Salvador Romero Contreras
Expediente 1054/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/04/2023
Partes del expediente
- Salvador Romero Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación que antecede se advierte que la parte legitimada no interpuso, dentro del plazo legal, recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En otro aspecto, al advertirse que no obran documentos originales, billete de depósito ni póliza de fianza exhibidos por las partes, que no existen diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese el expediente al archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1054/2022-G, promovido por ********************, contra actos del Titular de la Aduana de Tijuana, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -en su denominación correcta-; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ********************, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad que a continuación se precisan: Titular de la Aduana de Tijuana, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -en su denominación correcta- "IV.- ACTO QUE SE LE RECLAMA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. - La violación directa a los artículos 8o y 35, fracción V de la Constitución General de la República en relación con el articulo 150 último párrafo de la Ley Aduanera Vigente consistente en SER OMISA EN DARME A CONOCER EN BREVE TEERMINO, como lo previene el artículo 8º, párrafo segundo de Nuestra Carta Magna, al acuerdo recaído a la solicitud presentada por escrito y dirigida en forma respetuosa a la responsable, con lo que se violenta el derecho de petición, tutelado por el artículo 35, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violentando las disposiciones establecidas para dicho efecto." Segundo. Derechos humanos cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales vulnerados, los consagrados en los artículos 8º, 14, 16 y 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó el registro de la demanda con el número 1054/2022, se admitió a trámite, se dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se hizo del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/669/2022 de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción de la suscrita al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California (actualmente Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California), con efectos a partir del uno de enero de dos mil veintitrés; y sin que existan terceros interesados, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de actos omisivos atribuidos a una autoridad administrativa y la demanda se presentó en esta ciudad. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que el acto atribuido a la autoridad responsable Titular de la Aduana de Tijuana, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -en su denominación correcta-, es: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el procedimiento administrativo en materia aduanera número ********************, iniciado en contra de quejoso ********************. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Titular de la Aduana de Tijuana, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -en su denominación correcta-, pues si bien, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, con posterioridad realizó diversas manifestaciones de las que se evidencia su certeza, pues a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la autoridad administrativa no había dado respuesta al escrito de cuatro de octubre de dos mil veintidós presentado por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que además se corrobora, con las documentales que anexó la parte quejosa al escrito inicial de demanda, consistente en copia simple del acuse de recibo del escrito presentado ante la autoridad responsable el cuatro de octubre de dos mil veintidós. Documentales que a la vez, se concatenan con la diversa copia certificada de diversas constancias que obran en el procedimiento administrativo en materia aduanera número ********************, y que fueron enviadas como apoyo al informe justificado de la autoridad responsable antes señalada, de las que se advierte que el dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, se decretó el inicio del procedimiento administrativo en cita en contra del quejoso ******************** y que fue hasta el diecisiete de enero de dos mil veintitrés (es decir con posterioridad a la fecha en que se presentó la demanda que dio inicio al presente juicio), en que emitió un oficio con el cual, refiere, dio contestación a la petición formulada por el quejoso el cuatro de octubre de dos mil veintidós. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 133, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar demostrada la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la solicitud presentada por el quejoso el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el procedimiento administrativo en materia aduanera número ********************, con los medios privados de prueba, concatenados con los diversos que fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia (s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, quien esto resuelve, advierte que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Tal improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora bien, como ya se precisó, el acto reclamado consiste esencialmente en la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta al escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el procedimiento administrativo en materia aduanera número ********************, iniciado en contra de quejoso ********************. Así de las constancias que allegó la autoridad responsable Titular de la Aduana de Tijuana, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -en su denominación correcta-, las cuales constituyen un documento público que merece pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprenden las siguientes actuaciones: Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el procedimiento administrativo en materia aduanera número ********************, iniciado en contra de quejoso ********************, el quejoso formuló petición a la autoridad responsable en el que entre otros temas, solicitó se le hiciera entrega de una copia del acta circunstanciada levantada con motivo del inicio del procedimiento en mención. Mediante oficio ********************, de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, el Jefe de Departamento, en suplencia por ausencia del Subdirector de la Aduana de Tijuana, dio contestación al escrito del quejoso presentado el cuatro de octubre de dos mil veintidós. El diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se notificó de forma personal dicho comunicado al interesado en el domicilio que señalo para tal fin, por conducto de una empleada con quien se entendió la diligencia. Bajo esa óptica, a criterio de quien resuelve es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que han cesado los efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que la omisión de que se duele la parte quejosa, dejó de afectar su esfera jurídica, toda vez que la autoridad responsable emitió una determinación el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el cual se proveyó en relación con las peticiones del quejoso en el ocurso de cuatro de octubre último; además dicha resolución le fue notificada mediante oficio ********************, el diecinueve de enero del año en curso de forma personal por conducto de quien dijo ser una empleada; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiséis de diciembre de dos mil veintidós), lo que impide a este órgano de control analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aquel, toda vez que el acto de molestia reprochado, ha cesado en forma definitiva, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. En tales circunstancias, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que a dicha autoridad y acto se refiere. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencial 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular; o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63 fracción V, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó al Titular de la Aduana de Tijuana, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.Así lo resolvió y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, remitidos por el Subdirector adscrito a la Aduana de Tijuana, en suplencia de la autoridad responsable Titular de la Aduana de Tijuana, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual, en alcance a su informe con justificación, remite copia certificada del acta de notificación y citatorio realizado al quejoso los ´días diecinueve y dieciocho de enero del año en curso, respectivamente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual forma, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que anexó al comunicado de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes, se impongan del contenido del informe justificado que rindió la responsable Titular de la Aduana de Tijuana. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las trece horas con treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
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