Santiago Enriquez Esquivel

Expediente 504/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
504/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Santiago Enriquez Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que la parte legitimada no interpuso dentro del plazo a que alude el numeral 86 de la Ley de Amparo, recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que obran copias certificadas de las actuaciones que integran el cuaderno de ejecución ******************** así como dos discos versátiles digitales (DVD), relativos a las audiencias celebrada el veintiuno de junio y siete de agosto, ambas del año en curso, mismas que fueron enviadas por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, y recibidas en proveídos de veintiséis de junio, diez de julio y catorce de agosto, todos de dos mil veintitrés. En atención a lo expuesto, y tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, ya no es necesaria su conservación; por ello, mediante oficio que se libre al efecto, devuélvanse a la autoridad judicial en cita las documentales en comento. Sin que se estime necesario requerir acuse de recibo, ya que fungirá como tal, el comprobante de entrega del oficio que se envíe para tal fin. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio de cuenta suscrito electrónicamente por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate; lo anterior, toda vez que el nueve del mes y año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos se advierte que en el primer punto resolutivo de la referida sentencia, se indicó: "Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó al Titular de la Aduana de Tijuana, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución." No obstante, se precisa para todos los efectos legales conducentes que lo correcto es: "Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución." En la inteligencia que lo anterior es únicamente una rectificación, ya que el último párrafo del artículo 74, de la Ley de Amparo, dispone que las aclaraciones solo proceden respecto de sentencias ejecutoriadas. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J.94/97, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, (Diciembre de 1997), visible en la página 6, de rubro y texto siguientes: Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 504/2023-G, promovido por Santiago Enriquez Esquivel, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Santiago Enriquez Esquivel, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad que a continuación se precisan: Autoridad responsable: Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate "IV.- Acto reclamado: Es la omisión comedita por parte de la autoridad responsable. Es la omisión por parte del JUEZ de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial en Tecate, Baja California, al no dar el seguimiento correspondiente y no resolver de conformidad el incidente donde se solicitó el beneficio de libertad condicional." Segundo. Admisión y trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en acuerdo de diez de mayo de dos mil veintitrés, ordenó el registro de la demanda con el número 504/2023, la admitió a trámite, dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y sin que existan terceros interesados, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de actos omisivos positivos, que tienen ejecución en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que el acto atribuido a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, es: La omisión de dar el seguimiento correspondiente a fin de resolver el incidente de libertad condicionada solicitado por el quejoso en el cuaderno de ejecución 1330/2022. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, Baja California, pues si bien, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, con posterioridad realizó diversas manifestaciones de las que se evidencia su certeza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que además se corrobora, con las copias certificadas de las actuaciones que integran el cuaderno de ejecución 1330/2022 del índice del Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, y que fueron enviadas como apoyo al informe justificado de la autoridad responsable antes señalada. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 133, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia (s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien por una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener efectos jurídicos. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J.9/98, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210; registro 196820, que a la letra dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de dar seguimiento a la tramitación del incidente no especificado sobre el beneficio de libertad condicionada, en el procedimiento de ejecución 1330/2022. Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprenden las actuaciones siguientes: Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintidós, el quejoso Santiago Enriquez Esquivel, solicito la prescripción de la reparación del daño y la obtención del beneficio de libertad condicionada. En esa misma data, el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, dio inicio al procedimiento ordinario de ejecución, requirió a la Dirección de Evaluación y Supervisión de Medias y Beneficios en Libertad, al Encargado de la Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, ambos con sede en Mexicali, Baja California y al Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, proporcionaran la información conducente; asimismo señaló las once horas del siete de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia en la que se realizaran los planteamientos que se estimen conducentes para resolver las peticiones realizadas por el quejoso. Seguida la secuela procesal, en audiencia celebrada el siete de noviembre de dos mil veintidós, el quejoso y la defensora pública designada, solicitaron el diferimiento de la audiencia, en virtud que en esa data no se contaba con la información necesaria y actualizada para analizar la solicitud de libertad condicionada, por lo que una vez que obre dicha información se solicitará fecha de audiencia; además se autorizó el auxilio judicial a fin de que las autoridades Juez Cuarto de lo Penal y Director del Centro de Reinserción Social "La Mesa", ambos con residencia en Tijuana, allegaran a los autos del cuaderno de ejecución la información precisada en dicha audiencia. Mediante escrito recibido el tres de enero de dos mil veintitrés, la Defensora Pública especializada en Ejecución, solicitó al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, se señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia para resolver la concesión del beneficio de libertad condicionada. Mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable tuvo por recibido diverso comunicado enviado por la Juez Cuarto de lo Penal con sede en esta ciudad, y solicitó a la Jefa del Departamento de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad, Zona Tecate, el informe de riesgo objetivo. Por escrito recibido el trece de febrero de dos mil veintitrés, el quejoso Santiago Enriquez Esquivel, solicitó al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, se señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia para resolver la concesión del beneficio de libertad condicionada. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintitrés, el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, entre otras cuestiones, señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia en la que se realizaran los planteamientos que se estimen conducentes para resolver las peticiones realizadas por el quejoso. Posteriormente, audiencia pública celebrada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se tuvo al quejoso y la defensora pública designada, por desistidos de la solicitud denominada prescripción de la multa; asimismo se declaró fundada la solicitud de prescripción de la reparación del daño impuesta en la causa penal 988/2008, asimismo Santiago Enriquez Esquivel y la defensora pública, solicitaron el diferimiento de la audiencia, por lo que señaló las diez horas del siete de agosto de dos mil veintitrés, para resolver la petición de libertad condicionada. De lo anterior, en esencia se obtiene que si bien el quejoso Santiago Enriquez Esquivel, realizó la solicitud desde el seis de octubre de dos mil veintidós, en audiencia celebrada el siete de noviembre de esa anualidad, se solicitó el diferimiento de la misma por los motivos expuestos por el quejoso y su defensora; posteriormente mediante escritos recibidos el tres de enero y trece de febrero de dos mil veintitrés, tanto la defensora pública como el quejoso, solicitaron a la responsable señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia para resolver la petición de libertad condicionada; en atención a ello, fue hasta el veintisiete de mayo del año en curso, en el que se señalaron las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia conducente; la cual nuevamente a petición del quejoso y de su defensora, se difirió y se señalaron las diez horas del siete de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración. En ese sentido, si en la presente instancia constitucional el quejoso reclama la omisión de dictar las providencias encaminadas a la tramitación y resolución del procedimiento de ejecución iniciado con motivo del incidente no especificado de beneficio de libertad condicionada, y si se ha evidenciado que el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial, con sede en Tecate, el veintisiete de mayo de dos mil veintitrés, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (nueve de mayo de dos mil veintitrés) continuó con la tramitación del incidente de libertad condicionada solicitada por Santiago Enriquez Esquivel, lo que además se acredita con las constancias que obran en el cuaderno de ejecución 1330/2022, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, lo que impide a este órgano de control analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aquel, toda vez que el acto de molestia reprochado, ha cesado en forma definitiva, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. En ese orden de ideas, al haber dejado de tener efecto el acto reclamado en la presente instancia constitucional; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencial 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular; o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63 fracción V, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Santiago Enriquez Esquivel, contra los actos que reclamó al Titular de la Aduana de Tijuana, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.Así lo resolvió y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a diez de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo agréguese a los autos el oficio y anexo enviado por el Juez de Control especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California; por el medio cual, en atención a la petición formulada en proveído de veintitrés de junio del año en curso, envía copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el cuaderno de ejecución ********************. Con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a las partes por el plazo de tres días, a efecto de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga. En ese contexto, a fin de tener un mejor manejo del expediente en que se actúa, con las constancias remitidas por la autoridad responsable se ordena la apertura del "Tomo I" de pruebas. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

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