenso expresados por el quejoso en su escrito de ampliación de demanda, consistentes en la omisión de emplazarlo al juicio familiar ******************** del inventario de dicho Juzgado; sin embargo, su negativa se funda en el hecho de que el domicilio del demandado, aquí quejoso, se encuentra fuera de la jurisdicción de su Juzgado, por lo que solicitaron el auxilio de su homologo con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. De ahí que su negativa se desvirtúa a partir de las propias manifestaciones que hacen las responsables, en las cuales reconoce su existencia y expuso argumentos tendentes a justificar su constitucionalidad, lo que conduce a tener por cierto el acto que fue atribuido a esas autoridades. En respaldo de la determinación adoptada se cita la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." En otro aspecto, por cuanto hace a los motivos de disenso contenidos en la segunda ampliación de demanda presentada por el quejoso, consistentes en el proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Mixto de Primera instancia del distrito judicial de Teposcolula, Oaxaca, así como su ejecución consistente en el descuento a la pensión ********************, se tienen por ciertos, pues así lo manifestaron expresamente las autoridades al rendir sus respectivos informes, como quedó plasmado en el cuadro que antecede. Además, la certeza de esas actuaciones se patentiza con las constancias que en copia certificada remitió la responsable ordenadora y obran en autos, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2. En mérito de lo anterior, se procederá al análisis de los motivos de disenso reclamados. VII. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Como quedó precisado en el punto que antecede, los actos reclamados al juez Primero Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, y al ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional, resultan inexistentes, sin que la parte quejosa aportara prueba idónea y suficiente para desvirtuar tal circunstancia. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por la inexistencia de los actos reprochados a las referidas autoridades. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." VIII. PROCEDENCIA Ahora, en relación a los actos reclamados cuya certeza se atribuyó al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca y ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional, así como al jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, ninguna de las partes hizo valer causa de improcedencia alguna. No obstante, dado que el estudio de las causas de improcedencia es de orden público, se procede al análisis de oficio. Ahora, en relación con los actos reclamados que el quejoso atribuyó al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca y ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional, consistentes en: La falta de notificación y emplazamiento al procedimiento judicial en el expediente familiar ********************. En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se especificó, la parte quejosa reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca y ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional, la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento judicial en el expediente familiar ********************. Bajo esa tesitura, de autos se aprecia que el tres de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada por ministerio de ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Teposcolula, Oaxaca, tuvo a ******************** o ********************, demandando en la vía de controversias de orden familiar a ********************, diversas prestaciones; dado que el domicilio señalado por la actora para el emplazamiento del demandado se encontraba fuera de su jurisdicción, ordenó girar exhorto al juez competente en el distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de que se constituyera en el domicilio correspondiente a dicha parte procesal y lo llamara a juicio. A la fecha en que el quejoso presentó la demanda origen de este juicio, el referido acto procesal no había acontecido; no obstante, de las actuaciones que obran en este expediente se advierte que el diez de febrero de dos mil veintidós, el quejoso ********************, se presentó en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Teposcolula, Oaxaca, a efecto de que se le emplazara al juicio ********************; por lo que, en diligencia respectiva, el actuario judicial adscrito al órgano en comento, lo emplazó al juicio familiar de que se trata, corriéndole traslado con las copias de la demanda, haciéndole saber el plazo del que disponía para contestarla. Por lo anterior, si en esta instancia se reclamó la omisión de emplazarlo al juicio familiar ********************, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al haberse llevado a cabo el emplazamiento, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tal omisión no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Por tanto, lo pretendido por la parte promovente de la acción constitucional, en el sentido que cesara la omisión que reclamó, se satisfizo, al haberlo emplazado al juicio de origen. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" Ahora bien, respecto a los actos que el quejoso reclamó en ampliación de demanda presentada el quince de febrero de dos mil veintidós, consistente en: El auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Teposcolula, Oaxaca, en el expediente familiar ********************, por el que otorga el treinta por ciento de las percepciones económicas del quejoso a favor de ******************** o ********************. La ejecución de la orden de descuento del treinta por ciento de las percepciones económicas del quejoso a favor de ******************** o ********************, deducidas de su pensión ********************, que atribuyó al jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. De conformidad con la Constitución y la Ley Reglamentaria de sus artículos 103 y 107, el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, motivo por el cual deben ser analizados previamente al estudio de fondo. En ese sentido, tras un estudio de las particularidades del caso, este juzgador considera que, respecto de los actos reclamados que han quedado puntualizados, no se satisfacen los requisitos de procedencia que derivan del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la norma constitucional citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etc., no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad, de lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Establecido lo anterior, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia, por cuanto hace a la procedencia del recurso de apelación contra el auto que fijó la pensión provisional, es menester traer a colación el artículo 973 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que señala: "Artículo 973. En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza". Como se observa, dicho numeral prevé la procedencia del recurso de apelación contra resoluciones que versen sobre los alimentos, y establece la limitante consistente en que tratándose de la fijación de estos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Eso significa que, efectivamente, el legislador local de manera clara previó la posibilidad de que las determinaciones que fijan alimentos provisionales fueran combatidas a través de un recurso de carácter vertical, a saber, el de apelación. Lo expuesto se corrobora, si se toma en cuenta que el precepto 80 del citado código adjetivo civil de la entidad, establece que las resoluciones judiciales son simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; y autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores, de donde se sigue que al disponer el artículo 973 del referido ordenamiento "las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas", también se refiere a los autos y no exclusivamente a las sentencias. Lo anterior se refuerza con la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 322/2016, en sesión correspondiente al veintiuno de junio de dos mil diecisiete, que generó la tesis 1a. CCXIII/2018 (10a.), que más adelante se citará en su integridad, en cuya parte toral se determinó: "63. Por su parte, el ordenamiento procesal de Durango no establece -como en el de la actual Ciudad de México- que cuando la sentencia definitiva sea apelable lo será el auto o interlocutoria, pero sí prevé que los autos y sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen término al juicio podrán ser apelados en el efecto devolutivo. 64. Siguiendo esta premisa, el código duranguense señala que el juez de lo familiar podrá fijar la pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el juicio, siendo posible deducir que se trata de un auto que no paraliza ni pone fin al juicio, pues ello acontecerá hasta que se dicte la sentencia definitiva. Además, al igual que en el código procesal civil de la Ciudad de México, se dispone que las "resoluciones" sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza, término que - como ya se señaló- no se refiere de forma exclusiva a sentencias, sino también a otro tipo de actuaciones judiciales como son los autos. Por lo tanto, debe interpretarse que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango prevé que el recurso ordinario que procede contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional es la apelación". Además, conviene señalar que los arábigos 665, 666, 667, 670 y 673, del código procesal civil de esta entidad federativa, disponen lo siguiente: "Artículo 665. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta". "Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio". "Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano". "Artículo 670. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo". "Artículo 673. La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte". Del análisis conjunto de los numerales transcritos, deriva que las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta y que, por ende, contra ellas procede el recurso de apelación en donde el tribunal superior puede examinar la regularidad de dicho fallo; en cambio, contra los autos que "no fueran apelables" es factible su impugnación vía revocación. Además, el creador de la norma expresó que los autos "serán apelables" cuando, entre otros supuestos, tengan fuerza de definitivos; noción que debe entenderse en el sentido de que lo decidido en el auto correspondiente, por sus particularidades, no sea susceptible de repararse en la sentencia o resolución final que se llegare a dictar. Es decir, en el escenario de que lo resuelto en el auto que se pretenda impugnar cause un gravamen que no puede enmendarse en la sentencia condigna, esa circunstancia será la que dotará de definitividad a tal proveído y, por ende, a ser susceptible de controvertirse a través del recurso de apelación. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 994, Tomo XXXI, materia: común, Semanario Judicial de la Federación, registro digital 363877, de rubro y texto: "APELACIÓN Los autos sólo son apelables cuando tienen fuerza de definitivos y cuando la ley lo dispone, si además lo fuere la sentencia que en el juicio se dicte, y dichos autos tienen fuerza de definitivos cuando causan un gravamen que no puede repararse en la sentencia, y si ésta se dictó, el auto que mande dar vista de una promoción del reo, sí tiene fuerza de definitivo, puesto que ya no se está en condiciones de conseguir su reparación en la sentencia y, por tanto, contra él cabe el recurso de apelación". Conforme a lo expuesto, se tiene que, contra el acto reclamado consistente en el acuerdo de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente familiar ********************, donde le fue fijado al demandado ********************, el pago del 30% del sueldo y demás prestaciones que obtiene el demandado como empleado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por concepto de pensión alimenticia provisional, a favor de ******************** o ********************, procede el recurso de apelación, sobre todo porque el párrafo segundo del artículo 673 del ordenamiento legal en cita, dispone que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. Es así, toda vez que el auto impugnado en este juicio de amparo es de carácter definitivo, ya que al establecer el pago de alimentos provisionales, causa un gravamen que no puede repararse en la sentencia definitiva, pues ésta versará sobre la procedencia o no de los alimentos definitivos demandados, así como de los reclamados de manera retroactiva, y no del proveído que determinó cubrirlo de manera provisional mientras se resuelve el juicio de manera definitiva. No es óbice a lo anterior, el artículo 962 del código adjetivo en comento, que menciona: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad". Ello es así, porque si bien de dicho numeral se advierte una regla específica respecto a que contra las medidas provisionales y urgentes que tome el juez de origen vinculadas con violencia familiar o para salvaguardar a un menor que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por el derecho, no se admitirá más recurso que el de responsabilidad; dicho numeral, al contemplar una regla de excepción, resulta de interpretación estricta, esto es, que se limita a los casos en los que el juzgador otorgue las medidas en comento bajo las citadas hipótesis previstas por el legislador, más no comprende otras como los autos que decretan la pensión provisional. Así las cosas, además de las consideraciones plasmadas, es oportuno invocar, por analogía, la tesis 1a. CCXIII/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018737, que señala: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda". Ya que dicho criterio refuerza la noción que deriva del artículo 973 del código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, en el sentido de que contra la resolución que decreta de manera provisional los alimentos, procede el recurso de apelación. Máxime que los numerales analizados en dicho precedente, coinciden en esencia con la codificación de la materia en nuestra entidad federativa, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO) VIGENTE EN DOS MIL ONCE Y HASTA LA FECHA CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE PARA EL ESTADO DE OAXACA Artículo 79 Las resoluciones son: Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales; Decisiones que tienen fuerzas de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; Sentencias definitivas. Artículo 80.- Las resoluciones judiciales son: Simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; Sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; Autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores. ARTÍCULO 684. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento. Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ARTÍCULO 691. La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. Artículo 673. La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte" ARTÍCULO 700. Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I. De las sentencias definitivas en los juicios ordinarios, salvo, tratándose de interdicción, alimentos y diferencias conyugales, en los cuales la apelación será admitida en el efecto devolutivo de tramitación inmediata [.]". Artículo 682.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: De las sentencias en los juicios ordinarios; (derogada) Fue así como en la ejecutoria del Máximo Tribunal del País (contradicción de tesis 322/2016), se concluyó en esencia lo siguiente: "58. En otro orden, los códigos procesales civiles para el otrora Distrito Federal y el Estado de Durango prevén reglas similares para combatir el auto que decreta la pensión alimentaria, pero que contienen notas distintivas en sus reglas procesales que impiden establecer un criterio uniforme que los rija. 59. La codificación para el Distrito Federal (Ciudad de México) indica que serán apelables los autos y las interlocutorias siempre que la sentencia definitiva lo sea y, específicamente en el caso de resoluciones provisionales, dispone que podrán ser modificados a través de sentencia interlocutoria o definitiva. 60. Respecto al otorgamiento de alimentos, el citado ordenamiento establece que en contra de las sentencias definitivas de la referida naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza; de lo que puede deducirse que al proceder la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es en contra de los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento provisional. 61. Además, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (Ciudad de México) reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, pues también abarca a los autos que se dicten en la contienda como se señaló anteriormente". En ese tenor, es evidente la actualización de la causa de improcedencia en estudio, además, no se advierte la materialización de alguno de los supuestos de excepción que prevé el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, a saber: Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, o se trate de órdenes de aprehensión o reaprehensión, o actos de naturaleza penal que impongan medidas restrictivas de la libertad, ni el accionante es una persona tercera extraña al procedimiento. Tampoco se aprecia que la procedencia del recurso de apelación se haya sujetado a interpretación adicional o que el fundamento legal haya sido insuficiente para determinarla, ya que como se estableció, el artículo 973 del Código Procesal Civil del Estado de Oaxaca, dispone que las resoluciones que versen sobre alimentos son susceptibles de apelación, pero que tratándose de estos no procede suspender la pensión provisional, lo que revela sin mayor esfuerzo la procedencia del remedio procesal. En abundamiento, también se cita la tesis 1a. CCXIV/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, publicada en la página 358, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018736, que establece: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO). De los artículos 79, 94, 673, 677, 685, 689, 973, 975, 983 y 984 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango, deriva que el recurso de apelación procederá contra los autos y las sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen fin al juicio en efecto devolutivo. Ahora bien, conforme a esta premisa, dicho código procesal dispone que la pensión alimenticia provisional podrá fijarse mientras se resuelve el juicio, por lo que puede concluirse que esa resolución trata de un auto que no paraliza ni pone fin al juicio, ya que ello acontecerá hasta el dictado de la sentencia definitiva. Luego, las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas no se refieren de forma exclusiva a sentencias, sino también a otro tipo de resoluciones judiciales como los autos; de lo que se infiere que en el Estado de Durango procede el recurso de apelación contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional". Refuerza lo anterior la jurisprudencia PC.XXI. J/5 C (10a.), sustentada por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, registro digital: 2010515, del tenor: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código". En las relatadas consideraciones, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, por lo que con apoyo en el numeral 63, fracción V, se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos motivo de análisis en este apartado. IX. DECISIÓN Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia, previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXI de la Ley de Amparo; lo procedente es sobreseer en este juicio, con base en el diverso 63, fracción V, del primer ordenamiento citado. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en virtud que el mismo no se reclamó por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento respecto del cual se ha declarado la improcedencia del juicio. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades que señaló como responsables, por los motivos expuestos en los apartados VII y VIII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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