Santiago Niebla Rivera y Otros.

Expediente 808/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
808/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • René González Muñoz y Otros.
  • Santiago Niebla Rivera y Otros.
  • Secretaría de Gobernación
  • Santiago Niebla Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguense el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, transcribe el acuerdo dictado el pasado veintiséis de marzo del año en curso, del que se desprende que el titular de ese órgano jurisdiccional solicita la vinculación de este expediente electrónico. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que por el lapso de tres días vincule este expediente 808/2020 al diverso 342/2021 de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 808/2020 promovido por *,*,*,*,*,*,*,*,*,*,* y * en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES Los quejosos *,*,*,*,*,*,*,*,*,*,* y * reclaman de las autoridades señaladas como responsables la tortura psicológica, discriminación, tratos crueles e inhumanos o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución política. Los disidentes sostienen que los actos impugnados vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1°, 2°, 18, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *,*,*,*,*,*,*,*,*,*,* y * promovieron juicio de amparo indirecto mediante escrito recibido en este juzgado el pasado siete de diciembre de dos mil veinte, en contra de los actos y las autoridades que más adelante se precisarán. Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 808/2020; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que los disidentes comparecen a esta instancia constitucional actos de tortura psicológica, discriminación, tratos crueles e inhumanos o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución política, por parte del Secretario de Gobernación y otras autoridades. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, porque al rendir sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, como se advierte del cuadro siguiente: Autoridad responsable Sentido del informe El encargado del despacho y Presidente del Comité técnico de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 Cps-Oaxaca, con sede en Miahuatlán, Oaxaca. Niega El encargado de la Dirección de seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 Cps-Oaxaca, con sede en Miahuatlán, Oaxaca. Niega La directora general de procedimientos Constitucionales, en representación de la Secretaria de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Niega El titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Niega La encargada del despacho de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Niega Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. No es óbice lo anterior, el hecho que los disidentes del amparo reclamen de las autoridades señaladas como responsables la tortura psicológica, discriminación, tratos crueles e inhumanos o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución política; sin embargo, debe destacarse que dichos actos los hacen valer de manera generalizada atendiendo los actos que vierten en su demanda; empero, los mismos se deben a las circunstancias que la autoridad penitenciaria ha determinado en razón de su privación de la libertad ya que el hecho de que no les permita ver la televisión u otras circunstancias no contravienen lo dispuesto en el artículo constitucional; y, en su caso, esas circunstancias que hacen ver en su demanda, están en aptitud de hacerlas valer ante el Juez de Ejecución de Sentencias. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *,*,*,*,*,*,*,*,*,*,* y * en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. Segundo. En razón que los quejosos se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se ordena la notificación de la presente resolución, el tres de marzo de dos mil veintiuno, a las quince horas con treinta minutos vía Webex. Para lo cual instrúyase al actuario llevador del expediente para que realice las gestiones necesarias para su notificación. Notifíquese vía webex."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado señalado en la cuenta. Dese vista a las partes. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que refiere y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados señalados en la cuenta. Dese vista a las partes. Notifíquese.

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