Salvador Suazo García
Expediente 890/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 40 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 24/07/2023
Partes del expediente
- Salvador Suazo García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de quince días que establece al artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes interpusieran recurso de inconformidad en contra del auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho, por lo que éste se tiene por consentido. En consecuencia, se advierte que el presente juicio de amparo en el que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se encuentra totalmente concluido, por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, al haberse dictado sentencia en la cual se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, se determina que el expediente es clasificado como conservable, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado acuerdo general. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General antes mencionado. Respecto al original del incidente de suspensión, es clasificado como conservable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del inciso b) de la fracción III del artículo 17, del citado acuerdo general; por lo tanto, se debe de conservar únicamente las resoluciones en que se concedió la suspensión definitiva. Glósese copia del presente acuerdo en el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que obran dos discos versátiles digitales (DVDs) remitidos por la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que contienen los registros de audio y video de las audiencias celebradas el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno y dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, de su índice. Atento a ello, y tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, por lo que ya no es necesaria su conservación y retención, mediante oficio que se libre al efecto, devuélvase los citados discos versátiles digitales a la autoridad responsable. Sin que se estime necesario requerir el acuse de recibo correspondiente, ya que fungirá como tal, el comprobante de entrega del oficio que se envíe para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede acordar lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio cabe precisar que el once de abril de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo en la que, en su primer punto resolutivo concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a ********************, contra el acto reclamado atribuido al Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: 1) Deje insubsistente la orden de aprehensión decretada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en contra del aquí quejoso ********************, dentro de la causa penal ********************, de su índice, por los delitos de violación equiparada y abuso sexual a menor de catorce años, en sus respectivas circunstancias agravantes, cometidos en agravio de la entonces menor de edad de identidad reservada ********************2) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, y sin dar nueva intervención a la representación social, se pronuncie nuevamente en relación con la petición de captura formulada, dejando intocado lo que no fue materia de la concesión del amparo; determinación que podrá emitir ya sea en el mismo sentido o en uno diverso, pero de manera fundada y motivada, para lo cual deberá subsanar los vicios formales que se destacaron en la ejecutoria de amparo, y resolver lo que estime legalmente procedente respecto a la solicitud ministerial de orden de aprehensión en lo que respecta al quejoso; esto es, de emitir de nueva cuenta una orden de aprehensión, deberá establecer de forma clara y precisa, con qué elementos objetivos aportados por el Ministerio Público, se acredita la necesidad de la cautela para su emisión. Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable. Luego, en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la Juez de Control en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitiendo un disco versátil digital (DVD), relativo a la audiencia celebrada en la causa penal ********************, de su índice, de la que se advierte que dejó insubsistente la orden de aprehensión decretada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y se pronunció nuevamente en relación con la petición de captura formulada, dejando intocado lo que no fue materia de la concesión del amparo. En efecto, se tiene que la Juez responsable, en la resolución dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictó nueva orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, con base en los datos de prueba relacionados por la fiscalía en la anterior audiencia, de los cuales derivó que efectivamente existía el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia. Lo que sostuvo, pues se evidenciaba que el quejoso no tenía domicilio habitual para considerar que tuviera arraigo en esta ciudad, o bien, que contara con asiento familiar y que le fuera difícil abandonarlo, situación que dijo se corroboraba con los oficios de búsqueda y localización que obraban en la carpeta de investigación, remitidos por las autoridades auxiliares, y con los informes de investigación realizados por elementos de la policía ministerial, de los cuales se advertía que si bien el quejoso registró un domicilio en esta ciudad, lo cierto es que ya no vivía en el mismo. Del mismo modo, refirió que de las entrevistas recabadas a los testigos, existía coincidencia en que el quejoso aparentemente abandonó el país y se dirigió al vecino país del norte, sin que existiera diverso dato con el cual se pudiera realizar la cita del quejoso por la vía ordinaria y hacerle saber que se requiere de su presencia ante la Juez de Control; por lo tanto, concluyó que ante las referidas circunstancias, concatenadas entre sí, permitían establecer que sí se acreditaba la necesidad de cautela suficiente para librar la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso. Así, con lo anterior es claro que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, ya que en dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, dejó insubsistente la orden de aprehensión decretada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en contra del aquí quejoso ********************, dentro de la causa penal ********************, de su índice, y en su lugar, emitió de nueva cuenta una orden de aprehensión, con libertad de jurisdicción, estableciendo los elementos objetivos aportados por el Ministerio Público, con los cuales tuvo por acreditada la necesidad de la cautela para su emisión. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con la cual se dio vista de manera personal a las partes; en el entendido que la parte quejosa y tercero interesada, realizaron las manifestaciones de su intención, mediante escritos agregados a los autos por acuerdos de veintiséis y treinta de mayo de dos mil veintitrés, respectivamente. Ahora, por lo que hace a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en el sentido de que no debe tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo, al considerar que la Juez responsable debió negar la orden de aprehensión solicitada, ya que no se había acreditado la necesidad de cautela, y porque la representante social ni siquiera había señalado que existía riesgo de que el quejoso se sustrajera de la acción de la justicia, o bien, que se ponía en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos o de la comunidad, o en todo caso, que se ponía en peligro el desarrollo de la investigación misma; además, porque la fiscalía no precisó que se hubieren agotado diversos medios de localización del citado impetrante, que resultaran suficientes para concluir sin lugar a dudas de que no registraba domicilio diverso que el proporcionado por la misma ofendida. Al respecto, se estima que dichas manifestaciones no son obstáculo para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que en el caso se concedió la protección constitucional para efectos de que la autoridad responsable se pronunciara con libertad de jurisdicción, respecto a la solicitud de orden de aprehensión formulada por la agente del Ministerio Público, a fin de determinar si existían elementos objetivos aportados por la representante social, para acreditar la necesidad de la cautela para su emisión; es decir, sobre un aspecto meramente formal (fundamentación y motivación), sin que se le vinculara a la autoridad a resolver en determinado sentido en relación con los datos de prueba relacionados por la fiscalía, como lo pretende la parte quejosa, ello al no existir un pronunciamiento de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que la sustenta, la jurisprudencia 1a./J. 22/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 181607, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Mayo de 2004, página 250, Novena Época, que establece: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECIDE DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR CARECER DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, ES IMPUGNABLE MEDIANTE UN NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS. La nueva resolución dictada por la autoridad responsable que decide en definitiva un auto de término constitucional, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo promovido en contra de una anterior por carecer de fundamentación y motivación, es impugnable mediante un nuevo juicio de garantías, en virtud de que la autoridad la emite con libertad de jurisdicción, ya que la concesión del amparo no la vincula a resolver en determinado sentido o acatando determinados lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo; porque solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación." Por tanto, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.
- Principal
a las nueve horas del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se hace constar que en virtud de que la parte tercero no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este organo jurisdiccional, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el tercero, el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 890/2021 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Acuerdo: Tijuana, Baja California, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede acordar lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio cabe precisar que el once de abril de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo en la que, en su primer punto resolutivo concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a ********************, contra el acto reclamado atribuido al Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: 1) Deje insubsistente la orden de aprehensión decretada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en contra del aquí quejoso ********************, dentro de la causa penal ********************, de su índice, por los delitos de violación equiparada y abuso sexual a menor de catorce años, en sus respectivas circunstancias agravantes, cometidos en agravio de la entonces menor de edad de identidad reservada ********************2) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, y sin dar nueva intervención a la representación social, se pronuncie nuevamente en relación con la petición de captura formulada, dejando intocado lo que no fue materia de la concesión del amparo; determinación que podrá emitir ya sea en el mismo sentido o en uno diverso, pero de manera fundada y motivada, para lo cual deberá subsanar los vicios formales que se destacaron en la ejecutoria de amparo, y resolver lo que estime legalmente procedente respecto a la solicitud ministerial de orden de aprehensión en lo que respecta al quejoso; esto es, de emitir de nueva cuenta una orden de aprehensión, deberá establecer de forma clara y precisa, con qué elementos objetivos aportados por el Ministerio Público, se acredita la necesidad de la cautela para su emisión. Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable. Luego, en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la Juez de Control en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitiendo un disco versátil digital (DVD), relativo a la audiencia celebrada en la causa penal ********************, de su índice, de la que se advierte que dejó insubsistente la orden de aprehensión decretada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y se pronunció nuevamente en relación con la petición de captura formulada, dejando intocado lo que no fue materia de la concesión del amparo. En efecto, se tiene que la Juez responsable, en la resolución dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictó nueva orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, con base en los datos de prueba relacionados por la fiscalía en la anterior audiencia, de los cuales derivó que efectivamente existía el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia. Lo que sostuvo, pues se evidenciaba que el quejoso no tenía domicilio habitual para considerar que tuviera arraigo en esta ciudad, o bien, que contara con asiento familiar y que le fuera difícil abandonarlo, situación que dijo se corroboraba con los oficios de búsqueda y localización que obraban en la carpeta de investigación, remitidos por las autoridades auxiliares, y con los informes de investigación realizados por elementos de la policía ministerial, de los cuales se advertía que si bien el quejoso registró un domicilio en esta ciudad, lo cierto es que ya no vivía en el mismo. Del mismo modo, refirió que de las entrevistas recabadas a los testigos, existía coincidencia en que el quejoso aparentemente abandonó el país y se dirigió al vecino país del norte, sin que existiera diverso dato con el cual se pudiera realizar la cita del quejoso por la vía ordinaria y hacerle saber que se requiere de su presencia ante la Juez de Control; por lo tanto, concluyó que ante las referidas circunstancias, concatenadas entre sí, permitían establecer que sí se acreditaba la necesidad de cautela suficiente para librar la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso. Así, con lo anterior es claro que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, ya que en dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, dejó insubsistente la orden de aprehensión decretada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en contra del aquí quejoso ********************, dentro de la causa penal ********************, de su índice, y en su lugar, emitió de nueva cuenta una orden de aprehensión, con libertad de jurisdicción, estableciendo los elementos objetivos aportados por el Ministerio Público, con los cuales tuvo por acreditada la necesidad de la cautela para su emisión. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con la cual se dio vista de manera personal a las partes; en el entendido que la parte quejosa y tercero interesada, realizaron las manifestaciones de su intención, mediante escritos agregados a los autos por acuerdos de veintiséis y treinta de mayo de dos mil veintitrés, respectivamente. Ahora, por lo que hace a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en el sentido de que no debe tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo, al considerar que la Juez responsable debió negar la orden de aprehensión solicitada, ya que no se había acreditado la necesidad de cautela, y porque la representante social ni siquiera había señalado que existía riesgo de que el quejoso se sustrajera de la acción de la justicia, o bien, que se ponía en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos o de la comunidad, o en todo caso, que se ponía en peligro el desarrollo de la investigación misma; además, porque la fiscalía no precisó que se hubieren agotado diversos medios de localización del citado impetrante, que resultaran suficientes para concluir sin lugar a dudas de que no registraba domicilio diverso que el proporcionado por la misma ofendida. Al respecto, se estima que dichas manifestaciones no son obstáculo para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que en el caso se concedió la protección constitucional para efectos de que la autoridad responsable se pronunciara con libertad de jurisdicción, respecto a la solicitud de orden de aprehensión formulada por la agente del Ministerio Público, a fin de determinar si existían elementos objetivos aportados por la representante social, para acreditar la necesidad de la cautela para su emisión; es decir, sobre un aspecto meramente formal (fundamentación y motivación), sin que se le vinculara a la autoridad a resolver en determinado sentido en relación con los datos de prueba relacionados por la fiscalía, como lo pretende la parte quejosa, ello al no existir un pronunciamiento de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que la sustenta, la jurisprudencia 1a./J. 22/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 181607, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Mayo de 2004, página 250, Novena Época, que establece: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECIDE DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR CARECER DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, ES IMPUGNABLE MEDIANTE UN NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS. La nueva resolución dictada por la autoridad responsable que decide en definitiva un auto de término constitucional, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo promovido en contra de una anterior por carecer de fundamentación y motivación, es impugnable mediante un nuevo juicio de garantías, en virtud de que la autoridad la emite con libertad de jurisdicción, ya que la concesión del amparo no la vincula a resolver en determinado sentido o acatando determinados lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo; porque solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación." Por tanto, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por ********************, en su carácter de autorizada de la tercero interesada de identidad reservada ********************, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual será tomado en consideración al momento de emitir el pronunciamiento relativo. Notifíquese.
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