Santiago Peralta Aguirrez

Expediente 57/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
57/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
17/02/2021

Partes del expediente

  • Santiago Peralta Aguirrez
  • SANTIAGO PERALTA AGUIRREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. III. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Vistos los autos, se advierte que el pasado dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se dictó la resolución correspondiente dónde se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, encontrándose pendiente realizar la notificación a la parte quejosa; por lo que, en obvio de mayores dilaciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena al actuario de la adscripción que corresponda, de inmediato notifique por lista dicha sentencia, toda vez que dicha parte procesal señaló los estrados de este órgano jurisdiccional para tales efectos. NOTIFÍQUESE. -INSERCIÓN- S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 57/2020, promovido por Santiago Peralta Aguirrez, en contra de los actos que reclama a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y otras autoridades que se precisarán más adelante. ANTECEDENTES Según lo manifestado por el quejoso, se encuentra vinculado a proceso en la carpeta judicial C-93/2019, ante el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción en los distritos judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, por el delito de secuestro agravado. Que el catorce de enero de dos mil veinte, fue trasladado del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, posteriormente fueron aislados al interior del Centro Penitenciario de Chilpancingo Guerrero, para luego ser trasladados, sin su consentimiento, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", ubicado en Miahuatlán de Morelos, Oaxaca. Que fue informado que el traslado fue ordenado por el Director General de Reinserción Social en el Estado de Guerrero, y que el mismo fue calificado de legal por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción en los distritos judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, mediante resolución de dieciséis de enero de dos mil veinte. Lo anterior constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Santiago Peralta Aguirrez, promovió juicio de amparo indirecto contra los actos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerreo y otras autoridades. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El veintiuno de enero de dos mil veinte, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo, radicó la demanda, la registró con el número 58/2020, proveyó lo relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados y estimó carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de dicha demanda, por lo que la remitió al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno. El veinticuatro de enero de dos mil veinte, se recibieron los autos del juicio de amparo 58/2020 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de este circuito judicial, el que se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que correspondió por razón de turno. En proveído de siete de febrero de dos mil veinte, previo el cumplimiento de la prevención contenida en auto de veintiocho de enero del año en curso, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 57/2020; asimismo, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. En sesión extraordinaria celebrada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. En dicho Acuerdo, el Pleno del Consejo determinó la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, además que, con motivo de ello, no correrían los plazos y términos procesales, no se celebrarían audiencias ni sesiones de los Plenos de Circuito, entre otras cosas. Posteriormente, mediante Acuerdo General 6/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación se postergaría hasta el cinco de mayo de dos mil veinte; y permitió la calificación de asuntos urgentes, partiendo de un análisis de los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pudieran traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia. Luego, en el diverso 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se fijó como periodo de las mismas del seis al treinta y uno de mayo del año que transcurre, mismo que fue reformado por el diverso 10/2020, en cuanto a su periodo de vigencia hasta el quince de junio del mismo año. Seguidamente, mediante acuerdo 13/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de ocho de junio del año en curso, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, reformado por sus similares 15/2020 y 18/2020, en relación con el periodo de vigencia, se indicó que durante el periodo del dieciséis de junio al treinta y uno de julio del año que transcurre, la función jurisdiccional se regiría, por lo establecido en el artículo 1, en relación con el numeral 2, del Acuerdo General nombrado en primer término. Finalmente, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en el que se indicó que a partir del tres de agosto pasado, se reanudan los plazos y términos procesales en todos los asuntos, incluido el presente juicio de ampro, bajo los lineamientos que en el propio acuerdo se establecen; por lo que, en proveído de once de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión de plazos y términos procesales, fijándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Así, seguido el juicio por todos sus trámites, la audiencia constitucional, tuvo verificativo el diez de diciembre del año en curso. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se cuestiona una orden de traslado a un Centro Federal de Readaptación Social que se localiza dentro de la demarcación donde este juzgado ejerce jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.15o.A.1 A (10a.), sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 4311, del Libro IV, enero de 2012 Tomo 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado". FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, permite sostener que la quejosa reclama lo siguiente: Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Del Director General de Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Del Director del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. La orden de traslado personal involuntario del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, al Centro de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción en los distritos judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero. La resolución de dieciséis de enero de dos mil veinte, dictada en la carpeta judicial C-93/2019, que se instruye al aquí quejoso y otros, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, por la que se calificó de legal el traslado involuntario de Santiago Peralta Aguirrez, del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. De la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. De la Dirección de Tratamiento Técnico Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Del Jefe de Seguridad y Custodia Penitenciaria del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero: La ejecución material de la orden de traslado personal involuntario del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Al rendir informe justificado, las autoridades responsables lo hicieron en los términos siguientes: AUTORIDAD SENTIDO 1 Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (foja 280). NIEGA 2 Encargado de la Dirección General de Reinserción Social, del Estado de Guerrero (fojas 134 a 136). NIEGA 3 Director del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero (fojas 127 y 128). NIEGA 4 Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con sede en Tlapa de Comonfort, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza (fojas 313 y 314). CIERTO 5 Subsecretario del Sistema Penitenciario Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (fojas 137 a 139). PARCIALMENTE CIERTO 6 Directora de Tratamiento Técnico de la Dirección General de Reinserción Social del Estado de Guerrero (foja 283). NIEGA 7 Jefe de Seguridad y Custodia Penitenciaria del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero (fojas 289 y 290). NIEGA VI. INEXISTENCIA DE ALGUNOS ACTOS RECLAMADOS. Como quedó asentado en el cuadro que antecede, las autoridades Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Encargado de la Dirección General de Reinserción Social, del Estado de Guerrero; Director del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero; Directora de Tratamiento Técnico de la Dirección General de Reinserción Social del Estado de Guerrero, y el Jefe de Seguridad y Custodia Penitenciaria del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, negaron categóricamente la existencia de los actos que les atribuyó el quejoso. Dichos informes justificados fueron puestos a la vista de las partes para que se impusieran de su contenido. Sin embargo, en el caso concreto el quejoso no aportó prueba alguna para desvirtuar las negativas de las autoridades responsables, aun cuando le correspondía la carga de probar su existencia en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disponerlo su numérico 2º. Sin que pase inadvertido que el Encargado de la Dirección General de Reinserción Social, del Estado de Guerrero, al rendir informe justificado negó la existencia del acto reclamado y posteriormente indicó que su actuación solamente se concretó a dar aviso al juez de la causa que tiene a su disposición al quejoso, como lo dispone el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues el quejoso le atribuyó la orden de traslado involuntario, lo que se aprecia inexistente. Entonces, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables recién citadas. Tiene aplicación la jurisprudencia localizable en la página 209, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, relativo a la compilación 1995; que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". VII. CERTEZA DE LOS ACTOS Al rendir informe justificado, el Subsecretario del Sistema Penitenciario Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con sede en Tlapa de Comonfort, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyeron; lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN, Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Sin que pase inadvertido que el Subsecretario del Sistema Penitenciario Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, manifestara que aceptaba parcialmente los actos reclamados, pues refirió que es cierta la ejecución del traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", por lo que al haberse señalado como autoridad ejecutora es claro que el acto es cierto. Máxime que refirió que no es cierto que el traslado se realizara sin mandamiento administrativo ni judicial fundado y motivado, pues el mismo fue calificado de legal por la autoridad que lo tiene a su disposición; pues lo anterior solo se consideran manifestaciones tendentes a justificar la constitucionalidad del acto que se le reclama y no constituyen propiamente la negativa del acto. Certeza que se corrobora con las constancias que forman parte de los autos originales del expediente C-93/2019, del índice de la autoridad judicial responsable, así como las copias certificadas de las documentales que la responsable ejecutora tomó en consideración para el traslado del quejoso, que anexaron como justificación a sus informes, documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." VIII. LEGITIMACIÓN Santiago Peralta Aguirrez, se encuentra legitimado para promover este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente sumario está probado que fue quien sufrió el traslado del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, al Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; en ese contexto, el disconforme está legitimado para ejercer la acción de amparo. IX. PROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso en particular, con relación al acto reclamado que Santiago Peralta Aguirrez, atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con sede en Tlapa de Comonfort, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, consistente en la resolución de dieciséis de enero de dos mil veinte, dictada en la carpeta judicial C-93/2019, que se instruye en su contra y de otros, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, por la que se calificó de legal el traslado involuntario del referido quejoso, del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando exista ante los tribunales ordinarios la interposición de algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, de las constancias que constan en autos, así como del informe rendido por el juez responsable, las cuales fueron previamente valoradas, se aprecia que el catorce de enero de dos mil veinte, el Encargado de la Dirección General de Reinserción Social del Estado de Guerrero, solicitó en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 8, 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, 49, 50 y 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y 77 del Código Penal Federal, la convalidación de la orden de traslado del que fue objeto Santiago Peralta Aguirrez, en esa misma fecha, del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz. A dicha petición recayó determinación de dieciséis de enero de dos mil veinte, en la que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con sede en Tlapa de Comonfort, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, consideró que, entre otros, el aludido quejoso requería de medidas especiales de seguridad y representaba un riesgo institucional alto, por lo que, a fin de salvaguardar su integridad física e incluso su vida, calificó de legal la determinación de traslado de Santiago Peralta Aguirrez, de catorce de enero de dos mil veinte. Ahora, obra en autos la diligencia de notificación de la referida resolución, el veintidós de febrero de dos mil veinte, por la notificadora adscrita al circuito judicial de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en auxilio de la autoridad judicial responsable, del que se advierte que el aquí quejoso Santiago Peralta Aguirrez, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de dieciséis de enero de dos mil veinte, por la que se calificó de legal y convalidó el traslado del antes mencionado. Recurso que por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se tuvo por interpuesto en términos de lo dispuesto por el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, que actualmente, sin prueba alguna en contrario, se encuentra pendiente de dirimir en la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza. De lo expuesto claramente se advierte que a la data en que se emite la presente determinación, se encuentra pendiente la tramitación del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución aquí reclamada. En ese sentido, cabe destacar que el recurso de apelación tiene por objeto que la autoridad de segunda instancia, analice el acto impugnado y en su caso, invalide la determinación adoptada por el juez primigenio. Por tanto, la resolución que en su caso se dicte en el citado medio ordinario de impugnación -que se encuentra interpuesto-, puede alterar la situación jurídica del amparista; es decir, puede ser restituido en el goce de sus derechos que aduce fueron violados en su perjuicio. Esto es, dicha determinación tiene el alcance de dilucidar si la determinación de primera instancia, en la que se calificó de legal su traslado fue emitida conforme a derecho; de lo contrario, el tribunal de alzada deberá ordenar al Juez natural que emita otra determinación al respecto, la cual, podría ser en diverso sentido. Situación que conllevaría a que quede superado el acto aquí reclamado, por la nueva determinación que el juez de la causa deba emitir. Incluso, en el supuesto de que el tribunal de alzada resolviera que la determinación del juez de origen fue emitida conforme a derecho, el acto reclamado susceptible de análisis, sería precisamente esta resolución, y no así el traslado reclamado. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no aportó prueba alguna con la que acredite que desistió de dicho medio ordinario de impugnación, con objeto de no obstaculizar la procedencia del juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, si como se dijo párrafos arriba, el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada, resulta inconcuso que tal determinación puede modificar, revocar o nulificar los efectos del acto impugnado. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio; con fundamento en el artículo 61, fracción XIX y el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto al referido acto reclamado atribuido al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con sede en Tlapa de Comonfort, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza. X. DECISIÓN. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio y la de sobreseimiento que se analizó en el apartado VI de este fallo; con fundamento en el artículo 61, fracción XIX y el numeral 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Finalmente, no es dable emitir pronunciamiento alguno respecto a lo manifestado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, a modo de alegatos, pues no existe obligación de atender lo que dicha representación social expone en su pedimento, toda vez que sus manifestaciones se encuentran sujetas a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia. Resulta aplicable la jurisprudencia III.1o.A. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 2071, registro 2011344, intitulada: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Santiago Peralta Aguirrez, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los apartados VI y IX de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vistos los autos, se advierte que el pasado diez de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes con las constancias que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, acompañó al momento de rendir su informe justificado; por lo que, para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido de dichas constancias, la audiencia constitucional señalada para este día se reprograma para las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. NOTIFÍQUESE.fe.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veinte. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza informa a este juzgado que mediante oficio *** de quince de octubre del año en curso, rindió el informe justificado solicitado por este órgano jurisdiccional junto con las constancias donde se acredita el acto aquí combatido, lo que acompaña al oficio de cuenta; por lo que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, con la documental de referencia, dése vista a las partes. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable de cuenta, fórmese un tomo de pruebas por separado. En cuanto al segundo de los oficios de cuenta y la copia certificada del acuse de recibo que se acompaña, se ordena agregarlos sin mayor proveído, toda vez que el juez responsable ya rindió su informe justificado y en esta propia fecha se ordenó dar vista a las partes con las constancias donde se acredita el acto reclamado. NOTIFÍQUESE.

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