Samuel Maximiliano Pacheco Mendiola

Expediente 687/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
687/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/01/2021

Partes del expediente

  • Samuel Maximiliano Pacheco Mendiola

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el diez de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 687/2020-A, promovido por Samuel Alejandro Pacheco Mendiola, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones precisadas en el considerando tercero del presente fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y a su asesor jurídico

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a diez de noviembre de dos mil veinte. Agréguense al presente expediente, el oficio de cuenta que remite la autoridad señalada como responsable, Juez Primero Penal de Primera Instancia Por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, y con fundamento en los artículos 117 y 126 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos el informe justificado y el diverso en relación a la suspensión de plano decretada en proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte; con el contenido dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Por otra parte, agréguese al presente expediente oficio de cuenta que remite el Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que designa como asesores jurídicos a ********************y********************, y a diversos profesionistas para oír y recibir toda clase de notificaciones; asimismo, proporciona correos electrónicos a efecto de que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesario, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, y señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Plaza Mundo Divertido Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno Locales 41 y 43, Fraccionamiento San José, con residencia en esta ciudad. En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a los asesores jurídicos antes mencionados, para que, vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Por consiguiente, resulta procedente turnar los autos al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que se sirva notificar en forma personal el contenido del presente proveído, así como el diverso de cinco de noviembre pasado a los citados asesores adscritos a la Coordinación Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, en el domicilio precisado con anterioridad. Notifíquese; personalmente al quejoso y a sus asesores jurídicos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agregase a los autos el telegrama que proveniente de la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que la citada autoridad no cuenta con correo electrónico institucional habilitado para recibir o enviar notificaciones vía electrónica, motivo por el cual solicita se le notifiquen todas las actuaciones que deriven del presente juicio en el domicilio procesal, conforme lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso a) y 28 fracción II, de la Ley de Amparo; asimismo, pone a disposición de este juzgado el número telefónico con que cuenta esa autoridad. De igual forma manifiesta la imposibilidad que tiene para comparecer a la audiencia constitucional y hacer el uso de las herramientas tecnológicas, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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